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Sudán del Sur y los niños soldado

Ollin Rafael / Odisea Global.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) advierte que en el conflicto de Sudán del Sur se siguen reclutando niños soldado, ya van 12 mil. En un comunicado de prensa publicado la semana pasada, UNICEF alertó que en el conflicto civil de Sudán del Sur se siguen reclutando niños para la guerra. Condenamos, dice el comunicado, “de forma enérgica el secuestro de decenas de niños, algunos de apenas 13 años, por un grupo armado cerca de Malakal, en el norte de Sudán del Sur.”

Uno de los equipos de UNICEF desplazados a la zona informó que 89 niños habían sido secuestrados mientras hacían sus exámenes en un colegio de Wau Shilluk, una comunidad en el estado del Alto Nilo, y advirtieron que el número de niños y niñas secuestrados podría ser mucho mayor. Según algunos testimonios, “los soldados armados rodearon la comunidad y registraron casa por casa. Los niños mayores de 12 años fueron llevados por la fuerza.”

En diciembre del 2013 comenzó la enésima etapa de un conflicto social y político arrastrado desde la descolonización y que se ha convertido en una guerra civil a gran escala que hasta el día de hoy no encuentra su fin.

Sudán del Sur fue parte del Sudán Anglo-egipcio bajo dominación colonial inglesa, que después de su independencia en 1956 se convirtió en la República de Sudán hasta 1985 cuando un golpe militar acabó con su endeble democracia. Sudán de Sur, con etnias de religión animista y cristiana, quedó bajo el dominio del norte de mayoría musulmana, oprimido por medio de una violencia que se convirtió en caldo de cultivo de la guerra. El problema subyacente a todo esto fueron las fronteras artificiales establecidas por el colonialismo occidental que no tuvieron en cuenta la diversidad de las regiones dado que primaba la lógica económica y política, en gran medida, miope de las potencias dominadoras.

Una vez estos territorios lograron independizarse, muchas de las fronteras coloniales se mantuvieron a sangre y fuego por los nuevos poderes que, más débiles que los antiguos, vieron surgir en sus territorios el conflicto natural de la diversidad atada por fuerzas antinaturales. Por si fuera poco, estos conflictos fueron alentados por algunos poderes de occidente que vieron en ellos la oportunidad de mantener los beneficios sin la necesidad de invertir nada en la administración del territorio. Es así que los poderes coloniales siguieron dominando el territorio a través de una fuerza menos visible pero más férrea: la del terrible colonialismo económico de nuestros días.

En 1983 inició la guerra civil entre grupos independentistas del sur y el ejército sudanés que duró hasta el año 2005 cuando se firmó un debil acuerdo de paz que garantizaba mayor autonomía al territorio del sur. En 2011 Sudán del Sur realizó un referéndum de independencia en el que ganó la mayoría secesionista y que condujo a la proclamación de independencia el 9 de julio de ese mismo año. Lamentablemente, Sudán del Sur posee gran cantidad de reservas de petróleo que hacen que el estado más joven del mundo sea un diamante deseado. El 15 de diciembre del 2013 el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán intentó un golpe de estado que fracasó pero que provocó el inicio de la guerra civil disfrazada de un conflicto étnico entre las dos tribus principales del país, los dinkas y los nuer, pero detrás de la cual se haya, como bien dice el periodista especializado Chema Caballero, una lucha entre grandes potencias por el control de los pozos de petróleo que utilizan y manipulan las diferencias internas para conseguir sus propios objetivos.

Remontándonos un poco en la historia podemos verlo todo más claro. Según se narra en una investigación del diario El País, Estados Unidos que durante la guerra de independencia entre el Norte y el Sur, impuso sanciones al gobierno de Jartum en su apoyo a Juba, esto es, apoyando al sur contra el norte, provocó graves consecuencias económicas para el gobierno sudanés que tuvo que pedir ayuda a China, Irán y a Rusia. Para China fue una bendición pues con ello consiguió el petróleo que buscaba para alimentar su enorme crecimiento al adquirir el 78% de la producción del país y construyendo un gaseoducto para su transporte hasta el mar. Al ver esto, las empresas norteamericanas presionaron a su gobierno para que acelerara la independencia del sur que, como ya vimos, posee la mayoría de las reservas de crudo. Sin embargo, una vez lograda la independencia, el gobierno del sur no cambió los contratos con las empresas chinas. Viendo que sus amenazas no llegaban a buen puerto y que el presidente Kiir se hacía de oídos sordos Estados Unidos decidió, de manera oculta, fomentar un golpe de estado a través del vicepresidente Riek Machar. El 15 de diciembre del 2013 Machar inició la rebelión.

Según Chema Caballero, “Este tipo de maniobras, que prolonga los juegos de la guerra fría aunque alguno de los actores cambie, ponen de manifiesto que lo único que importa en Sudán del Sur es el control de uno de los campos petrolíferos más lucrativos del continente, el cual genera miles de millones de dólares para el país más joven de África, para lo cual multinacionales y gobiernos se alían, una vez más.”

Después de tantos años de conflicto, gran parte de la infraestructura del país está dañada o completamente destruida, lo que significa un grave problema para la población que se encuentra bajo durísimas condiciones de vida. El año pasado, UNICEF lanzó una Misión de Respuesta Rápida para paliar algunas de las consecuencias del conflicto, sobre todo para ayudar a las 30 mil madres y a sus hijos que carecen de los servicios básicos. En una de esas misiones, el periodista Mike Pflanz, corresponsal del The Daily Telegraph de Londres, fue para ver en primera persona lo que estaba sucediendo (esta narración se puede leer en el diario español El País). Pflanz se encontró con un país destruido y necesitado de toda la ayuda internacional posible.

La guerra se está llevando entre los pies a miles de personas (alrededor de 550 mil), entre ellos muchos niños y niñas (120 mil menores de 5 años). Por esto, la denuncia de UNICEF sobre el reclutamiento de niños soldado es tan importante. Pflanz cuenta: “Al menos uno de los que cargaban con un AK-47 era un niño, un chico que apenas tendría 14 años. Los otros eran algo mayores o quizás no. Se envían informes de manera repetida sobre niños que son reclutados para formar parte de grupos armados que combaten en el conflicto de Sudán del Sur. Desde que estoy aquí, ya me han contado dos historias de adolescentes que deberían ir a la escuela en lugar de estar ingresados en hospitales recuperándose de heridas de bala.”

UNICEF: 2014, AÑO DEVASTADOR PARA LA INFANCIA POR LA VIOLENCIA

Ollin Rafael / Odisea Global.

Para UNICEF 2014 ha sido un año devastador para la infancia y esto se ha debido, según el organismo internacional, a un aumento generalizado de la violencia. Los conflictos armados en todo el mundo han dejado un reguero de sangre que ahora mismo parece imparable. Los niños y las niñas han sido expuestos en muchas partes del mundo al hambre, a la violencia extrema, al reclutamiento forzoso, a las enfermedades graves, a la pérdida de sus familias, a la trata de personas, etc. “Ha habido niños asesinados mientras estudiaban en el aula y mientras dormían en sus camas; niños que han quedado huérfanos o que han sido secuestrados, torturados, reclutados, violados e incluso vendidos como esclavos. Nunca en la historia reciente tantos niños fueron sometidos a este tipo de indescriptible brutalidad”, dijo Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF. Pero lo más increíble es, como dice el periodista argentino Martín Caparrós en su libro sobre el hambre, que hemos podido quedarnos sentados en nuestras casas sin hacer nada o casi nada.

