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2016: EL MAPA Y EL TERRITORIO

Luis Alberto Barquera

 

Primero te ignoran. Luego se ríen de ti.

Después te atacan. Entonces ganas

Mahatma Gandhi

¿Cuál es mi balance del 2015? De claroscuros. Por un lado, finalmente se instaló el pasado 2 de diciembre de 2015 el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPIDNNA), luego de una lucha de más de cuatro años. Esta es la mejor noticia para la población de 0 a 17 años y los defensores de sus derechos en mucho tiempo. Por otro, seguimos con una reforma educativa atascada en la polarización y la falta de imaginación. En ambos casos perviven básicamente las políticas de siempre y la inercia presupuestal, en un marco en el que sólo el 17{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de niñas, niños y adolescentes del país ejercen todos sus derechos.

La historia comenzó el 23 de marzo de 2011, cuando la Cámara de Diputados se otorga en el 73º facultades para emitir una ley general que regule la actuación de federación, estados y municipios en materia de infancia (se publicó el 12 de octubre de ese año). En Aprender, órgano de ODISEA, A. C., se acusa de recibido en su número de julio-agosto de ese año. Con esa publicación salimos de Zacatecas, del viejo Chicomoztoc, para impulsar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes (LGDNNA) desde el DF, con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

En 2012 la REDIM y UNICEF proponen al gobierno de la república, con la iniciativa “10XInfancia”, “Presentar una iniciativa de Ley General sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que promueva, proteja y garantice sus derechos.” Todos los candidatos a la presidencia firmaron ese documento. Ese año impulsamos la campaña “X1ley de altura” y logramos impedir que la Ley General de Protección Integral de la Niñez prosperara porque no cumplía con el mandato del artículo 73. Pensaron que nos pasarían por encima pero no pudieron.

Con el impulso de ese logro importantísimo, en 2013, la nueva etapa del debate se trasladó a la Cámara de Senadores, con la idea central de impulsar un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia. En septiembre de 2014 el presidente Peña Nieto lanzó una iniciativa preferente que miraba al pasado y pretendía cero impacto presupuestal, pero gracias al compromiso de la Cámara de Senadores el debate se abrió a expertos y organizaciones de la sociedad civil y esta iniciativa logró modificarse en más de 80 por ciento. Otra vez pensaron que cederíamos del puro susto, pero aguantamos.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2014 se publicó la LGDNNA. En conclusión hay un nuevo mapa: un gran avance legislativo que culmina con la instalación del pasado 2 de diciembre de 2015 del SNPIDNNA.

Ahora el reto es operarlo y garantizar derechos en los 2,457 municipios de México. En el territorio aparecen buenas y retrógadas leyes locales, gobernadores que se oponen a los derechos y a la participación, y caciques de todos los tamaños que no quieren un SNPIDNNA sino una vuelta al DIF de los tiempos anteriores a la LGDNNA.

Por otro lado hay que decir, para empezar, que el derecho a la educación se considera un key right, un derecho “llave” porque permite acceder a los demás derechos. No es gratuito para muchos, por tanto, que se considere a la reforma educativa como la más importante de las impulsadas por el presidente Peña.

Yo dije que Nuño debía salir de su oficina y recorrer las escuelas. Prefiero al secretario recorriendo las escuelas del país, que jugando a la “gallina ciega” en su oficina.

En una espléndida nota de mi querida y admirada Ivonne Melgar, se pone de relieve que no es lo mismo el mapa que el territorio. La prueba es el recorrido del secretario por la Escuela Primaria “21 de Marzo”, en la Colonia Roma Sur, en el Distrito Federal, donde la lista de requerimientos que le hicieron por parte de la comunidad escolar “dejó al descubierto las carencias elementales con las que operan las escuelas públicas del país, aun cuando se trate de planteles ubicados en colonias de clase media.”

Esto pasa en el “mejor de los casos”, en zonas urbanas y con el mayor índice de desarrollo humano del país. La delegación Cuauhtémoc ocupa el 5º lugar el IDH de la capital, que ocupa a su vez el lugar número 1 de la república en el indicador. En estas zonas, más que falta de recursos, se requiere una mejor gestión, en general, y un mejor aprovechamiento de los recursos que ya se tienen, tanto para mejorar la infraestructura como para mejorar la capacitación docente.

No se olvide que los servicios educativos en la capital son responsabilidad de la SEP, es decir, del secretario Nuño. ¿Dónde están los recursos que durante años se han presupuestado y evidentemente no se ha aplicado en las escuelas de esta parte “pavimentada” del país? ¿Qué está pasando en escuelas como la Primaria “21 de Marzo”, en la Colonia Roma Sur, dónde la federación es responsable de los servicios educativos y ni los baños funcionan? ¿Por qué la conectividad es malísima y los techos se caen poco a poco?

Ojalá el secretario tenga la convicción de visitar todo tipo de escuelas, indígenas y rurales incluidas. Y que las comunidades escolares le expliquen su situación. Le quedaría cada vez más claro que necesitamos urgentemente una política de equidad.

De acuerdo con el Informe 2014 del INEE, Derecho a una educación de calidad, tenemos que la prueba PISA, por ejemplo, indica que menos de la mitad de los alumnos en Matemáticas, tres de cada cinco en Lectura y 53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias, logran el nivel de competencia requerido para desempeñarse en las sociedades actuales.

En el DF el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel de desempeño II en la escala global de Matemáticas es de 47{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en la escala global de ciencias del 39{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}. Si así estamos en una delegación destacada del DF, que podemos esperarnos de las localidades más rezagadas.

En ese documento el INEE dimensiona la inequidad educativa como el principal problema del sistema educativo nacional: “Los datos indican que la mayoría de los programas públicos en educación han sido inerciales y su diseño dista de lo necesario para atender las causas y las consecuencias de dicho problema.”

Falta colocar en el centro del debate que combatir de manera frontal y prioritaria la inequidad plantea la necesidad imperiosa de una política de inversión de escala, es decir, revertir la tendencia de gasto público e innovación educativa a favor de los que más lo necesitan.

De acuerdo con el PEF 2016, en su Anexo 18: Recursos para la atención de NNA, el gasto en educación pasó de 133,605,488,843 en 2015 a 138,329,417,641, un incremento de 4,723,928,798.

El FONE, uno de los Programas presupuestales del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, pasó de una proporción de 91.16{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del Ramo 33 en 2015 a 90.25{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en 2016, pero aumentó 3.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en general. Un aumento apenas por encima de la inflación.

Entre los programas presupuestales del Ramo 11 Educación, se encuentran tres que pueden considerarse de los más progresivos. Dos aumentaron apenas la inflación (Prospera aumentó 3.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y Educación Inicial y Básica Comunitaria 3.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}) y otro, aunque tuvo un aumento mayor, resulta claramente insuficiente para atender niñas y niños trabajadores, jornaleros migrantes, con discapacidad, indígenas y rurales (el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa sólo aumentó 13.25{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). La mediocridad en el gasto educativo la confirma un aumento de apenas 3.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en el Ramo 11 entre 2015 y 2016.

El INEE propone atender de manera prioritaria y focalizada a quienes habitan en localidades rurales pequeñas, la población indígena, independientemente del lugar en que resida, los niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas), los niños que trabajan y los que tienen alguna discapacidad. Queda un enorme camino por recorrer en este territorio, que sigue marcado por la escasez de recursos y la pésima calidad de la enseñanza, además de corrupción campante.

Ojalá el secretario Nuño saque conclusiones de sus recorridos, que impliquen modificaciones positivas en las políticas del sistema, porque de otro modo se seguirá pensando que éstos sólo son una forma de generar primeras planas y de reinventar actos anticipados de campaña.

Bien dice Ivonne Melgar que “así como la SEP evalúa a los maestros, la realidad terminará evaluando a Nuño Mayer en sus atributos políticos.”

Nuño tendrá que ser evaluado por las políticas que enfocaron al sistema educativo por el camino de la equidad en la calidad educativa. Lo demás es propaganda.

Pero, como hemos dicho cientos de veces, muchos de los problemas de la inequidad educativa no dependen de las políticas del sector. El combate a la inequidad educativa requiere de políticas intersectoriales capaces de atender la pobreza y los problemas asociados a ella, que afectan la escolaridad de niños y niñas. Esto obliga a considerar la importancia del SNPIDNNA, como instrumento para atacar la inequidad educativa y garantizar todos los derechos.

El presupuesto del Sistema no quedó etiquetado en el PEF 2016, pero se supone que el gobierno “va a invertir lo que se requiera”. Se pasó de una actitud de “impacto presupuestal 0” a otra en la que “se da lo que se pida”, lo que no deja de parecer curioso si constatamos que el Sistema no tiene programa presupuestal en el PEF 2016. ¿De impacto presupuestal 0 a manga ancha? Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del SPIDNNA dijo, en el evento de instalación, que el gobierno tenía el compromiso de proporcionar los recursos que se requieran para instalarlo en todo el país. Ya veremos.

El PEF 2016, de acuerdo con el Anexo 18 y en términos de grupos de derechos, destina a Desarrollo el 71.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y a Supervivencia 27.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, mientras que a Protección sólo 0.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en Participación 0.001{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

En conjunto los Ramos 33, 11 y 12 conforman el 76.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del total del Anexo 18

Entre los programas presupuestales del Ramo 12 Salud (incluye al SNDIF), los Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad (que incluye: Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable) se redujo 47.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

Para la Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescente, de acuerdo con los nuevos requerimientos de la LGDNNA, se destinarán $120,400,000, un promedio de $3,762,500 para cada una de las entidades y el DF. Nuevamente, el Ramo 12 apenas subió 3.4{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

En resumen, apenas se gasta simbólicamente en Protección y Participación y sólo en los NNA que están incluidos en las políticas públicas, principalmente de salud y educación. En 2014, de acuerdo con el CONEVAL, sólo el 17{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 0 a 17 años no se consideraba pobre y no vulnerable. En otras palabras, el restante 83{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} no ejerce todos sus derechos. El 53.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los NNA (21.2 millones) se encuentra en pobreza. La tarea del SNPIDNNA es enorme.

