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CORRUPCIÓN Y RECORTE EN EDUCACIÓN

Luis Alberto Barquera

Para mi querido amigo Jorge Álvarez, con mi apoyo

El reciente Informe de la Cuenta Pública 2014, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), confirma que es difícil creer en la buena marcha de la reforma educativa sin que se tomen medidas administrativas y legales que garanticen un buen uso de los recursos públicos en los estados de la república. Y el recorte al gasto educativo deja mucho que desear si lo ponemos en la perspectiva de las prioridades reales del gobierno de la república.

Una nota de Educación Futura señala que ese informe de la ASF indica que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en irregularidades por más de 2 mil 189 millones de pesos, que merecieron 11 observaciones y 21 recomendaciones. Destacan problemas de diseño y de manejo de recursos en el Programa para la Reforma Educativa, el Programa de Becas y el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

Por ejemplo, los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, que se distribuyen entre las 31 entidades del país, alcanzaron 1 mil 255 millones 667.8 pesos.

De acuerdo con la nota de Animal Político, en ese informe se apunta que quedan por comprobar 1 mil 170 millones 664.4 mil pesos. Sólo se han comprobado 80 millones 533.7 mil pesos y se han reintegrado únicamente 4 millones 469.7 pesos.

21 entidades no han comprobado ni reintegrado un centavo. ¿Qué pasa con el dinero para el mejoramiento de la calidad y la educación de niños y niñas en esas entidades de la república?

Veracruz no ha comprobado 13 millones 690.8 mil pesos. Zacatecas no ha hecho lo propio con 61 millones 864.5 mil pesos.

Un reporte de El Financiero, con base en el informe de la ASF, arroja que el gobierno de Veracruz fue denunciado penalmente porque “hacía como que devolvía” 4 mil 770 millones de pesos, pero luego los retiraba “De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, 14 estados han incurrido en la simulación de reintegros y Veracruz encabeza la lista; además, capta 59 por ciento del total de recursos a los que equivalen las denuncias penales por esa falta.”

Según la ASF, el conjunto de irregularidades observadas entre 2011 y 2014 a esa entidad de la república alcanzan 35 mil 421 millones de pesos.

En el informe sobre la cuenta pública 2014, la ASF señala que en el Índice de Desempeño del Gasto Federalizado, Veracruz ocupa el último lugar con apenas 5.26 de calificación. Michoacán, el penúltimo del país, alcanza 61.6.

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La nota de El Financiero destaca que entre las observaciones de la ASF se encuentran las “relativas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que incluyen un posible daño al erario por mil 334 millones 166 mil pesos.”, y que falta por aclarar “qué pasó con 3 mil 848 millones 673 mil pesos referentes a rendimientos financieros no ejercidos y al pago de impuestos como ISR, SAR y por concepto de cesantía y vejez que no entregó a las instancias recaudatorias correspondientes (…) En el fondo destinado a la construcción de escuelas de tiempo completo en Veracruz, la Auditoría detectó un probable daño al erario por 275 millones 181 mil pesos.”

También la semana pasada la Secretaría de Hacienda informó que el SEP tendrá un recorte presupuestal de 3 mil 660.2 millones de pesos en el ejercicio 2016. Al parecer el recorte se concentrará en los programas de becas, expansión de la educación media superior y superior, reforma educativa, desarrollo profesional docente e infraestructura social.

Cabe señalar que en 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto reportó un gasto de 4 mil 357 millones de pesos en publicidad y comunicación oficial. Este monto alcanzaría para cubrir cómodamente el recorte de 3 mil 660 millones a educación.

El reporte 2014 de la ASF le tocó a la administración de Chuayffet. Ya le tocará su turno a Aurelio Nuño cuando el Informe de la Cuenta Pública 2016 se presente en el 2018. Entonces podremos saber si, a través de sus cinco regiones administrativas, el manejo del gasto habrá mejorado siquiera un poco.

Nuño ha reconocido que la reforma educativa está en la etapa de reforma laboral y administrativa. Sin embargo no vemos ninguna medida que vaya en el sentido de evitar resultados como los que presenta el informe de la ASF. En obvio que no puede dejar “manos libres” en los estados, so pena de seguir sin control administrativo en las entidades.

También para el 2018 sabremos si con el diseño de política actual, y el pobre y recortado presupuesto, tendremos una reforma educativa real. Hasta ahora no vemos en las prioridades la construcción de un sistema educativo más equitativo y con calidad para todos los niños, niñas y adolescentes.

Por lo pronto, corrupción y recorte mandan en el sistema educativo mexicano. Aurelio Nuño debe pensar más en un ejercicio limpio y transparente de los recursos, y en un proyecto que garantice el derecho a la educación para todos los niños y niñas, que en un 2018 todavía muy lejano.

AURELIO NUÑO: ¿CÓMO GENERAR EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO?

Luis Alberto Barquera

Nuestro reto como sociedad es estrechar la brecha entre el México legal y el México real, entre lo que se dice y lo que se hace. Desde donde estoy veo dos pistas. Una es seguir insistiendo en construir un sistema educativo más equitativo, en términos de acceso y calidad para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA). Otra es hacer funcionar el Sistema Nacional, así como a los sistemas locales y municipales, de protección de los derechos de la población de 0 a 17 años, para enfrentar la inequidad educativa a través de garantizar otros derechos. No decirlo, sino hacerlo.

Impulsemos la equidad en el sistema educativo

Aunque se considera uno de sus grandes problemas, la inequidad sigue siendo parte de la naturaleza del sistema educativo nacional. No es algo extraño al sistema, es el sistema mismo. La inequidad es constitutiva en el reparto de los bienes educativos en México. Esto debe de cambiar.

No importa lo que diga el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Sectorial, incluso la ley general de educación, siempre puede aparecer en el PEF un programa como MiCompu.Mx, al que se le asignaron en el PEF 2016 $750,000,000. Con este recurso se podría financiar 1.5 veces al INEA (que tiene $503,148,533), 1.5 veces al Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil (que tiene asignados $500,000,000) y 1.4 veces al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (que tiene $534,638,792).

Los recursos destinados al Programa de Inclusión Digital ($1,641,965,792), el programa que ha venido guiado la entrega de laptops y tablets, son enormes, con todo y que la Cámara de Diputados redujo su presupuesto en -34.6% respecto al 2015. Aunque el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa aumentó en 13.2% respecto al año pasado, su presupuesto, como ya vimos, no le llega al de MiCompu.Mx.

Llama la atención que este programa, muy caro por cierto, permanezca en el presupuesto pese a que de acuerdo con el CONEVAL (28 de octubre de 2015) no ha sido evaluado. El rigor en la medición de los resultados de ese programa apenas alcanza un discreto “Oportunidad de mejora” y, fuera de la entrega de 240,000 laptops en Colima Sonora y Tabasco, no hay forma de valorar el impacto del programa en el aprendizaje debido a la falta de evaluación.

Por si fuera poco, el 7 enero 2016 Reforma denunció que las 240,000 laptops dejaron de funcionar en noviembre de 2015, debido a que sólo tenían una licencia de dos años, lo que significa una pérdida de más de750 millones de pesos.

MiCompu.Mx es un programa regresivo, clientelar, electorero y con un enfoque que confunde los medios con los fines. Además, al final, los recursos que requirió ese programa parece que se fueron a la basura. Ni los 240,000 NNA beneficiados tienen su “compu”, ni, por ejemplo, el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, el cual forma parte de la oferta que reúne el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, amplió su alcance. De acuerdo con Sylvia Schmelkes, Consejera Presidenta del INEE, actualmente sólo se atiende al 10% de la población de NNA hijos de familias jornaleros agrícolas migrantes.

No aceptemos este dispendio mientras los hijos de esas familias no estudian por falta de recursos. Asusta que sólo entre 12% y 15 % asiste a la escuela. Trabajemos en hacer una propuesta que reordene los programas orientados a la equidad educativa y rediseñe su presupuesto asociado a metas precisas. Obviamente se debe repensar seguir financiando a MiCompu.Mx como hasta ahora. Incluso debe considerarse excluirlo de los recursos del PEF 2017.

Habría que añadir que la “escuela en el centro” también es prueba de que falta compromiso dela autoridad educativa con la equidad.

En principio las propuestas del secretario Nuño son correctas. Han estado en el debate, de una forma u otra, desde hace años. Es un hecho que no podremos avanzar sin una escuela con mayor autonomía y que los maestros necesitan apoyo urgente, incluyendo los maestros de las escuelas más pequeñas.

Muchos maestros, dice un informe de la OCDE, “enseñan en una escuela por la mañana y en otra por la tarde, o trabajan en otro tipo de empleo. Algunos pueden trabajar por hora en más de dos escuelas. En muchas zonas rurales o aisladas, los maestros enseñan en escuelas pequeñas con pocas oportunidades de trabajo en equipo y aprendizaje entre colegas. Esto plantea preocupaciones sobre la formación, selección y asignación de maestros a las escuelas; las trayectorias profesionales docentes; y, la calidad del apoyo a las escuelas y maestros por parte de los directores escolares, supervisores y otras personas que dirigen y administran el sistema (OCDE, 2010a). A esto se suma el ausentismo y los retardos de los docentes, que reducen las horas efectivas de enseñanza (OCDE, 2009a).”

Esa es la situación. El problema es que la propuesta de Nuño no está enfrentando al mismo tiempo las estructuras anquilosadas y corruptas que sólo han provocado la sumisión de la escuela intereses creados. Difícilmente podemos avanzar, si no cambian las viejas estructuras que permanecen activas prácticamente en todas las entidades del país. Poco nos ha explicado el secretario cómo están funcionando las estructuras administrativas de las cinco regiones que instauró para apoyar a las escuelas y nunca ha mencionado un plan anticorrupción.