Según la neurociencia, una de las virtudes esenciales del ser humano, algo que ha permitido que la especie sobreviva a lo largo de milenios, es su capacidad para la compasión. Hay neuronas especializadas, las neuronas espejo, que permiten que el cerebro reaccione a las situaciones vividas por los otros, es decir, la reacción natural de todo ser humano frente a otro que necesita ayuda es ayudar.

Y nosotros no preguntamos: ¿Acaso hemos perdido esa capacidad?

La respuesta es no, no lo hemos hecho, seguimos siendo perfectamente aptos para empatizar con los otros, sin embargo, somos capaces de poner un filtro que permite que nos olvidemos rápidamente de aquello que no nos afecta de forma inmediata. Decidimos en nombre de nuestra comodidad evitar pensar no sólo en nuestra falta de acción para cambiar las cosas sino en las consecuencias de nuestra forma de actuar.

Algunas investigaciones recientes han descubierto que el sentir empatía por los otros depende en gran medida de que estemos del humor adecuado para ponerle atención al mundo que nos rodea y no tan ensimismados como para no ver más allá de nosotros mismos.

Según dice el psicólogo Daniel Goleman, es justamente la empatía lo que nos separa de los psicópatas que son capaces de apagar la parte de su cerebro que les hace sentir compasión y se pregunta si no nos estaremos convirtiendo en una sociedad psicópata, porque es precisamente lo que hacemos cuando decidimos no pensar en las tragedias que nos rodean. Suspendemos esa parte del cerebro que nos hace ser empáticos y tener un comportamiento compasivo.

Por ejemplo, es evidente que todo aquello que consumimos tiene efectos en la realidad que nos rodea y, sin embargo, fingimos que somos ajenos a ellos y a sus consecuencias ecológicas, de salud pública, sociales y de justicia económica: “Lo tenemos a la vista pero no lo vemos”. Nos hemos convertido en víctimas de un sistema que nos distrae de lo importante mediante necesidades superfluas.

Goleman pone un ejemplo terrible: el algodón, cuenta, es muy resistente a los tintes textiles y cuesta mucho trabajo que adquiera color por lo que aproximadamente el 60% del colorante que se usa se convierte en agua residual que contamina los acuíferos de la zona en donde se fabrica; los epidemiólogos han descubierto que la incidencia de cáncer en la sangre, leucemia, en niños y niñas que viven cerca de estas fábricas es bastante más alta que en otras regiones, sin embargo, nosotros, los consumidores, nos ponemos esa camiseta azul o roja o verde sin pensar en ello.

De la misma manera, vemos todos los días las calamidades que azotan el mundo, nos afectan un número limitado de segundos e incluso minutos si somos muy empáticos, pero después volvemos a lo que estábamos haciendo sin detenernos demasiado tiempo a pensar en la forma en que eso podría cambiar, imaginando que no hay nada que hacer. Pero nos equivocamos pues cada acción particular hecha de manera compasiva ayuda en un cambio profundo, desde consumir de manera más responsable hasta cooperar en las campañas de UNICEF, ACNUR, Save the children, Greenpeace, etc.

El año pasado ha sido un mal año para la infancia y esto continúa hoy. Según datos de UNICEF, 15 millones de niños están atrapados en conflictos violentos en República Centroafricana, Irak, Sudán del Sur, el Estado de Palestina, Siria y Ucrania, incluidos los desplazados internos o quienes viven como refugiados; 230 millones de niños viven en países o zonas de conflicto armado; 54 mil niños se quedaron sin hogar en Gaza debido a un conflicto que duró 50 días y en el que murieron 538 niños y más de 3 mil resultaron heridos; en Siria hay 7.7 millones de niños afectados por la violencia de los cuales 1.3 millones se han convertido en refugiados; en Irak 700 niños han sido mutilados y asesinados; en Sudán del Sur 230 mil niños sufren desnutrición aguda severa, 750 mil han sido desplazados y 320 mil viven como refugiados; debido a la crisis del ébola, miles de niños han muerto, miles más se han quedado huérfanos, 5 millones se han quedado sin escuela.

“Es tristemente irónico”, dice Lake, “que en este año en el que se cumple el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando hemos podido celebrar tanto progreso para muchos niños a nivel mundial, se hayan violado de manera brutal los derechos de tantos otros (…) El mundo puede y debe hacer más para lograr que 2015 sea un año mucho mejor para todos los niños. Cada niño que crece fuerte, seguro, saludable y educado es un niño que puede seguir aportando cosas a sí mismo, a su familia, a su comunidad, a su nación y, de hecho, a nuestro futuro común“.

Yo creo, en verdad, que podemos hacerlo mejor entre todos, el primer paso es pequeño pero es el más importante: debemos, por un momento, suspender todas nuestras distracciones y prestar un poco de atención al mundo.

El negocio de las vacunas para niños y niñas

Ollin Rafael/Odisea Global.

Se sabe que las grandes empresas farmacéuticas mantienen los precios de los medicamentos muy altos (de ello dependen sus millonarios beneficios), debido, dicen, a los costes de la investigación y el desarrollo. Los datos, por su puesto, son extremadamente opacos, poco se sabe acerca de las cuentas de las empresas: ¿cuánto gastan en investigación? ¿cuánto les cuesta el desarrollo de tal o cual medicamento? ¿cuánto vale producir cierta medicina? etc. Aunque a veces, cuando sale a la luz algún dato, la sociedad civil se sorprende. Por ejemplo, a raíz del movimiento de los enfermos de hepatitis C en España que reclaman que la sanidad pública se haga cargo de un nuevo tratamiento para curarlos, sabemos que la farmacéutica que desarrolló el medicamento cobra por el tratamiento 60 mil euros, alrededor de un millón de pesos mexicanos. Y ante esta monumental cifra surgen otras preguntas: ¿cuánto dinero invirtió la farmacéutica en el desarrollo de este medicamento? ¿Cuánto tuvo que haber gastado para que cada tratamiento valga un millón de pesos? ¿No sería posible que la empresa, al saber que su medicina le puede salvar la vida a alguien, le esté poniendo precio no al tratamiento sino a la vida? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿60 mil euros?

Según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día, todavía hay 22.6 millones de niños y niñas en todo el mundo que no reciben el paquete de vacunas básicas que les podrían evitar enfermedades graves causantes de discapacidad o muerte. A pesar de que se ha alcanzado una alta cifra de vacunación para algunas enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos ferina, aún es muy baja para enfermedades como Haemophilus influenzae tipo b (Hib), causante de la meningitis y la neumonía, el neumococo y el rotavirus. Y es así que, aunque en los últimos años la mortalidad ha disminuido mucho, ha pasado de 12.6 millones de fallecimientos en 1990 a 6.3 millones actualmente, todavía hay millones las muertes de niños pobres que podrían evitarse.

Por esto es tan importante el documento con el que la semana pasada, Médicos Sin Fronteras les exigió a las compañías farmacéuticas GlaxoSmithKline (GSK) y Pfizer que disminuyeran el precio de la vacuna contra el neumococo a 5 dólares por niño en los países en desarrollo. La petición venía acompañada de ”La mejor vacuna: por un acceso sin barreras a vacunas asequibles y adaptadas”, un duro informe sobre los precios de las vacunas que muestra como en los países pobres, entre el 2001 y el 2014, el coste de vacunar a un niño o una niña ha aumentado 68 veces.

