Presentación de Isabel Crowley, representante de UNICEF México, Sobre la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia en las Comisiones Unidas del Senado de la República. 10 de septiembre, 2014.

Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con especial aprecio las Presidentas y Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras de esta importante iniciativa.
Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reconocemos la importancia de la presentación por parte del Ejecutivo Federal de la iniciativa de Ley General para la Protección de niñas, niños y adolescentes, como iniciativa preferente del Presidente de la Republica. Sin duda, esto es un reflejo del lugar prioritario que deben ocupar la infancia y adolescencia en el país.
También desde UNICEF reconocemos la disposición del Senado de la Republica y de las Comisiones Dictaminadores, para llevar a cabo un proceso de consulta abierto y participativo que, aunque es breve, estamos convencidos será de gran importancia para el fortalecimiento de la iniciativa sometida a su consideración.
Entendemos que estamos frente a una oportunidad histórica de contar con una ley que pueda ser capaz de responder a los enormes desafíos que representa la efectiva protección de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes en México.
Como saben este año se celebra los 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo México estará próximamente compareciendo ante del Comité sobre los Derechos del Niño en Ginebra, para presentar los avances y la situación del cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país. En este sentido, sin duda lo que se decida aquí en los próximos días será trascendental para el curso que tome la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país. Es un momento de gran responsabilidad.
Como ustedes saben, uno de los principales objetivos de UNICEF en México, que así ha sido establecido en el programa de cooperación que hemos suscrito con el gobierno de México, es coadyuvar con los esfuerzos nacionales para alcanzar los más altos estándares de protección y garantía de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes.
En este sentido, en mi carácter de Representante de UNICEF en México, aprecio enormemente el espacio y oportunidad para expresar nuestras consideraciones e inquietudes y aportar, desde nuestra experiencia, propuestas específicas con la finalidad de fortalecer la iniciativa en consideración.
Si bien reconocemos que la iniciativa contiene avances significativos, y representa un esfuerzo importante para dar respuesta a una serie de situaciones que amenazan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, no podemos dejar de señalar una serie de cuestiones que consideramos que merecen una revisión integral.
(Aspectos conceptuales)
A pesar de haber avanzado en algunos aspectos que buscan incorporar el enfoque de derechos, la iniciativa mantiene elementos y disposiciones que responden a una lógica asistencialista.
El cambio de paradigma más grande que introduce la Convención sobre los Derechos del Niño, es romper con la visión de los niños como objetos de protección y asistencia para considerarlos como titulares de derechos. Este cambio de paradigma sitúa también al estado como el principal obligado frente a la garantia esos derechos.
En este sentido se observa que el proyecto de ley todavía, en algunas de sus disposiciones, muestra una tendencia a responsabilizar a los padres por encima de la responsabilidad del estado, que debe ser revisada.
Por otro lado, a pesar de que la ley reitera cuestiones como la primacía familiar, el interés superior del niño, la internación como último recurso, cuando se llega a puntos específicos, no se logra responder plenamente a estos principios.
Así lo demuestra, por ejemplo, el capítulo relativo a los centros de asistencia social, y el capítulo sobre la asistencia a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. La forma en que se regula la protección y asistencia en estos apartados, legitima para el primer caso la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, y para el segundo, un régimen de privación de la libertad, ambos contrarios ha sentido de la Convención a los Derechos del Niño.
Es importante resaltar el enfoque derechos debe verse reflejado no solo en la enumeración de los mismos, sino en la manera concreta en las respuestas que el estado prevé para garantizar los.
(Aspectos de Estructura)
Por otro lado el proyecto de decreto presenta también posibilidades de mejora en aspectos que tiene que ver con su estructura. Por ejemplo podría establecer con mayor claridad sus alcances y objetivos dando el peso central al establecimiento y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, se estima oportuno que al regular este Sistema Nacional de Protección Integral, se haga también una separación y diferenciación expresa, ente este Sistema y el Sistema de Protección Especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el entendido de que uno opera en un ámbito general de promoción y garantía de derechos y el otro frente a los casos de amenaza o violación de los mismos.
(Parte del Sistema)
Ahora bien, en relación con el Sistema Nacional de Protección Integral, que se crea con la iniciativa, se considera como un avance la previsión de un mecanismo de deliberación de alto nivel con representación de los titulares de varias de las dependencias federales. Sin embargo se estima que aún es necesario definir con mayor claridad el órgano operativo capaz de viabilizar la articulación y coordinación necesaria entre las instituciones que integran el sistema y los diferentes órdenes de gobierno.
Sí bien la iniciativa crea una Secretaria Ejecutiva, no se concibe como un órgano técnico, con capacidad institucional, estructura y patrimonio para coordinar de una manera efectiva la ejecución de las amplias atribuciones y mandatos que se asignan al sistema.
Asimismo se entiende que sería importante revisar la distribución de competencias e identificación de las instancias responsables de garantizar cada uno de los derechos que contempla la ley, identificando obligaciones concretas para las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Esta clarificación de competencias, es fundamental para la implementación de una política que desarrolle adecuadamente la concurrencia que en materia de derechos de la infancia y adolescencia, establece la Constitución.
Por otro lado se estima que esta ley presenta también una oportunidad de reconocer y fortalecer al Sistema Nacional DIF y a los Sistemas Locales DIF como instancia rectora y coordinadora del Sistema de Protección Especial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, concebido como el sistema de atención y respuesta frente a los casos en que los derechos de la infancia y la adolescencia se encuentran amenazados o vulnerados. Contando con las Procuradurías de Protección como brazo operativo en la ejecución de esta protección.
En este sentido, el DIF desempeñaría una doble función. Como instancia encargada de proporcionar la asistencia social, en coordinación con otras dependencias y sectores competentes de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, y como instancia rectora y coordinadora de la Protección Especial.
5. Presupuesto
Finalmente otro aspecto a tomar en cuenta es el que tiene que ver presupuesto que implica una Ley de esta envergadura. La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su artículo 4 que los Estados deberán asignar hasta el máximo de recursos humanos y económicos disponibles para garantizar los derechos de la niñez. Garantizar los derechos de la infancia tiene implicaciones en la política económica y en las decisiones presupuestarias de un gobierno.