Mi balance es que no avanzamos suficientemente rápido y que falta sentido de urgencia para producir cambios de política y redefinir prioridades presupuestales.

Para que el Sistema Nacional y la reforma educativa funcionen, el legislativo debe ir más allá de los llamados a misa conocidos como puntos de acuerdo. ¿Qué se requiere para que el presidente Peña y el secretario de educación impulsen políticas de equidad y calidad educativa? ¿Qué propone el secretario ejecutivo del SNPIDNNA para llegar a todos los municipios del país? ¿Qué están haciendo ambos funcionarios para incorporar a la escuela a todos los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las familias que integran el padrón de Prospera?

El INEE es una institución muy grande y muy cara. Y su deber es orientar la política educativa, incluyendo la formación inicial de maestros, como seguramente lo dictaminaron los abogados que consultó esta institución antes de emitir sus directrices. ¿Por qué el INEE no se fue por la controversia constitucional y defendió su punto? Mientras no sepamos el porqué de la postura, nada de que no hay problema, que yo nomás decía. Adivinamos presión y eso es inaceptable. Lo que menos necesitamos es que el INEE se arrugue en los momentos decisivos.

Tenemos que exigir al SPINNA la instalación de sus réplicas locales en cada una de las entidades del país y el DF, y, en consecuencia, que éstas hagan lo propio en cada uno de los municipios y delegaciones que los integran.

Se requiere hacer llegar la información y la capacitación tanto a gobiernos como a ciudadanos, para que ellos mismos se hagan cargo de hacer funcionar los Sistemas Municipales, elaborar su Programa y crear su estructura de atención a la infancia y adolescencia, de acuerdo con las facultades que le otorga al municipio la LGDNNA en sus artículos 119 y 139.

El SNPIDNNA tiene que crecer en el territorio, porque de otra forma sólo habremos creado una nueva sigla, con cariz de partícula subatómica, que no habrá servido más que para engrosar los tambaches leyes de papel.

Lo importante sigue siendo nuestra participación. Esa única manera de superar este estado normalizado de desigualdad y violaciones de derechos. Por eso es importante que los ciudadanos se postulen para participar como consejeros de los sistemas o miembros de los consejos consultivos en los niveles federal, local y municipal.

Nuestra lucha es por la efectividad, cosa que todavía no alcanzamos. Ese es nuestro punto de llegada. Si se entiende al SNPIDNNA sólo como punto de “quedada”, el Estado sólo seguirá jugando a “la comidita” de la política de infancia: sin impacto real en los indicadores e irrelevante socialmente.

Graziana Calcagno señala que para garantizar que los derechos de niños y niñas “sean efectivos y no mera retórica, no es suficiente una legislación iluminada. Las declaraciones solemnes que reconocen a los niños sus propios derechos y que comprometen a los Estados a intervenir para llevarlos a la práctica, son una gran conquista cívica, pero sólo son el primer paso.”

Esto lo sabemos muy bien. Y ese es nuestro parámetro: discúlpenos por las molestias que causamos, pero no queremos leyes de papel. Ya tenemos de sobra.

Les deseo una Feliz Navidad y un gran 2016. Mis deseos son un sistema nacional, 32 sistemas locales y 2,457 municipales exitosos y participativos. Deseo que de veras Ricardo Bucio haga bien su trabajo y lo haga para todos; sobre todo que piense siempre en llegar al territorio y más allá de Cuautitlán. Deseo un INEE firme y decidido. Deseo fervientemente que la REDIM vigile puntillosamente las políticas públicas dedicadas a la infancia y la adolescencia en todo el país, para que los sistemas en sus distintas escalas se avoquen a construir las soluciones.

Deseo que tengamos el coraje para exigir educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes, aunque no resulte simpático. No hay nuevas oportunidades sin educación. Larga vida para mis amigos y mis amigas, especialmente de Tijuana, Zacatecas y Veracruz. Gracias a ti, amable lector. Me animas siempre muchísimo. Abrazo grande.

@LuisBarquera

Odisea Global

SRIO. AURELIO NUÑO: EN EL PRESUPUESTO EDUCATIVO TAMBIÉN IMPORTA LA EQUIDAD

Luis Alberto Barquera

Importa el tamaño, pero también la equidad. Dice Aurelio Nuño, titular de la SEP, que esta secretaría “tiene el presupuesto más grande del país” (Reforma, 4 noviembre, 2015), pero no reconoce que es muy inequitativo. Sobre todo le disgusta que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) le indique que el gasto en educación ha tenido una evolución a la baja y que la inequidad en el presupuesto contradiga el espíritu de la reforma educativa (Reforma, 4 de noviembre, 2015).

Aquí presentamos ocho argumentos para reorientar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 hacia la equidad educativa, en buena parte tomados del trabajo del INEE “Elementos para una propuesta de gasto educativo”, presentado en la Cámara de Diputados, el 28 de octubre 2015.

  1. Reducción del gasto educativo

Perdón por mencionarlo de nuevo, pero el INEE demuestra que la evolución del gasto educativo como porcentaje del gasto programable (GP) y del gasto neto total (GNT) presenta una tendencia decreciente. Mientras que 2008 representaba cerca del 25{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del GP y el 18.4{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del GNT, en 2016 estos porcentajes decrecen en 6 y 3.5 puntos porcentuales respectivamente.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), se propone gastar 1.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del PIB para cumplir los objetivos de la Reforma Educativa en el PPEF 2016 y, a excepción del Servicio Profesional Docente, ninguno de estos objetivos tiene un presupuesto que supere el 0.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del PIB.

  1. Inercialidad del presupuesto

El INEE observa que más del 80{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los programas presenta un alto grado de inercialidad (es decir, básicamente una actualización del presupuesto ajustando con base en la inflación), lo que significa que el proceso de programación se realiza sin tomar en cuenta las poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Cabe señalar que el INEE muestra, con base en los ejercicios 2008-2016, que en promedio el 97.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del gasto educativo en educación básica (EB) y educación media superior (EMS), incluidos todos los ramos, corresponde a gasto corriente.

La prioridad, como señala el CIEP, al igual que en el 2015, “sigue siendo el Servicio Profesional Docente, ya que del 1.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del PIB 2016 que se propone gastar, 1.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} es para la nómina educativa que se distribuye a través del FONE. Esto significa que 96.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de lo asignado a la Reforma Educativa se destinará al pago de nómina, ingreso, evaluación, promoción y capacitación de maestros.”

  1. El FAEB/FONE, una asignación injusta del gasto en educación

El INEE, con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, PEF 2015, señala que los fondos del FAEB/FONE concurren a nivel estatal y municipal con el gasto regionalizado de los programas presupuestales (Pp) de EB y EMS, sin que dichos recursos hayan contribuido a cerrar las brechas educativas.

En ausencia de un Índice de Calidad Educativa, por entidad federativa, municipio o localidad, la asignación de recursos se resuelve con la matrícula potencial. Distribuir los recursos de acuerdo a la matrícula impide garantizar calidad y acceso a la educación de la población de zonas marginadas, ya que no se cubren los costos reales. Adicionalmente, la fórmula referida asigna inercialmente el gasto destinado a las entidades federativas y municipios, sin considerar la heterogeneidad estructural del sistema educativo.

Los municipios con menores porcentajes de IDH e IDE, son los que menores recursos reciben y ejercen. Tanto la asignación como el ejercicio del gasto en educación no están relacionados con las necesidades de la población objetivo, sino solo con la matrícula potencial.

  1. Reducción presupuestal en programas clave para la Reforma Educativa

Se pensaría que los programas orientados a generar equidad estarían entre las prioridades del gasto. Sin embargo, antes que aumentar en su presupuesto, presentan decrementos importantes:

Programas presupuestarios con decremento de recursos en EB y EMS en PPEF 2016. Millones de pesos
Educación Básica 2015 2016 Decremento
Escuelas de tiempo completo 12,500.4 10,561.4 1,939.0
Programa para la Inclusión y la Calidad Educativa 422.4 322.5 99.9
Fortalecimiento de la Calidad Educativa 800.0 705.0 95.0
Programa para la Reforma Educativa 9,037.1 5,476.4 3,560.7
Educación Media Superior      
Programa para la Inclusión y la Equidad 50.0 40.2 9.81

Con base en: Teresa Bracho y Agustín Caso. “Elementos para una propuesta de gasto educativo”, Foro: Evaluación del Gasto Educativo en México. Cámara de Diputados, 28 de octubre 2015.

En los programas mencionados anteriormente, como indican sus reglas de operación, se busca la equidad. Sin embargo, de acuerdo con el INEE, los recursos que estos Pp asignan se concentran en el medio urbano, donde IDH es más elevado con lo cual se puede estar ahondando en la inequidad y evitando la inclusión, en lugar de combatirlas.

  1. Los resultados de PLANEA: los mayores rezagos entre niños y niñas pobres, indígenas y rurales

Los resultados de PLANEA 2015 arrojan lo que ya sabemos: nuestro sistema educativo es inequitativo y excluyente. La mitad de la población infantil de 6º de primaria no cuenta con las competencias de lenguaje y comunicación para desarrollarse en la sociedad del conocimiento.