Según Rohit Mapani, director de Políticas y Análisis de la Campaña Acceso a medicamentos esenciales de MSF, “el precio por proporcionar el paquete completo de vacunas a un niño es hoy (…) más caro que hace tan solo una década, fundamentalmente porque las grandes compañías farmacéuticas han aumentado los precios a donantes y países pobres de aquellas vacunas con las que ya ganan miles de millones de dólares en los países ricos”, es por ello, continúa Mapani, que “pedimos a los donantes que pongan sobre la mesa una suma adicional de 7.500 millones de dólares para poder pagar las vacunas de los países pobres durante los próximos cinco años, teniendo en cuenta, además, que un tercio de esta cantidad irá destinada a sufragar los elevados precios de una sola vacuna, la antineumocócica (la enfermedad mata cada año alrededor de un millón de niños en todo el mundo). Baste el ejemplo para reflexionar sobre cuanto más dinero de los contribuyentes podría traducirse en más niños vacunados si las vacunas fueran más baratas. Creemos que es momento de que GSK y Pfizer pongan de su parte para hacer las vacunas más accesibles y durante más tiempo, ya que los descuentos que a día de hoy ofrecen estas compañías no son suficientes”.

La vacuna contra el neumococo significa aproximadamente la mitad del costo de todo el paquete de vacunas para niños y niñas. De la venta de esta vacuna GSK y Pfizer ya han obtenido 19 mil millones de dólares, mucho más que el dinero que han invertido.

Por eso, MSF también pide mayor transparencia pues la información sobre las negociaciones entre los estados y las compañías farmacéuticas es de difícil acceso dado que la industria oculta deliberadamente la información para poder controlar los precios. Elder Kate, la asesora de Políticas de Vacunas de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras, dice que “nos encontramos situaciones irracionales en las que países en vías de desarrollo como Marruecos y Túnez pagan por la vacuna contra el neumococo un precio mucho más caro que Francia (…) necesitamos situar la salud pública por delante de los beneficios económicos; las vacunas que salvan la vida de niños no deberían ser un gran negocio”.

Las vacunas no solo salvan vidas según Seth Berkley, presidente de Gavi, the Vaccine Alliance, una organización dedicada a promover la vacunación, también pueden “mejorar a largo plazo las perspectivas educativas de un niño. Y su familia y la comunidad en general pueden beneficiarse de ello”. “Todos sabemos”, continua Berkley en un artículo publicado la semana pasada en El País, “que los niños sanos no necesitan un tratamiento médico o unos cuidados especiales que cuestan tiempo y dinero. Si se evita la enfermedad, los niños tienen mayores oportunidades de crecer sanos, asistir a la escuela y convertirse en miembros productivos de la sociedad. Mientras tanto, y en lugar de quedarse en casa cuidando de sus hijos enfermos, los padres pueden salir a trabajar y aumentar las posibilidades de ganar dinero. Así pues, en vez de incurrir en gastos médicos están incrementando sus ingresos y su capacidad para gastar. El acceso a la vacunación en definitiva repercute en el crecimiento económico”.

Es la hora de que los estados defiendan ante cualquier interés económico el interés de sus ciudadanos y por lo tanto también el de todos los niños, las niñas y los adolescentes. Para lograrlo es imprescindible mayor transparencia. Los ciudadanos de cada país deben exigir que las negociaciones entre sus estados y las empresas privadas se hagan a puertas abiertas.

Esposas y niñas en Turquía

Odisea Global/ Ollin Rafael.

Turquía es un candidato firme desde hace años (2005) a formar parte con pleno derecho de la Unión Europea. Es un país aparentemente moderno, aparentemente democrático y en donde se respetan los derechos humanos, aparentemente.

Para Europa Turquía es la puerta de Asia, allí se asentó Constantinopla renombrada Estambul después de ser conquistada por los turcos otomanos en 1453. Y por eso Europa quiere tener buenas relaciones, por ejemplo, a través de la educación: Turquía forma parte del programa de intercambio estudiantil financiado por la UE llamado Erasmus, es decir, recibe a cientos de estudiantes cada año en sus universidades, jóvenes modernos, libres, democráticos y a su vez envía a cientos de estudiantes turcos a los distintos países que forman parte en el programa y que vuelven habiendo crecido a través de sus experiencias de vida en otros países mediante el contacto con culturas diferentes.

Por esto es sorprendente que, según cálculos del gobierno turco (que se queda corto porque sólo contabiliza los matrimonios registrados), se hayan casado 500 mil niñas en la última década, datos que dejan entrever lo lejos que se encuentra el país asiático de la plena garantía de los derechos de los niños y las niñas.

El problema principal es que en el país asiático todavía es aceptable, según las prácticas sociales y religiosas, el matrimonio entre niños y niñas a pesar de que la ley turca especifica que la edad mínima para contraer matrimonio es de 17 años. La religión y el honor basado en la concepción patriarcal de la sociedad aún son más poderosos que la ley, por ello está tan mal visto que las jóvenes esposas, aunque sean maltratadas y vivan infelices, dejen a sus maridos, incluso pueden llegar a pagar su “falta” con la propia vida. Este es el caso, por ejemplo, de Emine Yayla que, según una nota publicada en el diario El País, contrajo matrimonio a los 15 años y después de escapar de su marido a causa de los malos tratos que sufría fue asesinada a puñaladas. Un “asesinato de honor” lo llaman.

Para UNICEF el matrimonio infantil “viola los derechos humanos independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, (…) se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas. Algunas consecuencias negativas son la separación de la familia y los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad y participar en las actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir una educación. El matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas. Puesto que no pueden evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso del preservativo, las novias menores de edad se exponen a graves riesgos para su salud, como los embarazos prematuros, las infecciones transmitidas sexualmente y, cada vez más, al VIH/SIDA.”

El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948 y  en ella se advierte que el consentimiento no puede ser “libre y completo” cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja. Además, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer establece que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos (“No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial”).

Según Özlem Basdogan y Nazli Dülger, miembros de Escoba Voladora (Ucan Supurge), una organización dedicada a defender los derechos de los niños y las niñas, “No se puede hablar de una armonía entre las leyes de Turquía y los convenios internacionales firmados. Hay gente en el Gobierno que afirma no estar a gusto con esas incongruencias”, sin embargo, “el Gobierno no está dando la suficiente importancia a este asunto. Los datos que tenemos no están sólo enfocados a los matrimonios con menores, sino que son una parte del estudio más amplio. A la hora de mirar la cuestión es importante buscar el problema concreto y una de nuestras parcelas de trabajo es empujar al Gobierno a tomar estas medidas”.

Turquía no es el único país en el que los gobiernos no atienden adecuadamente este problema, según datos de UNICEF, en los países desarrollados hay 60 millones de mujeres que contrajeron matrimonio o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años.

Las vidas de las niñas quedan totalmente marcadas por esta violación de sus derechos. Para UNICEF hay tres consecuencias principales: la primera es que abandonan la escuela con todo lo que ello significa, una pérdida significativa de libertad, de la libertad de desarrollarse adecuadamente y acceder a todas sus posibilidades; la segunda son los problemas de salud debido a la concepción temprana. Muchas de las niñas se embarazan corriendo un riesgo importante para su salud y la de sus hijos. Según UNICEF, los embarazos prematuros aumentan exponencialmente la tasa de mortalidad infantil; y la tercera consecuencia es la violencia que sufren las niñas.

