¿QUÉ HIZO EL ESTADO POR LOS ADOLESCENTES ASESINADOS EN CALERA, ZACATECAS?

Luis Alberto Barquera

¿Qué sabemos realmente de los cuatro adolescentes de Calera, Zacatecas, que desaparecieron un 7 de julio y posteriormente aparecieron ejecutados, presuntamente por elementos del 97 batallón de infantería adscrito a la base militar de Fresnillo, en ese norteño estado de la república?

Un acercamiento lo tenemos en los reportes de seguimiento realizados en 2012 y 2013, del Sistema Local de Protección a la Infancia en Calera, una iniciativa impulsada por UNICEF y ODISEA, A. C., que revelan el mundo de discriminación, pobreza, alcohol y drogas que rodeó a Víctor Hugo González Cisneros, uno de esos cuatro muchachos.

¿Víctimas o victimarios? ¿Será que el Estado no tenía mucho qué hacer con ellos? ¿En la sed de sangre o la maldad intrínseca de estos muchachos está la explicación a su violencia? ¿Todo se reduce a que simplemente eran sicarios que se dedicaban al asesinato y al tráfico de drogas?

Víctor Hugo era nieto de Juana Ramos de la Rosa y Gregorio Cisneros Torres, indígenas y analfabetas, originarios de Jiménez del Teúl, que llegaron hace 30 años a Calera. Tuvieron catorce hijos (10 mujeres y 4 hombres), que reprodujeron la pobreza de sus padres. En por lo menos nueve de los catorce casos se ganaban la vida como jornaleros agrícolas. Cinco de las diez mujeres, además de dedicarse al campo, trabajaban en un bar local.

Este es el caso de Patricia Cisneros Ramos, madre soltera de Víctor Hugo, quien trabajaba en el campo y en el bar, y también era adicta a las drogas.

La siguiente generación, en consecuencia también pobre, la integran al menos 39 niños y niñas, al menos 20 de ellos con adicciones. Uno de ellos era Víctor Hugo, que tenía 12 años en 2012, de los cuales la mitad los vivió como adicto. Sólo cursó hasta 2º.grado de primaria y trabajaba limpiando parabrisas. Su situación de riesgo estaba marcada por una madre en situación de pobreza, que además era negligente, adicta al resistol, al alcohol y al thinner.

En 2011, la autoridad municipal impulsó el trabajo de una red que respondiera a la situación de riesgo y progresivo deterioro de la familia. En el plano educativo se instaló una Unidad Móvil del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), a la cual se integraron 16 niños y niñas de la familia Cisneros, con edades entre 4 y 14 años, todos fuera de la escuela y muchos sin haber ingresado nunca, y niños de otras familias con características similares.

Para la atención de las adicciones, ante la inexistencia de instituciones locales que atendieran adicciones severas en niños (el DIF estatal no quiere niños y niñas “con problemas”, sino limpios, sanos, educados y sin adicciones), entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 Víctor Hugo fue llevado al Centro de Integración Juvenil en Ciudad Guzmán, Jalisco. Allí permaneció por tres meses, el tiempo máximo que permite esa institución para finalmente regresar al ambiente familiar de violencia, pobreza y consumo de sustancias.

Ofrecer alternativas distintas al entorno familiar de Víctor Hugo y de los demás niños y niñas era fundamental para brindarles protección. Esto lo expresa muy bien Juan Pablo Cisneros, de 7 años, quien ingresó a la caso hogar Bethanya, cuando solicitó a la abogada de ODISEA, A.C. que “traiga a vivir a “su casa” a sus hermanos, a sus primos, “para que vaya a la escuela y aprendan como él” y “coman todos los días”.”

Sin embargo, las autoridades municipales no pudieron hacer que las autoridades estatales garantizaran los apoyos y la seguridad que exigía la problemática. Ni el DIF estatal, ni otras instituciones como el Instituto de la Mujer Zacatecas (INMUZA/SEMUJER), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJE), respondieron adecuadamente.

El municipio hizo su parte, pero no había los mecanismos de coordinación interinstitucional y las autoridades estatales no le dieron la debida importancia al problema. El DIF estatal sólo atinó a cerrar los ojos y esperar que la sola inercia de las cosas resolviera el problema de Víctor Hugo y su familia.