En el Nivel I de desempeño, relativo al uso más elemental de la información, se ubican más de la mitad de los alumnos de las escuelas Generales públicas, siete de 10 de las Comunitarias y ocho de 10 de la Indígenas.

Desde el punto de vista de los recursos de las familias, el Nivel I se presenta entre los que presentan mayor escasez, es decir, en los cuartiles 1 y 2: entre 7 y 6 de cada 10 niños y niñas, respectivamente.

En las localidades rurales y en las zonas de muy alta marginación se ubica en el Nivel I más del 60{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los niños y niñas de primaria. Seis de cada 10 de los que presentan extraedad se ubican en ese nivel.

En 3º de secundaria cerca de siete de cada diez niños y niñas apenas puede hacer un uso elemental de las matemáticas.

Aunque las escuelas privadas no “cantan mal las rancheras”, ya que en esta modalidad se ubica en el Nivel I cuatro de cada diez niñas y niños, en el resto de las modalidades la proporción alcanza entre siete y ocho de cada diez.

Qué bueno que Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas de la SEP, considere relevantes los resultados de PLANEA para la reforma educativa. El problema es que la SEP no está haciendo lo necesario al respecto.

Concretamente: ¿Qué estamos esperando para orientar recursos humanos, pedagógicos y financieros hacia las escuelas con mayor rezago? ¿Dónde están los programas y los presupuestos?

  1. ¿Por qué no focalizar a Prospera?

Los resultados de PLANEA y la falta de focalización adecuada del gasto educativo obligan a preguntarnos, ¿por qué seguir sin direccionar apoyo pedagógico inmediato a niñas, niños y adolescentes becarios de Prospera (5.9 millones)? Como reiteradamente se ha demostrado, las becas son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.

Igualmente cabe preguntar: ¿por qué no integrar al padrón de becarios a todos los niños, niñas y adolescentes integrantes de familias adscritas a ese programa? ¿Por qué no se indagan y atienden las causas de su exclusión? Prospera sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia, por lo que conservadoramente faltan alrededor de tres millones de niñas, niños y adolescentes en el padrón de becarios de ese programa.

No olvidemos que las becas de Prospera son las más progresivas.

  1. Impulsar políticas intersectoriales para combatir la inequidad educativa

Como ya hemos señalado en repetidas ocasiones, en línea con el Informe 2014 del INEE, muchos de los problemas que causan la inequidad en educación encuentran sus raíces en la pobreza de la población y sus efectos. Urgen políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población. Esto obliga a considerar la importancia de un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como instrumento para atacar la inequidad educativa.

  1. Una Auditoría Superior de la Federación con dientes

Hay que fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), haciendo que sus recomendaciones sean vinculantes, sobre todo ahora que se pretende hipotecar el FAM-Ramo 33.

La ASF ha demostrado plenamente, en sus Evaluaciones de las Políticas Públicas de Educación Básica y de Educación Media Superior, que los gobiernos de los estados no garantizan una buena administración de los recursos.

A la propuesta del secretario Nuño le falta mucha transparencia para pasar por buena.

Conclusiones

De acuerdo con el INEE, para revertir la tendencia inercial del gasto programable en EB y EMS se debe efectuar una revisión comprensiva de la forma en que se programa dicho gasto, lo que implica:

  • Revisar las Reglas de Operación (ROP) de los Programas, a fin de que cuenten con un diseño que efectivamente reduzca la inequidad.
  • Deben eliminarse ambigüedades en las ROP que eviten el término «preferente» en éstas, a fin de asegurar que los recursos fluyan a las áreas geográficas de mayor marginación.
  • Se deben definir, focalizar y cuantificar a las poblaciones objetivo con niveles altos y muy altos de marginación. (Léase becarios y no becarios de Prospera).
  • Desarrollar métodos de gestión administrativa que hagan posible el cumplimiento del objetivo de los Programas presupuestarios que declaran la equidad.

En este sentido, de acuerdo con el CONEVAL, frente a la fusión de los programas propuestos en el PPEF 2016 el reto es identificar de manera clara las causas de la problemática que se busca atender a través de la elaboración de diagnósticos, y de esta manera poder rediseñar intervenciones más efectivas, una oportuna definición de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida), así como indicadores que sean útiles para medir el desarrollo de los programas.

Es importante que en el rediseño de los programas se contemplen las prioridades nacionales y los objetivos de la política en materia educativa, y contribuyan al cierre de brechas de desigualdad.

Cabe señalar, que el Sistema Nacional de Protección de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que debe surgir a partir del 2016 en los tres órdenes de gobierno, puede contribuir a impulsar las políticas intersectoriales que urge desarrollar para combatir la inequidad educativa.

El desarrollo de un Índice de Calidad Educativa puede contribuir, mediante una revisión a la fórmula del FONE y la correspondiente modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, a una asignación más equitativa e incluyente del gasto federalizado.

La fórmula de distribución del FONE carece de un Índice de Calidad Educativa y supone que el gasto por alumno de EB es el mismo en todo el país. No puede asumirse que el costo de educar sea el mismo en los diferentes tipos de escuelas.

Se propone utilizar la información del Censo Educativo 2014 para identificar los espacios de educación Primaria y Secundaria en que se reducen los turnos de operación diaria para hacer un inventario de infraestructura que sería posible utilizar en el corto plazo para su aprovechamiento para la EMS. Se sugiere analizar tres dimensiones de equidad para la utilización de recursos excedentes:

  • Equidad entre niveles: Aprovechar excedentes de EB para invertir en EMS y hacer factible la ampliación de cobertura y la obligatoriedad.
  • Equidad geográfica: Priorizar Estados y Municipios en donde la cobertura de EMS es menor.
  • Equidad socioeconómica: Priorizar la inversión hacia grupos vulnerables incluyendo a grupos indígenas, y a la población en situación de pobreza.

No se enoje, secretario Nuño, lo que pasa es que el INEE propone como prioridad de política educativa “la meta de reducir de manera significativa las actuales de brechas en acceso, asistencia, y aprendizaje en la educación obligatoria de los sectores más desfavorecidos, mediante políticas focalizadas, que permitan generar no solo modelos compensatorios sino procesos efectivos de integración educativa y social.”

Y para eso se requiere hacer reasignaciones en el presupuesto. No repetir lo mismo que se ha venido haciendo, esperando resultados diferentes.

Ojalá venga de la Cámara de Diputados un compromiso histórico con la equidad educativa, porque el artículo 3º constitucional garantiza el derecho a la educación a TODOS los niños, niñas y adolescentes. No se enoje, secretario Nuño, eso dice la Constitución.

No se enoje porque en el Informe 2014 del INEE se destaca a la inequidad educativa como el principal problema del sistema educativo nacional.

Mejor trabajemos para rediseñar el presupuesto y ponernos en la línea de que todas las niñas, niños y adolescentes accedan, asistan y aprendan en la educación obligatoria.

La educación es un derecho de TODAS las niñas, niños y adolescentes. Ese es el tema.

@LuisBarquera

Odisea Global

ENTRE ESCILA Y CARIBDIS: INEQUIDAD EDUCATIVA Y COMPRA DE GOBERNADORES

Luis Alberto Barquera

De veras que al secretario Aurelio Nuño el tema de la equidad no parece importarle mucho. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 21 de octubre, no lo vi poniendo el tema como prioridad en su administración. Prefirió irse por las ramas cuando Jorge Álvarez, el único diputado que abordó con seriedad el tema, le preguntó al respecto. Sí, en cambio, lo noté preocupado por defender la idea de financiar el mejoramiento de infraestructura escolar, a través de la colocación de bonos en la Bolsa a cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Ramo 33) de las entidades federativas.

Aunque el INEE, en su Informe 2014, dimensiona la inequidad educativa como el principal problema del sistema educativo nacional, el secretario no la coloca en el centro de su narrativa. Datos como el hecho de que menos de la mitad de los alumnos en Matemáticas, tres de cada cinco en Lectura y 53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias, logran el nivel de competencia requerido para desempeñarse en la sociedad del conocimiento, justifican decir que la mayoría de los programas públicos en educación han sido inerciales y su diseño dista de lo necesario para atender las causas y las consecuencias de dicho problema.

El INEE dice en ese documento que para combatir de manera frontal y prioritaria la inequidad, se requiere “una política de inversión de escala, es decir, revertir la tendencia de gasto público e innovación educativa a favor de los que más lo necesitan.”

Esto significa, entre otras cosas, revisar la manera como se distribuye el gasto educativo entre diferentes sectores poblacionales, entidades federativas y regiones, para invertir más en los que menos tienen.

También significa focalizar a los sectores con mayores desventajas educativas: quienes habitan en localidades rurales pequeñas, la población indígena, independientemente del lugar en que resida, los niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas), los niños que trabajan y los que tienen alguna discapacidad.

Quiere decir que la inequidad educativa se combate con calidad: con maestros capacitados, infraestructura digna, materiales adecuados y, de manera fundamental, con procesos pedagógicos que atiendan de modo integral a niños y niñas y que respondan con relevancia y pertinencia a sus necesidades.

Ahora que tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes significa entender también que muchos de los problemas de la inequidad educativa no son educativos ni dependen de las políticas del sector. Urgen políticas intersectoriales que atiendan el hambre, el trabajo infantil, el aislamiento, la violencia en la familia, desde un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El INEE propone en ese Informe 2014, dedicado al Derecho a una educación de calidad, “convertir en prioridad de política educativa la meta de reducir de manera significativa las actuales de brechas en acceso, asistencia, y aprendizaje en la educación obligatoria de los sectores más desfavorecidos, mediante políticas focalizadas, que permitan generar no solo modelos compensatorios sino procesos efectivos de integración educativa y social.”

