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Presentación de Isabel Crowley, representante de UNICEF México, Sobre la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia en las Comisiones Unidas del Senado de la República. 10 de septiembre, 2014.

Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con especial aprecio las Presidentas y Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras de esta importante iniciativa.
Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reconocemos la importancia de la presentación por parte del Ejecutivo Federal de la iniciativa de Ley General para la Protección de niñas, niños y adolescentes, como iniciativa preferente del Presidente de la Republica. Sin duda, esto es un reflejo del lugar prioritario que deben ocupar la infancia y adolescencia en el país.
También desde UNICEF reconocemos la disposición del Senado de la Republica y de las Comisiones Dictaminadores, para llevar a cabo un proceso de consulta abierto y participativo que, aunque es breve, estamos convencidos será de gran importancia para el fortalecimiento de la iniciativa sometida a su consideración.
Entendemos que estamos frente a una oportunidad histórica de contar con una ley que pueda ser capaz de responder a los enormes desafíos que representa la efectiva protección de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes en México.
Como saben este año se celebra los 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo México estará próximamente compareciendo ante del Comité sobre los Derechos del Niño en Ginebra, para presentar los avances y la situación del cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país. En este sentido, sin duda lo que se decida aquí en los próximos días será trascendental para el curso que tome la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país. Es un momento de gran responsabilidad.
Como ustedes saben, uno de los principales objetivos de UNICEF en México, que así ha sido establecido en el programa de cooperación que hemos suscrito con el gobierno de México, es coadyuvar con los esfuerzos nacionales para alcanzar los más altos estándares de protección y garantía de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes.
En este sentido, en mi carácter de Representante de UNICEF en México, aprecio enormemente el espacio y oportunidad para expresar nuestras consideraciones e inquietudes y aportar, desde nuestra experiencia, propuestas específicas con la finalidad de fortalecer la iniciativa en consideración.
Si bien reconocemos que la iniciativa contiene avances significativos, y representa un esfuerzo importante para dar respuesta a una serie de situaciones que amenazan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, no podemos dejar de señalar una serie de cuestiones que consideramos que merecen una revisión integral.
(Aspectos conceptuales)
A pesar de haber avanzado en algunos aspectos que buscan incorporar el enfoque de derechos, la iniciativa mantiene elementos y disposiciones que responden a una lógica asistencialista.
El cambio de paradigma más grande que introduce la Convención sobre los Derechos del Niño, es romper con la visión de los niños como objetos de protección y asistencia para considerarlos como titulares de derechos. Este cambio de paradigma sitúa también al estado como el principal obligado frente a la garantia esos derechos.
En este sentido se observa que el proyecto de ley todavía, en algunas de sus disposiciones, muestra una tendencia a responsabilizar a los padres por encima de la responsabilidad del estado, que debe ser revisada.
Por otro lado, a pesar de que la ley reitera cuestiones como la primacía familiar, el interés superior del niño, la internación como último recurso, cuando se llega a puntos específicos, no se logra responder plenamente a estos principios.
Así lo demuestra, por ejemplo, el capítulo relativo a los centros de asistencia social, y el capítulo sobre la asistencia a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. La forma en que se regula la protección y asistencia en estos apartados, legitima para el primer caso la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, y para el segundo, un régimen de privación de la libertad, ambos contrarios ha sentido de la Convención a los Derechos del Niño.
Es importante resaltar el enfoque derechos debe verse reflejado no solo en la enumeración de los mismos, sino en la manera concreta en las respuestas que el estado prevé para garantizar los.
(Aspectos de Estructura)
Por otro lado el proyecto de decreto presenta también posibilidades de mejora en aspectos que tiene que ver con su estructura. Por ejemplo podría establecer con mayor claridad sus alcances y objetivos dando el peso central al establecimiento y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, se estima oportuno que al regular este Sistema Nacional de Protección Integral, se haga también una separación y diferenciación expresa, ente este Sistema y el Sistema de Protección Especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el entendido de que uno opera en un ámbito general de promoción y garantía de derechos y el otro frente a los casos de amenaza o violación de los mismos.
(Parte del Sistema)
Ahora bien, en relación con el Sistema Nacional de Protección Integral, que se crea con la iniciativa, se considera como un avance la previsión de un mecanismo de deliberación de alto nivel con representación de los titulares de varias de las dependencias federales. Sin embargo se estima que aún es necesario definir con mayor claridad el órgano operativo capaz de viabilizar la articulación y coordinación necesaria entre las instituciones que integran el sistema y los diferentes órdenes de gobierno.
Sí bien la iniciativa crea una Secretaria Ejecutiva, no se concibe como un órgano técnico, con capacidad institucional, estructura y patrimonio para coordinar de una manera efectiva la ejecución de las amplias atribuciones y mandatos que se asignan al sistema.
Asimismo se entiende que sería importante revisar la distribución de competencias e identificación de las instancias responsables de garantizar cada uno de los derechos que contempla la ley, identificando obligaciones concretas para las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Esta clarificación de competencias, es fundamental para la implementación de una política que desarrolle adecuadamente la concurrencia que en materia de derechos de la infancia y adolescencia, establece la Constitución.
Por otro lado se estima que esta ley presenta también una oportunidad de reconocer y fortalecer al Sistema Nacional DIF y a los Sistemas Locales DIF como instancia rectora y coordinadora del Sistema de Protección Especial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, concebido como el sistema de atención y respuesta frente a los casos en que los derechos de la infancia y la adolescencia se encuentran amenazados o vulnerados. Contando con las Procuradurías de Protección como brazo operativo en la ejecución de esta protección.
En este sentido, el DIF desempeñaría una doble función. Como instancia encargada de proporcionar la asistencia social, en coordinación con otras dependencias y sectores competentes de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, y como instancia rectora y coordinadora de la Protección Especial.
5. Presupuesto
Finalmente otro aspecto a tomar en cuenta es el que tiene que ver presupuesto que implica una Ley de esta envergadura. La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su artículo 4 que los Estados deberán asignar hasta el máximo de recursos humanos y económicos disponibles para garantizar los derechos de la niñez. Garantizar los derechos de la infancia tiene implicaciones en la política económica y en las decisiones presupuestarias de un gobierno.