Según indica un estudio que realizó en el 2008 la Universidad turca de Hecattepe (Hacettepe University Institute of Population Studies), casi el 40% de las mujeres turcas entre 17 y 49 años se casó antes de la mayoría de edad y abandonaron sus estudios. Muchas de ellas además sufren problemas psicológicos debido a la maternidad prematura. “Uno de los principales problemas es que todavía hay niñas que ven normal casarse a los 15 años porque lo hicieron sus madres y abuelas. La educación es importante, pero por ejemplo antes las niñas no iban al colegio y se casaban con la persona que decidían sus padres; ahora se casan cuando salen del colegio con la persona que deciden sus tutores. Algunas familias, por ejemplo, si ven que la niña no es buena estudiante piensan que no podrá encontrar un buen trabajo y deciden que la mejor opción es casarla”, dice Basdogan.

Si Turquía quiere acceder a la llamada modernidad debe empezar por respetar algunos de sus fundamentos tales como el respeto a los derechos de todos los niños y las niñas aunque tenga que acabar con algunas de sus concepciones morales y religiosas.

1 DE MAYO: 36.0% DE NIÑOS Y NIÑAS QUE TRABAJAN NO ASISTEN A LA ESCUELA

Luis Alberto Barquera

Escuchad el llanto de los niños, ¡oh, mis hermanos!

Antes de que el dolor llegue con los años…

Están llorando en el tiempo de ocio de los demás,

En el país de los hombres libres

The Cry of the Children, Elizabeth Barret Browning

 

Empiezo con ese texto porque Elizabeth Barret Browning, en pleno siglo XIX, denunció el trabajo infantil en las fábricas textiles inglesas y sus efectos en la destrucción del potencial físico e intelectual de niños y niñas, lo que dio lugar a extendidas denuncias que produjeron cambios legislativos para limitar la voracidad del capitalismo más salvaje.

Aquí, en pleno siglo XXI, literalmente millones niñas, niños y adolescentes se encuentran atrapados en el trabajo. También, como Barret Browning, seguimos impulsando el debate en la opinión pública y buscando los cambios legislativos que nos pongan de una vez por todas en el camino de eliminar la explotación infantil, uno de los efectos más crueles de nuestra desigualdad. Sobre todo estamos en la lucha por la efectividad de los derechos.

La nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el marco para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de la infancia y la adolescencia en México, que incluye un Sistema de Protección Especial, orientado a garantizar la restitución de los derechos de aquellos más vulnerables, como los niños y niñas que trabajan. Pero si no hacemos todo lo posible para que este ordenamiento funcione en la realidad, de poco servirá tanto esfuerzo.

Un estado constitucional y democrático se distingue por el reconocimiento de los derechos y por su garantía práctica, lo que aplica para niños, niñas y adolescentes. La ley general es un avance sustancial, que debe reflejarse en las entidades de la república de forma tal que las instituciones funcionen para hacer respetar proteger y satisfacer, por ejemplo, los derechos de los niños y niñas trabajadores.

¿Queremos una verdadera protección de los niños y niñas que trabajan o seguir mirando de lejos, mientras los “hombres libres”, o en nuestro caso los titulares de deberes, permanecen indiferentes  como en los tiempos de Elizabeth Barret Browning?

El Módulo de Trabajo infantil 2013 (MIT-2013)

De acuerdo con ese instrumento existen en México 2, 536 693 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan, una tasa nacional de 8.6% Los estados con mayores proporciones son Colima (14.3%), Guerrero (13.9%) y Puebla (13.6%).  En el grupo de 14 a 17 años trabaja el 27.0% de los hombres y el 13.2% de las mujeres, mientras que en el de 10 a 13 años lo hace el 8.2% y el 4.2%, respectivamente.  En el de 5 a 9 años trabajan 1.7% de los hombres y 1.0% de las mujeres.

Se dice fácil, pero revuelve el estómago. Trabajan sin remuneración 1, 158,246, y lo hacen de 25 a 34 horas semanales 173,494 (6.8%) y 35 o más horas 742,379 (29.3%).

No recibe ingreso 1,165,167 (45.9%) y hasta un salario mínimo 719,822 (28.4%).  Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoció en una entrevista con El Universal, que trabajan niños y niñas en condiciones de explotación “equiparable a la esclavitud”, en estados de la república como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

No trabajan con familiares 863,555 (34%) y 798,050 están expuestos a riesgos en el trabajo (31.5%). ¿En manos de quién están estos niños y niñas?

¿Dónde está el apoyo a 238,401 hogares monoparentales que tienen niños trabajadores? Cabe señalar que existen 1,635,409 de hogares de este tipo (10% del total de hogares con niños de 5 a 17 años en el país), que son los que enfrentan mayores riesgos. Aquí la presión es mayor para 1,484,495  de mujeres con jefatura familiar (90.8% de los hogares monoparentales).

Habrá que aclarar eufemismos como el hecho de que se considera que “trabaja solo o por su cuenta”, hágame usted el favor, a 106,592 niñas y niños (12,932 de 5 a 9 años). No estamos hablando de explotados, de infancias muy destruidas en gran parte de los casos, al filo de la supervivencia, como los veía Elizabeth Barret Browning, sino de empresarios o emprendedores potenciales, de acuerdo con la terminología del MTI-2013.

Trabajo infantil e inasistencia a la escuela.

Es muy buena la noticia de una reducción de 18% de niños y niñas trabajadores, respecto a la medición de 2011 de ese instrumento. Sin embargo, es pésima que la proporción de aquellos que trabajan y no asisten a la escuela haya pasado de 31.9% a 36.0%, esto es que casi cuatro de cada diez no están en la escuela porque trabajan. En 14 estados de la república se supera esa tasa promedio, donde destacan Chihuahua (73.9%), Querétaro (52.9%) y Michoacán (47.3%).

Los niños y niñas que viven en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil y con demasiada frecuencia éste impide que vayan a la escuela.

El trabajo infantil, de acuerdo con el INEE, obstaculiza la escolarización y el aprendizaje. “Mientras exista trabajo infantil, será difícil que se den las condiciones para que el Estado cumpla con el derecho de todos a una educación de calidad”, dice en su Informe 2014, por lo que recomienda avanzar en políticas orientadas a fortalecer las condiciones de educabilidad en la demanda, así como a mejorar la pertinencia de la oferta en ámbitos como “desarrollo curricular, prácticas docentes y sistemas de apoyo y acompañamiento a estudiantes.”

El INEE señala que disuaden el trabajo infantil, las becas y las escuelas de tiempo completo, así como la prohibición de cuotas obligatorias. También apunta la importancia de explicar a los docentes la problemática del trabajo infantil y de prepararlos para atender de manera especial a los niños y niñas que trabajan o están en riesgo de abandonar la escuela. En cambio, la mala calidad del servicio educativo disuade la asistencia escolar.

Es  un hecho triste es que la pobreza y la necesidad de trabajar, además de propio sistema educativo,  han logrado convencer a  705,681 niños, niñas y adolescentes de que no tengan “interés” o se sientan “aptos” para la escuela.

Pero el alcance del sistema educativo en el combate al trabajo infantil es limitado. Dice el INEE que “las causas más importantes del trabajo infantil se encuentran fuera de la esfera de la educación y deben ser atendidas mediante políticas graduales e integrales en las que participen de manera articulada los sectores económico, laboral y social.”

La problemática es más compleja y rebasa a la escuela, lo que exige acciones articuladas desde el estado y la sociedad. El INEE lo dice muy bien en su informe: el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Es un hecho que, al cancelar las posibilidades de educación, el trabajo infantil contribuye a la reproducción de la pobreza.  La OIT señala que los adultos que fueron niños trabajadores y carecieron de educación normalmente acceden a trabajos mal remunerados y padecen inseguridad laboral o desempleo, lo que hace “más probable que sus propios hijos caigan también en una situación de trabajo infantil. Romper este círculo vicioso resulta un desafío a nivel mundial y para ello la educación desempeña un papel clave.”