Concretamente, ¿qué está haciendo el secretario Nuño para que los resultados de la evaluación se traduzcan en apoyo pedagógico de calidad a NNA becarios de Prospera (5.9 millones)? Como reiteradamente se ha demostrado, las becas son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.

¿Qué está haciendo para que NNA integrantes de familias de ese programa (5.8 millones), pero que no son becarios, se integren a ese padrón? Ese programa sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia, por lo que conservadoramente faltan alrededor de tres millones de NNA en el padrón de becarios de Prospera.

Los números de ese programa indican que se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas, que se requiere para proporcionar un servicio de calidad.

Por ejemplo, de acuerdo con el CEMABE, sólo 41.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). El INEE dice que más de la mitad de las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 56.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, se encuentran en localidades de alta y muy alta marginación.

De acuerdo con el Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México (UNICEF/PNUD, 2015), se necesita un aumento de 1,169.4 miles de millones de pesos al gasto en educación para que asistan a la escuela los NNA que están fuera del sistema escolar, y para que quienes se encuentran rezagados se pongan al corriente.

“Para el nivel de preescolar, el gasto adicional requerido es de 35 mil millones, es decir, 44.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} más del que se destinó en 2012. En el nivel primaria se necesita 52.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (128.7 mil millones) más recursos que los que se asignaron ese año. Aumentar la asistencia escolar y combatir el rezago en los niveles de secundaria y bachillerato implicaría incrementos del gasto de 185.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 553.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente.”

Seguimos postergando la inversión que se requiere y aplicando un criterio inercial en el diseño del presupuesto. No se invierte lo que se necesita y se gastan mal los recursos que se tienen. Tabletas, inglés o bullying no impactan en la equidad del sistema (si acaso lo harán en las zonas urbanas de siempre), pero son más sexys como propaganda.

La educación por supuesto que no se salva de nuestra crisis política más general. Antes que enfrentar la inequidad, el gobierno entrega 700 mil tabletas, sin procesos educativos ni acompañamiento adecuado. Francesc Pedró, investigador de la UNESCO, dice que la tecnología “puede tener tan sólo efectos marginales sobre la calidad de la educación”. En pocas palabras, las tabletas no sirven más que de forma limitada para fines educativos. Entonces, ¿por qué se entregan?

Porque pueden servir ampliamente para otros fines. La distribución de tabletas está dictada por motivos electorales. La colocación en la Bolsa del FAM-Ramo 33, dedicado a la infraestructura educativa, también. Con la iniciativa del presidente Peña todos los gobernadores tendrán dinero fresco para invertir en infraestructura, pero también para desviar recursos y operar elecciones. Así ha venido siendo hasta la fecha, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, con la gestión de los presupuestos de los últimos años. Ahí están innumerables observaciones al ejercicio del gasto de los gobiernos de los estados, pero muy pocas solventadas.

¿Por qué tendríamos que confiar los recursos de todo el FAM-Ramo 33 a los gobiernos de los estados? La evidencia indica que no garantizan una buena administración de los recursos. Suponiendo que esta propuesta sea correcta, le falta mucha transparencia para pasar por buena. La nueva idea para financiar infraestructura educativa no se ha explicado suficientemente y no se conocen los mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, antes de un amplio debate sobre las consecuencias de esa hipoteca, los jefes del ejecutivo en los estados aprobaron la propuesta sin chistar. De hecho parece que el secretario fue a la CONAGO, más que a presentar una opción para financiar infraestructura educativa, a comprar gobernadores. Y lo consiguió. A Nuño no parece preocuparle poner a la Iglesia en manos de Lutero.

Muchas secretarías de los estados son estructuras opacas y corruptas, ancladas al pasado, donde priva la aplicación discrecional de la ley. Por ejemplo el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció el 19 de octubre el despido y congelamiento de cheques de más de 2 mil 100 aviadores. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR) ya tenían conocimiento, desde 2011, de la existencia de aviadores en Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero no pasó nada. ¿Por qué no se aplicó la ley?

De acuerdo a una investigación sobre el FONE, de Marco Antonio Fernández Martínez, investigador asociado de México Evalúa, estamos hablando de un desvío de 252 millones de pesos en el primer semestre del año, utilizados en pagos ilegales a comisionados sindicales.

En fin. ¿Nos deja tranquilos que los recursos FAM-Ramo 33 se entreguen al gobierno de Veracruz o a cualquier otro estado de la república en las condiciones actuales?

Necesitamos una autoridad educativa que enfrente a dos monstruos, a las Escila y Caribdis del sistema educativo mexicano: la inequidad educativa y la inercia programática, y la corrupción que se vive en las cinco regiones administrativas recientemente creadas.

Mi posición es que el gobierno debe asumir la meta, como dice el INEE, de reducir de manera significativa las actuales de brechas en acceso, asistencia, y aprendizaje en la educación obligatoria de los sectores más desfavorecidos. Y cerrarle el paso a la corrupción. Ese sería un buen proyecto educativo para México.

El Segundo y Quinto puntos de los Siete pasos clave de la reforma educativa que presentó Nuño en la Cámara de Diputados, dedicados a los Certificados de Infraestructura Escolar y a la equidad y la inclusión, tienen que fortalecerse con transparencia y asumiendo lo mejor que tenemos: la propuesta del INEE. Así como están despiertan serias dudas.

@LuisBarquera

Odisea Global

URGE ENFOCARSE EN EL MENSAJE

Luis Alberto Barquera

Después de leer la declaración de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con motivo de su visita a México, el 7 de octubre de 2015, no puedo dejar de pensar que México ratificó la Convención de los Derechos del Niño y promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes (LGDNNA) para, precisamente, dar efectividad a los derechos reconocidos y garantizar la protección integral a la población de 0 a 17 años.

Sin embargo, este enorme paso legislativo se encuentra amenazado por la inclinación del propio gobierno a compensar su inseguridad (o falta de “idoneidad”) haciendo lo mismo de siempre y convirtiendo los avances legislativos en leyes de papel. (Total, no pasa nada, al fin son niños).

En la antesala de instalar el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no se ve claro el presupuesto para instalarlo en los tres órdenes de gobierno y todo indica que no hay la disposición de conformar un verdadero consejo deliberativo, con paridad entre miembros del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que impulse al gobierno a actuar con un nuevo marco mental y a imprimir sentido de urgencia a las decisiones.

El gobierno está a la derecha de la LGNNA y conduce hacia atrás: quiere cerrarle el paso a las voces discordantes y tener todo bajo control para imponer la política de hacer las cosas a la antigüita. Al gobierno no le gusta el debate, sino escucharse sólo a sí mismo. Tampoco le gusta “el mensaje”, en términos de la realidad que niñas y niños padecen (violaciones de derechos en educación, salud o protección), o la necesidad de cambios de política. Ni le gusta que lo anden apurando; él se toma su tiempo para supuestamente resolver los problemas. Por eso la toma contra “el mensajero”.

La pieza del Alto Comisionado no tiene desperdicio; la mala actitud del gobierno frente al cambio atraviesa toda nuestra vida pública. Crimen organizado y corrupción convierten las leyes mexicanas en montones de papel, mientras el gobierno se desentiende las víctimas y prefiere “matar al mensajero”, en lugar de asumir la crítica y enfocarse en la solución del problema, es decir, “en el mensaje”. México necesita un gobierno que escuche a la ciudadanía y enfrente la crisis de derechos humanos con un renovado sentido de urgencia. No lo digo yo. Lo dice la mencionada declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El funcionario reconoce en su texto numerosos cambios legislativos hechos por México, de la Reforma Constitucional de 2011 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se destaca el activo papel de México en favor de los derechos humanos a nivel internacional. Así como la ratificación de numerosos tratados internacionales mediante los cuales se revisarán los progresos del estado mexicano en materia de derechos humanos.

Sin embargo, los avances mencionados no corresponden con “la realidad cotidiana de millones de personas en México (…) Muchas de las personas con las que he hablado –dice el Alto comisionado–ilustraron una imagen muy desalentadora – y consistente – de una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos.”

Se supone que México no se encuentra en medio de un conflicto bélico, pero se estima en 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015. Hay al menos 26,000 personas desaparecidas desde 2007.

Parte de la violencia se atribuye al crimen organizado, pero muchas otras desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y al Ejército.

El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y la corrupción “está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel.”

Obviamente se destacan los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán. El caso de Iguala, dice el Alto Comisionado, “es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”

El Alto Comisionado se queja del trato que recibió Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la tortura, después de presentar su informe sobre México, “por parte de algunos políticos, a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida” y, en general, sobre la grave intolerancia del gobierno de México a la crítica pública.

Por eso, el mensaje del Alto Comisionado “sobre esta reciente y preocupante tendencia”, es el siguiente: “en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje.”

El Alto Comisionado escuchó muy cercanamente a numerosos ciudadanos y organizaciones, así como a víctimas y sus familiares, para sustentar su declaración; “cada historia fue intensamente personal – un antídoto importante ante la naturaleza insensible de las incompletas estadísticas sobre asesinatos, violaciones y desapariciones.”

La declaración de Zeid Ra’ad Al Hussein es un grave llamado al gobierno de México a mejorar en el terreno de la empatía por las víctimas porque, aparentemente, esto no se entiende o no se quiere entender.