Cabe señalar que las autoridades conocieron la situación de Víctor Hugo desde 2005 (ausentismo escolar y adicciones) y que la autoridad municipal lo canalizó al DIF Estatal desde junio 2009, pero nunca se recibió respuesta.

Luego se lo llevó la ola de la violencia, a la que estaba gravemente expuesto. Para finales de 2012 habían desaparecido 26 integrantes de la familia Cisneros de la Rosa a manos de comandos armados, sin que ninguna autoridad se diera por enterada a pesar de los reiterados llamados a tomar medidas especiales para proteger a niños y adultos de esta familia. (Adjuntamos esquema sobre la situación de cada miembro de la familia como era conocido en octubre de 2012).

¿Cómo no iban a tener nexos con el crimen organizado si los tenían encima y probablemente estaban reclutados de manera forzosa desde entonces?

Finalmente el círculo del horror se cerró el 7 de julio con la desaparición y asesinato de los adolescentes Víctor Hugo González (16 años), Fernando José Rodríguez (15), Guillermo García (15) y Jorge David Venegas (17). Tres adultos completan el grupo de 7 desapariciones.

Parece que el Comité del Niño (CN) de la ONU estaba pensando en estos adolescentes de Calera, cuando redactó sus Observaciones finales a los informes periódicos combinados Cuarto y Quinto de México, del 18 de mayo de este año. En todo caso aquí está lo que el gobierno debe hacer.

En ese documento, el CN señala que “le preocupa seriamente que la situación de violencia armada, drogas, trata y lucha contra el crimen organizado se haya traducido en numerosos asesinatos de niños, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales.” Concretamente menciona el caso de Tlatlaya, Estado de México, y a partir de ahora seguramente se referirá también al caso Calera, en Zacatecas.

En particular, el Comité urgió al Estado mexicano a “Adoptar en forma expedita la ley general sobre desapariciones forzadas” e incluir en la legislación “medidas específicas para abordar las desapariciones de niños, especialmente la de niñas.” Asimismo señaló la importancia de tomar medidas urgentes “para prevenir las muertes violentas, asesinatos y desapariciones de niños y sus padres, entre otras cosas abordando las causas profundas de esos actos de violencia, como la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la pobreza, la desigualdad de género y la marginación.”

El Comité está “profundamente preocupado” porque, ante casos como los de Calera, continúa “la falta de castigo al reclutamiento de niños por grupos armados del crimen organizado” y la insuficiencia de medidas “para prevenir el reclutamiento continuo de niños por grupos armados y proteger y prestar apoyo psicosocial para los niños víctimas.”

El Comité recomienda al Estado Parte penalizar explícitamente “el reclutamiento de niños por grupos armados tales como los grupos de delincuencia organizada” y asegurarse de que “no haya niños reclutados por grupos armados.”

Asimismo recomienda garantizar “el acceso a la justicia y la indemnización por los niños que hayan sido reclutados ilegalmente”, así como la revisión de la estrategia contra el crimen organizado “con el fin de asegurarse de que los niños estén protegidos de la violencia”. También recomienda que se implemente efectivamente “el protocolo conjunto para la protección de los derechos de los niños durante las operaciones federales contra organizada, por parte de militares, agencias de seguridad, justicia y órganos de carácter social.”

¿Por qué actuó así el ejército? ¿Desde cuándo opera de esa forma? ¿Sabían cómo tratar a estos adolescentes en el caso de estar frente a su aprehensión?

Esperamos que la justicia funcione. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló, de acuerdo con la Jornada, que el delito de homicidio merece prisión preventiva de oficio, por lo que el juez de la causa ordenó que los cuatro militares inculpados en este juicio fueran encarcelados por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la sentencia correspondiente. Los cuatro militares quedaron detenidos y serán procesados por los delitos de desaparición forzada, contra la administración de justicia y homicidio calificado.

En esta ocasión el empeño de la familia en denunciar marcó la diferencia. Cuando vemos de qué familia se trata, realmente parece que México todavía tiene una reserva de dignidad importante. Es ejemplar que estos ciudadanos pidan justicia viniendo desde el fondo de las cavernas del abandono del Estado y de nuestra desigualdad.

¿Estaban metidos en algo estos muchachos? ¿Sólo eran sicarios que se dedicaban al asesinato y el tráfico de drogas? Es posible, pero como dice un familiar de los desaparecidos: “Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto? (…) ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal?”.