Los maestros necesitan apoyo de calidad, tanto en lo administrativo como en lo académico. Sin embargo “la escuela en el centro” no explica cómo se asegurarán recursos de calidad que ayuden a los maestros a cumplir con su cometido. Tampoco explica cómo se va a reducir el ausentismo de los maestros y cómo se incrementará el número de horas efectivas de clase. Eso tiene que ver con la supervisión y el acompañamiento real de directores y supervisores, además de que realmente trabajen los nuevos apoyos que se plantea “la escuela en el centro”.

Por último hay que decir que la propuesta de Nuño pone en el “centro” a las escuelas urbanas, ya de por sí las mejor dotadas. ¿Cuándo le va a tocar a las escuelas pobres, de localidades aisladas, indígenas, tener “cursos de verano”, por ejemplo? ¿Para cuándo TODOS los NNA indígenas recibirán educación en su lengua?

Lo que debe producirse es un traslado de recursos humanos y financieros, administrativos y académicos, de calidad, porque de otra forma en lugar de cambio tendremos un reforzamiento de la situación actual, con más burocracia y más corrupción, perdiendo otra oportunidad de impulsar la reforma educativa que México necesita. Y los apoyos deben de llegar a todas las escuelas de México.

Impulsemos los sistemas de protección de los derechos de NNA

Un instrumento que debe servir para impulsar la equidad en la educación, así como igualdad de trato en materia de salud y de justicia, por ejemplo, es el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es el espacio para abordar la inequidad educativa desde una visión amplia, que dé cuenta de su complejidad e incluya el punto de vista de los afectados por la pobreza, las enfermedades, la inseguridad o el maltrato en el hogar, y construir las nuevas políticas intersectoriales que la eliminen. El secretario Nuño debería voltear a verlo.

El Sistema es un paso importantísimo de la sociedad civil, así como de legisladores y otros actores relevantes, pero sólo es el primero de una serie de pasos que se necesitan para colocarnos en el camino de conseguir efectividad en la garantía de derechos, de acuerdo con el artículo 1º constitucional. Tenemos que pasar de la ley a las políticas y a las acciones.

El asunto es, ¿qué hacemos con el derecho a la educación y todos los demás derechos si, de acuerdo con el CONEVAL(2014), sólo el 17% de la población de 0 a 17 años no se considera pobre y no vulnerable (en el caso de los indígenas la proporción es de apenas 5%)? En otras palabras, ¿qué hacemos si el 83% de los niñas y niñas no ejerce todos sus derechos? ¿Por dónde empezar si el 53.8% del total de esta población (21.2 millones) se encuentra en pobreza?

Las OSC deben exigir que los sistemas comiencen a funcionar ¡YA!, porque el déficit en la garantía efectiva de los derechos es masivo. No podemos ni queremos esperar, ante una situación de graves violaciones de derechos de NNA en Veracruz, Zacatecas y el resto del país. Y eso exige que nosotros vayamos por la pelota: hagámonos cargo de que los sistemas funcionen, por lo menos en lo que a nosotros corresponde. En este sentido veo los siguientes puntos críticos.

  1. El Sistema Nacional empezó tarde, pero ya empezó. Lo mejor es la figura de Ricardo Bucio, su secretario ejecutivo. Sin embargo, la instalación de los Sistemas Locales en los estados de la república, cuando ha ocurrido, ha sido formal y la tendencia es que así permanezcan por un buen rato. Falta desarrollar las dinámicas, con base en las directrices de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional, para que hablemos de Sistemas Locales reales, no virtuales. Se dirá que es la inercia es lo que está privando, pero eso sólo explica, no justifica. ¿Es que los gobernadores no quieren? Pues nosotros sí queremos.
  2. La inercia impide que se entienda que la ley general y las leyes locales mandatan una nueva institucionalidad. Esto implica un DIF encargado de la protección especial, en el marco de un Sistema encargado de asegurar políticas universales para todos los niños y las niñas. Un DIF como una parte muy importante del Sistema, pero no como un todo. Las OSC debemos contribuir a que se produzca esta distinción en estados y municipios.
  3. Necesitamos Sistemas Locales fuertes, con secretarías ejecutivas con capacidad de convocatoria para poder cumplir con su mandato de ley. Si los Sistemas Locales nacen débiles poco podrán hacer para impulsar la coordinación interinstitucional que se requiere y acabarán pidiendo sillas prestadas al DIF para amueblar el rincón al que la inercia los arrojará. Recuérdese que los titulares del ejecutivo son los responsables de los sistemas en los tres órdenes de gobierno. Hay que pasarles el costo, al igual que a todos los actores políticos que quieran ir hacia atrás. Las OSC debemos, con la ley en la mano, contribuir a la construcción de Sistemas Locales relevantes desde el punto de vista de la garantía de derechos.
  4. No se entiende que es necesario asegurar canales para que participe la sociedad civil, incluyendo niñas y niños, en los trabajos del Sistema en todos sus niveles. Es fundamental para la salud de los sistemas incorporar a todo el capital social interesado en la garantía de derechos. De otra forma sólo se reproducirá la vieja lógica centralista, compartimentada (secretarías aisladas) y de funcionamiento a espaldas a la sociedad, de los aportes de la investigación, de la evaluación y de la obtención de resultados con base en indicadores. La participación es una condición ineludible de una nueva gobernanza que revitalice nuestra vida pública. Las OSC debemos presionar y propiciar el debate, estemos dentro o fuera de los sistemas. Bonitos nos veríamos cruzados de brazos ante la negativa antidemocrática.
  5. No se valora la importancia de impulsar Programas Locales, acordes con la realidad de las NNA de cada entidad del país. Obviamente una razón es la falta de experiencia. Pero también está ahí la costumbre de mantener el tema de bajo perfil y la insistencia en aplicar una perspectiva asistencialista, no una mirada de derechos. Hacer este ejercicio bien, desde la primera vez, dará la pauta para visibilizar el tema, movilizar a la sociedad y negociar un presupuesto adecuado en los Congresos locales. Si en cada estado de la república gobierno y sociedad se apropian de un diagnóstico preciso y prioridades claramente definidas por grupos de edad, condición étnica, población rural-urbana, y regiones, así como propuestas de modificación de las políticas federales y estatales, creceremos como gobierno y como sociedad.

Un buen Programa Local puede posicionar a las secretarías ejecutivas al interior de los gobiernos y generar apoyo de las organizaciones. La OSC debemos luchar a brazo partido para que este programa se incluya una política explícita de desarrollo de los sistemas municipales.

  1. En este sentido es necesario hacer un esfuerzo mayor para lograr la instalación de Sistemas Municipales con una mínima calidad. El acta de ciudadanía de un Sistema Municipal no es un formato llenado burocráticamente y sin compromiso, marginando a las organizaciones. Se requiere que las secretarías ejecutivas de los Sistemas Locales hagan una buena convocatoria para integrar las OSC al Sistema Local y llamen explícitamente a las autoridades municipales a abrir las puertas a su participación.

Por otro lado, se requiere retomar la instalación de los Sistemas Municipales desde una lógica de solución de los problemas. Como dice la máxima de la educación popular: “las juntas no juntan, lo que junta es plantearse cómo resolver problemas”, por eso el espacio de los sistemas debe estar abierto al debate. El Programa Municipal es estratégico porque es la forma legal que tienen las demarcaciones para influir en los Programas Locales y, por tanto, en las políticas estatales y federales. La secretaría ejecutiva del Sistema Nacional debe impulsar a las secretarías ejecutivas de los estados a promover la elaboración de Programas Municipales con propuestas de política, para por lo menos poner en el escenario lo que piensan y lo que necesitan, por ejemplo, para garantizar el derecho a la educación de todos los NNA. Las OSC pueden aportar su experiencia sobre el desarrollo en el terreno local y poner en la mesa propuestas que vayan más allá de soluciones homogéneas que sólo reproducen inequidades.

No hay que decirlo, sino hacerlo. Tenemos la oportunidad de realizar un cambio de política que genere equidad educativa y una nueva institucionalidad para garantizar derechos desde el municipio, cosa pendiente desde hace décadas. El mensaje es que hay que gastar mejor y cambiar las prioridades y que para garantizar el derecho a la educación hay que garantizar otros derechos y recíprocamente.

Mil disculpas, amable lect@r, por empezar hasta febrero, pero necesitaba un respiro para retomar mi narrativa. Deseo para este 2016 que impulsemos una propuesta por la equidad educativa que se plantee cambiar la política actual, que hagamos funcionar los Sistemas Municipales por lo menos ahí donde estamos y que tengamos el coraje de exigir justicia siempre que se ofrezca. Ojalá tengan tiempo de acompañarme en este espacio. Les deseo lo mejor para este año. Abrazo grande.

2016: EL MAPA Y EL TERRITORIO

Luis Alberto Barquera

 

Primero te ignoran. Luego se ríen de ti.

Después te atacan. Entonces ganas

Mahatma Gandhi

¿Cuál es mi balance del 2015? De claroscuros. Por un lado, finalmente se instaló el pasado 2 de diciembre de 2015 el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPIDNNA), luego de una lucha de más de cuatro años. Esta es la mejor noticia para la población de 0 a 17 años y los defensores de sus derechos en mucho tiempo. Por otro, seguimos con una reforma educativa atascada en la polarización y la falta de imaginación. En ambos casos perviven básicamente las políticas de siempre y la inercia presupuestal, en un marco en el que sólo el 17{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de niñas, niños y adolescentes del país ejercen todos sus derechos.