Un grupo de familiares le explicó lo que significa tener a una persona desaparecida. “Tener a un ser querido desaparecido, no saber si está vivo o muerto; y si ha muerto, no saber lo mucho que sufrió ni cuánto tiempo duró su sufrimiento; y si está vivo, dónde está siendo detenido y en qué condiciones; vivir esta horrible mezcla de pérdida e impotencia, esta falta de certeza, constantemente presente día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es realmente una cosa espeluznante. Se vuelve doblemente cruel cuando las autoridades ni siquiera se preocupan – o se atreven – a investigar lo que sucedió con su hijo, hija, hermana, pareja o mejor amigo.”

Repetidamente el Alto Comisionado señala, como esperando que por fin alguien escuche, que “México tiene al menos 26,000 casos de personas no localizadas, y nuevos casos ocurren cada día. La miseria unida a la estadística es imposible de comprender. El fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico.”

Para el Alto Comisionado, al final, sólo los mexicanos y las mexicanas – y especialmente la clase política – son quienes pueden resolver una problemática tan grande y compleja: “el gobierno que lo logre – el que reforme radicalmente la policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y encarcele a los criminales, el que regrese al Ejército a los cuarteles, proteja a las personas marginadas, trabaje duro para reducir la violencia contra las mujeres – ése es el gobierno que la nación necesita y quiere.”

El gobierno “que la nación necesita y quiere”, en otras palabras, es uno que garantice efectividad en la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Punto.

El Alto Comisionado urge al gobierno a escuchar a la ciudadanía y hacer que el estado funcione. Dice en la parte final de su mensaje: “Ruego por que este Gobierno pueda comprometerse con un renovado sentido de urgencia para resolver los enormes retos de derechos humanos que enfrenta, para que sea cada ciudadano el que lo juzgue.”

(A ese sentido de “urgencia” me refiero cuando pienso en las directrices que debe emitir el INEE y en general a toda orientación de política que implique niñas, niños y adolescentes.)

La tarea es “abrumadora”, como dice el Alto Comisionado, pero tenemos que hacernos escuchar y hacer que la política cambie, ahí donde estemos, porque no hay ámbito de nuestra vida pública ni grupo de población que se salve. Tenemos que seguir intentando que el gobierno entienda que el problema no somos nosotros, “los mensajeros”, sino “el mensaje”.

Y que el tiempo apremia.

@LuisBarquera

Odisea Global

Los conflictos y la inestabilidad provocan el desarraigo de 4.5 millones de niños en cinco países

NUEVA YORK, 30 septiembre de 2015- Los conflictos y la inestabilidad en cinco países han provocado el desarraigo de, al menos, 4.5 millones de niños, según ha dicho UNICEF en el marco de la reunión de alto nivel de la ONU sobre la crisis global de migrantes y refugiados.

 “Las desgarradoras imágenes han contribuido a llevar la atención de los ciudadanos al destino de los niños atrapados en la crisis europea de refugiados, pero el asunto va más allá de las fronteras de Europa”, dijo Afshan Khan, director de programas de emergencia de UNICEF. “El mundo enfrenta la mayor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial, con millones de familias que se han visto forzadas a huir de sus hogares debido al conflicto y la persecución en países como Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán o Siria”.

Desde principios de año, más de medio millón de personas han cruzado el Mediterráneo hacia Europa. Aproximadamente la quinta parte de quienes han llegado a Europa son niños.

 Mientras la situación en Europa ha captado la atención del mundo, millones de refugiados más continúan en tránsito:

•    En Siria, el brutal conflicto –que entra en su quinto año- ha forzado a más de 4 millones de personas a huir a campos de refugiados, alojamientos improvisados y comunidades de acogida desbordadas en Jordania, Iraq, Líbano y Turquía.

•    Más de 2,6 millones de personas han dejado Afganistán. El país ocupa el segundo lugar en procedencia de refugiados.

•    En Somalia el conflicto, la inestabilidad y la hambruna han empujado a cerca de 1 millón de personas –la mitad de ellos niños- a salir del país.

•    Cerca de 666.000 personas han huido del conflicto en Sudán.

•    Unas 760.000 personas, dos tercios de ellas niños, han huido de Sudán del Sur desde que estalló el conflicto en diciembre de 2013.

 Los niños de los países en conflicto están amenazados a diario. Sufren el riesgo de secuestros, mutilación, reclutamiento y muerte. Su viaje hacia la seguridad está plagado de peligros. Tanto si huyen por mar como por carretera, están a menudo a merced de los traficantes y tienen que cargar con el peso físico y psicológico de la guerra, el desplazamiento y las hostilidades.

Los millones de niños afectados por la migración y los desplazamientos forzosos necesitan respuestas integrales, conjuntas y sostenibles.

UNICEF mantiene su compromiso para proporcionar apoyo vital a los niños en su viaje en busca de un futuro más seguro, y en sus países de origen:

•   En Siria, por ejemplo, UNICEF está contribuyendo a proporcionar servicios de agua y saneamiento, mantener a los niños en la escuela y llevar a cabo campañas de vacunación.

•   En la ruta hacia Europa, UNICEF ha establecido espacios amigos de la infancia y continúa trabajando con los países de acogida para priorizar el interés superior del niño.

•   En los países en desarrollo no afectados por un conflicto, UNICEF apoya programas para abordar las causas subyacentes de la pobreza y la falta de oportunidades.

DIRECTRICES DEL INEE: NI DOCENTES UNIVERSITARIOS NI AUTORIDADES IDÓNEAS

Luis Alberto Barquera

Para Shantal, con admiración y cariño

“Considero desde hace muchos años que las escuelas normales son irreformables y he criticado la perniciosa endogamia del gremio magisterial. Intentar desmantelar el “normalismo” es para muchos imposible; yo no comparto esa opinión.” Esto dice Pablo Latapí, al referirse a las deficiencias del magisterio, en “Finale prestissimo. Pensamiento, vivencias y testimonios” (2009), su último libro antes de morir.

La incorrección política de Latapí contrasta con la “blancura”, si habláramos de ropa recién lavada, de las “Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica”, que acaba de emitir el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).

Para el INEE las escuelas normales sí son “reformables” y quizá es imposible desmantelarlas, por lo que emite, de acuerdo con el Comunicado de Prensa 27, las siguientes cuatro directrices:

“Directriz 1: Fortalecer la organización académica de las escuelas normales. Su propósito es mejorar la calidad de la oferta educativa de las escuelas normales a través de la adecuación del currículo, la consolidación de sus cuerpos académicos y el fortalecimiento de las trayectorias escolares de sus estudiantes.

“Directriz 2: Desarrollar un Marco Común de Educación Superior para la Formación Inicial de docentes. Tiene como finalidad construir un referente común de formación inicial de docentes entre las escuelas normales e instituciones de educación superior, que permita compartir, ampliar, integrar y mejorar la oferta educativa disponible.

“Directriz 3: Crear un Sistema Nacional de Información y Prospectiva Docente. Tiene como objetivo desarrollar investigaciones, sistematizar información y realizar ejercicios prospectivos sobre la oferta y demanda de docentes, a efecto de disponer de un robusto sistema de planeación sobre la formación inicial docente, en los ámbitos local, regional y nacional.

“Directriz 4: Organizar un Sistema de Evaluación de la Oferta de Formación Inicial de Docentes. Tiene el propósito de evaluar los distintos componentes, procesos y resultados que configuran la oferta de formación inicial de docentes, para obtener información que permita, de manera periódica, la identificación de áreas de oportunidad.”

Estas directrices del INEE deben “contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.” En este caso, desde la perspectiva de la formación inicial de maestros. Hasta aquí todo va bien.

Sin embargo pienso que no puede obviarse el contexto en el que deben hacerse operativas. Me considero promotor activo de la idea de que el gobierno y la sociedad debemos asumir con toda responsabilidad las directrices del INEE. Esto también implica tratar de llevarlas lo más lejos posible. En esta perspectiva hago algunos comentarios y le propongo al INEE algunas líneas de mejora:

Lo primero que diría es que las directrices no arriesgan. Ni una vez se menciona la palabra “Ayotzinapa”, acaso como referencia a una situación actual que debe superarse. Tampoco aparece entre las 81 cuartillas del documento la frase “normales rurales” o el término “pobreza”. Las violaciones de derechos en muchos otros ámbitos, además del educativo, no existen en el documento. El problema no es sólo educativo, pero la sola idea ni se menciona. Esto me llama la atención, sobre todo si consideramos la experiencia de los consejeros del INEE. ¿Por qué esa redacción descafeinada? Tal vez no quisieron hacer enojar a uno (en este caso a la autoridad educativa; el Houdini de la posevaluación), o alebrestar al otro (léase CNTE o los demás enemigos declarados de la reforma educativa). O simplemente obedece a una inclinación académica a redactar con aparente neutralidad, como si los fenómenos ocurrieran en abstracto y como si sólo por expresar las cosas de ese modo la autoridad hiciera caso.

No olvidemos que de lo que se trata es de acabar con las malas condiciones y los malos resultados de las normales en México. En este sentido, me parece un error político no poner en primer plano del propio documento argumentos políticos, como la importancia de un compromiso renovado del Estado con el magisterio, para garantizar que niños y niñas puedan contar con un maestro que efectivamente garantice aprendizajes. Si los maestros reciben poco, niñas y niños recibirán poco. No digo que deba aparecer en cada línea el término “Ayotzinapa”, pero no veo la forma de evadirlo, si se quiere recuperar un símbolo para hablar de una nueva normal de maestros que reconozca nuestras desigualdades, las condiciones socioculturales y políticas de los estudiantes, y tenga como prioridad la protección de sus derechos humanos.

