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LA TRANSFORMACIÓN DEL IEEPO Y LA CAÍDA DEL “PIOJO” HERRERA

Luis Alberto Barquera

Fernando Solana cuenta en “La SEP por dentro” (2006) de Pablo Latapí, que durante su primer periodo como titular de la SEP (1977 a 1982), cuando empezó a buscar a los gobernadores para realizar reuniones en los estados con los inspectores de educación, sus amigos le decían: “Qué bueno que viniste, pero aquí no tienes nada que hacer. Hay un arreglo con Jongitud, con el secretario de Gobernación, con el líder del sindicato de aquí. Si quieres te presto una oficina; me da mucho gusto verte; vamos a cenar con las señoras.”

Entonces, en una situación que mantiene semejanzas con la situación actual con todo y la reforma educativa, “el secretario dependía del sindicato para manejar cualquier programa, pero eso no quiere decir que manejara el sistema educativo; nadie, en realidad, lo conducía.”

¡”NADIE, EN REALIDAD, LO CONDUCÍA”! ¡MEJOR “VAMOS A CENAR CON LAS SEÑORAS”!

¿Hasta dónde es diferente la situación de hoy a la de entonces? ¿Hoy la SEP conduce plenamente el sistema educativo?

Celebro la decisión del gobernador Gabino Cué de transformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con el propósito de que la autoridad retome el mando de la educación en ese estado, que hasta el 20 de julio de este año detentaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con base en un decreto que publicó el gobernador Heladio Ramírez en 1992.

El viejo IEEPO es el caso extremo de sumisión de la educación a intereses gremiales y políticos, sobre todo porque fue el propio gobierno el que lo validó. Por eso es importante su transformación. Pero la verdad es que existen otros 30 estados y el DF que no controla la autoridad a plenitud o que funcionan de manera endógena. De otra manera, no tendríamos los resultados que tenemos. Dos botones de muestra.

En Zacatecas, el actual Secretario de Educación, Marco Vinicio Flores, es producto del pacto del gobernador Miguel Alonso con Elba Esther Gordillo. Se ha denunciado que este maestro, quien formó parte del Comité Nacional del SNTE, cobra como maestro y como funcionario, y es responsable del desvío de recursos identificados como faltantes por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En Veracruz la nueva secretaria de educación, Xóchitl Adela Osorio Martínez, forma parte del círculo que toma las decisiones en esa dependencia desde hace 20 años, desde antes de los sexenios de Fox y Calderón, es decir desde los tiempos del presidente Zedillo y del gobernador Miguel Alemán. Su llegada a la SEV ocurrió vía el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, dueño de la sección 32 del SNTE desde hace más de 20 años y cercanísimo de la maestra Gordillo.

¿Quién conduce el sistema educativo actualmente en cada estado de la república? ¿Puede la SEP hacer llegar sus políticas, con autoridades cómplices o diezmadas? Evidentemente no, porque las viejas estructuras están listas para mediatizar o destruir cualquier iniciativa de cambio.

Habría que revisar en cada caso cómo avanza la reforma, pero sobre todo cómo se aplican las políticas estrictamente educativas. Pregunto: ¿La autoridad educativa está del lado del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en la entidad donde usted vive?

Latapí dice, en “El derecho a la educación” (2009), que de “poco sirve” que en la Constitución esté plasmado este derecho, “si los intereses de los que depende que (…) se satisfaga actúan, desde hace muchos años, al servicio del poder sindical y de redes políticas clientelares, manejadas en su provecho por los partidos políticos y los gobiernos estatales. La manipulación política del magisterio, los “arreglos” cupulares respecto de su evaluación y capacitación, las restricciones a la participación de los padres de familia en las escuelas, etcétera, interfieren con la norma constitucional que garantiza teóricamente el DE y, en la práctica, la nulifican.”

Sin duda la redefinición del IEEPO es un golpe de autoridad que legitima la reforma educativa, pero hay que reconocer que la educación sigue atrapada en esa mezcla de intereses a los que se refiere Latapí. La verdad es que se requieren decisiones políticas similares en la estructura de mando de cada estado de la república para hacerla avanzar. Falta mucho por hacer para superar una situación en la que se siguen mezclando indebidamente los intereses de la autoridad educativa y los del sindicato y los partidos.

No se puede todo. O se operan elecciones y se mantienen privilegios o se garantiza el derecho a la educación. Las decisiones de política educativa no pueden subordinarse a otra cosa que no sea alcanzar ese objetivo.

La transformación del IEEPO es una buena noticia si esto quiere decir, como dice Alberto Serdán, que “las decisiones educativas y pedagógicas dejan de ser saboteadas por criterios políticos y sindicales.”

Añadiría que la transformación del IEEPO es una buena noticia, si esto quiere decir que la autoridad tiene la decisión de hacerse cargo, por fin, del sistema educativo mexicano en cada estado de la república. Ojalá nuestros problemas pudieran reducirse a sólo Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

En este sentido cabe también añadir que, además del cambio en las reglas, el nuevo decreto del IEEPO abre una nueva oportunidad para preguntarnos qué educación queremos para los niños y niñas de México y, por tanto, hacia dónde tendría que ir el sistema educativo. Necesitamos una reforma ambiciosa y una autoridad con proyecto. Las directrices del INEE serán fundamentales para la definición del rumbo.

Los astros alinearon la transformación del IEEPO y la caída del “Piojo” Herrera. Ambas muy buenas noticias, con grandes enseñanzas y vasos que las comunican. Preguntaría, en el primer caso, ¿la autoridad está comprometida con el derecho a la educación o con seguir manipulando al magisterio por nuevas vías? En el segundo, ¿los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol están comprometidos con la generación de resultados deportivos o con intereses económicos y delincuentes electorales?

¿Cuáles son las prioridades?

Para el caso de la educación en México al final el punto es este: ¿el Estado está cumpliendo con su obligación constitucional? ¿quién conduce la educación en los estados?¿cuál es el proyecto? ¿sólo se funciona inercialmente?

@LuisBarquera

Odisea Global

LA MOTO DEL “CHAPO”: CORRUPCIÓN, EDUCACIÓN Y PAZ EN MÉXICO

Luis Alberto Barquera

Quién sabe cuánto costó la operación que culminó con el arrancón de la moto que en sólo tres minutos llevó al “Chapo” Guzmán al aire fresco. Lo que haya costado lo pagamos nosotros. Lo pagamos con dinero que aportamos a la hacienda pública, pero también con menos paz y más violencia.

Es triste la noticia porque nos ubica dónde estamos y, por lo visto, confirma que nos mantendremos lejos de una sociedad de derechos mientras la corrupción sea el aceite de nuestra “vida institucional”. El “orden” destructor de la corrupción continúa generando el “caos” que nos invade.

Dice Mauricio Meschoulam que la investigación ha demostrado “una importante correlación entre corrupción y violencia, o para ser más exactos, entre corrupción y falta de paz en una sociedad.”

Además de contar bajos niveles de corrupción las sociedades pacíficas, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) citado por Meschoulam, las sociedades pacíficas se caracterizan por gobiernos que funcionan adecuadamente, distribución equitativa de los recursos y un alto nivel de capital humano (generado a través de educación, capacitación y desarrollo). Otras características se refieren al flujo libre de la información, un ambiente sano y propicio para negocios y empresas, la aceptación de los derechos de otras personas, y buenas relaciones con sociedades vecinas.

Vivimos en una situación contraria a una sociedad en paz, justo porque construir una sociedad con paz supone fortalecer cada una de estas “columnas”, no socavarlas. No enfocarnos a levantar esos cimientos, como es el caso de nuestro país, conduce a que “nuestros niveles de paz seguirán por los suelos.” En particular, señala la investigación, “mientras más corrupción existe, los países estudiados presentan niveles de paz más bajos.”

