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EL LARGO CAMINO A NOCHIXTLÁN

Luis Alberto Barquera*

Con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó una reforma educativa que pretendía responder a una amplia demanda de la sociedad. El INEE se constituyó en un organismo público autónomo y quedó encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Pero junto a los cambios constitucionales y el fortalecimiento del INEE, para mí el cambio más importante, no llegó una nueva manera de ver a la educación en México. Las autoridades educativas en los estados siguieron funcionando a la “antigüita”, se redujo el problema a un sindicalismo “bueno” y a otro “malo” y, sobre todo, se olvidó que el problema magisterial tiene hondas raíces en la pobreza y la desigualdad de México.

En este sentido se olvidó también que los sucesivos gobiernos de la república fueron cómplices, por acción u omisión, de la situación actual. Nochixtlán es la punta del iceberg. El conflicto actual viene de lejos: de la discriminación, del racismo, de la exclusión, de la represión, de la corrupción y, como sucedáneo, del control político del magisterio, de la venta de plazas, de los aviadores, tanto del SNTE como de la CNTE, y del abandono de los maestros y de los niños y niñas por parte del gobierno de la república durante décadas. Es la historia de Elba Esther Gordillo, de sus antecesores y sucesores, incluso de sus opositores, y de un estado que abandonó su responsabilidad como autoridad educativa. Es el déficit de Estado, la falta de estado de derecho, la falta de recursos donde más necesitan.

La equivocación más importante es que se pensó que el único culpable de todo este desastre es la CNTE. Nochixtlán es el símbolo de que la reforma no llegó con el talento y la decisión que se requiere para echarla para delante en los cuatro estados que se consideran con mayor influencia de la CNTE: Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

No se ha tomado en cuenta que en esas cuatro entidades hay lugares en los que no ha llegado siquiera la Revolución Mexicana, ya no digamos la democracia, el debate y el debido proceso.

Algo de lo que está ahí, más allá de la CNTE, es cómo viven las niñas, los niños y los adolescentes en esos estados de la república. Quizá identificar estos elementos con claridad ayude a generar una nueva mirada frente al problema.

¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS?

Población. A nivel nacional se considera indígena 21.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población. Pero en Oaxaca la proporción de pertenencia indígena es tres veces mayor (65.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}), en Chiapas es de 36.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, en Guerrero de 33.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en Michoacán 27.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

Por otro lado, mientras a nivel nacional el porcentaje de población que reside en localidades con menos de 2,500 habitantes es de 23{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, la proporción en estas cuatro entidades es muy superior: en Oaxaca y Chiapas alcanza a la mitad de la población (51.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 50.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente), en Guerrero es de 40.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en Michoacán 31.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (INEGI, 2015).

Garantía de los derechos de la infancia. Esos estados, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, de ODISEA, A. C., son los más rezagados del país en términos de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes: Chiapas, 32; Guerrero, 31; Oaxaca, 30 y Michoacán, 28 (el lugar 29 corresponde a Veracruz).

Pobreza e IDH. El reciente informe del CONEVAL y UNICEF, Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, señala que se encuentra en pobreza el 82.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 0 a 17 años en Chiapas, el 72.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de Oaxaca, el 72{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de Guerrero y el 65.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de Michoacán, muy por encima del promedio nacional de 53.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

Por sus mayores porcentajes en el indicador, Chiapas ocupa el lugar 32, Oaxaca el 31, Guerrero el 30 y Michoacán el 26. En estos estados se concentran 4.77 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2012, del PNUD, confirma que estas entidades se ubican entre las más rezagadas del país: Chiapas, 32; Guerrero, 31; Oaxaca, 30 y Michoacán 29.

PLANEA. Dado que la CNTE impidió levantar la prueba en estos cuatro estados, en los “Resultados estatales” de PLANEA 2015 no se incluye información sobre ellos.

En la prueba PISA 2012 se indica que los estudiantes que se encuentran por debajo del Nivel II, no tienen las competencias mínimas para desarrollarse en la sociedad del conocimiento. En Chiapas se ubican, por debajo de ese nivel, el 74{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Matemáticas, 68{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias y 32{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Lectura. En el caso de Guerrero 80{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Matemáticas, 72{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias y 34{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Lectura. No se cuenta con información para Michoacán y Oaxaca.