El asesinato no puede sustituir al debido proceso. La investigación de estos 7 crímenes debe decirnos qué pasó y señalar responsables. Ojalá sea ejemplar.

Otra investigación, que desgraciadamente no está en curso, tendría que determinar quiénes son los responsables en el gobierno de esta masacre. El DIF de Calera reaccionó adecuadamente hasta 2013, pero se encontró con la descoordinación institucional y la incapacidad para asegurar la protección de esos niños, niñas y adolescentes en el DIF estatal y las demás instituciones responsables de garantizar derechos de niños y niñas en el Estado de Zacatecas.

Trabajo infantil, drogas y alcohol, exclusión educativa, pobreza, una familia devastada, ingredientes explosivos de la violencia, todos operando al mismo tiempo, requieren una intervención de conjunto. Sólo en la familia de Víctor Hugo prácticamente no hay derecho que no se viole.

¿Quién se hizo cargo de coordinar las acciones para garantizar protección especial y lograr que estos niños y niñas accedieran a las políticas universales? Nadie.

Urge un Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinado estrechamente con su similar estatal.

La nueva Procuraduría tiene una tarea enorme, que no puede realizar sólo con un cambio de nombre. Eso no sirve, como invita a pensar el caso de Víctor Hugo, para resolver o prevenir las situaciones que lo acercaron a la muerte.

La pobreza institucional al final participa por omisión en esta realidad inocultable de violación de derechos de Víctor Hugo y su familia, y tiene un lugar destacado entre las causas que llevaron a las desapariciones forzadas de Calera.

Víctor Hugo y su familia representan al extremo una familia urgida de protección, que no puede proporcionar la institucionalidad que tenemos. El esfuerzo de las autoridades del DIF de Calera, contrasta con las del DIF del Estado. Un intento de funcionar como un sistema municipal de protección, frente a un Sistema Estatal DIF sin coordinación, sin presupuesto y sin estrategia. Sin fuerza para garantizar los derechos de niños y niñas. Además las autoridades municipales no podían traspasar el velo de la operación oscura de la policía y las fuerzas de seguridad, ni hacer preguntas o propuestas incómodas, so pena de despertar sospechas y comprar represalias, lo que hacía imposible funcionar eficazmente.

Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero la exclusión social o la mente criminal? ¿Qué fue primero, la negligencia del Estado o el crimen organizado?

Lo más fácil es pretender asociar imágenes de ejecuciones y crueldad, con jóvenes salvajes y depravados, para construir un perfil de los “verdaderos” responsables de los crímenes, ocultando todo lo que sociedad y estado no han podido solucionar.

El ministro José Ramón Cossío dice que se ha hecho un lugar común definir el perfil del enemigo en la guerra contra las drogas como “un joven pobre, violento, armado y peligroso, prácticamente salvaje, al que hay que vencer para recuperar o establecer la paz y seguridad de todos.”

Para el ministro, mientras algunos ponen los muertos y justifican la acción represiva del Estado, otros acumulan riqueza y siguen tan campantes. En el imaginario la lucha contra la delincuencia se está convirtiendo en una nueva modalidad de la lucha de clases. Al final, dice Cossío, “Cada vez que vemos y aceptamos la idea de que el joven semidesnudo grotescamente abandonado con un arma cerca de él es la imagen misma de la delincuencia a reducir, compramos la perniciosa idea de que más allá de eliminarlos, el Estado no tenía mucho más que hacer con ellos.”

Este es el caso. Por eso las ejecuciones de los adolescentes de Calera nos obliga a exigir que el Estado cumpla sus obligaciones para con las víctimas y las niñas, niños y adolescentes de la familia de Víctor Hugo. La forma de hacerlo es teniendo un sistema de protección integral en los órdenes federal, estatal y municipal, que funcione de forma articulada, a través de un programa que asuma la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, con un sistema de protección especial y una Procuraduría real, y los recursos que se requieren para transformar la política de infancia.

Sólo en julio de 2015, mes de la desaparición de los 4 adolescentes, ocurrieron 45 homicidios dolosos en Zacatecas, 542{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} más que en julio de 2014. ¿Cuántos son niños y jóvenes?

Mientras el Estado contribuya con la violencia, vía el no cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, seguiremos en el cuento de nunca acabar.

Twitter: @LuisBarquera

http://www.odisea.org.mx/

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