Sin embargo, llama la atención que el dictamen presupuestario que acompaña la iniciativa, concluya que el anteproyecto no tiene impacto en el gasto de las dependencias y entidades involucradas, aun cuando la iniciativa crea instancias como la Procuraduría Federal de Protección y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección. Además asigna una serie de nuevas atribuciones a al Sistema Nacional DIF, a los Sistemas DIF locales y a las procuradurías de locales de protección, entre las que se destacan: prestar asesoría y representación a niños, niñas y adolescentes; fungir como conciliador en casos de conflictos familiares; denunciar violaciones de derechos; y supervisar centros de asistencia social.

Por otra parte, el dictamen presupuestario también señala que la aplicación de la ley estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad competente.
Esta situación es preocupante en el caso del DIF. De acuerdo con el análisis que del presupuesto Federal que UNICEF ha venido haciendo en los últimos años, éste sistema cuenta con menos del 1% de los recursos identificados para la atención de la infancia y la adolescencia dentro del presupuesto federal.
En este sentido se estima indispensable que la iniciativa contemple un presupuesto adecuado, suficiente y sostenible para la implementación efectiva de los sistemas nacionales de protección integral y de protección especial, y de sus respectivos mecanismos operativos. No es posible cumplir con las exigencias de nuevos mandatos y atribuciones, sin dotar de los recursos presupuestarios y humanos necesarios.
Entendemos la complejidad del análisis y el trabajo arduo que tendrán que hacer las Comisiones Dictaminadoras para escuchar y recoger dentro del proyecto de dictamen de la ley, todas las opiniones e inquietudes expresadas en el marco de este proceso de consulta.
Por ello reitero una vez más, mi reconocimiento a este ejercicio, y el espacio abierto al Sistema de Naciones Unidas en México para contribuir en el mismo. Estoy segura que el resultado será positivo, pues sabemos del compromiso y voluntad que existen en el poder ejecutivo como en el poder legislativo para llegar a la mejor ley para el país.
Desde UNICEF tenemos toda la disposición y el interés de colaborar con las Comisiones Dictaminadoras con propuestas concretas y viables respecto a los puntos aludidos, que permitan fortalecer la ley, en la forma y tiempo que se consideren convenientes.

Muchas gracias.