Falta una buena vuelta de tuerca. Son “correctas” las directrices, pero no sacan la carrera magisterial de donde está. La verdad no se entiende la corrección política del INEE, por decirlo de alguna manera, cuando lo que necesitamos es una verdadera sacudida. Un antes y un después lo marcaría la integración de la carrera docente en las distintas universidades del país. ¿Hasta cuándo tendremos en las escuelas de educación básica maestros universitarios?

Tenemos que reconocer a los maestros y ponerlos en el escenario de más alto nivel de formación y prestigio. Sin embargo, todo indica que continuaremos como hasta hoy, sin que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reconozca a las escuelas normales como instituciones de ese nivel educativo.

No tendremos una carrera magisterial tan buena o tan mala como nuestras universidades. Los maestros permanecerán viéndose a sí mismos.

Son “correctas”, pero no asumen que el tiempo es oro, un recurso no renovable, y que a ese paso, no sé si empezaremos algún día. ¿Cuántas generaciones de niñas y niños falta por desperdiciar para que siquiera el cambio empiece a vislumbrarse? Pareciera, como dice Latapí en su libro mencionado, que el INEE desconoce que los tiempos en la SEP “son los tiempos burocráticos sobre los tiempos de las urgencias reales de la sociedad.”

Efectivamente, falta un tono de urgencia. Entiendo que el espíritu reformista pueda estar tallado, así sea en parte, en el largo aliento. Pero no hay que olvidar que el juego de la lentitud también favorece a los dinosaurios y afianza el tiempo de un pasado que no acaba por irse de México. Tal vez en un futuro se extingan esas criaturas políticas, pero mientras seguirán saturando las pantallas en la película de la educación en cada estado de la república.

La formación inicial de los maestros es estratégica. Sin embargo, como dice Latapí en “La SEP por dentro” (2006), “feudos privilegiados del poder sindical han sido las escuelas normales y, en parte, la UPN.” La cúpula del sindicato “interviene directamente en el nombramiento de sus directores, aprobación de planes y programas de estudio, normas organizativas y otros aspectos.” Esta es la razón de fondo, dice el investigador, de la “endogamia normalista, del rechazo a abrir la formación del magisterio al ámbito universitario y del lamentable rezago y deterioro de este sector fundamental del sistema educativo.” (Latapí, 2006)

En el documento del INEE se anota que, de acuerdo con foros de consulta en 2014, las estrategias para mejorar sus resultados académicos han sido poco efectivas: “los programas de mejora instrumentados en los últimos 28 años no han logrado impactar en el cambio de las prácticas docentes en las instituciones formadoras de docentes” (INEE, 2015)

También ahí se explica que en las escuelas normales ya se han realizado diversas reformas curriculares, políticas y administrativas “sin que medie evaluación alguna o exista evidencia que permita debatir la pertinencia de las nuevas propuestas. (…) las normales han tenido escasa posibilidad de tomar decisiones y poco margen de actuación; mantienen fuertes tradiciones y, no obstante los cambios que han experimentado, son instituciones que siguen desarrollando prácticas que no repercuten en mejores resultados para sus estudiantes y egresados.” (INEE, 2015)

La formación inicial de docentes se distingue “por la presencia de programas aislados; acciones poco articuladas, y mayor énfasis en la gestión institucional que en los procesos sustantivos de orden académico (…) no ha habido una política integral que establezca objetivos y rutas articuladas de trabajo en torno a la mejora de las escuelas formadoras de docentes.” Dice el documento del INEE que este reto “será, sin duda, de la mayor relevancia en el futuro inmediato en el marco del Reforma Educativa puesta en marcha actualmente por el Estado mexicano.”

¿Por qué no han avanzado las reformas anteriores a estas directrices? ¿Por qué NO CAMBIAN las normales? ¿Por qué la propuesta del INEE tendría que prosperar, a diferencia de las anteriores?

El documento del INEE incorpora la sustancia de la evaluación y de la investigación educativa, cosa que está muy bien. Pero las directrices carecen de un marco que permita explicar los desafíos y de un mensaje político que oriente lo que se necesita para, esta vez, lograr una reforma exitosa.

La incorrección de Pablo Latapí nos puede ayudar a mirar las directrices del INEE desde una nueva perspectiva, como la de no seguir postergando la incorporación de la formación inicial de maestros en el nivel de la educación superior. Y reconocer que debemos exigir una autoridad educativa “idónea”, como se dice a propósito de los docentes que requerimos, para llevar adelante estas directrices.

Pienso que el INEE pudo haber apostado por una narrativa más poderosa en lo social y lo político, lo que no quiere decir irrespetuosa o irresponsable. El INEE puede apostar más fuerte y buscar opciones de formación inicial de maestros ligada a las universidades, que asuman la agenda marcada por las directrices.

@LuisBarquera

Odisea Global

AURELIO NUÑO: COMPROMÉTASE Y ACATE LAS DIRECTRICES DEL INEE

Luis Alberto Barquera

Se me ha preguntado en estos días que le diría, si pudiera, a Aurelio Nuño, nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Pienso que le diría dos cosas.

La primera es que cierre su oficina y se vaya a visitar una muestra de escuelas de todo el país y platique con maestros, padres de familia y niñas, niños y adolescentes. Tiene que saber cómo se vive la “educación” en México desde la perspectiva de los titulares de derechos. Esto le ayudará conocer en directo la realidad del sistema educativo, aunque ya se haya leído “todo” (supongo). El cambio requiere capacidad de empatía, un bien escaso que no puede generarse desde el desconocimiento del “otro”.

Partamos de esta cuestión: ¿Cómo te sentirías tú si te hicieran eso? Barak Obama, en La audacia de la esperanza, dice que no es frecuente que nos hagamos esta pregunta. Como país, refiriéndose a Estados Unidos, Obama señala en ese libro que “pareciera que sufrimos de un déficit de empatía. No toleraríamos escuelas que no enseñan, que sufren una falta crónica de fondos, de personal y de motivación, si pensáramos que los niños que van a ellas son como nuestros hijos.” (2006, pp. 72-73).

(¿Le suena, amable lector, que la autoridad (no sólo la educativa) sufre un grave “déficit de empatía”?)

Lo que dice Ryszard Kapuscinki para el periodismo, en Los cínicos no sirven para este oficio, puede también servirle al secretario Nuño: “Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse, inmediatamente, desde el primer momento en parte de su destino (…) Mediante la empatía, se puede comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás.” (2013, p. 18)

Lynn Hunt, en La invención de los derechos humanos, señala que la historia demuestra que “al final la mejor defensa de los derechos son los sentimientos, las convicciones y las acciones (…) uno conoce el significado de los derechos humanos porque se siente afligido cuando son violados.” (2009, p. 220).

¿A qué escuela fue usted, Aurelio Nuño? ¿A qué escuela asisten los suyos? ¿Cómo se ubica ante el hecho de que una proporción importante de niños y niñas que asiste a la escuela aprende poco o muy poco? ¿Y ante la realidad de que muchos permanecen fuera de ella? ¿Algo se le retuerce en la panza cuando constata que el derecho a la educación es sistemáticamente violado en nuestro país?

La práctica de la “empatía” puede ayudarle a Aurelio Nuño a parecer creíble y a encontrar la fuerza y la decisión que se necesita para ser un verdadero secretario de educación. Uno que esté del lado del ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, cosa que no siempre hemos tenido. Uno que cierre la brecha entre el secretario y los titulares de derechos, y entre éste y los maestros, agentes fundamentales para que los titulares de deberes cumplan con su cometido.

Hay que empezar por pedirle al secretario Nuño que se ponga en los zapatos de los niños, niñas y adolescentes que no ejercen su derecho a la educación. Y también de los maestros, porque sin ellos no hay salida posible. Sería realmente novedoso que esto ocurriera, porque nuestra historia demuestra que esto no ha sido importante y porque se requiere una reforma educativa ambiciosa, que se plantee por ejemplo terminar con la “escuela pobre para pobres”.

La segunda cosa que le diría al secretario Nuño es que se enfoque en crear las condiciones para operar las directrices que próximamente emitirá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El viaje que le propongo en el punto anterior puede aprovecharlo también para conocer de manera directa quienes son los (i)responsables de la educación en los estados de la república y comenzar a tomar medidas pertinentes.

Buena parte de la fuerza jurídica y política de esa institución, además de generar lineamientos para realizar evaluaciones, consiste en “emitir directrices relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.” (art. 47). Nada más y nada menos. La Ley del INEE establece que:

  1. “Los lineamientos y directrices que emita el Instituto se harán de conocimiento público.” (art. 48)
  2. “Las directrices emitidas por el Instituto serán hechas del conocimiento de las Autoridades e Instituciones educativas correspondientes para su atención.” (art. 50)
  1. “Las Autoridades e Instituciones Educativas deberán hacer pública su respuesta en relación con las directrices del Instituto, en un plazo no mayor a 60 días naturales.” (art. 51)

Luego de que el INEE emita sus directrices de política y las haga públicas, Aurelio Nuño tendrá que responder puntualmente cómo se ubica el gobierno federal frente a ellas. ¿Las asume? ¿Las rechaza? ¿Se hace el occiso?

El INEE, como ya he señalado en este espacio, nos dará directrices de política. Lo que no puede darnos es la voluntad política del gobierno para realizar los cambios. El gobierno, antes que retomar sus resultados, está acostumbrado a evadir las recomendaciones de la evaluación en muchos ámbitos. La experiencia con el CONEVAL así lo indica.

Sin embargo, si bien las directrices del INEE no son vinculantes, el gobierno tendrá que responder puntualmente a cada una de ellas y pagar el costo político de rechazarlas o intentar evadirlas. Hay que reconocer que la reforma educativa ha hecho más estrecho el espacio para el Houdini de la postevaluación y esto lo debe aprovechar el secretario.