México tiene una enorme agenda pendiente en todos los ámbitos de nuestra vida pública, empezando por la falta de un verdadero estado de derecho. La motocicleta del “Chapo” no podría correr sobre los rieles de una sociedad cimentada en la legalidad, única forma de producir una sociedad moderna y democrática.

Este topo motociclista sólo es el último espectacular capítulo de una historia lamentable e incesante de corrupción y violencia, causa y efecto precisamente de la capacidad económica y criminal de un tipo como “El Chapo” Guzmán, así como de la extendida violación de derechos producto de la voraz extracción ilegal de recursos públicos y la inercia en las políticas.

La educación en México forma parte de esa historia, con las consecuencias inevitables en el incremento de la violencia y la ampliación de la brecha de nuestras desigualdades.

El problema no es de hoy. Recordemos que en aras del control político del magisterio se permitió la acumulación de poder y de millones de dólares a los sucesivos caciques que dominaron el SNTE a partir de 1944. Jongitud Barrios (1972-1979) y Elba Esther Gordillo (1989-2013) aparecen como los más notables en rapacidad. Si sólo consideramos los años de liderazgo magisterial de este par de pillos estamos hablando de más de 40 años de desvío de recursos hacia sus bolsillos.

Mientras la corrupción avanzó, la autoridad educativa retrocedió. El resultado fue el hundimiento de la escuela pública, hasta parecer en muchos lugares algo similar al brazalete electrónico de localización que se le colocó al “Chapo” para mantenerlo bajo control: un instrumento más pensado para la simulación, que de utilidad real.

Lo bueno que tenemos actualmente en términos de resultados, con los límites que queramos definir, lo debemos a los maestros que hacen su trabajo con las migajas que reciben en términos de capacitación, seguimiento y recursos para el aprendizaje. Si ellos reciben poco, es explicable que niños, niñas y adolescentes reciban poco. Si ellos han vivido décadas de atracos, no podemos esperar una reacción entusiasta a una reforma educativa que no los protege del abuso al amparo del gobierno.

La reforma educativa tiene el serio límite de un gobierno cuya naturaleza lo inclina, más al control político y clientelar del magisterio, como los demuestra el reciente ataque a la autonomía del INEE, que a una iniciativa ambiciosa, amplia porque el problema no es sólo educativo, que desmonte las redes de corrupción que perviven en todos los estados de la república y ataque de raíz los problemas políticos y sociales que venimos arrastrando de toda la vida.

Es una verdadera vergüenza que el Comité del Niño (CDN), en su respuesta a los informes cuarto y quinto del Estado Mexicano, realizada el 5 de junio de 2015, señale que pese a los altos niveles de percepción de corrupción en el estado parte “no haya registros relacionados con casos de malversación de fondos asignados a los derechos de la infancia.” Obviamente la recomendación dicho Comité se resume en reforzar “las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y procesar eficazmente la corrupción.”

¿Cuánto tenemos que seguir esperando para que esas medidas comiencen a aplicarse?

Tiene razón Esteban Illades cuando dice, a propósito de los crímenes de Ayotzinapa, que “mientras no nos replanteemos las estrategias de seguridad y sobre todo qué estamos haciendo en el país con la corrupción, con la educación, con el modelo de nación que queremos, no es descabellado pensar en otra noche más triste.”

Pero la verdad es que la “noche triste” no ha cedido en muchos lugares del país y, lo peor, es que sabemos que faltan otras por venir. ¿Qué noches estarán pasando los familiares de los siete jóvenes desparecidos el 7 de julio, en Calera, Zacatecas? Mientras escribo estas líneas leo en Proceso que cuatro de esos jóvenes fueron encontrados con un tiro en la nuca. Dos de ellos eran adolescentes menores de 18 años (cuatro de los siete jóvenes desaparecidos tenían esa edad). Los familiares ya habían denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y en el Congreso de Zacatecas que el Ejército, adscrito a la base militar de Fresnillo, es el responsable de las desapariciones.

Otra información deberíamos tenerla producto de un debido proceso que no tuvieron estos cuatro asesinados y los otros tres que aparentemente ya fueron encontrados también muertos. Dice la hermana de uno de los desaparecidos: “Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto?; ahora encontraron a los otros muertos, ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal? Ya no sé qué palabras usar para decirle cómo me siento”.

Entiendo que eran jornaleros, gente pobre, sin oportunidades educativas ni de otra índole. ¿Estaban en la escuela esos cuatro adolescentes? ¿Dónde estaba el Estado y su política de protección especial dirigida a esta población?

El caso es que todo esto no para. La “bola de nieve” viene creciendo desde hace décadas. Corrupción, violencia, desapariciones forzadas, desplazados, autoridades envueltas en el crimen, niños, niñas y adolescentes sin oportunidades reales para ellos y sus familias, continúan su marcha inexorable mientras gobiernos van y gobiernos vienen.

“El Chapo” ya salió a la luz del día. Nosotros no acabamos de salir de la noche de nuestra historia porque nuestra moto, el Estado que tenemos, a diferencia de la que permitió la libertad de ese criminal, carece de rieles y está atascada en el fondo del túnel. México requiere levantar esos pilares a los que se refiere Meschoulam, condiciones ineludibles para la paz que “quizás jamás hemos realmente experimentado de manera plena, y cuya ausencia ha terminado por explotar en nuestras caras.”

P.D. Esperamos una investigación ejemplar de la Procuraduría General de Justicia Militar, así como de las autoridades civiles competentes, en particular un informe detallado sobre los adolescentes asesinados y sus familias.

@LuisBarquera

Odisea Global

“FUNCIONAR COMO SI” PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LA INFANCIA

Luis Alberto Barquera

El 2 de julio se efectuó el Conversatorio “Sistemas Nacionales de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia”. Participaron en el diálogo las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Derechos Humanos y de Educación del Senado de la República, así como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDLAMYC).

¿Qué debemos hacer las organizaciones para hacer reales dichos sistemas de protección? En mi intervención dije lo siguiente:

En la gobernanza moderna participan autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la formulación de políticas públicas. Esta es una idea que está en la arquitectura jurídica e institucional de las sociedades democráticas, pero es débil en nuestra región.

Desde esta perspectiva, un primer punto es seguir impulsando el debate. El problema principal para la implementación es el marco mental desde el que se opera la política actual: la inclinación a funcionar de forma compartimentada, aislada, o a lo más través de consejos inoperantes.

Tenemos que insistir en que el Sistema debe funcionar con los ojos puestos en la interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Las desigualdades educativas, por ejemplo, constituyen un problema complejo, que requiere múltiples y concatenadas intervenciones de diverso orden, que sólo pueden realizarse desde una lógica sistémica. ¿Qué está impidiendo trabajar con esta mirada? La inercia y el silencio.

El debate es la mejor forma de tener una conversación pública civilizada, orientada a colocar luz sobre los problemas y encontrar soluciones plausibles.

Restringir la participación de las OSC en el Sistema es ir contracorriente. Impedir o limitar el debate va en contrasentido de una gobernanza moderna. Por eso luchamos por un reglamento que garantice la plena participación de la sociedad civil en ese espacio.

El segundo es continuar con la generación nuevo conocimiento. En su capacidad técnica se finca el prestigio de las OSC. La sociedad civil aporta “La Infancia Cuenta en México”, de la REDIM, o el Semáforo Municipal de los Derechos de la infancia, de ODISEA, A. C., instrumentos que fortalecen el constitucionalismo de los derechos porque sirven para determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones.

También la sociedad civil tiene un amplio abanico de aportaciones en metodologías de intervención en temas como la educación, la salud, la nutrición y la seguridad ciudadana.