3 de 10 puntos de calidad alcanza la iniciativa preferente enviada por la Presidencia al Senado: REDIM

La iniciativa preferente enviada por la Presidencia al Senado de la República el pasado 1° de septiembre, alcanza 3 de 10 puntos, de acuerdo con el “Índice de medición de calidad de las leyes” en materia de derechos de la infancia un instrumento elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM que da cuenta de la armonización entre una ley para infancia y los principios de la Convención sobre los derechos del Niño (CDN). De los 50 puntos máximos que contiene el Índice, la iniciativa presidencial sólo cumple con 15.
México al ratificar la Convención en 1990, está obligado a incorporar sus principios y derechos humanos establecidos; sin embargo el análisis realizado por REDIM da cuenta que el proyecto de ley no cumple con los mínimos necesarios para garantizar los derechos humanos de la infancia, especialmente si se analiza la realidad compleja que viven niñas, niños y adolescentes en el país.
Este bajo puntaje es resultado de la carencia del enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género, la iniciativa continúa con una visión tutelar asistencialista, dejando las responsabilidades a instituciones y familias, sin garantizar mecanismos de participación ciudadana para niñas, niños y adolescentes quienes son los titulares de derechos.
El intento de coordinación interdependencial no responde a la creación del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ni tiene los mecanismos para lograr la transversalidad y la exigibilidad de los derechos. Particularmente preocupa que en el proyecto no se considere ninguna inversión para la infancia, ignorando la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que de manda garantizar una inversión progresiva y no regresiva.
La Red por los Derechos de la Infancia, REDIM; Alianza por las Infancia y sus familias, AIFAM; Aldeas Infantiles SOS y el Grupo de Trabajo en Política Migratoria; destacaron que para la construcción de este proyecto no se consideró la experiencia de sociedad civil, especialistas, ni organismos internacionales. De acuerdo con Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la REDIM, 7 de cada 10 albergues y programas para atender a la infancia altamente excluida están administrados y financiados por sociedad civil.
Karina Arias del Grupo de Trabajo de Migración mencionó que la iniciativa únicamente habla de niñez migrante no acompañada extranjera, sin tomar en cuenta a niñas y niños mexicanos migrando o en procesos de desplazamiento interno. Consideró que esta debe ser una ley incluyente donde todas las niñas, niños y adolescentes accedan al sistema de protección especial independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
Gabriela Escobar de la Alianza por la Infancia y sus familias AIFAM mencionó que esta iniciativa no atiende las causas de fondo de los problemas que enfrenta la infancia, como en el caso de la violencia escolar y violencia intrafamiliar.
Finalmente, Sair Pinilla integrante de Aldeas Infantiles SOS consideró que con la aprobación sin cambios profundos de esta iniciativa, se estarían dando pasos hacia atrás en la garantía de los Derechos de la Infancia en nuestro país.

Más información / Verónica Morales Comunicación Estratégica REDIM / 55.52.19.00 / 55.19.64.74.08