La historia comenzó el 23 de marzo de 2011, cuando la Cámara de Diputados se otorga en el 73º facultades para emitir una ley general que regule la actuación de federación, estados y municipios en materia de infancia (se publicó el 12 de octubre de ese año). En Aprender, órgano de ODISEA, A. C., se acusa de recibido en su número de julio-agosto de ese año. Con esa publicación salimos de Zacatecas, del viejo Chicomoztoc, para impulsar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes (LGDNNA) desde el DF, con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

En 2012 la REDIM y UNICEF proponen al gobierno de la república, con la iniciativa “10XInfancia”, “Presentar una iniciativa de Ley General sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que promueva, proteja y garantice sus derechos.” Todos los candidatos a la presidencia firmaron ese documento. Ese año impulsamos la campaña “X1ley de altura” y logramos impedir que la Ley General de Protección Integral de la Niñez prosperara porque no cumplía con el mandato del artículo 73. Pensaron que nos pasarían por encima pero no pudieron.

Con el impulso de ese logro importantísimo, en 2013, la nueva etapa del debate se trasladó a la Cámara de Senadores, con la idea central de impulsar un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia. En septiembre de 2014 el presidente Peña Nieto lanzó una iniciativa preferente que miraba al pasado y pretendía cero impacto presupuestal, pero gracias al compromiso de la Cámara de Senadores el debate se abrió a expertos y organizaciones de la sociedad civil y esta iniciativa logró modificarse en más de 80 por ciento. Otra vez pensaron que cederíamos del puro susto, pero aguantamos.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2014 se publicó la LGDNNA. En conclusión hay un nuevo mapa: un gran avance legislativo que culmina con la instalación del pasado 2 de diciembre de 2015 del SNPIDNNA.

Ahora el reto es operarlo y garantizar derechos en los 2,457 municipios de México. En el territorio aparecen buenas y retrógadas leyes locales, gobernadores que se oponen a los derechos y a la participación, y caciques de todos los tamaños que no quieren un SNPIDNNA sino una vuelta al DIF de los tiempos anteriores a la LGDNNA.

Por otro lado hay que decir, para empezar, que el derecho a la educación se considera un key right, un derecho “llave” porque permite acceder a los demás derechos. No es gratuito para muchos, por tanto, que se considere a la reforma educativa como la más importante de las impulsadas por el presidente Peña.

Yo dije que Nuño debía salir de su oficina y recorrer las escuelas. Prefiero al secretario recorriendo las escuelas del país, que jugando a la “gallina ciega” en su oficina.

En una espléndida nota de mi querida y admirada Ivonne Melgar, se pone de relieve que no es lo mismo el mapa que el territorio. La prueba es el recorrido del secretario por la Escuela Primaria “21 de Marzo”, en la Colonia Roma Sur, en el Distrito Federal, donde la lista de requerimientos que le hicieron por parte de la comunidad escolar “dejó al descubierto las carencias elementales con las que operan las escuelas públicas del país, aun cuando se trate de planteles ubicados en colonias de clase media.”

Esto pasa en el “mejor de los casos”, en zonas urbanas y con el mayor índice de desarrollo humano del país. La delegación Cuauhtémoc ocupa el 5º lugar el IDH de la capital, que ocupa a su vez el lugar número 1 de la república en el indicador. En estas zonas, más que falta de recursos, se requiere una mejor gestión, en general, y un mejor aprovechamiento de los recursos que ya se tienen, tanto para mejorar la infraestructura como para mejorar la capacitación docente.

No se olvide que los servicios educativos en la capital son responsabilidad de la SEP, es decir, del secretario Nuño. ¿Dónde están los recursos que durante años se han presupuestado y evidentemente no se ha aplicado en las escuelas de esta parte “pavimentada” del país? ¿Qué está pasando en escuelas como la Primaria “21 de Marzo”, en la Colonia Roma Sur, dónde la federación es responsable de los servicios educativos y ni los baños funcionan? ¿Por qué la conectividad es malísima y los techos se caen poco a poco?

Ojalá el secretario tenga la convicción de visitar todo tipo de escuelas, indígenas y rurales incluidas. Y que las comunidades escolares le expliquen su situación. Le quedaría cada vez más claro que necesitamos urgentemente una política de equidad.

De acuerdo con el Informe 2014 del INEE, Derecho a una educación de calidad, tenemos que la prueba PISA, por ejemplo, indica que menos de la mitad de los alumnos en Matemáticas, tres de cada cinco en Lectura y 53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias, logran el nivel de competencia requerido para desempeñarse en las sociedades actuales.

En el DF el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel de desempeño II en la escala global de Matemáticas es de 47{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en la escala global de ciencias del 39{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}. Si así estamos en una delegación destacada del DF, que podemos esperarnos de las localidades más rezagadas.

En ese documento el INEE dimensiona la inequidad educativa como el principal problema del sistema educativo nacional: “Los datos indican que la mayoría de los programas públicos en educación han sido inerciales y su diseño dista de lo necesario para atender las causas y las consecuencias de dicho problema.”

Falta colocar en el centro del debate que combatir de manera frontal y prioritaria la inequidad plantea la necesidad imperiosa de una política de inversión de escala, es decir, revertir la tendencia de gasto público e innovación educativa a favor de los que más lo necesitan.

De acuerdo con el PEF 2016, en su Anexo 18: Recursos para la atención de NNA, el gasto en educación pasó de 133,605,488,843 en 2015 a 138,329,417,641, un incremento de 4,723,928,798.

El FONE, uno de los Programas presupuestales del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, pasó de una proporción de 91.16{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del Ramo 33 en 2015 a 90.25{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en 2016, pero aumentó 3.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en general. Un aumento apenas por encima de la inflación.

Entre los programas presupuestales del Ramo 11 Educación, se encuentran tres que pueden considerarse de los más progresivos. Dos aumentaron apenas la inflación (Prospera aumentó 3.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y Educación Inicial y Básica Comunitaria 3.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}) y otro, aunque tuvo un aumento mayor, resulta claramente insuficiente para atender niñas y niños trabajadores, jornaleros migrantes, con discapacidad, indígenas y rurales (el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa sólo aumentó 13.25{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). La mediocridad en el gasto educativo la confirma un aumento de apenas 3.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en el Ramo 11 entre 2015 y 2016.

El INEE propone atender de manera prioritaria y focalizada a quienes habitan en localidades rurales pequeñas, la población indígena, independientemente del lugar en que resida, los niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas), los niños que trabajan y los que tienen alguna discapacidad. Queda un enorme camino por recorrer en este territorio, que sigue marcado por la escasez de recursos y la pésima calidad de la enseñanza, además de corrupción campante.

Ojalá el secretario Nuño saque conclusiones de sus recorridos, que impliquen modificaciones positivas en las políticas del sistema, porque de otro modo se seguirá pensando que éstos sólo son una forma de generar primeras planas y de reinventar actos anticipados de campaña.

Bien dice Ivonne Melgar que “así como la SEP evalúa a los maestros, la realidad terminará evaluando a Nuño Mayer en sus atributos políticos.”

Nuño tendrá que ser evaluado por las políticas que enfocaron al sistema educativo por el camino de la equidad en la calidad educativa. Lo demás es propaganda.

Pero, como hemos dicho cientos de veces, muchos de los problemas de la inequidad educativa no dependen de las políticas del sector. El combate a la inequidad educativa requiere de políticas intersectoriales capaces de atender la pobreza y los problemas asociados a ella, que afectan la escolaridad de niños y niñas. Esto obliga a considerar la importancia del SNPIDNNA, como instrumento para atacar la inequidad educativa y garantizar todos los derechos.

El presupuesto del Sistema no quedó etiquetado en el PEF 2016, pero se supone que el gobierno “va a invertir lo que se requiera”. Se pasó de una actitud de “impacto presupuestal 0” a otra en la que “se da lo que se pida”, lo que no deja de parecer curioso si constatamos que el Sistema no tiene programa presupuestal en el PEF 2016. ¿De impacto presupuestal 0 a manga ancha? Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del SPIDNNA dijo, en el evento de instalación, que el gobierno tenía el compromiso de proporcionar los recursos que se requieran para instalarlo en todo el país. Ya veremos.

El PEF 2016, de acuerdo con el Anexo 18 y en términos de grupos de derechos, destina a Desarrollo el 71.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y a Supervivencia 27.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, mientras que a Protección sólo 0.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en Participación 0.001{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

En conjunto los Ramos 33, 11 y 12 conforman el 76.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del total del Anexo 18

Entre los programas presupuestales del Ramo 12 Salud (incluye al SNDIF), los Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad (que incluye: Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable) se redujo 47.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

Para la Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescente, de acuerdo con los nuevos requerimientos de la LGDNNA, se destinarán $120,400,000, un promedio de $3,762,500 para cada una de las entidades y el DF. Nuevamente, el Ramo 12 apenas subió 3.4{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

En resumen, apenas se gasta simbólicamente en Protección y Participación y sólo en los NNA que están incluidos en las políticas públicas, principalmente de salud y educación. En 2014, de acuerdo con el CONEVAL, sólo el 17{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 0 a 17 años no se consideraba pobre y no vulnerable. En otras palabras, el restante 83{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} no ejerce todos sus derechos. El 53.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los NNA (21.2 millones) se encuentra en pobreza. La tarea del SNPIDNNA es enorme.