No asistencia a la escuela y rezago educativo. Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca reúnen, ellos solos, a 856, 745 niños fuera de la escuela, una población total similar a la del estado de Campeche (899,931). (INEGI, 2015)

En el grupo de 3 a 5 años la inasistencia es de 31.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (frente al 26.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} nacional), en el de 6 a 11 es de 2.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (nacional 2.0{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}), en el de 12 a 14 es de 9.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (nacional 6.4{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}) y en el de 15 a 17 es de 32.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (nacional 26.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}).

PISA 2012 también ofrece información sobre la población de 15 años en primaria o fuera de la escuela, lo que indica rezago educativo (15 años o más sin educación básica completa): Michoacán 37.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}; Chiapas, 29.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}; Guerrero 29.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, y Oaxaca 24.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

PROSPERA. Prospera tiene un padrón nacional de 6,168,900 familias activas y un total de 6,195,070 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (Bimestre operativo enero-febrero 2016, con corresponsabilidad septiembre-octubre 2015.).

Estos cuatro estados, concentran 1,909,446 familias, el 31{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las que están activas en ese programa. Por su mayor cantidad de familias Chiapas ocupa el lugar 32, Oaxaca 28, Guerrero 27 y Michoacán 26.

El total de becarios en educación básica y educación media superior es de 1,954,609, lo que arroja un promedio de becarios por familia de apenas 1.02.

La importancia de los apoyos de Prospera se aprecia en la proporción de becarios sobre la matrícula total de esos cuatro estados: 45.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en educación básica y 63.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en educación media superior.

¿Y LUEGO?

  1. Voltear hoy la mirada a Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca implica hacerlo pensando en que el Estado debe garantizar derechos en contextos del mayor atraso social. No hacerlo significa seguir posponiendo la posibilidad de construir condiciones para el desarrollo y la paz en el mediano y largo plazo.

Estamos hablando de cuatro estados con una determinante ruralidad de sus poblaciones, con una importante proporción de población indígena, con una pobreza infantil impresionante y un IDH de los más bajos del país. Sabemos que en resultados de aprendizaje, aunque la información es incompleta, se ubican en el grupo de los más atrasados de México. Y los números indican que la exclusión educativa es amplia, por decir lo menos.

Por eso, de entrada, y porque parece que no es evidente, hay que decir que se requiere de una amplia reforma social en esas entidades de la república. Esta es la forma, no el garrote, de comenzar a desactivar la desproporción y la estupidez de todos los que se han alimentado de la injusticia, la trampa y la pobreza.

  1. Lo anterior requiere de una nueva forma de ver el problema. El nuevo arreglo del Estado con los docentes tiene que incluir el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y la de sus hijos, y un plan de formación docente, seguimiento y evaluación para lograr que los niños, niñas y adolescentes alcancen aprendizajes relevantes para sus vidas y puedan participar en la sociedad del conocimiento. SE REQUIEREN LAS DOS COSAS PARA QUE TODOS GANEN EN ESTE JUEGO. Esto no puede evadirse, a menos que se quiera seguir dejándolos en el pozo de la pobreza y la desigualdad en el que actualmente se encuentran, y que sólo “prospere” la violencia.
  2. En este marco vale la pena analizar a Prospera, el programa federal insignia de transferencias condicionadas, porque puede ser un el instrumento más importante del gobierno para focalizar acciones de desarrollo hacia la población más pobre y lograr efectividad, sin embargo no se aprovecha cabalmente. Aunque la evaluación demuestra que ha sido importante para que muchos niños accedan a la educación (y a la salud), dista mucho de cumplir con uno de sus objetivos, que es desarrollar capacidades educativas reales, por lo que no alcanza a funcionar como un instrumento verdaderamente igualador.

Si se quiere mayor igualdad se tendría que avanzar en lo que propone Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, para esos becarios: “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades (Prospera)”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

Prospera, además, tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza, a nivel nacional, un promedio de 1.004 becarios por familia. ¿Y todos los demás niños, niñas y adolescentes que integran el padrón de familias de ese programa pero no son becarios? Están trabajando o migrando o siendo explotados de múltiples formas y Prospera no se utiliza a su máximo potencial.

Por cierto, a este programa le vendría muy bien trabajar con enfoque de derechos. Esa sería una verdadera refundación, para garantizar calidad y promover acciones cada vez más integrales, como las que se requieren para atender a los niños y niñas jornaleros y a todos aquellos que por sus reglas de operación no son atendidos “porque no se puede”.

Los apoyos, sin sustancia, sin calidad, se convierten en dádivas, lo que refuerza nuestras desigualdades. El horno no está para bollos, pero se sigue haciendo lo mismo.