LA INICIATIVA PREFERENTE DE PEÑA ESTÁ MIRANDO AL PASADO

Luis Alberto Barquera

Hoy vale la pena recuperar el trabajo que Alejandro Morlachetti, posiblemente el académico que mejor conoce la situación actual de los sistemas nacionales de protección a la infancia en América Latina y el Caribe, presentó en el Senado de la República en 2013. La razón es que, en la exposición de motivos de la iniciativa preferente de Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que propone el ejecutivo, se menciona su trabajo como fuente de inspiración.
El dato más relevante del trabajo de Alejandro, consultor de UNICEF y CEPAL, es la constatación de que México, a estas alturas del siglo XXI, no cuenta con un sistema de protección integral de la infancia.
Morlachetti identifica a 15 países que cuentan con algún tipo de sistema encargado de “la rectoría, la formulación de políticas y programas sobre infancia y adolescencia”. De una manera u otra en estos países existe un sistema rector y articulador de instituciones y subsistemas obligados a garantizar los derechos de la población de 0 a 17 años, cosa que no ocurre aquí.
De acuerdo con el informe “Sistemas nacionales de protección integral de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y Caribe”, en ese grupo no se incluyen países como México en los cuales “no se puede considerar que se esté ante sistemas de protección fundamentados en leyes de protección integral, y en cuyos casos se destaca la ausencia de una instancia con autoridad y competencias suficientes que incluyan la capacidad de coordinar efectivamente el sistema de protección integral, así como que articule con otros sistemas como el de protección social, el de salud, el judicial, entre otros que son muy relevantes para la promoción y protección de los derechos de toda la infancia y adolescencia.”
La pregunta es: ¿esta iniciativa de ley general y el “sistema” que se propone cumple realmente con las características que Morlachetti señala?
En el caso de México, señala Morlachetti en su estudio, en la todavía vigente Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “no se establece un Sistema de Protección, y las políticas y programas de infancia dependen del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que es una institución de asistencia social que depende de la Secretaria de Salud y sin competencia para obligar y/o articular a otras secretarias.”
De ese tamaño es nuestro déficit en materia legislativa y de política pública, cosa que en buena medida mantiene las profundas desigualdades y masivas violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes de México en todos los ámbitos. En nuestro país, de acuerdo con UNICEF, sólo 16% de los niños y las niñas ejercen todos sus derechos.
Por ejemplo el INEE ha señalado, en “El derecho a una educación de calidad. Informe 2014”, que muchos de los problemas que causan la inequidad en educación, “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”
¿La iniciativa del presidente Peña realmente está dando lugar a la nueva mirada y a las “políticas intersectoriales” que necesitamos para garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores, migrantes, indígenas y de localidades rurales? ¿Garantiza la protección de niños y niñas frente a la violencia en todas las clases sociales? ¿Supera la visión asistencialista que ha prevalecido? ¿Esta iniciativa, a diferencia de la Ley de Protección del año 2000, cuenta con los “mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia”?
México firmó la Convención de los Derechos del Niño (CDN) aprobada por la Asamblea General los “de la ONU en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. El 19 de junio de 1990 el Senado de la república ratificó su adhesión.
Durante estos años el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución fundada 1977 durante la administración del presidente José López Portillo, se transformó, más en el discurso que en la práctica, en cuanto a la dirección y operación que marcan los instrumentos firmados por México.
El hecho es que los derechos enunciados en la ley del 2000, y en todas las leyes de infancia promulgadas en los estados, no se han reflejado en una nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado de garantizar la efectividad de todos los derechos para todos los niños y niñas de México.
¿La iniciativa del presidente Peña nos va a ayudar a superar el déficit de la institucionalidad actual, el desorden en la política de infancia y adolescencia y a orientar una armonización legislativa acorde con la garantía efectiva de los derechos en las leyes locales?
Estas y otras preguntas son algunas que se pueden esclarecer, a la luz del propio trabajo de Morlachetti y de la Constitución.
Recordamos a los legisladores que la CDN se firmó hace 25 años y que es ley en nuestro país. También que existe el artículo 1 constitucional.
Asimismo, que no pueden desaprovechar la oportunidad que se dio el propio Congreso de transformar a fondo la política de infancia al otorgarse, en el artículo 73, fracción XXIX-P, la facultad para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.”
Nosotros pensamos que la iniciativa del presidente no está considerando adecuadamente ni el trabajo de Morlachetti ni nuestro marco constitucional. La iniciativa del presidente, al contrario de su ánimo reformista, está mirando al pasado.

Armas para niños y niñas o lo fácil que es matar con una Uzi

Odisea Global/Ollin Rafael

La imagen se encuentra en el límite de lo terrorífico pero no lo alcanza y no es porque la situación no lo sea sino porque sucede tan rápido y de forma tan sencilla que el horror se posterga en espera de la reflexión. Lo que vemos parece inverosímil: una niña, sabemos que tiene 9 años, dispara con una Uzi, un subfusil de fabricación israelí (el origen lo dejo para una reflexión posterior), mientras sus padres la graban con un celular. Junto a ella, un instructor con ropa militar le indica cuál es la mejor manera para coger el arma. A lo lejos, el blanco tiene la forma de un torso y una cabeza negros perfilados contra una barrera de arena; alguien con imaginación podría recordar un fusilamiento. La primera ráfaga no es mala, no acierta en el blanco pero tampoco se aleja mucho de él; sorprende porque la niña obviamente está aprendiendo. La segunda ráfaga no es tan certera, el retroceso del arma hace que la niña pierda el control, se le escapa de la endeble mano izquierda aunque la mantiene sujeta con la mano derecha, la que aprieta el gatillo, y el arma gira hacía la izquierda, ligera como un reguilete, justo en dirección a la cabeza del instructor. La imagen se repite como un bucle. Lo demás ya no lo vemos pero se sabe que el hombre ha quedado herido de muerte y las primeras preguntas que surgen son: ¿por qué una niña de 9 años está aprendiendo a disparar un arma tan letal? y ¿para qué le sirve tal conocimiento?
La respuesta es necesario buscarla en cierta parte de la cultura norteamericana que se encuentra incrustada muy en el fondo de la historia del país. El instructor de 39 años se llamaba Charles Vacca y trabajaba para un campo de tiro que es al mismo tiempo una hamburguesería, ese lugar tan idóneo para ir con toda la familia el fin de semana, llamada “Bullets and Burgers”, balas y hamburguesas. A quien no esté al tanto de esta particular región de la cultura del país del norte puede resultarle chocante, pero la cuestión es que no es tan extraño. Veamos, los locales en donde se puede ir a comer el fin de semana a la vez que practicar el tiro al blanco son muy comunes; existe una compañía que fabrica armas para niños y niñas y que tiene como lema, “mi primer rifle”, y que posee un modelo de arma con la culata de color rosa que puede hacer juego con el vestidito de cualquier niña. En Arizona, hay un club de tiro que en navidad pone un Santa Claus con armas y cuyo reclamo publicitario es “hazte tu foto con Santa y sus ametralladoras”; hay un libro para niños que se llama “My Parents Open Carry” o mis padres llevan armas a la vista, que es un éxito de ventas.