Mi balance es que no avanzamos suficientemente rápido y que falta sentido de urgencia para producir cambios de política y redefinir prioridades presupuestales.

Para que el Sistema Nacional y la reforma educativa funcionen, el legislativo debe ir más allá de los llamados a misa conocidos como puntos de acuerdo. ¿Qué se requiere para que el presidente Peña y el secretario de educación impulsen políticas de equidad y calidad educativa? ¿Qué propone el secretario ejecutivo del SNPIDNNA para llegar a todos los municipios del país? ¿Qué están haciendo ambos funcionarios para incorporar a la escuela a todos los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las familias que integran el padrón de Prospera?

El INEE es una institución muy grande y muy cara. Y su deber es orientar la política educativa, incluyendo la formación inicial de maestros, como seguramente lo dictaminaron los abogados que consultó esta institución antes de emitir sus directrices. ¿Por qué el INEE no se fue por la controversia constitucional y defendió su punto? Mientras no sepamos el porqué de la postura, nada de que no hay problema, que yo nomás decía. Adivinamos presión y eso es inaceptable. Lo que menos necesitamos es que el INEE se arrugue en los momentos decisivos.

Tenemos que exigir al SPINNA la instalación de sus réplicas locales en cada una de las entidades del país y el DF, y, en consecuencia, que éstas hagan lo propio en cada uno de los municipios y delegaciones que los integran.

Se requiere hacer llegar la información y la capacitación tanto a gobiernos como a ciudadanos, para que ellos mismos se hagan cargo de hacer funcionar los Sistemas Municipales, elaborar su Programa y crear su estructura de atención a la infancia y adolescencia, de acuerdo con las facultades que le otorga al municipio la LGDNNA en sus artículos 119 y 139.

El SNPIDNNA tiene que crecer en el territorio, porque de otra forma sólo habremos creado una nueva sigla, con cariz de partícula subatómica, que no habrá servido más que para engrosar los tambaches leyes de papel.

Lo importante sigue siendo nuestra participación. Esa única manera de superar este estado normalizado de desigualdad y violaciones de derechos. Por eso es importante que los ciudadanos se postulen para participar como consejeros de los sistemas o miembros de los consejos consultivos en los niveles federal, local y municipal.

Nuestra lucha es por la efectividad, cosa que todavía no alcanzamos. Ese es nuestro punto de llegada. Si se entiende al SNPIDNNA sólo como punto de “quedada”, el Estado sólo seguirá jugando a “la comidita” de la política de infancia: sin impacto real en los indicadores e irrelevante socialmente.

Graziana Calcagno señala que para garantizar que los derechos de niños y niñas “sean efectivos y no mera retórica, no es suficiente una legislación iluminada. Las declaraciones solemnes que reconocen a los niños sus propios derechos y que comprometen a los Estados a intervenir para llevarlos a la práctica, son una gran conquista cívica, pero sólo son el primer paso.”

Esto lo sabemos muy bien. Y ese es nuestro parámetro: discúlpenos por las molestias que causamos, pero no queremos leyes de papel. Ya tenemos de sobra.

Les deseo una Feliz Navidad y un gran 2016. Mis deseos son un sistema nacional, 32 sistemas locales y 2,457 municipales exitosos y participativos. Deseo que de veras Ricardo Bucio haga bien su trabajo y lo haga para todos; sobre todo que piense siempre en llegar al territorio y más allá de Cuautitlán. Deseo un INEE firme y decidido. Deseo fervientemente que la REDIM vigile puntillosamente las políticas públicas dedicadas a la infancia y la adolescencia en todo el país, para que los sistemas en sus distintas escalas se avoquen a construir las soluciones.

Deseo que tengamos el coraje para exigir educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes, aunque no resulte simpático. No hay nuevas oportunidades sin educación. Larga vida para mis amigos y mis amigas, especialmente de Tijuana, Zacatecas y Veracruz. Gracias a ti, amable lector. Me animas siempre muchísimo. Abrazo grande.

@LuisBarquera

Odisea Global

ENTRE ESCILA Y CARIBDIS: INEQUIDAD EDUCATIVA Y COMPRA DE GOBERNADORES

Luis Alberto Barquera

De veras que al secretario Aurelio Nuño el tema de la equidad no parece importarle mucho. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 21 de octubre, no lo vi poniendo el tema como prioridad en su administración. Prefirió irse por las ramas cuando Jorge Álvarez, el único diputado que abordó con seriedad el tema, le preguntó al respecto. Sí, en cambio, lo noté preocupado por defender la idea de financiar el mejoramiento de infraestructura escolar, a través de la colocación de bonos en la Bolsa a cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Ramo 33) de las entidades federativas.

Aunque el INEE, en su Informe 2014, dimensiona la inequidad educativa como el principal problema del sistema educativo nacional, el secretario no la coloca en el centro de su narrativa. Datos como el hecho de que menos de la mitad de los alumnos en Matemáticas, tres de cada cinco en Lectura y 53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias, logran el nivel de competencia requerido para desempeñarse en la sociedad del conocimiento, justifican decir que la mayoría de los programas públicos en educación han sido inerciales y su diseño dista de lo necesario para atender las causas y las consecuencias de dicho problema.

El INEE dice en ese documento que para combatir de manera frontal y prioritaria la inequidad, se requiere “una política de inversión de escala, es decir, revertir la tendencia de gasto público e innovación educativa a favor de los que más lo necesitan.”

Esto significa, entre otras cosas, revisar la manera como se distribuye el gasto educativo entre diferentes sectores poblacionales, entidades federativas y regiones, para invertir más en los que menos tienen.

También significa focalizar a los sectores con mayores desventajas educativas: quienes habitan en localidades rurales pequeñas, la población indígena, independientemente del lugar en que resida, los niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas), los niños que trabajan y los que tienen alguna discapacidad.

Quiere decir que la inequidad educativa se combate con calidad: con maestros capacitados, infraestructura digna, materiales adecuados y, de manera fundamental, con procesos pedagógicos que atiendan de modo integral a niños y niñas y que respondan con relevancia y pertinencia a sus necesidades.

Ahora que tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes significa entender también que muchos de los problemas de la inequidad educativa no son educativos ni dependen de las políticas del sector. Urgen políticas intersectoriales que atiendan el hambre, el trabajo infantil, el aislamiento, la violencia en la familia, desde un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El INEE propone en ese Informe 2014, dedicado al Derecho a una educación de calidad, “convertir en prioridad de política educativa la meta de reducir de manera significativa las actuales de brechas en acceso, asistencia, y aprendizaje en la educación obligatoria de los sectores más desfavorecidos, mediante políticas focalizadas, que permitan generar no solo modelos compensatorios sino procesos efectivos de integración educativa y social.”

Concretamente, ¿qué está haciendo el secretario Nuño para que los resultados de la evaluación se traduzcan en apoyo pedagógico de calidad a NNA becarios de Prospera (5.9 millones)? Como reiteradamente se ha demostrado, las becas son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.

¿Qué está haciendo para que NNA integrantes de familias de ese programa (5.8 millones), pero que no son becarios, se integren a ese padrón? Ese programa sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia, por lo que conservadoramente faltan alrededor de tres millones de NNA en el padrón de becarios de Prospera.

Los números de ese programa indican que se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas, que se requiere para proporcionar un servicio de calidad.

Por ejemplo, de acuerdo con el CEMABE, sólo 41.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). El INEE dice que más de la mitad de las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 56.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, se encuentran en localidades de alta y muy alta marginación.

De acuerdo con el Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México (UNICEF/PNUD, 2015), se necesita un aumento de 1,169.4 miles de millones de pesos al gasto en educación para que asistan a la escuela los NNA que están fuera del sistema escolar, y para que quienes se encuentran rezagados se pongan al corriente.

“Para el nivel de preescolar, el gasto adicional requerido es de 35 mil millones, es decir, 44.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} más del que se destinó en 2012. En el nivel primaria se necesita 52.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (128.7 mil millones) más recursos que los que se asignaron ese año. Aumentar la asistencia escolar y combatir el rezago en los niveles de secundaria y bachillerato implicaría incrementos del gasto de 185.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 553.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente.”

Seguimos postergando la inversión que se requiere y aplicando un criterio inercial en el diseño del presupuesto. No se invierte lo que se necesita y se gastan mal los recursos que se tienen. Tabletas, inglés o bullying no impactan en la equidad del sistema (si acaso lo harán en las zonas urbanas de siempre), pero son más sexys como propaganda.

La educación por supuesto que no se salva de nuestra crisis política más general. Antes que enfrentar la inequidad, el gobierno entrega 700 mil tabletas, sin procesos educativos ni acompañamiento adecuado. Francesc Pedró, investigador de la UNESCO, dice que la tecnología “puede tener tan sólo efectos marginales sobre la calidad de la educación”. En pocas palabras, las tabletas no sirven más que de forma limitada para fines educativos. Entonces, ¿por qué se entregan?

Porque pueden servir ampliamente para otros fines. La distribución de tabletas está dictada por motivos electorales. La colocación en la Bolsa del FAM-Ramo 33, dedicado a la infraestructura educativa, también. Con la iniciativa del presidente Peña todos los gobernadores tendrán dinero fresco para invertir en infraestructura, pero también para desviar recursos y operar elecciones. Así ha venido siendo hasta la fecha, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, con la gestión de los presupuestos de los últimos años. Ahí están innumerables observaciones al ejercicio del gasto de los gobiernos de los estados, pero muy pocas solventadas.