Sin embargo, llama la atención que el dictamen presupuestario que acompaña la iniciativa, concluya que el anteproyecto no tiene impacto en el gasto de las dependencias y entidades involucradas, aun cuando la iniciativa crea instancias como la Procuraduría Federal de Protección y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección. Además asigna una serie de nuevas atribuciones a al Sistema Nacional DIF, a los Sistemas DIF locales y a las procuradurías de locales de protección, entre las que se destacan: prestar asesoría y representación a niños, niñas y adolescentes; fungir como conciliador en casos de conflictos familiares; denunciar violaciones de derechos; y supervisar centros de asistencia social.

Por otra parte, el dictamen presupuestario también señala que la aplicación de la ley estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad competente.
Esta situación es preocupante en el caso del DIF. De acuerdo con el análisis que del presupuesto Federal que UNICEF ha venido haciendo en los últimos años, éste sistema cuenta con menos del 1% de los recursos identificados para la atención de la infancia y la adolescencia dentro del presupuesto federal.
En este sentido se estima indispensable que la iniciativa contemple un presupuesto adecuado, suficiente y sostenible para la implementación efectiva de los sistemas nacionales de protección integral y de protección especial, y de sus respectivos mecanismos operativos. No es posible cumplir con las exigencias de nuevos mandatos y atribuciones, sin dotar de los recursos presupuestarios y humanos necesarios.
Entendemos la complejidad del análisis y el trabajo arduo que tendrán que hacer las Comisiones Dictaminadoras para escuchar y recoger dentro del proyecto de dictamen de la ley, todas las opiniones e inquietudes expresadas en el marco de este proceso de consulta.
Por ello reitero una vez más, mi reconocimiento a este ejercicio, y el espacio abierto al Sistema de Naciones Unidas en México para contribuir en el mismo. Estoy segura que el resultado será positivo, pues sabemos del compromiso y voluntad que existen en el poder ejecutivo como en el poder legislativo para llegar a la mejor ley para el país.
Desde UNICEF tenemos toda la disposición y el interés de colaborar con las Comisiones Dictaminadoras con propuestas concretas y viables respecto a los puntos aludidos, que permitan fortalecer la ley, en la forma y tiempo que se consideren convenientes.

Muchas gracias.

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