bullets andTodas estas expresiones del deseo por poseer armas tienen como fuente principal la Segunda Enmienda de la constitución norteamericana que expresa el derecho de los ciudadanos a la portación de armas para, en primer término, defenderse. La historia de este derecho puede remontarse a la Edad Media y al derecho anglosajón que recogía la obligación a todo hombre libre de tener armas dispuestas al servicio del rey. Posteriormente, en 1689, fue reconocido el derecho de los británicos a poseer armas para la defensa personal, derecho que posteriormente sería integrado a la Declaración de los Derechos incluida en la Constitución no escrita del Reino Unido y exportada a las colonias británicas. El caso es que en los años siguientes, el Parlamento británico fue restringiendo este derecho hasta hacerlo desaparecer, mientras que en las colonias se mantuvo y su regulación fue cedida a los órganos locales. Con la declaración de independencia norteamericana este derecho pasó a formar parte esencial de la constitución, convirtiéndose en un derecho consagrado en la forma de la Segunda Enmienda que expresa: “Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no será vulnerado”. Es importante remarcar que este derecho no solo se sustenta en las amenazas externas que el Estado pueda tener sino en la amenaza que el Estado que se extralimita pueda constituir para la libertad de los ciudadanos.

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Es por eso por lo que las reacciones ante a la muerte del instructor han sido diversas. Por un lado, la parte de la sociedad que defiende el derecho de que sus hijos aprendan a usar armas de fuego y que tienen como portavoz principal a la Asociación Nacional del Rifle. La NRA sostiene que es un caso aislado y que no debe significar un retroceso en la permisividad que hasta ahora la ley contempla. Por el otro lado, la parte de la sociedad que no ve nada de bueno en que sus hijos sepan disparar un arma y que desea que la regulación sea más estricta está representada por múltiples asociaciones pro regulación como el Law Center to Prevent Gun Violence (formerly Legal Community Against Violence), el Everytown for Gun Safety, Moms Demand Action, que defienden que hace falta una mayor regulación porque hay miles de muertes que podrían ser evitadas.
Según el Evertown for Gun Safety, el número de muertes accidentales por armas de fuego es altísimo; calcula que un 61{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} más alto de lo que dicen las cifras oficiales. Tan sólo entre diciembre de 2012 y 2013, al menos cien niños murieron en tiroteos no intencionales y la mayoría de estas muertes sucedieron en el hogar o en un vehículo que pertenecía a la familia de la víctima, a menudo con armas que poseían legalmente pero que no estaban puestas en un lugar seguro, afirma la organización. “Por lo menos podríamos expandir las leyes de protección de niños y de prevención de acceso”, defiende Lindsey Zwicker, la abogada del grupo. Estados Unidos, según sus datos, tiene 20 veces más muertes por armas de fuego que los demás países desarrollados y, además, hay 2 millones de niños en casas donde las armas no están bien resguardadas.