¿Por qué tendríamos que confiar los recursos de todo el FAM-Ramo 33 a los gobiernos de los estados? La evidencia indica que no garantizan una buena administración de los recursos. Suponiendo que esta propuesta sea correcta, le falta mucha transparencia para pasar por buena. La nueva idea para financiar infraestructura educativa no se ha explicado suficientemente y no se conocen los mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, antes de un amplio debate sobre las consecuencias de esa hipoteca, los jefes del ejecutivo en los estados aprobaron la propuesta sin chistar. De hecho parece que el secretario fue a la CONAGO, más que a presentar una opción para financiar infraestructura educativa, a comprar gobernadores. Y lo consiguió. A Nuño no parece preocuparle poner a la Iglesia en manos de Lutero.

Muchas secretarías de los estados son estructuras opacas y corruptas, ancladas al pasado, donde priva la aplicación discrecional de la ley. Por ejemplo el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció el 19 de octubre el despido y congelamiento de cheques de más de 2 mil 100 aviadores. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR) ya tenían conocimiento, desde 2011, de la existencia de aviadores en Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero no pasó nada. ¿Por qué no se aplicó la ley?

De acuerdo a una investigación sobre el FONE, de Marco Antonio Fernández Martínez, investigador asociado de México Evalúa, estamos hablando de un desvío de 252 millones de pesos en el primer semestre del año, utilizados en pagos ilegales a comisionados sindicales.

En fin. ¿Nos deja tranquilos que los recursos FAM-Ramo 33 se entreguen al gobierno de Veracruz o a cualquier otro estado de la república en las condiciones actuales?

Necesitamos una autoridad educativa que enfrente a dos monstruos, a las Escila y Caribdis del sistema educativo mexicano: la inequidad educativa y la inercia programática, y la corrupción que se vive en las cinco regiones administrativas recientemente creadas.

Mi posición es que el gobierno debe asumir la meta, como dice el INEE, de reducir de manera significativa las actuales de brechas en acceso, asistencia, y aprendizaje en la educación obligatoria de los sectores más desfavorecidos. Y cerrarle el paso a la corrupción. Ese sería un buen proyecto educativo para México.

El Segundo y Quinto puntos de los Siete pasos clave de la reforma educativa que presentó Nuño en la Cámara de Diputados, dedicados a los Certificados de Infraestructura Escolar y a la equidad y la inclusión, tienen que fortalecerse con transparencia y asumiendo lo mejor que tenemos: la propuesta del INEE. Así como están despiertan serias dudas.

@LuisBarquera

Odisea Global

LA MOTO DEL “CHAPO”: CORRUPCIÓN, EDUCACIÓN Y PAZ EN MÉXICO

Luis Alberto Barquera

Quién sabe cuánto costó la operación que culminó con el arrancón de la moto que en sólo tres minutos llevó al “Chapo” Guzmán al aire fresco. Lo que haya costado lo pagamos nosotros. Lo pagamos con dinero que aportamos a la hacienda pública, pero también con menos paz y más violencia.

Es triste la noticia porque nos ubica dónde estamos y, por lo visto, confirma que nos mantendremos lejos de una sociedad de derechos mientras la corrupción sea el aceite de nuestra “vida institucional”. El “orden” destructor de la corrupción continúa generando el “caos” que nos invade.

Dice Mauricio Meschoulam que la investigación ha demostrado “una importante correlación entre corrupción y violencia, o para ser más exactos, entre corrupción y falta de paz en una sociedad.”

Además de contar bajos niveles de corrupción las sociedades pacíficas, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) citado por Meschoulam, las sociedades pacíficas se caracterizan por gobiernos que funcionan adecuadamente, distribución equitativa de los recursos y un alto nivel de capital humano (generado a través de educación, capacitación y desarrollo). Otras características se refieren al flujo libre de la información, un ambiente sano y propicio para negocios y empresas, la aceptación de los derechos de otras personas, y buenas relaciones con sociedades vecinas.

Vivimos en una situación contraria a una sociedad en paz, justo porque construir una sociedad con paz supone fortalecer cada una de estas “columnas”, no socavarlas. No enfocarnos a levantar esos cimientos, como es el caso de nuestro país, conduce a que “nuestros niveles de paz seguirán por los suelos.” En particular, señala la investigación, “mientras más corrupción existe, los países estudiados presentan niveles de paz más bajos.”

México tiene una enorme agenda pendiente en todos los ámbitos de nuestra vida pública, empezando por la falta de un verdadero estado de derecho. La motocicleta del “Chapo” no podría correr sobre los rieles de una sociedad cimentada en la legalidad, única forma de producir una sociedad moderna y democrática.

Este topo motociclista sólo es el último espectacular capítulo de una historia lamentable e incesante de corrupción y violencia, causa y efecto precisamente de la capacidad económica y criminal de un tipo como “El Chapo” Guzmán, así como de la extendida violación de derechos producto de la voraz extracción ilegal de recursos públicos y la inercia en las políticas.

La educación en México forma parte de esa historia, con las consecuencias inevitables en el incremento de la violencia y la ampliación de la brecha de nuestras desigualdades.

El problema no es de hoy. Recordemos que en aras del control político del magisterio se permitió la acumulación de poder y de millones de dólares a los sucesivos caciques que dominaron el SNTE a partir de 1944. Jongitud Barrios (1972-1979) y Elba Esther Gordillo (1989-2013) aparecen como los más notables en rapacidad. Si sólo consideramos los años de liderazgo magisterial de este par de pillos estamos hablando de más de 40 años de desvío de recursos hacia sus bolsillos.

Mientras la corrupción avanzó, la autoridad educativa retrocedió. El resultado fue el hundimiento de la escuela pública, hasta parecer en muchos lugares algo similar al brazalete electrónico de localización que se le colocó al “Chapo” para mantenerlo bajo control: un instrumento más pensado para la simulación, que de utilidad real.

Lo bueno que tenemos actualmente en términos de resultados, con los límites que queramos definir, lo debemos a los maestros que hacen su trabajo con las migajas que reciben en términos de capacitación, seguimiento y recursos para el aprendizaje. Si ellos reciben poco, es explicable que niños, niñas y adolescentes reciban poco. Si ellos han vivido décadas de atracos, no podemos esperar una reacción entusiasta a una reforma educativa que no los protege del abuso al amparo del gobierno.

La reforma educativa tiene el serio límite de un gobierno cuya naturaleza lo inclina, más al control político y clientelar del magisterio, como los demuestra el reciente ataque a la autonomía del INEE, que a una iniciativa ambiciosa, amplia porque el problema no es sólo educativo, que desmonte las redes de corrupción que perviven en todos los estados de la república y ataque de raíz los problemas políticos y sociales que venimos arrastrando de toda la vida.

Es una verdadera vergüenza que el Comité del Niño (CDN), en su respuesta a los informes cuarto y quinto del Estado Mexicano, realizada el 5 de junio de 2015, señale que pese a los altos niveles de percepción de corrupción en el estado parte “no haya registros relacionados con casos de malversación de fondos asignados a los derechos de la infancia.” Obviamente la recomendación dicho Comité se resume en reforzar “las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y procesar eficazmente la corrupción.”

¿Cuánto tenemos que seguir esperando para que esas medidas comiencen a aplicarse?

Tiene razón Esteban Illades cuando dice, a propósito de los crímenes de Ayotzinapa, que “mientras no nos replanteemos las estrategias de seguridad y sobre todo qué estamos haciendo en el país con la corrupción, con la educación, con el modelo de nación que queremos, no es descabellado pensar en otra noche más triste.”

Pero la verdad es que la “noche triste” no ha cedido en muchos lugares del país y, lo peor, es que sabemos que faltan otras por venir. ¿Qué noches estarán pasando los familiares de los siete jóvenes desparecidos el 7 de julio, en Calera, Zacatecas? Mientras escribo estas líneas leo en Proceso que cuatro de esos jóvenes fueron encontrados con un tiro en la nuca. Dos de ellos eran adolescentes menores de 18 años (cuatro de los siete jóvenes desaparecidos tenían esa edad). Los familiares ya habían denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y en el Congreso de Zacatecas que el Ejército, adscrito a la base militar de Fresnillo, es el responsable de las desapariciones.

Otra información deberíamos tenerla producto de un debido proceso que no tuvieron estos cuatro asesinados y los otros tres que aparentemente ya fueron encontrados también muertos. Dice la hermana de uno de los desaparecidos: “Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto?; ahora encontraron a los otros muertos, ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal? Ya no sé qué palabras usar para decirle cómo me siento”.

Entiendo que eran jornaleros, gente pobre, sin oportunidades educativas ni de otra índole. ¿Estaban en la escuela esos cuatro adolescentes? ¿Dónde estaba el Estado y su política de protección especial dirigida a esta población?

El caso es que todo esto no para. La “bola de nieve” viene creciendo desde hace décadas. Corrupción, violencia, desapariciones forzadas, desplazados, autoridades envueltas en el crimen, niños, niñas y adolescentes sin oportunidades reales para ellos y sus familias, continúan su marcha inexorable mientras gobiernos van y gobiernos vienen.

“El Chapo” ya salió a la luz del día. Nosotros no acabamos de salir de la noche de nuestra historia porque nuestra moto, el Estado que tenemos, a diferencia de la que permitió la libertad de ese criminal, carece de rieles y está atascada en el fondo del túnel. México requiere levantar esos pilares a los que se refiere Meschoulam, condiciones ineludibles para la paz que “quizás jamás hemos realmente experimentado de manera plena, y cuya ausencia ha terminado por explotar en nuestras caras.”