Ojalá el gobierno y Aurelio Nuño acaten las directrices del INEE y aprovechen la oportunidad (otra) de poner por delante el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes de México. De otra forma no veo cómo la reforma educativa se mantendrá a flote otros tres años. En las directrices que vienen está mucha de la sustancia que falta a la reforma y la base para debatir la educación que México necesita. A Nuño le corresponde desarrollar la capacidad de la SEP para operar dichas directrices en todo el país, cosa que actualmente no tiene (o tiene de manera limitada) porque las autoridades locales están en manos de la vieja guardia. Urge, en este sentido, que revise su política de alianzas y mire hacia la sociedad civil.

Es muy simple: requerimos un secretario de educación comprometido con la educación de niñas, niños y adolescentes y con capacidad de implantar políticas que reviertan malos resultados educativos y exclusión escolar.

Si esto lo puede hacer Aurelio Nuño, sin duda pasará a la historia como un secretario de educación realmente notable.

@LuisBarquera

Odisea Global

¿QUÉ HIZO EL ESTADO POR LOS ADOLESCENTES ASESINADOS EN CALERA, ZACATECAS?

Luis Alberto Barquera

¿Qué sabemos realmente de los cuatro adolescentes de Calera, Zacatecas, que desaparecieron un 7 de julio y posteriormente aparecieron ejecutados, presuntamente por elementos del 97 batallón de infantería adscrito a la base militar de Fresnillo, en ese norteño estado de la república?

Un acercamiento lo tenemos en los reportes de seguimiento realizados en 2012 y 2013, del Sistema Local de Protección a la Infancia en Calera, una iniciativa impulsada por UNICEF y ODISEA, A. C., que revelan el mundo de discriminación, pobreza, alcohol y drogas que rodeó a Víctor Hugo González Cisneros, uno de esos cuatro muchachos.

¿Víctimas o victimarios? ¿Será que el Estado no tenía mucho qué hacer con ellos? ¿En la sed de sangre o la maldad intrínseca de estos muchachos está la explicación a su violencia? ¿Todo se reduce a que simplemente eran sicarios que se dedicaban al asesinato y al tráfico de drogas?

Víctor Hugo era nieto de Juana Ramos de la Rosa y Gregorio Cisneros Torres, indígenas y analfabetas, originarios de Jiménez del Teúl, que llegaron hace 30 años a Calera. Tuvieron catorce hijos (10 mujeres y 4 hombres), que reprodujeron la pobreza de sus padres. En por lo menos nueve de los catorce casos se ganaban la vida como jornaleros agrícolas. Cinco de las diez mujeres, además de dedicarse al campo, trabajaban en un bar local.

Este es el caso de Patricia Cisneros Ramos, madre soltera de Víctor Hugo, quien trabajaba en el campo y en el bar, y también era adicta a las drogas.

La siguiente generación, en consecuencia también pobre, la integran al menos 39 niños y niñas, al menos 20 de ellos con adicciones. Uno de ellos era Víctor Hugo, que tenía 12 años en 2012, de los cuales la mitad los vivió como adicto. Sólo cursó hasta 2º.grado de primaria y trabajaba limpiando parabrisas. Su situación de riesgo estaba marcada por una madre en situación de pobreza, que además era negligente, adicta al resistol, al alcohol y al thinner.

En 2011, la autoridad municipal impulsó el trabajo de una red que respondiera a la situación de riesgo y progresivo deterioro de la familia. En el plano educativo se instaló una Unidad Móvil del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), a la cual se integraron 16 niños y niñas de la familia Cisneros, con edades entre 4 y 14 años, todos fuera de la escuela y muchos sin haber ingresado nunca, y niños de otras familias con características similares.

Para la atención de las adicciones, ante la inexistencia de instituciones locales que atendieran adicciones severas en niños (el DIF estatal no quiere niños y niñas “con problemas”, sino limpios, sanos, educados y sin adicciones), entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 Víctor Hugo fue llevado al Centro de Integración Juvenil en Ciudad Guzmán, Jalisco. Allí permaneció por tres meses, el tiempo máximo que permite esa institución para finalmente regresar al ambiente familiar de violencia, pobreza y consumo de sustancias.

Ofrecer alternativas distintas al entorno familiar de Víctor Hugo y de los demás niños y niñas era fundamental para brindarles protección. Esto lo expresa muy bien Juan Pablo Cisneros, de 7 años, quien ingresó a la caso hogar Bethanya, cuando solicitó a la abogada de ODISEA, A.C. que “traiga a vivir a “su casa” a sus hermanos, a sus primos, “para que vaya a la escuela y aprendan como él” y “coman todos los días”.”

Sin embargo, las autoridades municipales no pudieron hacer que las autoridades estatales garantizaran los apoyos y la seguridad que exigía la problemática. Ni el DIF estatal, ni otras instituciones como el Instituto de la Mujer Zacatecas (INMUZA/SEMUJER), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJE), respondieron adecuadamente.

El municipio hizo su parte, pero no había los mecanismos de coordinación interinstitucional y las autoridades estatales no le dieron la debida importancia al problema. El DIF estatal sólo atinó a cerrar los ojos y esperar que la sola inercia de las cosas resolviera el problema de Víctor Hugo y su familia.

Cabe señalar que las autoridades conocieron la situación de Víctor Hugo desde 2005 (ausentismo escolar y adicciones) y que la autoridad municipal lo canalizó al DIF Estatal desde junio 2009, pero nunca se recibió respuesta.

Luego se lo llevó la ola de la violencia, a la que estaba gravemente expuesto. Para finales de 2012 habían desaparecido 26 integrantes de la familia Cisneros de la Rosa a manos de comandos armados, sin que ninguna autoridad se diera por enterada a pesar de los reiterados llamados a tomar medidas especiales para proteger a niños y adultos de esta familia. (Adjuntamos esquema sobre la situación de cada miembro de la familia como era conocido en octubre de 2012).

¿Cómo no iban a tener nexos con el crimen organizado si los tenían encima y probablemente estaban reclutados de manera forzosa desde entonces?

Finalmente el círculo del horror se cerró el 7 de julio con la desaparición y asesinato de los adolescentes Víctor Hugo González (16 años), Fernando José Rodríguez (15), Guillermo García (15) y Jorge David Venegas (17). Tres adultos completan el grupo de 7 desapariciones.

Parece que el Comité del Niño (CN) de la ONU estaba pensando en estos adolescentes de Calera, cuando redactó sus Observaciones finales a los informes periódicos combinados Cuarto y Quinto de México, del 18 de mayo de este año. En todo caso aquí está lo que el gobierno debe hacer.

En ese documento, el CN señala que “le preocupa seriamente que la situación de violencia armada, drogas, trata y lucha contra el crimen organizado se haya traducido en numerosos asesinatos de niños, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales.” Concretamente menciona el caso de Tlatlaya, Estado de México, y a partir de ahora seguramente se referirá también al caso Calera, en Zacatecas.

En particular, el Comité urgió al Estado mexicano a “Adoptar en forma expedita la ley general sobre desapariciones forzadas” e incluir en la legislación “medidas específicas para abordar las desapariciones de niños, especialmente la de niñas.” Asimismo señaló la importancia de tomar medidas urgentes “para prevenir las muertes violentas, asesinatos y desapariciones de niños y sus padres, entre otras cosas abordando las causas profundas de esos actos de violencia, como la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la pobreza, la desigualdad de género y la marginación.”

El Comité está “profundamente preocupado” porque, ante casos como los de Calera, continúa “la falta de castigo al reclutamiento de niños por grupos armados del crimen organizado” y la insuficiencia de medidas “para prevenir el reclutamiento continuo de niños por grupos armados y proteger y prestar apoyo psicosocial para los niños víctimas.”

El Comité recomienda al Estado Parte penalizar explícitamente “el reclutamiento de niños por grupos armados tales como los grupos de delincuencia organizada” y asegurarse de que “no haya niños reclutados por grupos armados.”

Asimismo recomienda garantizar “el acceso a la justicia y la indemnización por los niños que hayan sido reclutados ilegalmente”, así como la revisión de la estrategia contra el crimen organizado “con el fin de asegurarse de que los niños estén protegidos de la violencia”. También recomienda que se implemente efectivamente “el protocolo conjunto para la protección de los derechos de los niños durante las operaciones federales contra organizada, por parte de militares, agencias de seguridad, justicia y órganos de carácter social.”

¿Por qué actuó así el ejército? ¿Desde cuándo opera de esa forma? ¿Sabían cómo tratar a estos adolescentes en el caso de estar frente a su aprehensión?

Esperamos que la justicia funcione. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló, de acuerdo con la Jornada, que el delito de homicidio merece prisión preventiva de oficio, por lo que el juez de la causa ordenó que los cuatro militares inculpados en este juicio fueran encarcelados por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la sentencia correspondiente. Los cuatro militares quedaron detenidos y serán procesados por los delitos de desaparición forzada, contra la administración de justicia y homicidio calificado.

En esta ocasión el empeño de la familia en denunciar marcó la diferencia. Cuando vemos de qué familia se trata, realmente parece que México todavía tiene una reserva de dignidad importante. Es ejemplar que estos ciudadanos pidan justicia viniendo desde el fondo de las cavernas del abandono del Estado y de nuestra desigualdad.

¿Estaban metidos en algo estos muchachos? ¿Sólo eran sicarios que se dedicaban al asesinato y el tráfico de drogas? Es posible, pero como dice un familiar de los desaparecidos: “Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto? (…) ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal?”.