Información y know how son indispensables para hacer eficaz al Sistema. De esto depende una planeación adecuada y una verdadera transparencia y rendición de cuentas, además de un impacto real en las vidas de niños y niñas.

No es gratuito que organismos internacionales de todo tipo, como el Comité del Niño de la ONU, consulten permanentemente a las OSC para normar su criterio, informarse y evaluar la situación de los derechos humanos en toda la región.

Sin embargo, sigue faltando en los hechos pleno reconocimiento del gobierno a ese aporte, lo que retrasa una gobernanza a la altura de lo que México necesita.

El tercero es buscar la efectividad de las leyes. México se puso en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño y de muchos países de América Latina con la ley general.

Ahora el reto es su implementación, porque el atractor del autoritarismo y las políticas inerciales jala lo nuevo hacia atrás. “Se obedece pero no se cumple” es un postulado contra el cual luchamos. Nuestro esfuerzo se enfoca a impedir que la ley general se convierta en un pedazo de papel.

El Sistema fortalece el estado de derecho, elemento indispensable para hacer de México un país decente y en paz. Sólo por eso debería ser prioridad nacional su correcta implementación.

El cuarto son los recursos. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, durante la reciente comparecencia de México en Ginebra, Suiza, cuestionó que los avances del nuevo marco normativo que representa la ley general vinieran acompañados de un “presupuesto cero”. Para ese organismo falta compromiso del gobierno de México con la implementación de la ley general.

Sin presupuesto, sólo se mantiene el statu quo. El gobierno no quiere invertir como demanda la ley general, sino seguir con las costumbres de gasto actuales. Y la mejor forma de limitar su aplicación es no asignándole recursos. Al final, si no está en el presupuesto, no existe.

Sin duda, la ley general obliga a replantear prioridades y a hacer un esfuerzo de imaginación y compromiso para hacerla efectiva.

Proponemos demandar a la federación una partida especial para la infancia y la adolescencia, que puede formar parte del Ramo 33. Los estados de la república podrían crear un fondo especial con base en las participaciones federales orientado a cerrar brechas. Urge un fondo de apoyo a las OSC comprometidas con la infancia para construir desde el terreno los sistemas municipales de protección que debemos levantar.

Es imperativo encontrar la forma de financiar el traslado de recursos a los niños, niñas y adolescentes, que están en pobreza y no ejercen sus derechos, y representan más de la mitad de la población de 0 a 17 años.

CONCLUSIONES

En un texto clásico Norberto Bobbio dice que el problema de nuestro tiempo no es el de fundamentar los derechos humanos, sino de protegerlos. No es filosófico el problema, sino político.

En este sentido nuestro trabajo sigue siendo tratar de poner a la altura del artículo 1º de la Constitución la política de infancia, sólo que ahora en un escenario de progreso legislativo, donde el retroceso desgraciadamente viene del poder ejecutivo.

La mejor forma de inutilizar al sistema de protección integral, corazón de la ley de general, es la negativa a funcionar de forma articulada y a través de políticas que asuman la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, una Procuraduría débil, y la insistencia en no colocar por delante los recursos que se requieren para la transformación de la política de infancia.

Nosotros, como diría Václav Havel, tenemos que “funcionar como si”: como si la ley tuviera que cumplirse y como si los derechos de niñas, niños y adolescentes tuvieran que garantizarse. Y asumimos nuestra responsabilidad: “El mejor gobierno del mundo, el mejor parlamento y el mejor presidente no pueden lograr mucho por sí solos. Sería igual de erróneo esperar un remedio general que tan solamente procediera de ellos. La libertad y la democracia implican la participación y, por tanto, la responsabilidad de todos nosotros.”

@LuisBarquera

Odisea Global

REPENSAR LA EDUCACIÓN, REPENSAR LA POBREZA

Luis Alberto Barquera

“Repensar la pobreza”, de Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo (Taurus, 2012), es un libro estimulante que desde una posición abiertamente pragmática y aparentemente despojada de posiciones ideológicas, parte del conocimiento basado en el terreno y en pruebas aleatorias controladas y del margen de acción del entramado institucional prevaleciente, para explicar cómo experiencias a pequeña escala pueden tener un impacto relevante entre la población más pobre.

Aquí recupero los resultados que arroja el estudio en materia educativa.

Los autores, ambos fundadores del Laboratorio de Acción contra la Pobreza, del Massachusetts Insitute of Technology (MIT), (Duflo, además, es ganadora del Premio Princesa de Asturias, 2015), le hacen un guiño a Prospera y ponen el dedo en la llaga: “Conseguir que los niños vayan a la escuela es un primer paso muy importante, pues es donde comienza el aprendizaje. Pero no es muy útil si, una vez allí, aprenden poco o nada.”

¿Qué pasa con los pobres en las escuelas destinadas para ellos? El estudio señala que los pobres frecuentemente acaban en escuelas “donde desde el principio queda muy claro que no se los quiere” y donde se espera que niños y niñas “sufran en silencio hasta que abandonen los estudios”, lo que supone una enorme pérdida de talento muchas veces debido a “padres que tiraron la toalla demasiado pronto, maestros que nunca intentaron enseñarles o el retraimiento de los propios estudiantes.”

La parte “positiva”, de acuerdo con las pruebas recabadas por Banerjee y Duflo, es que todos los niños pueden aprender las cosas básicas en la escuela “siempre y cuando la actividad se dirija a ese aprendizaje y no haya otras distracciones.” Una escuela adecuada puede compensar ampliamente desventajas de la familia de procedencia y las condiciones socioculturales de los niños. En resumen, las pruebas arrojan las siguientes conclusiones:

La primera es “centrarse en las habilidades básicas y comprometerse con la idea de todos y cada uno de los niños pueden dominarlas si ellos y sus maestros les dedican esfuerzo suficiente.” Se recomienda un currículo se centrado en la adquisición sólida de habilidades básicas “y en medidas continuadas de lo que realmente saben los niños, pues sin esos diagnósticos es imposible evaluar sus progreso.” Es importante ofrecer oportunidades de recuperación a los niños con mayor atraso para que puedan participar en mejores condiciones.

Un segundo aspecto positivo es que para preparar profesores de recuperación efectivos hace falta una formación relativamente pequeña, al menos para los maestros de cursos inferiores. Destaca la participación de estudiantes universitarios capaces de desarrollar capacidades lectoras en los alumnos.

En tercer lugar hay mejoras potenciales importantes que se podrían alcanzar reorganizando el currículo y las aulas para permitir que los niños aprendan a su propio ritmo y, especialmente para asegurarse de que los que van retrasados puedan concentrarse en lo básico. Cuando se organiza al grupo de acuerdo con resultados de aprendizaje, lo alumnos de todos los niveles obtienen mejores resultados. En la propuesta se destaca que los alumnos deben poder pasar de un curso a otro de acuerdo con lo que necesiten. Trabajar con las expectativas de padres y maestros es determinante, para lo cual proporcionar información relevante es crítico.

La cuarta idea es que es necesario utilizar más las tecnologías de información. El uso de estas herramientas debe basarse en el perfil de maestros con el que se cuenta. La utilización de cierto tipo de juegos, por ejemplo de matemáticas, arroja buenos resultados en todos los niveles tanto en niños con buenas notas como el resto. Un rasgo especialmente positivo de esta herramienta es que cada niño puede imprimir su propio ritmo en el aprendizaje.

Se dirá que Banerjee y Duflo nos hablan de países africanos que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo con los niños y niñas que asisten a las escuelas más pobres o que no asisten a la escuela en México?

Prospera tiene un padrón de 5,856,392 familias activas y un total de 5,997,454 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (mayo/junio, 2014), que tendrían que recibir atención pedagógica especial para salir adelante. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.