P.D. Esperamos una investigación ejemplar de la Procuraduría General de Justicia Militar, así como de las autoridades civiles competentes, en particular un informe detallado sobre los adolescentes asesinados y sus familias.

@LuisBarquera

Odisea Global

“FUNCIONAR COMO SI” PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LA INFANCIA

Luis Alberto Barquera

El 2 de julio se efectuó el Conversatorio “Sistemas Nacionales de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia”. Participaron en el diálogo las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Derechos Humanos y de Educación del Senado de la República, así como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDLAMYC).

¿Qué debemos hacer las organizaciones para hacer reales dichos sistemas de protección? En mi intervención dije lo siguiente:

En la gobernanza moderna participan autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la formulación de políticas públicas. Esta es una idea que está en la arquitectura jurídica e institucional de las sociedades democráticas, pero es débil en nuestra región.

Desde esta perspectiva, un primer punto es seguir impulsando el debate. El problema principal para la implementación es el marco mental desde el que se opera la política actual: la inclinación a funcionar de forma compartimentada, aislada, o a lo más través de consejos inoperantes.

Tenemos que insistir en que el Sistema debe funcionar con los ojos puestos en la interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Las desigualdades educativas, por ejemplo, constituyen un problema complejo, que requiere múltiples y concatenadas intervenciones de diverso orden, que sólo pueden realizarse desde una lógica sistémica. ¿Qué está impidiendo trabajar con esta mirada? La inercia y el silencio.

El debate es la mejor forma de tener una conversación pública civilizada, orientada a colocar luz sobre los problemas y encontrar soluciones plausibles.

Restringir la participación de las OSC en el Sistema es ir contracorriente. Impedir o limitar el debate va en contrasentido de una gobernanza moderna. Por eso luchamos por un reglamento que garantice la plena participación de la sociedad civil en ese espacio.

El segundo es continuar con la generación nuevo conocimiento. En su capacidad técnica se finca el prestigio de las OSC. La sociedad civil aporta “La Infancia Cuenta en México”, de la REDIM, o el Semáforo Municipal de los Derechos de la infancia, de ODISEA, A. C., instrumentos que fortalecen el constitucionalismo de los derechos porque sirven para determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones.

También la sociedad civil tiene un amplio abanico de aportaciones en metodologías de intervención en temas como la educación, la salud, la nutrición y la seguridad ciudadana.

Información y know how son indispensables para hacer eficaz al Sistema. De esto depende una planeación adecuada y una verdadera transparencia y rendición de cuentas, además de un impacto real en las vidas de niños y niñas.

No es gratuito que organismos internacionales de todo tipo, como el Comité del Niño de la ONU, consulten permanentemente a las OSC para normar su criterio, informarse y evaluar la situación de los derechos humanos en toda la región.

Sin embargo, sigue faltando en los hechos pleno reconocimiento del gobierno a ese aporte, lo que retrasa una gobernanza a la altura de lo que México necesita.

El tercero es buscar la efectividad de las leyes. México se puso en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño y de muchos países de América Latina con la ley general.

Ahora el reto es su implementación, porque el atractor del autoritarismo y las políticas inerciales jala lo nuevo hacia atrás. “Se obedece pero no se cumple” es un postulado contra el cual luchamos. Nuestro esfuerzo se enfoca a impedir que la ley general se convierta en un pedazo de papel.

El Sistema fortalece el estado de derecho, elemento indispensable para hacer de México un país decente y en paz. Sólo por eso debería ser prioridad nacional su correcta implementación.

El cuarto son los recursos. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, durante la reciente comparecencia de México en Ginebra, Suiza, cuestionó que los avances del nuevo marco normativo que representa la ley general vinieran acompañados de un “presupuesto cero”. Para ese organismo falta compromiso del gobierno de México con la implementación de la ley general.

Sin presupuesto, sólo se mantiene el statu quo. El gobierno no quiere invertir como demanda la ley general, sino seguir con las costumbres de gasto actuales. Y la mejor forma de limitar su aplicación es no asignándole recursos. Al final, si no está en el presupuesto, no existe.

Sin duda, la ley general obliga a replantear prioridades y a hacer un esfuerzo de imaginación y compromiso para hacerla efectiva.

Proponemos demandar a la federación una partida especial para la infancia y la adolescencia, que puede formar parte del Ramo 33. Los estados de la república podrían crear un fondo especial con base en las participaciones federales orientado a cerrar brechas. Urge un fondo de apoyo a las OSC comprometidas con la infancia para construir desde el terreno los sistemas municipales de protección que debemos levantar.

Es imperativo encontrar la forma de financiar el traslado de recursos a los niños, niñas y adolescentes, que están en pobreza y no ejercen sus derechos, y representan más de la mitad de la población de 0 a 17 años.

CONCLUSIONES

En un texto clásico Norberto Bobbio dice que el problema de nuestro tiempo no es el de fundamentar los derechos humanos, sino de protegerlos. No es filosófico el problema, sino político.

En este sentido nuestro trabajo sigue siendo tratar de poner a la altura del artículo 1º de la Constitución la política de infancia, sólo que ahora en un escenario de progreso legislativo, donde el retroceso desgraciadamente viene del poder ejecutivo.

La mejor forma de inutilizar al sistema de protección integral, corazón de la ley de general, es la negativa a funcionar de forma articulada y a través de políticas que asuman la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, una Procuraduría débil, y la insistencia en no colocar por delante los recursos que se requieren para la transformación de la política de infancia.

Nosotros, como diría Václav Havel, tenemos que “funcionar como si”: como si la ley tuviera que cumplirse y como si los derechos de niñas, niños y adolescentes tuvieran que garantizarse. Y asumimos nuestra responsabilidad: “El mejor gobierno del mundo, el mejor parlamento y el mejor presidente no pueden lograr mucho por sí solos. Sería igual de erróneo esperar un remedio general que tan solamente procediera de ellos. La libertad y la democracia implican la participación y, por tanto, la responsabilidad de todos nosotros.”

@LuisBarquera

Odisea Global

EL “EFECTO DORITO” Y LA RESPUESTA DEL COMITÉ DEL NIÑO AL ESTADO MEXICANO

Luis Alberto Barquera

Mi admirado Alejandro Calvillo dice que “la comida chatarra es algo que tiene un sabor de algo que no lo es”. Los Doritos pretenden ofrecer el sabor del taco, a través de saborizantes artificiales, pero saben a cualquier cosa menos a un buen taco. West Schatzker llama este proceso el “Efecto Dorito”.

Después de leer la respuesta del Comité del Niño (CDN) a los informes cuarto y quinto del Estado Mexicano, realizada el 5 de junio de 2015, queda la impresión de esta instancia de la ONU se encuentra un poco cansada o saturada del “Efecto Dorito” que el gobierno de México imprime a su manera de entender el cumplimiento de los derechos de la infancia.

El documento da cuenta de una verdadera situación de horror y tristeza por la que pasan millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos. Los 78 ítems del CDN muestran un México que, desde la vulneración de los derechos de la infancia, ha construido una nación marcada por la pobreza, la violencia y la corrupción.

Cada ámbito del reporte da para hablar con amplitud. Me detengo en las preocupaciones y recomendaciones iniciales, por su importancia para la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA) en los estados, que tendría que haber concluido ya, y el progresivo aterrizaje en el terreno de los 32 sistemas estatales y los 2,457 sistemas municipales de protección.

En búsqueda de la implementación efectiva de la LGDNNA

Empecemos diciendo que el Comité “celebra” la adopción de la LGDNNA, sin embargo también señala que “le preocupa su implementación oportuna y efectiva a los niveles federal, estatal y municipal” y que “muchos estados no hayan adoptado legislaciones sobre derechos de la infancia como lo mandata la LGDNNA.” La recomendación al Estado mexicano es asegurarse de que “todos los estados adopten las legislaciones sobre derechos de la infancia previstas en la LGDNNA” y que “todas las leyes a los niveles federal y estatal sean elaboradas en conformidad con la Convención y la LGDNNA”. En particular señala que para su implementación efectiva se adopten medidas “en consulta con la sociedad civil y las niñas y niños”.

La preocupación del Comité por la implementación adecuada tiene fuertes motivos. Si bien se toma nota de que se se adoptará un Plan Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes hacia fines de 2015, “al Comité le preocupa su adopción oportuna y su implementación efectiva, especialmente tomando en cuenta la débil implementación del Programa de Acción 2002-2010: “Un México apropiado para la infancia”.”

El Comité recomienda a Estado mexicano asegurarse de que “tanto el programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como los programas locales a nivel estatal y municipal sean adoptados oportunamente, cubran todas las áreas de la Convención y sus Protocolos Facultativos, incluya la perspectiva de género, y se les provea de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para su implementación efectiva. Los puntos de vista de las niñas, niños y adolescentes, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales relevantes deben ser debidamente considerados.”

Asimismo recomienda adoptar medidas “para asegurarse de que los organismos estatales y municipales adopten mecanismos apropiados para el monitoreo y evaluación de las políticas relacionadas con los derechos de la infancia.”

En este sentido, le preocupa el Comité el establecimiento oportuno del Sistema Nacional de protección Integral (SNPI) tanto a nivel federal como estatal y municipal, “para que atienda los múltiples asuntos relacionados con la actual falta de mecanismos de coordinación para la implementación de la Convención y sus Protocolos Facultativos.” Por eso recomienda el establecimiento inmediato de un secretariado ejecutivo en los niveles federal, estatal y municipal y se establezcan las oficinas de protección tanto a nivel federal, como en los estados.