El asesinato no puede sustituir al debido proceso. La investigación de estos 7 crímenes debe decirnos qué pasó y señalar responsables. Ojalá sea ejemplar.

Otra investigación, que desgraciadamente no está en curso, tendría que determinar quiénes son los responsables en el gobierno de esta masacre. El DIF de Calera reaccionó adecuadamente hasta 2013, pero se encontró con la descoordinación institucional y la incapacidad para asegurar la protección de esos niños, niñas y adolescentes en el DIF estatal y las demás instituciones responsables de garantizar derechos de niños y niñas en el Estado de Zacatecas.

Trabajo infantil, drogas y alcohol, exclusión educativa, pobreza, una familia devastada, ingredientes explosivos de la violencia, todos operando al mismo tiempo, requieren una intervención de conjunto. Sólo en la familia de Víctor Hugo prácticamente no hay derecho que no se viole.

¿Quién se hizo cargo de coordinar las acciones para garantizar protección especial y lograr que estos niños y niñas accedieran a las políticas universales? Nadie.

Urge un Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinado estrechamente con su similar estatal.

La nueva Procuraduría tiene una tarea enorme, que no puede realizar sólo con un cambio de nombre. Eso no sirve, como invita a pensar el caso de Víctor Hugo, para resolver o prevenir las situaciones que lo acercaron a la muerte.

La pobreza institucional al final participa por omisión en esta realidad inocultable de violación de derechos de Víctor Hugo y su familia, y tiene un lugar destacado entre las causas que llevaron a las desapariciones forzadas de Calera.

Víctor Hugo y su familia representan al extremo una familia urgida de protección, que no puede proporcionar la institucionalidad que tenemos. El esfuerzo de las autoridades del DIF de Calera, contrasta con las del DIF del Estado. Un intento de funcionar como un sistema municipal de protección, frente a un Sistema Estatal DIF sin coordinación, sin presupuesto y sin estrategia. Sin fuerza para garantizar los derechos de niños y niñas. Además las autoridades municipales no podían traspasar el velo de la operación oscura de la policía y las fuerzas de seguridad, ni hacer preguntas o propuestas incómodas, so pena de despertar sospechas y comprar represalias, lo que hacía imposible funcionar eficazmente.

Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero la exclusión social o la mente criminal? ¿Qué fue primero, la negligencia del Estado o el crimen organizado?

Lo más fácil es pretender asociar imágenes de ejecuciones y crueldad, con jóvenes salvajes y depravados, para construir un perfil de los “verdaderos” responsables de los crímenes, ocultando todo lo que sociedad y estado no han podido solucionar.

El ministro José Ramón Cossío dice que se ha hecho un lugar común definir el perfil del enemigo en la guerra contra las drogas como “un joven pobre, violento, armado y peligroso, prácticamente salvaje, al que hay que vencer para recuperar o establecer la paz y seguridad de todos.”

Para el ministro, mientras algunos ponen los muertos y justifican la acción represiva del Estado, otros acumulan riqueza y siguen tan campantes. En el imaginario la lucha contra la delincuencia se está convirtiendo en una nueva modalidad de la lucha de clases. Al final, dice Cossío, “Cada vez que vemos y aceptamos la idea de que el joven semidesnudo grotescamente abandonado con un arma cerca de él es la imagen misma de la delincuencia a reducir, compramos la perniciosa idea de que más allá de eliminarlos, el Estado no tenía mucho más que hacer con ellos.”

Este es el caso. Por eso las ejecuciones de los adolescentes de Calera nos obliga a exigir que el Estado cumpla sus obligaciones para con las víctimas y las niñas, niños y adolescentes de la familia de Víctor Hugo. La forma de hacerlo es teniendo un sistema de protección integral en los órdenes federal, estatal y municipal, que funcione de forma articulada, a través de un programa que asuma la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, con un sistema de protección especial y una Procuraduría real, y los recursos que se requieren para transformar la política de infancia.

Sólo en julio de 2015, mes de la desaparición de los 4 adolescentes, ocurrieron 45 homicidios dolosos en Zacatecas, 542{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} más que en julio de 2014. ¿Cuántos son niños y jóvenes?

Mientras el Estado contribuya con la violencia, vía el no cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, seguiremos en el cuento de nunca acabar.

Twitter: @LuisBarquera

http://www.odisea.org.mx/

DE HIROSHIMA A LA NARVARTE: ¿CÓMO OLVIDAR?

Luis Alberto Barquera

“Y entonces salimos a contemplar de nuevo las estrellas”

El Infierno, Dante

 

Siempre que se cumple un aniversario más de la tragedia de Hiroshima y Nagazaki, recuerdo a Kenzaburó Oé, en Cuadernos de Hiroshima (1965), cuando habla de los hibakusha y “del modo concreto en que perdieron la vida o sobrevivieron a costa de padecer sufrimientos atroces”.

Oé habla de los que decidieron suicidarse para mostrar su protesta, de los que optaron por ocultarse de las miradas y de los que lucharon todo el tiempo que les restaba antes de alcanzar una muerte terrible, así como de los ciudadanos que asumieron la atención de las víctimas.

Decía este autor japonés, en 1964, que la gente de Hiroshima, “en lugar de guardar silencio u olvidar esa tragedia extrema de la historia humana, está tratando de hablar sobre ello, de aprender sobre lo que pasó y registrarlo todo. Es una tarea formidable que exige un esfuerzo extraordinario. La gente de fuera difícilmente podemos comprender el alcance y la intensidad de los sentimientos de la gente de Hiroshima, incluyendo la aversión que sienten a exponerse al público y que deben vencer para poder llevar a cabo su tarea. Ellos son los únicos que tienen derecho a olvidar y a mantener silencio sobre Hiroshima. Sin embargo, suelen elegir hablar, estudiar y dejar constancia con toda su energía. El grupo de mujeres que publica Los ríos de Hiroshima, los defensores del documento en blanco, los médicos del Hospital de la Bomba Atómica y todas las víctimas que han hablado de sus amargas experiencias aunque lo hayan hecho con modestia y en voz baja, poseen una inequívoca dignidad. Es a través de vidas como las suyas como aparece gente dignificada en nuestra sociedad.”

Oé habla de gente que no se rindió nunca: “en lugares donde no se podían encontrar esperanzas concretas para la vida, escuché la voz de la gente sana y firme, gente que seguía adelante despacio pero con una genuina resolución.” Y del increíble espíritu de autocontrol de la gente de Hiroshima, aunque tuviera la justificación para hacer cosas terribles: “Su situación era amarga y desesperada; si hubiesen caído en la inmoralidad, en la locura o en el crimen, lo habríamos juzgado como una razón muy humana. Pero no sucumbieron a ninguna de esas tentaciones. En lugar de eso, vivieron con entereza y dignidad hasta el final. Después, traspasaron en silencio la puerta de la muerte.”

Para Oé la campaña para lograr la redacción de un documento en blanco sobre las víctimas y daños causados por la bomba atómica era “un importante camino para lograr que el sufrimiento humano de la ciudad sea completa y fielmente reconocido en el mundo entero al igual que sucede con el caso de Auschwitz (…) A menos que cumplamos con ese deber, no seremos capaces de evitar que la gente desesperada continúe suicidándose como única forma de afirmar que ya no existe esperanza o salvación.”

Gracias a la tenaz lucha de los hibakusha, los nombres de las cerca de 300 mil víctimas de la bomba se han colocado a lo largo de 70 años en el Parque de la Paz para no olvidar jamás esta gigantesca barbaridad de la II Guerra Mundial.

¿Qué nos conecta con la experiencia de los hibakusha? La lucha por la dignidad, el reconocimiento y la paz.

Sirva este espacio para decirle a usted, amable lector, y a todas las víctimas y sus familias de esta criminalidad gigantesca y absurda que nos inunda, que la lucha por la dignidad y el reconocimiento no se lleva con el silencio y el olvido.

Que nunca se nos olvide que el pasado 31 de julio, en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, fueron asesinados:

Alejandra Negrete,

Milé Virginia,

Yesenia Quiroz,

Nadia Vera

y Rubén Espinosa

Y que además de Rubén, sólo este año, han sido asesinados los periodistas Moisés Sánchez, Armando Saldaña, Juan Mendoza, Abel Bautista, Filadelfo Sánchez y Gerardo Nieto.

Y que están pendientes de justicia los crímenes de Tlatlaya, Ayotzinapa y Calera.

Cuando pienso en las víctimas que todos los días produce el crimen y un estado omiso en nuestro país, que difícilmente podremos avanzar si no reconocemos su humanidad, su dignidad y su sufrimiento.

Nos falta mucho por hacer para que no se acepte lo inaceptable. La experiencia universal de los hibakusha nos toca porque no debemos perder nunca de vista que nos hace falta mucho por hacer, que nos hace falta mucho por hablar sobre lo que está pasando, por reconocer a las víctimas de la violencia y por hacer efectivos los derechos humanos en México. Todos, muy en particular los periodistas, son responsables de esta tarea en la conversación pública.

Kenzaburó Oé dice que aprendió a protegerse de la vergüenza o la humillación, esforzándose por “no perder nunca de vista la dignidad de la gente de Hiroshima”.

A mí también los hibakusha me ayudan a poner en perspectiva mi propia vida (sobre todo cuando me quejo demasiado por algo que en realidad es mucho más pequeño). También a entender mejor que la lucha de los hibakusha por mantener su dignidad, dotando a su sufrimiento de sentido, es la única manera de conservar la esperanza, esa que Oé nos transmite al recordarnos ese maravilloso verso de Dante.

@LuisBarquera

Odisea Global

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