Ese programa también tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia. Si consideramos que se estima el promedio de hijos por familia en por lo menos tres, hablamos de una enorme exclusión educativa que el gobierno está pasando por alto.

No hay duda de que Prospera incrementa la matriculación. El problema es que, mientras la SEP no se preocupe por el aprendizaje de esos niños, Prospera está dejando de lado el desarrollo de capacidades reales, corazón del planteamiento del programa. Además, no está dando respuesta a los niños, niñas y adolescentes que están en su padrón de familias, pero no están en la escuela.

Otro problema es el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Como señala el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Vernor Muñoz (Naciones Unidas, 2010), cuando la escuela regular no puede operar en las localidades más pequeñas, el servicio queda a cargo de jóvenes becados por el CONAFE, sin formación profesional de maestros, “quienes imparten clase en escuelas multigrado, muchas veces en instalaciones en muy mal estado y sin servicios de saneamiento adecuados”.

Hay que analizar lo anterior para constatar que las propuestas del libro no son descabelladas para nosotros (la investigación educativa ha bordado, de una manera u otra, con planteamientos similares que tienen impacto en lo local). También para entrar en conciencia de que necesitamos otra oferta educativa que genere equidad y una política social que funcione, “que impida que la gente pase al ataque porque sienta que no tiene nada que perder.”

El informe señala que los pobres necesitan información sobre sus derechos, facilitarles la vida porque la tienen más difícil que nosotros los que vivimos en otras condiciones (esto disgusta la discurso conservador), mercados adecuados y trabajar sobre sus expectativas (“el rol de las expectativas implica que el éxito, a menudo se retroalimenta”). En este terreno la lista de experiencia acumulada por OSC es enorme, pero desperdiciada.

En particular, que requerimos asumir que nuestra lista de fracasos tiene que ver en buena medida con el fallo evitable en el diseño de políticas y con las “ubicuas tres íes: ignorancia, ideología e inercia.” También que, mientras se espera el gran cambio, se olvida un margen de maniobra enorme que no se aprovecha. “Se puede lograr una pequeña revolución asegurándose de que se invita a todo el mundo a participar en las asambleas municipales; supervisando a los empleados públicos y haciéndoles responsables de los fracasos en el desarrollo de sus obligaciones; supervisando a los políticos a todos los niveles y compartiendo esa información con los votantes; y dejando claro ante los usuarios de servicios públicos lo que pueden esperar de ellos.”

No hay soluciones sencillas. “Puede que no tengamos mucho que decir sobre políticas macroeconómicas o sobre reformas institucionales, dicen Banerjee y Duflo, pero no se deje confundir por la aparente modestia de la empresa: los cambios pequeños pueden tener efectos grandes.” Y ahí tiene un papel fundamental construir soluciones efectivas a partir de pruebas científicas, no a ocurrencias del tipo de las tres íes: ignorancia, ideología e inercia.

Por eso la política social debe estar a la altura de una reforma educativa de fondo. Las directrices que el INEE emitirá este año sin duda implicarán repensar la educación y repensar la pobreza.

@LuisBarquera

Odisea Global

 

¡HEY!, ¡KUMAMOTO Y ALFARO!: ¡SON LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Luis Alberto Barquera

Mis años de estudiante de bachillerato y los primeros de aprendizaje en las lides del trabajo social y la educación los pasé en la colonia Santa Margarita, en Zapopan, Jalisco. Cuando recuerdo esos años maravillosos pienso que yo también habría votado por Pedro Kumamoto, si hoy viviera en ese distrito electoral, y le propondría, al igual que a Enrique Alfaro, y los otros 124 presidentes municipales electos, impulsar una agenda de infancia y adolescencia con participación ciudadana y visión metropolitana.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco (LDNNAJ) presentan la oportunidad de realizar cambios de fondo en las políticas públicas relativas a la población de 0 a 17 años y se requiere de un gran esfuerzo ciudadano y legislativo para lograrlo. No basta la ley, hay que actuar.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) está conformada por los municipios de Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Aquí reside el 58.53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población infantil y adolescente del estado de Jalisco (49{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} mujeres y 51{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} hombres). Este grupo de edad constituye el 33.89{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población total de esta zona metropolitana; en localidades rurales reside apenas de 2.71{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 0 a 17 años, por lo que la infancia y adolescencia metropolitana es eminentemente urbana.

Jalisco, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, ocupa el lugar 12 entre los estados del país en garantía de derechos de la población de 0 a 17 años, lo que no corresponde con la cuarta economía del país. Guadalajara es el 30 y Zapopan el 43 entre los 2,457 municipios de México. Hasta ahí, digámoslo así, vamos bien, el problema es que los promedios esconden grandes desigualdades, en particular en la ZMG, una de las más vibrantes de la república, lo que explica los lugares relativamente bajos de esos municipios en algunos indicadores clave.

Para dar una idea hay que decir, por ejemplo, que la pobreza extrema es relativamente menor y que Guadalajara y Zapopan ocupan los lugares 55 y 65 del país, respectivamente, en el indicador. Sin embargo, ambos municipios concentran 59,500 personas en esta condición, el 42.83{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG. Un mundo de gente, si consideramos que estamos hablando de la parte “pavimentada” del estado.

También hay que señalar que la población de 0 a 17 años sin derechohabiencia alcanza 531,392 casos en la ZMG. Aquí se concentra el 61.98{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de esta carencia respecto al total estatal. No contamos a la población con seguro popular, que recibe un pésimo servicio. En Guadalajara y Zapopan se ubican 296,250 niñas, niños y adolescentes con esta grave carencia, seis de cada diez de los que habitan en la ZMG (61.98{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). Estos municipios ocupan los lugares 1,443 y 1,255, respectivamente, a nivel nacional.

La población económicamente activa de 12 a 17 en la ZMG comprende 71,944 adolescentes que tienen que colaborar con sus familias para salir adelante, es decir, poco más de la mitad de la PEA estatal para este grupo de edad (51.51{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). En Guadalajara y Zapopan se concentran 40,314 adolescentes trabajadores, el 56.03{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del total de la zona metropolitana. Estos municipios se ubican, respectivamente, en los lugares 1,234 y 1,319 de la república.

Pobreza, carencia de acceso a los servicios de salud, trabajo infantil, una suma amplia de derechos sin cabal cumplimiento, marcan el desempeño y la exclusión educativa en el estado que, de acuerdo con el Censo 2010, alcanzó ese año 413, 176 niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela.

La ZMG concentra 227, 356 niñas, niños y adolescentes excluidos de las aulas, más de la mitad del total estatal (55.02{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). En Guadalajara y Zapopan forman parte de ese conjunto 114,994 (50.57{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}).

52, 276 niños y niñas de 3 a 5 años (49.30{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG).

8,092 en el grupo de 6 a 11 años, aunque se presume cobertura total (48.54{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG).

10,163 adolescentes de 12 a 14 años (48.54{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG).

En el grupo de 15 a 17 años 44,463 adolescentes no están en la escuela, el 53.12{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG. De ese total, no tienen educación básica terminada, por lo que se encuentra en rezago educativo, el 49.46{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

El reporte de la Prueba PISA 2012 señala que en Jalisco la población de 15 años que no tiene educación primaria o está fuera de la escuela alcanza el 45.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, razón por la que se ubica el estado en el lugar 32 o último del país en el indicador. Ojo que Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan los lugares 19, 17 y 11, respectivamente.

Qué bueno que en la prueba PISA Jalisco ocupan los lugares 2, 3 y 10 del país en Matemáticas, Ciencias y Lectura, respectivamente. El problema es que aunque asistan a la escuela, la proporción de estudiantes de 15 años que no alcanzan la competencia mínima para desempeñarse en la sociedad del conocimiento sigue siendo muy amplia: 43{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 37{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 10{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente.