En cuanto a la asignación de recursos al Comité le preocupa el hecho de que no se haya incluido en la LGNNA un análisis de impacto presupuestal, así como la insuficiencia de recursos asignados a los derechos de la infancia, en particular hacia los de protección y participación, y la insuficiente transparencia respecto a los fondos transferidos desde el nivel federal a los niveles estatal y municipal. Asimismo, “que los presupuestos estatales y municipales no señalan adecuadamente la inversión en la infancia y el hecho de que aunque hay un alto nivel de percepción de corrupción en el Estado parte, no haya registros relacionados con casos de malversación de fondos asignados a los derechos de la infancia”.

En este sentido, la recomendación principal del Comité es que el Estado mexicano “lleve a cabo una evaluación del presupuesto necesario para implementar la LGNNA y asegure que le sean asignados suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para su aplicación efectiva” y que en particular aumente el presupuesto asignado a educación, salud, protección y participación de la infancia.

También recomienda asegurarse de que los presupuestos estatales y municipales proyecten la inversión en la infancia, mejoren su sistema para el seguimiento de la asignación y uso de los recursos para la infancia en todo el presupuesto y que se lleven a cabo evaluaciones de impacto de cómo el interés superior del niño ha sido tenido en cuenta en las inversiones o los recortes presupuestarios en cualquier sector. En sintonía con la preocupaciones antes expuestas, el comité recomienda reforzar las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y procesar eficazmente la corrupción.”

Para resumir todo esto en una línea se puede decir que la principal preocupación del Comité es que el Estado mexicano logre una implementación adecuada de la LGDNNA. Obviamente el gobierno, si quiere cumplir, debe salirse de un marco institucional viejo y sin presupuesto.

Para las OSC, en esta perspectiva, la armonización legislativa en los estados se centra en conseguir que LGNNA y las leyes locales no acaben convirtiéndose en 33 leyes de papel.

Cómo vamos

México viene de una cultura política en la que “se obedece pero no se cumple”. Esta forma de ser basa sus relaciones sociales en el no cumplimiento de la ley y, para el caso que nos ocupa, en la “proclamación” de los derechos, más que en su aplicación efectiva.

En este sentido se entiende la preocupación del Comité por garantizar una implementación efectiva de la LGDNNA.

La experiencia de estos meses de armonización legislativa la resumiría de la siguiente manera:

1. El Sistema Nacional de Protección

Un problema central para la implementación es el marco mental desde el que se opera, de otra manera no habría tanta resistencia. Los reflejos del gobierno federal y los gobiernos de los estados, salvo excepciones, están marcados por la inclinación a tratar en todo lo posible para que se continúe funcionando de forma compartimentada, aislada, o a lo más través de consejos inoperantes o que ni sesionan. Mejor actuar de forma declarativa, que funcionar como un sistema que articule políticas y acciones.

El INEE, por ejemplo, cuando explica la desigualdad educativa invita a pensar en el funcionamiento de un sistema como el que propone la ley. Dice en su Informe 2014 que muchos de los problemas que causan la inequidad en este ámbito “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Las OSC proponemos privilegiar mecanismos legales para impulsar la generación de políticas adecuadas y articulación institucional, que se necesitan para eliminar las desigualdades educativas, así como de acceso a la salud o a la justicia, y superar políticas que se implementan de forma inercial aunque no produzcan resultados. Esto es fundamental para que el plan nacional y los planes estatales y municipales funcionen.

Las próximas directrices del INEE, por ejemplo, implicarán cambios de política que deben contar con sistemas estatales y municipales fuertes para operar con éxito.

2. Los recursos

Junto a lo anterior tenemos una concepción del presupuesto se aparta de la lógica de las soluciones y se acerca a mantener el status quo. Desde que comenzó el debate sobre la iniciativa preferente de ley de infancia el jurídico de la presidencia planteaba que no debería tener un impacto presupuestal. Aunque la ley general estuvo aprobada a tiempo para que le fueran asignados recursos en la Cámara de Diputados, no se le etiquetó ni un peso. Inexplicable que no se garantizara la implementación de una ley que los propios diputados aprobaron.

La práctica de aprobar leyes y programas sin presupuesto ya la conocemos.

Sin presupuesto lo primero que uno piensa es que los operadores del gobierno quieren retroceder hasta conseguir una nueva ley de papel. Pareciera que el gobierno no quiere invertir como propone la LGDNNA, sino seguir con las costumbres de gasto actuales. Y la mejor forma de limitar su aplicación es no asignándole recursos. Al final, si no está en el presupuesto, no existe.

Esto es grave porque sabemos que el presupuesto de infancia es opaco y reducido. De acuerdo con UNICEF y la Secretaría de Hacienda, entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 6% del PIB del país para cada año y de éste menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección.

En este marco, se entiende que no se vea claro en las nuevas leyes estatales mecanismos que garanticen presupuestos para la operación del sistema, empezando por las secretarías ejecutivas en los estados y en los municipios. En términos del presupuesto, la leyes estatales han tratado de hacer la armonización legislativa con la ley general lo más “chiquita” posible en términos de garantizar el financiamiento del sistema, en lugar de proponer mecanismos concretos.

Las nuevas leyes estatales tendrían que significar un reordenamiento de prioridades en los estados y demandar a la federación una partida especial para la infancia y la adolescencia, que puede formar parte del Ramo 33. En los estados de Veracruz o Zacatecas se puede crear un fondo especial orientado a cerrar brechas con base en las participaciones federales. Esto es lo que proponemos las OSC. En todo caso la invitación es a pensar cómo financiar la nueva política de infancia.

3. El sistema de información y la evaluación

Un sistema de información es indispensable para hacer eficaz al sistema. Desde el punto de vista del constitucionalismo de los derechos lo que importa en términos prácticos, como señalan Salazar y Carbonell, “es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones”. Es obvio que el Estado debe invertir en este aspecto, porque de la información depende una verdadera transparencia y rendición de cuentas, pero no hay dinero.

Parece mentira que el gobierno no cuente con algo parecido al Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, de ODISEA, A. C., ni a Infancia Cuenta, de la REDIM, ni a Infoniñez de UNICEF y a los diagnósticos estales que este organismo internacional produce.

Es muy buena noticia que a nivel federal el CONEVAL, un organismo autónomo, se encargue de la evaluación del sistema, aunque una limitación importante es que sus recomendaciones no tengan carácter vinculante (esta institución nos puede dar recomendaciones de política, pero no la voluntad del gobierno para realizar las transformaciones necesarias). El problema en los estados es que la tendencia, contraria a la ley general, es mantener la evaluación del sistema estatal bajo el control del ejecutivo.

Por ejemplo en la iniciativa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se propone al Consejo Estatal de Evaluación y Fortalecimiento de los Programas Sociales (CEDESO), un organismo dependiente del ejecutivo, del que no existe evidencia de que funcione realmente, para la evaluación del sistema. Las OSC plantean que la evaluación esté a cargo de la Universidad Veracruzana.

4. La Procuraduría

Requerimos una Procuraduría fuerte, que no debe estar subordinada al DIF. Pensamos que desde su nacimiento debe contar con el más alto nivel posible, para mandar el mensaje de que la protección especial de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados es una prioridad de la política de infancia.

No queremos una Procuraduría “con bajo peso al nacer”, sin fuerza para coordinar la red institucional, gubernamental y no gubernamental, que se necesita para proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El artículo 116 de la ley general señala que corresponde a las autoridades federales y locales de manera concurrente “Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos.”

Si sólo consideramos que prácticamente seis de cada diez niños y niñas (59.8%) se considera en pobreza o pobreza extrema y podría encontrarse en “situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico”, el reto es enorme. Recomiendo leer, en el informe del Comité, el apartado “H. Medidas especiales de protección” y luego analizar si la Procuraduría está a la altura del desafío.

Además de la autonomía respecto del DIF, se requiere un cambio de perspectiva, no maquillaje: el sistema de protección especial tiene la obligación de restituir derechos, no hacer lo mismo que se ha venido haciendo pero con otro nombre.

El caso de Zacatecas, de acuerdo con NTR, durante la primera sesión ordinaria del DIF en 2015, se tuvo a bien autorizar “el cambio de nombre de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, por Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia”, de conformidad con la ley general. Resuelto el problema; no se diga más: ya se autorizó el cambio de nombre, lo que nos debe dejar tranquilos. Así se arreglan las cosas en ese estado de la república.

5. La participación de la sociedad civil

También hay que decir que sigue la reticencia a la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil (no se diga a definir mecanismos para la participación infantil). El gobierno federal mandó la “línea” de que no se permitiera intervenir en la construcción de la armonización legislativa en los congresos locales a la REDIM y a otras muchas organizaciones locales porque se les considera un obstáculo para que el gobierno determine leyes locales a su antojo. Una intención real ha sido, y sigue siendo, asegurar que sólo las organizaciones a modo tengan voz y voto en el sistema. Como me dijo un funcionario cercano al Congreso de Veracruz: “al gobierno no le gusta la participación de la sociedad civil”.

La propuesta gubernamental de reglamento de la LGDNNA es realmente muy pobre, tanto en términos de la participación de las OSC, como del funcionamiento del sistema nacional. Las OSC impulsan un diálogo intenso con el gobierno que, hay que reconocer, cada vez es más receptivo y cuidadoso de las formas, pero no sale de su impulso natural de ir hacia atrás.

Al gobierno de México le cuesta mucho trabajo funcionar bajo el escrutinio internacional y reconocer a plenitud la actuación de las organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes. El gobierno de México debe superar una actitud que recibe las recomendaciones internacionales como agresiones directas y enfocarse en la solución de los problemas, y asumir como legítimas las propuestas de los ciudadanos en tanto parte interesada en la garantía y promoción de los derechos humanos.