No es gratuito que el 61.1% de los jefes(as) de hogares con población infantil ocupada no tenga educación básica completa (rezago educativo). En el caso de los jefes(as) de familia que no tienen trabajo, 78.1% no  cuenta con educación básica completa, en tanto que cuando están empleados la proporción es de 58.9%.

Hacer efectivo el constitucionalismo de los derechos

Por todo esto el trabajo infantil representa el tipo de problemas que debe ser abordado por los sistemas nacional y estatales de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular por los sistemas de protección especial, que tendrían que surgir de la armonización legislativa de las leyes locales de infancia en las entidades y el DF,  con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a más tardar el 3 de junio próximo.

Ante el panorama dibujado anteriormente de poco sirve, por ejemplo, lo que hace la Secretaría del Trabajo  y Previsión Social (STPS) a través del “Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, un reconocimiento a la buena voluntad de las empresas para resolver el problema, y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes, de la que poco se sabe qué hace realmente. Si revisamos el PEF 2015 encontraremos que no existen recursos destinados a la erradicación del trabajo infantil, fuera de acciones como ese premio a la buena voluntad de los empresarios agrícolas.

Lo que necesitamos, de acuerdo con el INEE, es que las políticas se orienten “a la vez a prevenir y a suprimir el trabajo infantil; deben atender las causas y no solamente sus efectos. Es necesario que el Estado se proponga esto y desde ahora se vayan tomando las medidas necesarias para hacerlo posible en un futuro.”

Estamos frente a la excelente oportunidad de reorganizar los programas que deben coordinarse en esos sistemas que propone la ley general y de poner en el escenario lo recursos que se requieren para enfrentar con seriedad el problema.

Sin embargo, la nueva ley general no cuenta con recursos para operar. Hasta el momento el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus réplicas en los estados, no tienen cómo arrancar. La nueva Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fundamental para garantizar protección especial, parece significar sólo un cambio de nombre, como en Zacatecas, porque en el PEF se tienen etiquetados recursos para las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, es decir, para hacer lo mismo de siempre, como se puede ver en las de reglas de operación vigentes.

Recuérdese que el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, del SNDIF, en 2012 apenas entregó 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores en las 28 entidades federativas donde opera, un promedio de $384 mil pesos por estado de la república.

No aceptamos que se mantenga esa desproporción entre el “remedio” y la “enfermedad”. El cambio debe venir de leyes locales y recursos suficientes que aseguren sistemas estatales de protección especial, para efectivamente garantizar que todos y todas puedan desarrollar su máximo potencial.

Zacatecas está entre los seis estados con mayor proporción de trabajo infantil y Veracruz se ubica entre los diez con mayores tasas de ocupados que trabajan 35 horas o más a la semana.  Requerimos un enorme esfuerzo en estos estados, que ocupan las posiciones 24 y 26, respectivamente, en la garantía del Derecho a la Protección, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia.

Educación de calidad, un derecho clave para ejercer otros derechos, es el mejor antídoto contra el trabajo infantil. Recíprocamente, para abatir la desigualdad educativa, se requiere el impulso del ejercicio de nuestras libertades políticas y de las reformas sociales que necesitamos.  La garantía y el ejercicio de los derechos es lo que sacará a México adelante.

Recordemos que para los niños, niñas y adolescentes, como para sus familias, también aplica el “constitucionalismo de los derechos”.  Como dicen Salazar y Carbonell, “cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas; entonces el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto por las autoridades como por los particulares, la realidad será autoritaria, inequitativa, opresora.”

Eso es. Como hombres y mujeres libres, estamos en el momento de construir las políticas públicas y los mecanismos de garantía que conviertan los derechos en una realidad. De otra forma sólo estaremos sumando más palabras a las muchas que ya existen, y no tienen efecto práctico en la vida de los ciudadanos, en nuestras leyes. La agenda de los niños y niñas que trabajan exige efectividad en la garantía de sus derechos, como el derecho a la educación, no “rollo”.

“¿Y AHORA QUÉ PASÓ?”. INSEGURIDAD Y EDUCACIÓN EN “LA TUTA”

Luis Alberto Barquera

“¿Y ahora qué pasó?”, le contestó el presidente Peña al secretario Osorio Chong cuando éste le llamó en la madrugada del pasado jueves 27 de febrero para informarle que finalmente había caído Servando Gómez Martínez, mejor conocido como “La Tuta”, luego de celebrar su cumpleaños con cervezas y hot dogs.

En “La Tuta” confluyen los estragos de la debilidad del Estado mexicano en materia de seguridad, como tristemente se ha visto, y los focos rojos que siguen encendidos por la fragilidad del sistema educativo. Estos dos problemas acusan debilidad institucional, impunidad, corrupción y déficit de gobierno.

Michoacán, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia (SMDI), se ubica en el lugar 28 del país, o 5º con mayor rezago, en materia de garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes del país.  Esta entidad de la república, por su alta proporción de inasistencia escolar, se ubica en el lugar 31 o segundo peor de México

Arteaga, el sureño municipio donde “La Tuta” estudió para maestro y trabajó como tal, se ubica en el lugar 1,789 de la república en garantía de los derechos de la infancia (a nivel estatal es el 83 de 113 municipios).  En el dominio de educación del Semáforo, que integra indicadores  relativos a la no asistencia a la escuela de 3 a 17 años, ocupa la posición 1,828 (en el estado es el 62, es decir, más o menos a la mitad de la tabla de los municipios michoacanos).

En 2010 no asistían a la escuela 297,654 niños, niñas y adolescentes en Michoacán. En rezago educativo aparecen 72,396 adolescentes. La población de 15 años en primaria o fuera de la escuela, de acuerdo con PISA 2012, es de 37.2%, lo que ubica a la entidad en el lugar 29 del país.

No sabemos el desempeño de Michoacán en la prueba PISA, porque simplemente no pudo aplicarse, pero  ya podrán imaginarse los resultados de un estado fuera del alcance de la autoridad educativa pero en manos de caciques locales.

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) sólo alcanzó al 47.4% de los centros de trabajo, es decir, 5, 837 de los 12, 324 existentes. No fueron censados 561,663 alumnos. No sabemos cuántos son maestros de los 45,027 empleados considerados como personal en la planeación.

La incapacidad de conocer lo que realmente está sucediendo en el sistema educativo dio lugar a que personas como “La Tuta”, quien se dice ingresó al tráfico de drogas entre 2000 y 2001, mantuviera su plaza como maestro y cobrara como tal  hasta el primer trimestre de 2010, según la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué hizo posible que “La Tuta”, un maestro de primaria, se transformara hasta alcanzar el liderazgo de Los Caballeros Templarios y pusiera en jaque al Estado mexicano? Que se podía. En lo que toca al sistema educativo, la falta de autoridad permite hacer y deshacer. En lo que toca a la gobernabilidad, lo alentaron indolencia, impunidad y corrupción de las mismas autoridades encargadas de garantizar seguridad, una tríada que marca la violencia criminal que ha vivido Michoacán en los últimos 14 años.

Sin duda la intervención federal ha significado un freno, pero la espiral de la violencia es tan intensa que su impulso sigue produciendo  muerte.