178, 769 becarios de Prospera tendrían que recibir apoyo pedagógico inmediato, y los niños, niñas y adolescentes del padrón de familias de ese programa que permanecen fuera de la escuela tendrían que ser atendidos ya. Parece obvio, pero por lo visto no lo es.

Todo lo anterior, de por sí preocupante, palidece frente a la violencia. La tasa de muerte violenta (accidentes, homicidios y suicidios), por 10,000 habitantes en el grupo de 15 a 17 años, es de 4.54. La tasa en Guadalajara es de 3.27 y en Zapopan de 5.83. No es gratuito que estos municipios se ubiquen en los lugares 1,649 y 1,883 del país.

En síntesis, en estos dos municipios se concentra la mitad de las violaciones de derechos que ocurren en la ZMG. Por eso, pensando en aquella famosa frase “es la economía, estúpido”, aquí propongo, para subrayar un aspecto esencial para el cambio, otra que dice: “son los sistemas municipales de protección a la infancia, estimados legisladores y autoridades”.

Kumamoto y Alfaro asumirán sus respectivas responsabilidades al momento en que se estrenen la LGNNA y LDNNAJ y comience a correr la instalación del sistema estatal y de los 125 sistemas municipales de protección en Jalisco. Ellos tienen la oportunidad de ponernos en el camino de impulsar políticas públicas, con los recursos necesarios, para garantizar efectividad en el ejercicio de los derechos niñas, niños y adolescentes, en particular el derecho a la educación.

Tenemos que demostrar, en todos los municipios con capacidad de inventiva y compromiso con los derechos humanos, que podemos cambiar la política de infancia para cambiar a México. No basta la ley, hay que actuar, porque sólo la participación ciudadana mata políticas inerciales y hace contrapeso la intención inveterada de convertir buenas leyes en leyes de papel.

@LuisBarquera

Odisea Global

EL “EFECTO DORITO” Y LA RESPUESTA DEL COMITÉ DEL NIÑO AL ESTADO MEXICANO

Luis Alberto Barquera

Mi admirado Alejandro Calvillo dice que “la comida chatarra es algo que tiene un sabor de algo que no lo es”. Los Doritos pretenden ofrecer el sabor del taco, a través de saborizantes artificiales, pero saben a cualquier cosa menos a un buen taco. West Schatzker llama este proceso el “Efecto Dorito”.

Después de leer la respuesta del Comité del Niño (CDN) a los informes cuarto y quinto del Estado Mexicano, realizada el 5 de junio de 2015, queda la impresión de esta instancia de la ONU se encuentra un poco cansada o saturada del “Efecto Dorito” que el gobierno de México imprime a su manera de entender el cumplimiento de los derechos de la infancia.

El documento da cuenta de una verdadera situación de horror y tristeza por la que pasan millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos. Los 78 ítems del CDN muestran un México que, desde la vulneración de los derechos de la infancia, ha construido una nación marcada por la pobreza, la violencia y la corrupción.

Cada ámbito del reporte da para hablar con amplitud. Me detengo en las preocupaciones y recomendaciones iniciales, por su importancia para la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA) en los estados, que tendría que haber concluido ya, y el progresivo aterrizaje en el terreno de los 32 sistemas estatales y los 2,457 sistemas municipales de protección.

En búsqueda de la implementación efectiva de la LGDNNA

Empecemos diciendo que el Comité “celebra” la adopción de la LGDNNA, sin embargo también señala que “le preocupa su implementación oportuna y efectiva a los niveles federal, estatal y municipal” y que “muchos estados no hayan adoptado legislaciones sobre derechos de la infancia como lo mandata la LGDNNA.” La recomendación al Estado mexicano es asegurarse de que “todos los estados adopten las legislaciones sobre derechos de la infancia previstas en la LGDNNA” y que “todas las leyes a los niveles federal y estatal sean elaboradas en conformidad con la Convención y la LGDNNA”. En particular señala que para su implementación efectiva se adopten medidas “en consulta con la sociedad civil y las niñas y niños”.

La preocupación del Comité por la implementación adecuada tiene fuertes motivos. Si bien se toma nota de que se se adoptará un Plan Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes hacia fines de 2015, “al Comité le preocupa su adopción oportuna y su implementación efectiva, especialmente tomando en cuenta la débil implementación del Programa de Acción 2002-2010: “Un México apropiado para la infancia”.”

El Comité recomienda a Estado mexicano asegurarse de que “tanto el programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como los programas locales a nivel estatal y municipal sean adoptados oportunamente, cubran todas las áreas de la Convención y sus Protocolos Facultativos, incluya la perspectiva de género, y se les provea de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para su implementación efectiva. Los puntos de vista de las niñas, niños y adolescentes, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales relevantes deben ser debidamente considerados.”

Asimismo recomienda adoptar medidas “para asegurarse de que los organismos estatales y municipales adopten mecanismos apropiados para el monitoreo y evaluación de las políticas relacionadas con los derechos de la infancia.”

En este sentido, le preocupa el Comité el establecimiento oportuno del Sistema Nacional de protección Integral (SNPI) tanto a nivel federal como estatal y municipal, “para que atienda los múltiples asuntos relacionados con la actual falta de mecanismos de coordinación para la implementación de la Convención y sus Protocolos Facultativos.” Por eso recomienda el establecimiento inmediato de un secretariado ejecutivo en los niveles federal, estatal y municipal y se establezcan las oficinas de protección tanto a nivel federal, como en los estados.

En cuanto a la asignación de recursos al Comité le preocupa el hecho de que no se haya incluido en la LGNNA un análisis de impacto presupuestal, así como la insuficiencia de recursos asignados a los derechos de la infancia, en particular hacia los de protección y participación, y la insuficiente transparencia respecto a los fondos transferidos desde el nivel federal a los niveles estatal y municipal. Asimismo, “que los presupuestos estatales y municipales no señalan adecuadamente la inversión en la infancia y el hecho de que aunque hay un alto nivel de percepción de corrupción en el Estado parte, no haya registros relacionados con casos de malversación de fondos asignados a los derechos de la infancia”.

En este sentido, la recomendación principal del Comité es que el Estado mexicano “lleve a cabo una evaluación del presupuesto necesario para implementar la LGNNA y asegure que le sean asignados suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para su aplicación efectiva” y que en particular aumente el presupuesto asignado a educación, salud, protección y participación de la infancia.

También recomienda asegurarse de que los presupuestos estatales y municipales proyecten la inversión en la infancia, mejoren su sistema para el seguimiento de la asignación y uso de los recursos para la infancia en todo el presupuesto y que se lleven a cabo evaluaciones de impacto de cómo el interés superior del niño ha sido tenido en cuenta en las inversiones o los recortes presupuestarios en cualquier sector. En sintonía con la preocupaciones antes expuestas, el comité recomienda reforzar las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y procesar eficazmente la corrupción.”

Para resumir todo esto en una línea se puede decir que la principal preocupación del Comité es que el Estado mexicano logre una implementación adecuada de la LGDNNA. Obviamente el gobierno, si quiere cumplir, debe salirse de un marco institucional viejo y sin presupuesto.

Para las OSC, en esta perspectiva, la armonización legislativa en los estados se centra en conseguir que LGNNA y las leyes locales no acaben convirtiéndose en 33 leyes de papel.

Cómo vamos

México viene de una cultura política en la que “se obedece pero no se cumple”. Esta forma de ser basa sus relaciones sociales en el no cumplimiento de la ley y, para el caso que nos ocupa, en la “proclamación” de los derechos, más que en su aplicación efectiva.

En este sentido se entiende la preocupación del Comité por garantizar una implementación efectiva de la LGDNNA.