Sobre todo ya es tiempo de que el gobierno, de una vez por todas, asuma que el debate es la mejor forma de tener una conversación pública civilizada, orientada a colocar luz sobre los problemas y encontrar soluciones plausibles. Lo demás es ir contracorriente.

En conclusión

Hasta el momento han sido aprobadas 17 leyes estatales. En algunos casos hay retrocesos respecto a la LGDNNA, como es el caso de Chiapas, donde la ley local manda a un rincón administrativo la máxima autoridad del sistema estatal, o como el de Zacatecas, que desecha del anterior ordenamiento la paridad entre sociedad civil y gobierno en el consejo estatal y los consejos municipales, para establecer que los representantes de ésta tendrán que ser nombrados por un sistema donde el gobierno tiene mayoría. En resumen, en el mejor de los casos, las leyes locales serán copia de la LGDNNA.

Las preocupaciones y recomendaciones del CDN tendrán que ser atendidas por el gobierno con base en el nuevo marco legal. También, mientras las cosas no cambien, con la institucionalidad actual y los recursos actualmente asignados.

Desgraciadamente son reales las señales de un gobierno que mira el futuro por el espejo retrovisor. No acaba de tomar conciencia de que la mejor forma de inutilizar a los sistemas nacional, estatal y municipales, corazón de la ley de infancia, es la negativa a funcionar de forma articulada y a través de políticas que asuman la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, una Procuraduría débil, y la insistencia en no colocar por delante los recursos que se requieren para la transformación de la política de infancia del país.

A la sociedad civil le toca asumir el desafío de impulsar la agenda que marca el CDN proponiendo, con base en buenas prácticas y la experiencia internacional, la política y la institucionalidad que se requiere para garantizar los derechos de cada niña, niño o adolescente en el terreno local.

La ley general es un logro indudable de legisladores, organizaciones y organismos internacionales, que nos coloca en la línea de los estándares globales en la materia. Sin embargo, nuestra realidad presenta desafíos para garantizar derechos en todos los estados y municipios.

La ley general, como señala Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, “será trascendental para el presente y el futuro de la infancia en el país y por lo tanto para el desarrollo de México en términos sociales, económicos y de justicia”, por lo que resulta estratégico “asegurar su adecuada implementación y garantizar que los nuevos mecanismos e instituciones previstos por la misma tengan condiciones para operar de manera eficiente”.

En ese momento estamos, precisamente, en el de defender lo que logramos y de limitar lo más posible la cultura política en la que “se obedece pero no se cumple”.

Queremos que las nuevas LGNNA y las leyes locales sepan a garantía de derechos. Queremos leyes y actos políticos que sepan a efectividad para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección especial, el derecho a la justicia, no a leyes que sepan a leyes de papel o a dádivas o a limosnas. La LGNNA está muy bien, pero debemos actuar para ponerle sabor a los derechos con lo único que pueden saber a algo: políticas públicas sólidas y presupuestos adecuados, con participación ciudadana en su ejercicio. Ya estamos hartos, al igual que el CDN, del “Efecto Dorito” en materia de garantía de derechos humanos.

Sudán del Sur y los niños soldado

Ollin Rafael / Odisea Global.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) advierte que en el conflicto de Sudán del Sur se siguen reclutando niños soldado, ya van 12 mil. En un comunicado de prensa publicado la semana pasada, UNICEF alertó que en el conflicto civil de Sudán del Sur se siguen reclutando niños para la guerra. Condenamos, dice el comunicado, “de forma enérgica el secuestro de decenas de niños, algunos de apenas 13 años, por un grupo armado cerca de Malakal, en el norte de Sudán del Sur.”

Uno de los equipos de UNICEF desplazados a la zona informó que 89 niños habían sido secuestrados mientras hacían sus exámenes en un colegio de Wau Shilluk, una comunidad en el estado del Alto Nilo, y advirtieron que el número de niños y niñas secuestrados podría ser mucho mayor. Según algunos testimonios, “los soldados armados rodearon la comunidad y registraron casa por casa. Los niños mayores de 12 años fueron llevados por la fuerza.”

En diciembre del 2013 comenzó la enésima etapa de un conflicto social y político arrastrado desde la descolonización y que se ha convertido en una guerra civil a gran escala que hasta el día de hoy no encuentra su fin.

Sudán del Sur fue parte del Sudán Anglo-egipcio bajo dominación colonial inglesa, que después de su independencia en 1956 se convirtió en la República de Sudán hasta 1985 cuando un golpe militar acabó con su endeble democracia. Sudán de Sur, con etnias de religión animista y cristiana, quedó bajo el dominio del norte de mayoría musulmana, oprimido por medio de una violencia que se convirtió en caldo de cultivo de la guerra. El problema subyacente a todo esto fueron las fronteras artificiales establecidas por el colonialismo occidental que no tuvieron en cuenta la diversidad de las regiones dado que primaba la lógica económica y política, en gran medida, miope de las potencias dominadoras.

Una vez estos territorios lograron independizarse, muchas de las fronteras coloniales se mantuvieron a sangre y fuego por los nuevos poderes que, más débiles que los antiguos, vieron surgir en sus territorios el conflicto natural de la diversidad atada por fuerzas antinaturales. Por si fuera poco, estos conflictos fueron alentados por algunos poderes de occidente que vieron en ellos la oportunidad de mantener los beneficios sin la necesidad de invertir nada en la administración del territorio. Es así que los poderes coloniales siguieron dominando el territorio a través de una fuerza menos visible pero más férrea: la del terrible colonialismo económico de nuestros días.

En 1983 inició la guerra civil entre grupos independentistas del sur y el ejército sudanés que duró hasta el año 2005 cuando se firmó un debil acuerdo de paz que garantizaba mayor autonomía al territorio del sur. En 2011 Sudán del Sur realizó un referéndum de independencia en el que ganó la mayoría secesionista y que condujo a la proclamación de independencia el 9 de julio de ese mismo año. Lamentablemente, Sudán del Sur posee gran cantidad de reservas de petróleo que hacen que el estado más joven del mundo sea un diamante deseado. El 15 de diciembre del 2013 el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán intentó un golpe de estado que fracasó pero que provocó el inicio de la guerra civil disfrazada de un conflicto étnico entre las dos tribus principales del país, los dinkas y los nuer, pero detrás de la cual se haya, como bien dice el periodista especializado Chema Caballero, una lucha entre grandes potencias por el control de los pozos de petróleo que utilizan y manipulan las diferencias internas para conseguir sus propios objetivos.

Remontándonos un poco en la historia podemos verlo todo más claro. Según se narra en una investigación del diario El País, Estados Unidos que durante la guerra de independencia entre el Norte y el Sur, impuso sanciones al gobierno de Jartum en su apoyo a Juba, esto es, apoyando al sur contra el norte, provocó graves consecuencias económicas para el gobierno sudanés que tuvo que pedir ayuda a China, Irán y a Rusia. Para China fue una bendición pues con ello consiguió el petróleo que buscaba para alimentar su enorme crecimiento al adquirir el 78% de la producción del país y construyendo un gaseoducto para su transporte hasta el mar. Al ver esto, las empresas norteamericanas presionaron a su gobierno para que acelerara la independencia del sur que, como ya vimos, posee la mayoría de las reservas de crudo. Sin embargo, una vez lograda la independencia, el gobierno del sur no cambió los contratos con las empresas chinas. Viendo que sus amenazas no llegaban a buen puerto y que el presidente Kiir se hacía de oídos sordos Estados Unidos decidió, de manera oculta, fomentar un golpe de estado a través del vicepresidente Riek Machar. El 15 de diciembre del 2013 Machar inició la rebelión.

Según Chema Caballero, “Este tipo de maniobras, que prolonga los juegos de la guerra fría aunque alguno de los actores cambie, ponen de manifiesto que lo único que importa en Sudán del Sur es el control de uno de los campos petrolíferos más lucrativos del continente, el cual genera miles de millones de dólares para el país más joven de África, para lo cual multinacionales y gobiernos se alían, una vez más.”

Después de tantos años de conflicto, gran parte de la infraestructura del país está dañada o completamente destruida, lo que significa un grave problema para la población que se encuentra bajo durísimas condiciones de vida. El año pasado, UNICEF lanzó una Misión de Respuesta Rápida para paliar algunas de las consecuencias del conflicto, sobre todo para ayudar a las 30 mil madres y a sus hijos que carecen de los servicios básicos. En una de esas misiones, el periodista Mike Pflanz, corresponsal del The Daily Telegraph de Londres, fue para ver en primera persona lo que estaba sucediendo (esta narración se puede leer en el diario español El País). Pflanz se encontró con un país destruido y necesitado de toda la ayuda internacional posible.

La guerra se está llevando entre los pies a miles de personas (alrededor de 550 mil), entre ellos muchos niños y niñas (120 mil menores de 5 años). Por esto, la denuncia de UNICEF sobre el reclutamiento de niños soldado es tan importante. Pflanz cuenta: “Al menos uno de los que cargaban con un AK-47 era un niño, un chico que apenas tendría 14 años. Los otros eran algo mayores o quizás no. Se envían informes de manera repetida sobre niños que son reclutados para formar parte de grupos armados que combaten en el conflicto de Sudán del Sur. Desde que estoy aquí, ya me han contado dos historias de adolescentes que deberían ir a la escuela en lugar de estar ingresados en hospitales recuperándose de heridas de bala.”

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