De acuerdo con la investigación de ODISEA, A. C., con base en las estadísticas de mortalidad del INEGI, la tasa de homicidios en 2013 fue a nivel nacional de 18.4 por 100 mil habitantes, en tanto que en Michoacán alcanzó 47.1, más del doble que la ocurrida en el país, por lo que la entidad ocupa el lugar 29, o cuarto peor de la república.

Mientras que en 2013 a nivel nacional la tasa de homicidios se redujo -11.3% frente a 2012,  en Michoacán creció 10.3% en el mismo periodo.

La tasa de homicidios de adolescentes de 15 a 17 años fue en 2013 de 11.7 a nivel nacional, en tanto que en Michoacán fue de 8.2. Respecto a 2012 la reducción fue de -23.5% en esta entidad.

Los homicidios por arma de fuego en 2013 alcanzaron una tasa de 10.3. En Michoacán fue más del triple: 32.2. Estos homicidios cayeron -23.9% a nivel de la república, en tanto que en Michoacán aumentaron 14.3% entre 2012 y 2013, lo que ubica a la entidad en el lugar 30.

Entre adolescentes de 15 a 17 años la tasa de homicidios por arma de fuego fue de 6.5 en el país, mientras que en Michoacán llegó a 4.5 en 2013.

Cabe señalar que la tasa de violencia familiar contra adolescentes de 15 a 19 años, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SS) es de 76.7 por 100 mil a nivel nacional. En Michoacán es de 132.4, lugar 25 del país.

La detención de “La Tuta” es una excelente noticia. Pero sin una estrategia de largo plazo que reconstruya al estado y al país, partiendo de un enfoque de seguridad ciudadana que integre un real estado de derecho y una eficaz aplicación del constitucionalismo de los derechos, donde destaca el establecimiento de un sólido sistema educativo, seguiremos en la tónica de golpes espectaculares sin soluciones estructurales para alcanzar la paz.

Quizá la pregunta no es “¿Y ahora qué pasó?”, sino ¿qué sigue pasando? ¿Por qué?

@LuisBarquera

LAS DIRECTRICES DEL INEE Y EL HOUDINI DE LA POST-EVALUACIÓN

Luis Alberto Barquera

El 12 de febrero tuve el gusto de participar como representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en la 1ª Sesión ordinaria del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Un tema importante fue el de las directrices que esta institución debe emitir con base en la evidencia recabada por la evaluación durante 2015. Me explico.

Años de lucha de investigadores y educadores, y los pésimos resultados en el desempeño del sistema educativo, inocultables en un mundo global en el que México se fue insertando, dieron lugar a una institución que ahora, como organismo autónomo desde el 26  de febrero de 2013, tiene el objetivo de “evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.” Para cumplir con este mandato el instituto debe:

1. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

2. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, y

3. Generar y difundir información para, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

A propósito de este último punto, donde estriba buena parte de la fuerza jurídica y política de la institución, la Ley del INEE establece que:

  1. Los lineamientos y directrices que emita el Instituto se harán de conocimiento público. (art. 48)
  2. Los lineamientos en materia de evaluación educativa serán obligatorios para las autoridades educativas. Su incumplimiento será sancionado. (art. 49)
  3. Las directrices emitidas por el Instituto serán hechas del conocimiento de las autoridades e instituciones educativas correspondientes para su atención. (art. 50)
  1. Las autoridades e instituciones educativas deberán hacer pública su respuesta en relación con las directrices del instituto, en un plazo no mayor a 60 días naturales. (art. 51)

¿Qué tendrían que incluir las directrices del INEE?

Pienso que las directrices que podemos esperar tendrían que establecer, con base en evidencia sólida, algunos puntos como los siguientes:

  1. Qué programas están funcionando adecuadamente, y tendrían que reforzarse, y cuáles tendrían que desaparecer. Las directrices tendrían que decirnos con precisión los cambios que se requieren de acuerdo con cada modalidad educativa. Por ejemplo, ¿qué tenemos qué hacer con capacitación y el seguimiento de maestros de telesecundaria para garantizar resultados de aprendizaje?
  2. Qué cambios en la gestión del sistema se requieren, en términos de las modificaciones necesarias en estructura burocrática y el perfil de los cuadros que se necesitan en las entidades de la república para garantizar que las directrices puedan llevarse a cabo. ¿Qué controles necesita la federación para operar la reforma, que no puede ceder a las autoridades y secciones sindicales locales?
  3. Qué carrera magisterial se requiere para garantizar maestros comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos.
  4. Qué significa lo anterior, desde el punto de vista de una mejora continua de planes y programas, así como de compromiso del estado con los maestros, en términos del monto de recursos que se requieren para realizar una verdadera transformación a mediano y largo plazo. Me refiero a cómo gastar mejor y a cómo gastar en una gestión eficiente, no necesariamente en aumentar el presupuesto en puntos del PIB.
  5. Qué se debe hacer en términos de la articulación interinstitucional que se requiere para atacar los problemas del entorno que impiden que todos los niños y niñas asistan y aprendan en la escuela, en especial los que habitan localidades rurales, trabajadores, indígenas y con discapacidad. Por ejemplo, los becarios de Oportunidades requieren apoyo pedagógico inmediato, y los integrantes del padrón de ese programa que no asisten a la escuela una política de inclusión que garantice su permanencia. Urge la activación en cada entidad del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para atender los problemas de violencia en la familia y el entorno que impiden el acceso y el aprendizaje en la escuela.
  6. Qué plazos se deben cumplir para lograr un cumplimiento razonable, señalando con toda claridad los costos que tendrá la no aplicación de las directrices en términos de vidas perdidas para la educación y recursos humanos desperdiciados para el desarrollo de México.

¿Cómo recibirá el gobierno federal las directrices?

No tengo duda de que los resultados que arroje la evaluación del INEE serán impecables. No habrá duda de su calidad técnica y rigor metodológico. La estatura intelectual y moral de Sylvia Schmelkes me lo garantiza. No dudo de su esfuerzo y compromiso.

Dudo del compromiso del gobierno federal y de los gobiernos locales con la reforma educativa y con las directrices que el INEE emita. El problema es una estructura burocrática muy hecha a la reproducción de intereses particulares, que debe atacarse desde el interior de los gobiernos de los estados, independientemente del partido que se trate, y eso no lo va a hacer el INEE.

El INEE nos dará resultados de la evaluación, lineamientos y directrices de política. Lo que no puede darnos es la voluntad política del gobierno para realizar las transformaciones necesarias.

¿Nos falta una cultura de la evaluación? Por supuesto. Al primero que le falta es al propio gobierno, que más bien ha desarrollado la práctica exitosa de evadir las recomendaciones de la evaluación.  La experiencia con el CONEVAL arroja que es escaso el impacto de la evaluación en la modificación de la política pública después de más de diez años de esfuerzo.

Anoto lo anterior porque el gobierno es un auténtico Houdini a la hora de escapar de amarras y cadenas asociadas a recomendaciones y directrices. El problema del gobierno, en todos los órdenes, es su resistencia al cambio. Todo lo contesta, pero poco modifica, de tal forma que hace lo necesario para que todo permanezca y al final acaba escapando. El reto del INEE es que acate las directrices.

A lo anterior se suma que no se aplica la ley, empezando por el gobierno, y todo se politiza para mal. Me preocupa que la propia autoridad educativa acabe aislando al INEE porque cualquier directriz, por más sustentada que sea, se enfrentará a intereses poderosos para poder operarse.

Ojalá el gobierno acate las directrices del INEE y ponga por delante el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes de México. De otra forma la reforma educativa estará completamente perdida.