La experiencia de estos meses de armonización legislativa la resumiría de la siguiente manera:

1. El Sistema Nacional de Protección

Un problema central para la implementación es el marco mental desde el que se opera, de otra manera no habría tanta resistencia. Los reflejos del gobierno federal y los gobiernos de los estados, salvo excepciones, están marcados por la inclinación a tratar en todo lo posible para que se continúe funcionando de forma compartimentada, aislada, o a lo más través de consejos inoperantes o que ni sesionan. Mejor actuar de forma declarativa, que funcionar como un sistema que articule políticas y acciones.

El INEE, por ejemplo, cuando explica la desigualdad educativa invita a pensar en el funcionamiento de un sistema como el que propone la ley. Dice en su Informe 2014 que muchos de los problemas que causan la inequidad en este ámbito “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Las OSC proponemos privilegiar mecanismos legales para impulsar la generación de políticas adecuadas y articulación institucional, que se necesitan para eliminar las desigualdades educativas, así como de acceso a la salud o a la justicia, y superar políticas que se implementan de forma inercial aunque no produzcan resultados. Esto es fundamental para que el plan nacional y los planes estatales y municipales funcionen.

Las próximas directrices del INEE, por ejemplo, implicarán cambios de política que deben contar con sistemas estatales y municipales fuertes para operar con éxito.

2. Los recursos

Junto a lo anterior tenemos una concepción del presupuesto se aparta de la lógica de las soluciones y se acerca a mantener el status quo. Desde que comenzó el debate sobre la iniciativa preferente de ley de infancia el jurídico de la presidencia planteaba que no debería tener un impacto presupuestal. Aunque la ley general estuvo aprobada a tiempo para que le fueran asignados recursos en la Cámara de Diputados, no se le etiquetó ni un peso. Inexplicable que no se garantizara la implementación de una ley que los propios diputados aprobaron.

La práctica de aprobar leyes y programas sin presupuesto ya la conocemos.

Sin presupuesto lo primero que uno piensa es que los operadores del gobierno quieren retroceder hasta conseguir una nueva ley de papel. Pareciera que el gobierno no quiere invertir como propone la LGDNNA, sino seguir con las costumbres de gasto actuales. Y la mejor forma de limitar su aplicación es no asignándole recursos. Al final, si no está en el presupuesto, no existe.

Esto es grave porque sabemos que el presupuesto de infancia es opaco y reducido. De acuerdo con UNICEF y la Secretaría de Hacienda, entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 6% del PIB del país para cada año y de éste menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección.

En este marco, se entiende que no se vea claro en las nuevas leyes estatales mecanismos que garanticen presupuestos para la operación del sistema, empezando por las secretarías ejecutivas en los estados y en los municipios. En términos del presupuesto, la leyes estatales han tratado de hacer la armonización legislativa con la ley general lo más “chiquita” posible en términos de garantizar el financiamiento del sistema, en lugar de proponer mecanismos concretos.

Las nuevas leyes estatales tendrían que significar un reordenamiento de prioridades en los estados y demandar a la federación una partida especial para la infancia y la adolescencia, que puede formar parte del Ramo 33. En los estados de Veracruz o Zacatecas se puede crear un fondo especial orientado a cerrar brechas con base en las participaciones federales. Esto es lo que proponemos las OSC. En todo caso la invitación es a pensar cómo financiar la nueva política de infancia.

3. El sistema de información y la evaluación

Un sistema de información es indispensable para hacer eficaz al sistema. Desde el punto de vista del constitucionalismo de los derechos lo que importa en términos prácticos, como señalan Salazar y Carbonell, “es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones”. Es obvio que el Estado debe invertir en este aspecto, porque de la información depende una verdadera transparencia y rendición de cuentas, pero no hay dinero.

Parece mentira que el gobierno no cuente con algo parecido al Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, de ODISEA, A. C., ni a Infancia Cuenta, de la REDIM, ni a Infoniñez de UNICEF y a los diagnósticos estales que este organismo internacional produce.

Es muy buena noticia que a nivel federal el CONEVAL, un organismo autónomo, se encargue de la evaluación del sistema, aunque una limitación importante es que sus recomendaciones no tengan carácter vinculante (esta institución nos puede dar recomendaciones de política, pero no la voluntad del gobierno para realizar las transformaciones necesarias). El problema en los estados es que la tendencia, contraria a la ley general, es mantener la evaluación del sistema estatal bajo el control del ejecutivo.

Por ejemplo en la iniciativa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se propone al Consejo Estatal de Evaluación y Fortalecimiento de los Programas Sociales (CEDESO), un organismo dependiente del ejecutivo, del que no existe evidencia de que funcione realmente, para la evaluación del sistema. Las OSC plantean que la evaluación esté a cargo de la Universidad Veracruzana.

4. La Procuraduría

Requerimos una Procuraduría fuerte, que no debe estar subordinada al DIF. Pensamos que desde su nacimiento debe contar con el más alto nivel posible, para mandar el mensaje de que la protección especial de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados es una prioridad de la política de infancia.

No queremos una Procuraduría “con bajo peso al nacer”, sin fuerza para coordinar la red institucional, gubernamental y no gubernamental, que se necesita para proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El artículo 116 de la ley general señala que corresponde a las autoridades federales y locales de manera concurrente “Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos.”

Si sólo consideramos que prácticamente seis de cada diez niños y niñas (59.8%) se considera en pobreza o pobreza extrema y podría encontrarse en “situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico”, el reto es enorme. Recomiendo leer, en el informe del Comité, el apartado “H. Medidas especiales de protección” y luego analizar si la Procuraduría está a la altura del desafío.

Además de la autonomía respecto del DIF, se requiere un cambio de perspectiva, no maquillaje: el sistema de protección especial tiene la obligación de restituir derechos, no hacer lo mismo que se ha venido haciendo pero con otro nombre.

El caso de Zacatecas, de acuerdo con NTR, durante la primera sesión ordinaria del DIF en 2015, se tuvo a bien autorizar “el cambio de nombre de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, por Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia”, de conformidad con la ley general. Resuelto el problema; no se diga más: ya se autorizó el cambio de nombre, lo que nos debe dejar tranquilos. Así se arreglan las cosas en ese estado de la república.

5. La participación de la sociedad civil

También hay que decir que sigue la reticencia a la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil (no se diga a definir mecanismos para la participación infantil). El gobierno federal mandó la “línea” de que no se permitiera intervenir en la construcción de la armonización legislativa en los congresos locales a la REDIM y a otras muchas organizaciones locales porque se les considera un obstáculo para que el gobierno determine leyes locales a su antojo. Una intención real ha sido, y sigue siendo, asegurar que sólo las organizaciones a modo tengan voz y voto en el sistema. Como me dijo un funcionario cercano al Congreso de Veracruz: “al gobierno no le gusta la participación de la sociedad civil”.

La propuesta gubernamental de reglamento de la LGDNNA es realmente muy pobre, tanto en términos de la participación de las OSC, como del funcionamiento del sistema nacional. Las OSC impulsan un diálogo intenso con el gobierno que, hay que reconocer, cada vez es más receptivo y cuidadoso de las formas, pero no sale de su impulso natural de ir hacia atrás.

Al gobierno de México le cuesta mucho trabajo funcionar bajo el escrutinio internacional y reconocer a plenitud la actuación de las organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes. El gobierno de México debe superar una actitud que recibe las recomendaciones internacionales como agresiones directas y enfocarse en la solución de los problemas, y asumir como legítimas las propuestas de los ciudadanos en tanto parte interesada en la garantía y promoción de los derechos humanos.

Sobre todo ya es tiempo de que el gobierno, de una vez por todas, asuma que el debate es la mejor forma de tener una conversación pública civilizada, orientada a colocar luz sobre los problemas y encontrar soluciones plausibles. Lo demás es ir contracorriente.