Brian Jeffs, geólogo autor del libro para niños, “My Parents Open Carry”, y defensor a ultranza del derecho a portar armas a la vista y enseñar a sus hijos a usarlas, opina lo contrario. “Las armas no van a desaparecer en EE UU. Así que, ¿es mejor no hablarle nunca a tus hijos sobre las armas y hacer como que no existen, y que cuando se topen con una la manejen de manera incorrecta y se produzca un accidente, o es mejor mantener una discusión con ellos, explicarles que no es un juguete, que es un instrumento peligroso como cualquier herramienta peligrosa, como una sierra o un taladro?”.
Un debate necesario se ha reabierto tras la tragedia de una niña de 9 años que mató accidentalmente a su instructor, aunque puede ser que no lleve a ningún lado. Así sucedió con el asesinato en 2012 de 27 personas, entre ellas 20 niños en una escuela de Connecticut, o con la cruzada personal realizada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se preguntaba a raíz de esa tragedia, “¿De verdad vamos a ser capaces de decir que no podemos hacer nada después de asistir a esta carnicería, que los entresijos de la política son muy complicados?”. Sí, podemos ser capaces.

 

Primer video de las audiencias públicas en el Senado: intervención de Luis Barquera

Audiencia pública a la que convocan las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores de la República Mexicana

Audiencia en el Senado para analizar la ley preferente sobre infancia con la participación de Luis Barquera, presidente de Odisea, A.C., Mónica González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Katia D’Artigues.

REDIM llama a un debate amplio en torno a iniciativa de Ley General de Protección a la Infancia

La Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM expresa preocupación ante la iniciativa preferente de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República. Manifestamos extrañamiento porque para su elaboración, el ejecutivo no estableció mecanismos públicos de diálogo con las organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos, ni tampoco se tomó en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes.

REDIM realiza un llamado urgente a realizar un amplio debate con el poder legislativo para atender y solucionar los vacíos en la iniciativa presentada por el Presidente, toda vez que no fue discutida ampliamente y desde diversos ángulos que permitan observar los aspectos que afectan las vidas de niñas, niñas y adolescentes, no sólo de quienes necesitan protección especial, sino también niñas y niños habitan o transitan en la República Mexicana.

En este sentido, consideramos que la iniciativa presentada tiene diversos vacíos:

  • Carece de enfoque de derechos humanos de la infancia, más allá de enunciarlos en diversos párrafos, desde el título esta Ley se auto limita a la “protección”. Esta nueva iniciativa no logró superar la visión tutelar asistencial que ha caracterizado al Estado Mexicano, que no reconoce a la infancia con capacidad de decisión fuera de su familia.
  • Encontramos positivo que se atendiera el llamado internacional de crear un mecanismo de coordinación de alto nivel, sin embargo es necesario delimitar las competencias y responsabilidades de estas articulaciones a nivel federal, estatal y municipal. Un verdadero sistema nacional de garantías tiene que significar el rediseño en la forma de organizarse entre las instituciones que atienden a la infancia y la adolescencia.
  • Especialmente preocupante es el desconocimiento del rol importante de las organizaciones sociales que atienden a la infancia y adolescencia en situación vulnerable. Actualmente 7 de cada 10 albergues y programas destinados a la infancia en México son operados por la sociedad civil, por lo es difícil imaginar una Ley General que desconozca estos esfuerzos y buenas prácticas. Pretender sólo regular sin mecanismos de corresponsabilidad cuestiona la calidad democrática de nuestro país.

Recordamos que desde REDIM iniciamos en abril de 2012 la campaña “Por una Ley que esté a la altura de su infancia” #x1leydealtura que ha realizado aportes sistemáticos para la construcción de la Ley General de Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que permita dar respuesta a las múltiples problemáticas que enfrenta la infancia en nuestro país.

Hemos mantenido un diálogo permanente con el Poder Legislativo para acercarles la opinión de ciudadanas, ciudadanos, académicos, sociedad civil y expertas internacionales en los derechos de la infancia. Existen diversos documentos que fueron entregados a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. En contraste el poder ejecutivo ha sido más resistente a mantener diálogo franco y directo con las organizaciones de infancia.

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de contrastar esta iniciativa de Ley con los compromisos adquiridos a nivel internacional, con la Convención sobre los Derechos del Niño, sus Protocolos Facultativos y con las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Llamamos a abrir un amplio debate para la construcción de esta Ley General y del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde sea considerada la opinión de personas expertas, académicos, sociedad civil y particularmente de niñas, niños y adolescentes.

Consideramos que una Ley que afecta la vida de cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 53% vive en situación de pobreza debe ser un proyecto que realmente cambie las cosas en beneficio de niñas, niños y adolescentes en México. El Senado de la República tiene ahora la responsabilidad de corregirla en beneficio de ellas y de ellos.

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