Las directrices pueden impulsar el cambio que necesitamos

Por eso la sociedad civil tiene que hacer el esfuerzo de crear el contrapeso, aunque la cuesta se vea muy empinada. El valor público de la evaluación estriba en que sus resultados sirvan para reformular programas y políticas y asignar mejor el presupuesto. Sobre todo para redefinir el rumbo estratégico de la acción gubernamental: garantizar el derecho a la educación.

Espero que las directrices del INEE nos den elementos muy concretos para trabajar con el Congreso de la Unión, con los congresos locales, con los partidos políticos, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con diversas agencias de Naciones Unidas, para insistir en que se utilicen los resultados de la evaluación.

Las directrices pueden iluminar el principio del camino para desmontar lo viejo y hacer aparecer lo nuevo, una sociedad preocupada por garantizar el derecho a la educación de las niñas, los niños y los adolescentes de México.

El INEE va a cumplir su parte. Nosotros tendremos que hacer la nuestra, que es exigir que esas directrices, cuando lleguen, se apliquen. Preparémonos. Ya sabemos que nuestro Houdini se especializa en escapar de la caja negra de la post-evaluación.

 

SEÑOR MINISTRO: LA INCLUSIÓN DE NIÑ@S CON DISCAPACIDAD NOS EDUCA A TODOS

Luis Alberto Barquera

Para Jorge, que todos los días no educa

El pasado 9 de febrero el ministro  José Fernando Franco González Salas pidió una disculpa pública por haber dicho que los niños con discapacidad deberían tener una “ubicación especial y separada” de otros menores, porque “pueden perjudicarlos y eso está documentado”.

La disculpa del ministro marca un hito, sin duda. Sin embargo ahí queda que sus reflejos iniciales fueron la discriminación, la segregación, la exclusión. Y 13, 946 cartas pidiendo retirar sus palabras y ofrecer una disculpa pública, que lo hicieron recordar que existen leyes y convenios internacionales, y una recientemente aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede olvidar.

Las palabras del ministro José Fernando Franco González Salas, como se dice en la carta, “parecen inconcebibles para alguien de su responsabilidad social y formación intelectual. Nos da vergüenza. Señor ministro, ¿de dónde saca que los niños sin discapacidad se “perjudican”, “impactan” o “les puede afectar” el trato con niños con discapacidad?”

Cuando veo que un ministro de la SCJN tiene ingresos netos por más de 4 millones de pesos anuales, sólo me queda pensar que la “responsabilidad social” y la “formación intelectual” del ministro nos sale muy cara. Bastaba acogerse al artículo 1º constitucional para tener una buena participación durante el Pleno del pasado 5 de febrero.

Pero no fue así, por lo que en la carta pública, “Le pedimos que no traslade a nuevas generaciones los prejuicios que usted arrastra de otros tiempos, y que todos nos demos a la tarea de combatirlos para lograr una sociedad inclusiva, igualitaria y sin discriminación. Como parte del Estado Mexicano lo anterior es su obligación.”

Nuestro país, dice el documento, “debe cambiar el modelo de guarderías (de segregación y exclusión), por uno donde estén capacitadas para recibir a cualquier niño o niña, independiente de su condición. Todos los niños deben estar juntos en las mismas guarderías que posteriormente serán las mismas escuelas, los mismos lugares de trabajo, el mismo México. No contribuya a la segregación.”

Rectificar ennoblece, sin duda, pero constatar que incluso un ministro puede derrapar así, hace pensar que mentalidades similares cuentan a la hora de constatar que la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad sigue siendo una tarea pendiente desde la educación inicial, hasta la educación básica y media superior.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, revela que del total de niños de 2 a 9 años  el “29% está en riesgo de tener alguna discapacidad, lo cual implica que 5, 346 600 niños y niñas necesitan una evaluación y diagnóstico para determinar el tratamiento o acción a realizar para prevenir o disminuir la discapacidad.”

En este marco se antoja una cifra conservadora que en México, de acuerdo con el Censo 2010, 165,412 niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años no asistan a la escuela, superior al tamaño de la población total del municipio de Zacatecas, que era de 129,011 habitantes en ese año. Estamos hablando de un mundo de personas.

Si bien la exclusión educativa es profunda entre la población en general, la discapacidad añade una dosis de exclusión adicional. Mientras que entre la población de 3 a 17 años la exclusión de la escuela es de 18.38% (no llega a dos de cada diez), entre la población con discapacidad en ese mismo grupo de edad alcanza el 31.27% (tres de cada diez).

El  estado más excluyente, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, es Chiapas, donde prácticamente la mitad permanecen fuera de la escuela (47.71%). Le siguen en esta lista Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz, donde alrededor de cuatro de cada diez están fuera de las aulas.

El estado con menor proporción de exclusión es el Distrito Federal, con 21.48% de niños y niñas con discapacidad que no asisten a la escuela, lo que significa 8,127 casos. Enseguida aparecen Baja California Sur, Yucatán, Sonora y Coahuila, donde prácticamente la cuarta parte de esta población no asiste a la escuela.

La lupa del Semáforo nos permite decir que en 1,461 municipios del país (de un total de 2,456) se supera el promedio nacional de exclusión de 31.27% Esto es, que en seis de cada diez municipios (59.48%) se supera el promedio del país en el indicador.

En todos los grupos de edad opera, con eficiencia, la segregación. Por ejemplo, no cuenta con escolaridad sólo el 1% de los adolescentes de 15 a 17 años sin discapacidad, mientras que entre la población con discapacidad el porcentaje alcanza el 17%

En el marco de este diagnóstico, y después de la disculpa, el ministro Franco González Salas ya debe tener en cuenta, de acuerdo con el Estado Mundial de la Infancia 2013, de UNICEF, que “La discriminación sobre la base de la discapacidad es una forma de opresión (…) Allí donde no haya una legislación que prohíba la discriminación sobre la base de la discapacidad, las organizaciones de las personas con discapacidad y la sociedad civil en su conjunto tendrán que seguir desempeñando una función fundamental ejerciendo presión en favor de este tipo de leyes.”

Su disculpa puede indicar que ya considera, como dice ese mismo informe, que “Los gobiernos desempeñan un papel decisivo en la incorporación y puesta en práctica de las medidas legislativas, administrativas y educativas necesarias para proteger a los niños y niñas con discapacidad contra todas las formas de explotación, violencia y abuso. No es apropiado crear sistemas separados para los niños y niñas con discapacidad, ya que la meta debe ser establecer mecanismos de protección incluyentes de alta calidad que sean accesibles y estén adaptados a todos los niños y niñas.”

Esa disculpa puede significar que el ministro hará mejor su trabajo, si considera los derechos de los ciudadanos, antes de seguir una corazonada o su fuero interno. Trabajar para lograr una sociedad inclusiva, igualitaria y sin discriminación es su “obligación”. En este caso, significa asegurar que niños, niñas y  adolescentes con discapacidad disfruten en condiciones de igualdad sus derechos con otros niños y niñas, cosa que nos “educa” a todos.

La disculpa es importante porque falta mucho por entender que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, antes que un problema, son “hermanas, hermanos, amigas o amigos que tienen una canción, un juego o un plato favoritos; una hija o un hijo con sueños y el deseo de verlos cumplidos; un niño o una niña que sufre de alguna discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier niña o niño.”