En conclusión

Hasta el momento han sido aprobadas 17 leyes estatales. En algunos casos hay retrocesos respecto a la LGDNNA, como es el caso de Chiapas, donde la ley local manda a un rincón administrativo la máxima autoridad del sistema estatal, o como el de Zacatecas, que desecha del anterior ordenamiento la paridad entre sociedad civil y gobierno en el consejo estatal y los consejos municipales, para establecer que los representantes de ésta tendrán que ser nombrados por un sistema donde el gobierno tiene mayoría. En resumen, en el mejor de los casos, las leyes locales serán copia de la LGDNNA.

Las preocupaciones y recomendaciones del CDN tendrán que ser atendidas por el gobierno con base en el nuevo marco legal. También, mientras las cosas no cambien, con la institucionalidad actual y los recursos actualmente asignados.

Desgraciadamente son reales las señales de un gobierno que mira el futuro por el espejo retrovisor. No acaba de tomar conciencia de que la mejor forma de inutilizar a los sistemas nacional, estatal y municipales, corazón de la ley de infancia, es la negativa a funcionar de forma articulada y a través de políticas que asuman la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, una Procuraduría débil, y la insistencia en no colocar por delante los recursos que se requieren para la transformación de la política de infancia del país.

A la sociedad civil le toca asumir el desafío de impulsar la agenda que marca el CDN proponiendo, con base en buenas prácticas y la experiencia internacional, la política y la institucionalidad que se requiere para garantizar los derechos de cada niña, niño o adolescente en el terreno local.

La ley general es un logro indudable de legisladores, organizaciones y organismos internacionales, que nos coloca en la línea de los estándares globales en la materia. Sin embargo, nuestra realidad presenta desafíos para garantizar derechos en todos los estados y municipios.

La ley general, como señala Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, “será trascendental para el presente y el futuro de la infancia en el país y por lo tanto para el desarrollo de México en términos sociales, económicos y de justicia”, por lo que resulta estratégico “asegurar su adecuada implementación y garantizar que los nuevos mecanismos e instituciones previstos por la misma tengan condiciones para operar de manera eficiente”.

En ese momento estamos, precisamente, en el de defender lo que logramos y de limitar lo más posible la cultura política en la que “se obedece pero no se cumple”.

Queremos que las nuevas LGNNA y las leyes locales sepan a garantía de derechos. Queremos leyes y actos políticos que sepan a efectividad para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección especial, el derecho a la justicia, no a leyes que sepan a leyes de papel o a dádivas o a limosnas. La LGNNA está muy bien, pero debemos actuar para ponerle sabor a los derechos con lo único que pueden saber a algo: políticas públicas sólidas y presupuestos adecuados, con participación ciudadana en su ejercicio. Ya estamos hartos, al igual que el CDN, del “Efecto Dorito” en materia de garantía de derechos humanos.

INEE: EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

Luis Alberto Barquera

Tengo que iniciar felicitando a Sylvia Schmelkes y a los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por su comunicado ejemplar. A la altura del respeto que nos merecen, como dije en mi twitter. Poniendo por delante el interés superior de niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, la autonomía constitucional de esa institución.

El viernes 29 la Coordinadora Nacional del Servicios Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, “debido a nuevos elementos a considerar” (sic.).

No fue el Secretario Chuayffet el que dio la noticia en ese escueto comunicado, en el que se anuncia una flagrante violación a la Ley de Servicio Profesional Docente y se pasa por encima de la autonomía constitucional del INEE, responsable del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

El presidente de la república, Enrique Preña Nieto, no ha dicho esta boca es mía.

La razón es que no hay forma de justificar esta decisión. Y porque posiblemente estamos frente a una medida que puede ir más lejos que la evaluación de maestros.

Un día después, el sábado 30, Eduardo Backoff, consejero de la Junta de Gobierno del INEE, mandó un tweet diciendo que “El comunicado de la SEP pone en vilo la existencia del propio INEE: ¿un instituto de evaluación sin evaluaciones?”.

¿De qué tamaño es este golpe, desde el gobierno, a la reforma educativa?

En este momento no se sabe si se aplicarán las pruebas de logro escolar, que forman parte de Planea (Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes), que tendrían que aplicarse estudiantes de los grados terminales de educación básica y media superior, en las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas y convivencia escolar.

Niños y niñas están próximos a salir de clases y en las escuelas no se sabe si se aplicará la prueba. En los pasillos de la SEP se afirma que no se aplicarán ni este ciclo escolar ni en lo que queda de administración del presidente Peña.

Habrá que esperar. Pero lo cierto es que esto no es sólo causa de la presión abierta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o, por debajo del agua, del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Ahí está el chantaje de una y la operación del otro (dudo que el gobierno se haya animado a hacer este desfiguro sin el respaldo del SNTE). Ellos hacen su trabajo, para sus intereses, pero el gobierno no hace el suyo.

El gobierno federal tiene buen rato haciendo tratos por encima de la ley. El gobierno de Oaxaca, por ejemplo, ha sido un militante activo en contra de la reforma educativa. Al final se ha permitido a personas que no han sido evaluadas, que ingresen como docentes o que escalen como directores y supervisores. No ha sido posible poner por encima de todo el interés superior del niño y garantizar su derecho, si no a la educación, por lo menos a ir a la escuela.

Ahora el gobierno federal ha decidido dar un paso más: que se suspenda la evaluación de maestros en todo el país. Ya no son sólo los estados donde el conflicto con el magisterio domina el escenario político. Ahora el gobierno lo escala a toda la república.

El gobierno federal atenta contra el derecho de “casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito.”

Es gravísimo. Por eso es de gran mérito que el INEE, el sábado 30 de mayo, exigiera en su comunicado 20 al gobierno de la república “dejar sin efectos la “suspensión indefinida” de las fechas de evaluación del Servicio Profesional Docente.”

 

La decisión de la SEP, como señala el INNE, es ilegal, invade su competencia, vulnera su autonomía constitucional y es contraria al interés superior de la niñez.

 

El interés superior de la niñez significa garantizar su derecho a la educación, pero el estado lo viola cuando “niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad.”

Con base en lo anteriormente expuesto, y dado que no existe justificación alguna, el INEE “conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.”

Se dice que la explicación a todo esto es la debilidad del gobierno. Yo creo que más bien son las malas decisiones que toma. La valoración que prevalece es que lo importante es afianzar lo que siempre ha sido su fortaleza, el control corporativo de los maestros, por encima del interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en tiempos electorales. Sus intereses de facción por encima de la Constitución, aunque signifique apartarse de la ruta de los derechos.

Las autoridades siguen sin entender, igual que antes de este desplante, que el nuevo arreglo del Estado con los docentes implica un esfuerzo multidimensional porque no estamos hablando de un problema sólo educativo. Ahora el punto de partida es más atrás porque se demuestra que el gobierno, además de faltarle ambición y compromiso con los ciudadanos, se deslinda de la reforma educativa que él mismo impulsó. El gobierno tiene que rectificar

¿Qué oportunidad tenemos de mejorar la educación en Zacatecas o en Veracruz si dejamos pasar esta barbaridad? ¿Qué podemos esperar del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de los sistemas en los estados y los municipios, si no se asegura la ejecución de los cursos de política que defina la autoridad, como en este caso la evaluación de los maestros en los términos que establece la ley? ¿Qué podemos esperar para cualquier cosa plausible en este país si el propio gobierno puede incumplir la ley y salirse con la suya, que es contraria a la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos?

Me quedo con el mensaje profundo de las últimas líneas del comunicado: “hoy más que nunca, tanto el INEE y las autoridades educativas, en su carácter de instituciones públicas, así como la sociedad civil y el magisterio nacional, debemos estar a la altura de las exigencias del país para defender la legalidad y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.”

Por supuesto que debemos sumarnos a la exigencia del INEE. Defendamos la legalidad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes. El gobierno debe obedecer la Constitución y está obligado a garantizar el derecho a la educación de los ciudadan@s de 3 a 17 años (aunque no voten).

 

CONVIRTIENDO A LOS NIÑOS EN DELICUENTES… EN MÉXICO

Xochitl Meseguer

@xmeseguer

Con cada vez mayor frecuencia en México, como en otros países del continente, se renueva el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes aduciendo información falsa e incitando a la “opinión pública” mediante la presentación pública de casos emblemáticos.

Siendo evidentemente grave que alrededor de la mitad de las personas procesadas o sentenciadas por la comisión de delitos tenga entre 18 y 29 años de edad, llama la atención que tanto el discurso de algunos funcionarios del sistema de procuración de justicia y seguridad pública como en algunos medios de comunicación atribuya a los adolescentes y a la “debilidad” del sistema de justicia para adolescentes, la comisión de hasta el 90{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los delitos en nuestro país.

La información que presento señala que esta tendencia hacia la criminalización de adolescentes y los llamados a reducir la edad penal no tienen fundamento y que más bien encubren la falta de implementación de políticas efectivas para la prevención del delito que tengan como eje la garantía de derechos de la infancia y adolescencia y la falta de instrumentación de sistemas de justicia alternativa que atiendan a adolescentes que han infringido las leyes penales, de manera que no reincidan, y que aborden integralmente su rehabilitación y reinserción social.

EL CONTEXTO

Como señala la Red Internacional de Derechos de la Infancia (CRIN, por sus siglas en inglés): “Los políticos y los medios de comunicación juegan con el temor popular de perder el control de cada generación sucesiva de niños si no se les reprime o castiga: niños asilvestrados fuera de control”.

A nivel mundial hay un preocupante y creciente número de países que lejos de cumplir con la garantía de derechos de todos los niños y niñas, han retrocedido en su enfoque de justicia juvenil y están criminalizando a un mayor número de niños y a edades cada vez más tempranas. Hoy 31 países establecen la edad penal a los siete años y otros 11 Estados lo hacen a los ocho.

Esta situación entra en conflicto tanto con las exigencias de la Convención de los Derechos del Niño y su principio sobre el interés superior del niño, que ha de ser una consideración prioritaria, como con su derecho al mayor desarrollo posible.

Lo que la evidencia muestra es que la criminalización de niños y adolescentes causa un daño permanente en un gran número de ellos así como en las sociedades donde esta lógica ha imperado, fomentando la reincidencia en nuevos delitos, cada vez más violentos, que frecuentemente se prorrogan en la edad adulta.

Como lo señala la CRIN en el documento Convirtiendo a los niños en delincuentes: “Rebajar la edades mínimas, como han hecho algunos Estados y otros están considerando hacer, significa estigmatizar como delincuentes cada vez a más niños y cada vez a edades más tempranas reaccionando con un derecho penal que en cada estado está centrado principalmente en el castigo y orientado en criterios retributivos. Es absurdo sugerir que este sistema puede cumplir para los niños con los objetivos requeridos por un sistema penal adecuado, que debería centrarse exclusivamente en maximizar su desarrollo general positivo, así como en la necesaria rehabilitación y reinserción”.

“Como sociedad debemos a los niños un enfoque diferente. Puede brindarse evidencia clara del origen de los actos delictivos graves de los niños, que se desarrollan y afloran de la violencia y negligencia por parte de los adultos, frecuentemente en el ámbito familiar, agravados por la incapacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones de apoyar a los padres en sus responsabilidades de criar a los niños. Cuanto más seria y extrema es la infracción del niño, más seguros podemos estar de que el origen está en el maltrato por parte de los adultos, o en ocasiones simplemente la pérdida trágica de los padres u otros cuidadores clave” (CRIN 2013).

Detener la criminalización de los niños no significa perder de vista las infracciones a la ley que puedan cometer, no significa que los niños o adolescentes que lo hagan eludan la “justicia” o que no se haga nada con respecto a esto. Sino como lo indican las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia juvenil (Reglas de Beijing, adoptadas por la resolución de la Asamblea General 40/33 de 29 noviembre 1986): “Los Estados Miembros deberán esforzarse en desarrollar las condiciones que garanticen a los jóvenes una vida significativa en la comunidad, que durante el periodo de sus vidas en el que son más susceptibles de un comportamiento desviado, se promuevan un proceso de desarrollo personal y una educación tan alejados de los actos delictivos y la violencia como sea posible.”

Y frente al argumento de que por la “debilidad” de las leyes de justicia juvenil “la mayoría serán coaccionados o sobornados para continuar con actividades delictivas en beneficio de delincuentes adultos, dada la falta de penas severas para niños y adolescentes”, frecuentemente fundadas la pregunta no debería ser: ¿se están aplicando las leyes y penas a los adultos que lo realizan?

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

Entre los países de América Latina y el Caribe puede documentarse que los países con edades más bajas de imputabilidad penal (12 años) están también entre aquellos donde las tasas de homicidios son mayores.

tabla tasa de homicidiosFuentes: UNODC.- Estadísticas de homicidios 2012. En: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html CEPAL. Panorama Social de América Latina 2012. En: http://www.cepal.org/cgi-

En México y frente al reiterado discurso infundado de que entre el 80 y 90{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los delitos son cometidos por personas menores de 18 años, los datos muestran otra realidad.

De acuerdo con el Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos (INEGI 2012):

• Durante 2011 se abrieron 1,704,535 averiguaciones previas ante el ministerio público del fuero común (personas de 18 años y más)

• Por su parte se registraron 44,852 investigaciones sobre conductas antisociales en que los presuntos responsables fueron adolescentes (2.63{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} respecto a las personas adultas en el fuero común)

• En ese mismo año estaban internos 4,660 adolescentes (con resolución firme) y 2,190 (en proceso de dictarles resolución)

Por su parte el INEGI refiere en su consulta de registros administrativos:

• En 2012 fueron procesadas por delitos del fuero común 163,446 personas y por delitos del fuero federal 39,253. De éstas 27.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} tenían entre 18 y 24 años en el primer caso y 27{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en el segundo.

• Respecto a personas sentenciadas, 108,216 lo fueron por la comisión de delitos del fuero común y 35,891 por delitos federales. En este caso la proporción de jóvenes de 18 a 24 años fue de 29.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 27.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente.

Con referencia al delito de “corrupción de menores” el cual estaría asociado al creciente número de adolescentes procesados y sentenciados en nuestro país y que generalmente son inducidos a la comisión de delitos por parte de adultos sea en lo individual o como parte de grupos de la delincuencia organizada, llama la atención que:

adultos procesados

CONCLUSIONES

• El creciente discurso criminalizador de niños y adolescentes en México no tiene fundamento en la información oficial disponible

• El establecimiento de la edad penal a edades tempranas no es efectivo para la prevención de delitos, especialmente homicidios

• Hay un evidente vacío en la aplicación de la justicia hacia los adultos que inducen a niños y adolescentes a delinquir

• La evidencia indica que es en el establecimiento de un sistema de garantía de derechos de la infancia que la seguridad de niños y niñas, y de las sociedades en que viven, puede ser garantizada

• En este marco, ¿cuál es el propósito del discurso criminalizador? ¿Por qué, lejos de abrir un debate abierto e informado sobre la participación de niños y adolescentes en actos delictivos y sobre la agenda pendiente para la prevención del delito y para el establecimiento de un sistema efectivo de justicia juvenil, se insiste en la presentación de casos emblemáticos para crear una corriente de opinión favorable a esta criminalización?

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