Felicito a Katia D´Artigues y a los impulsores de esa importante solicitud de rectificación porque los niños y niñas con discapacidad están sometidos a múltiples violaciones de derechos. También al ministro Franco González Salas porque su disculpa pública es un ejemplo. En México necesitamos muchas rectificaciones en los altos niveles del estado mexicano y de nuestra vida pública.

@LuisBarquera

REFORMA EDUCATIVA: EL ORDEN DEL CAOS

Luis Alberto Barquera

Cees Noteboom, en sus Noticias de Berlín (Siruela, 2014), señala que en ocasiones por miedo al caos se instala un orden, como fue el de Alemania antes de la II Guerra Mundial, “que se parecía tanto al orden que nadie se podía imaginar el caos que ese nuevo orden traería consigo”.

Algo así nos ha pasado en los últimos años. Por no abrir la boca, por no decir NO, por no actuar, por dejar la vida pública, por no moverle y llevarla en paz, acabamos en un “orden” que podríamos definir en cuatro palabras, al estilo del viejo locutor Fernando Marcos: corrupción, impunidad, desigualdad, silencio.

En nuestro “orden” actual la escuela pública apenas sobrevive. De acuerdo con la prueba PISA 2012, se ubican por debajo del nivel de desempeño II, o no alcanzan la competencia mínima para desempeñarse en la sociedad contemporánea, el 55{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los alumnos en Matemáticas, el 47{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias y 16{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Lectura.

En los estados más pobres se entiende, aunque no se justifica, que la proporción sea mucho mayor que el promedio anterior. En Chiapas están debajo de ese nivel 74{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 68{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 32{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente. Guerrero, con un rezago todavía mayor, presenta porcentajes de 80{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 72{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 34{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

Pero en los estados con mayor potencia económica ni se entiende ni se justifica. El Distrito Federal, con el PIB número uno del país, “no canta mal las rancheras”: 47{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 39{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}. El Estado de México presenta, con el PIB número dos de la república, 52{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 43{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en esas tres materias.

Zacatecas, que siempre se oculta en los promedios, registra 58{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 16{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

La mala calidad educativa permea a toda la sociedad y a todos los estados de la república, no sólo a los más pobres, aunque estos por supuesto se llevan la peor parte.

La demanda por la educación ha sido básicamente “ordenada”. Mientras cuiden a los niños, no importa que no aprendan. Es amplio el autoengaño que califica de buena calidad la educación que niños y niñas reciben. La demanda por la educación es inactiva, silenciosa y toma lo que le den.

La oferta, durante décadas, ha sido manejada por una autoridad más comprometida con los malos manejos que con el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. En aras de la reproducción del “orden” abandonó a las secretarías de educación locales, entregó migajas presupuestales a las escuelas más pobres y dejó fuera a la sociedad porque no tenía nada que decir sobre la educación de sus hijos (al fin que ni se queja). Los maestros han estado abandonados a su suerte, tanto en lo que tiene que ver con la enseñanza como en lo que toca a la situación ahí donde viven.

En este perverso diálogo de la oferta y la demanda de educación, la escuela se ha realimentado del “orden” que la rodea. En estados como Guerrero las cosas no cambian desde los tiempos de la “guerra sucia”, por mencionar un periodo próximo. Pobreza, represión, desapariciones forzadas, han sido la regla. La verdad es que los hechos de Ayotzinapa sólo son la última gota del vaso derramado. Pero la violencia no está sólo en Guerrero, también afecta los estados del norte, la parte “pavimentada” del país, donde también los sistemas educativos dejan mucho que desear.

Sin duda ha habido avances, pero seguimos en plena cosecha de los frutos que el “orden” ha generado a través de retrasar las soluciones estructurales que México necesita. 1,900 recomendaciones ha recibido el estado mexicano de diversos organismos internacionales, pero poco de ha hecho en relación con el tamaño del problema.

En el “orden” al que me refiero era un gozo firmar convenios internacionales sin asumir la obligación de cumplir los compromisos signados, a través de la modificación de políticas públicas e inversiones adecuadas, independientemente de que la brecha entre la letra de la ley y la realidad de la vida de las personas no dejara de ampliarse o se estrechara tan poco y tan lentamente que los cambios pueden parecer ridículos. Pero hoy los tratados internacionales son ley, no sólo decoración discursiva.

Llama al optimismo el reciente estudio de Human Rights Organization Project que, de acuerdo con Natalia Saltalamacchia, destaca que el concepto “derechos humanos”, después de décadas de esfuerzo no gubernamental, ya se encuentra en el mapa mental de las personas (“alrededor de 90{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las élites y casi 40{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del público en México ha escuchado el término ya sea ´frecuentemente´ o ´todos los días´”) y que la confianza de los mexicanos en las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos parece una realidad (“el nivel de confianza entre las elites fue de 70{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y casi 60{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} entre los ciudadanos de a pie”).

Lo anterior importa porque hace frente al “orden” y contrapeso al silencio. Es la hora de estrechar la brecha entre la norma declarativa y el efectivo ejercicio del derecho, a través del cambio institucional y de política que se requiere. El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia ofrece 27 indicadores, insuficientes porque existen todavía grandes vacíos de información, que son una buena base para articular una agenda en favor de la infancia y la educación en cada estado y en cada demarcación de la república, especialmente ahora que deben armonizarse las legislaciones locales con la nueva ley general.

El Semáforo nos dice, desde un enfoque integral de los derechos, que el cambio en la educación, además de producirse en la escuela, debe también venir del combate a la desigualdad. Debemos acabar con la escuela pobre para pobres, esa debe ser nuestra meta, cosa que rebasa al sistema educativo.

¿Qué está pasando con la reforma educativa? El gobierno no sabe cómo desmontar el “orden” que privilegió. Y como no sabe, o no puede, deja crecer los problemas. No veo a las autoridades a la altura del desafío en los estados en que el “orden” consolidó el atraso –político, social, económico–, como Oaxaca, con presupuesto, con programas, con compromiso democrático. No veo el traslado de recursos humanos, técnicos y financieros a los estudiantes (principalmente de zonas rurales, indígenas y con discapacidad) que requieren apoyo inmediato para salir adelante en ese y otros estados de la república, donde aparentemente hay autoridad educativa pero donde prevalece la violación al derecho a la educación y, por tanto, el “orden” destructor del potencial de niños y niñas. Así no veo cómo se puedan modificar, con la velocidad requerida, indicadores como los de PISA, al final lo más importante.

Para que la reforma educativa gane reconocimiento y legitimidad se requiere un nuevo sentido de las prioridades, orientado a desmontar el “orden” y no a reproducir el caos. Urge una estrategia ambiciosa, incluyente, porque el caos que ha traído el “orden”, demasiado grande y multifacético e imposible de aislar del sistema educativo, exige mucho más que lo intentado hasta ahora. El “orden” amarrado a la corrupción, la impunidad y la desigualdad sigue ahí, impidiendo todos los días la posibilidad de rescatar del abandono y el atraso pedagógico a los niños, niñas y adolescentes que hoy asisten a la escuela.

@LuisBarquera

Odisea Global

Buenas prácticas: César Bona el mejor profesor

Global teacher prize: César Bona

 

¿Está el mejor profesor del mundo en España? César Bona García es maestro en el colegio público Puerta Sancho de Zaragoza, tiene 42 años, es licenciado en Filología Inglesa y se ha convertido en el único español seleccionado para el Global Teacher Prize, considerado el nobel de la enseñanza y dotado con un millón de dólares.

Más información en The Huffington: http://www.huffingtonpost.es/2014/12/15/cesar-bona-nobel-profesores_n_6326438.html?utm_hp_ref=mostpopular

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