  1. En este sentido, en la lógica del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), urge entender que el problema no sólo es del “sector” educativo. El INEE señala en su Informe 2014 que las causas de la inequidad en la educación no están en las políticas sectoriales. “Encuentran sus raíces en la pobreza de la población y sus efectos. Por esa razón, el combate a la inequidad educativa necesariamente requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Para enfrentar la inequidad educativa, el principal problema del Sistema Educativo Nacional (SEN), se requiere evitar las soluciones homogéneas e impulsar políticas intersectoriales que permitan combatir de manera pertinente y sinérgica el problema.

El gobierno todavía no acaba de ver que el SIPINNA es el instrumento para modificar la política pública, generar articulaciones y orientar recursos adecuadamente. Toda la administración pública tendría que estar subida en ese barco.

  1. Las políticas deben transformarse. La inequidad es causa y efecto de la inercialidad programática. Hay que transformar Prospera. Hay que integrar las escuelas del CONAFE al sistema educativo regular, como propone Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el derecho a la educación de la ONU. Se requiere invertir en el INEA y colocar su oferta donde más se necesita. Urge redefinir los programas supuestamente orientados a enfrentar la inequidad educativa, para garantizar los derechos de las niñas y los niños indígenas, jornaleros, con discapacidad y habitantes de localidades rurales. Necesitamos una sacudida programática.

En suma, se requiere una política educativa orientada a la equidad, sin olvidar que la falta de calidad de la educación atraviesa todos los estratos sociales. En Jalisco, por ejemplo, en la Prueba PISA 2012, 43{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los adolescentes están por debajo del Nivel II en Matemáticas y 45.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 15 años está en primaria o fuera de la escuela, con lo que ocupa el último lugar del país. La mala calidad y la exclusión educativa recorre todo México y no afecta sólo a las entidades más pobres.

  1. Se requiere un presupuesto más equitativo e inteligente. No es posible que sin importar lo que digan el Plan Nacional de Desarrollo o el Programa Sectorial, incluso la ley general de educación, siempre puede aparecer en el PEF un programa como MiCompu.Mx, al que se le asignaron en el PEF 2016 $750,000,000. Con este recurso se podría financiar 1.5 veces al INEA (que tiene $503,148,533), 1.5 veces al Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil (que tiene asignados $500,000,000) y 1.4 veces al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (que tiene $534,638,792). Obviamente hay otras prioridades que no son resolver las desigualdades en la educación básica.

Se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros que se requiere para proporcionar un servicio de calidad, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas. Si se quiere mejorar no hay más que hacer una inversión histórica en la formación de maestros, y en las escuelas mismas, porque el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (CEMABE) reporta, por ejemplo, que sólo 41.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}) y sólo 65.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las escuelas cuenta con silla para el maestro en todas las aulas (80.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} es el promedio del país). ¿Para cuándo?

  1. La reforma educativa no avanza porque es terriblemente inercial en lo político. Perdón, pero seguimos pagando las consecuencias del pacto mafioso del estado con Elba Ester Gordillo y sus antecesores, y más lejos aún, si nos adentramos en la larga noche de los “Nochixtlán” de nuestra historia.

Un problema son las estructuras anquilosadas y corruptas, que siguen provocando la sumisión de la escuela intereses creados y permanecen activas prácticamente en todas las entidades del país. Se requiere instaurar reglas claras y aplicables para todos, sin distingos, llámese SNTE, CNTE, gobiernos estatales y/o gobierno federal.

Claro que se requiere una reforma laboral, pero no sólo eso. Qué bueno que la autoridad recuperó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pero ahora hay que hacer las cosas de otra manera.

Es ineludible atacar la corrupción y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo.

Resolver esto es ineludible para resolver el conflicto con la CNTE. Y los maestros deben ser parte de la solución, de una solución concertada, amplia, compleja, inteligente, para salir del hoyo de una vez por todas.

  1. El INEE ha hecho su tarea en medio de las restricciones que tiene y lo que ha fallado es la política. La reforma educativa está coja. El gobierno debe reconocer que, además de ser parte del problema, se ha equivocado en la operación de la reforma tanto en estos cuatro estados como, en su medida, en el resto del país.

Si se quiere legitimidad, no se puede decir que la tragedia de Nochixtlán  se ha producido “en nombre” de los niños, niñas y adolescentes. Eso es una barbaridad.

  1. La educación no está aislada de otras características de nuestro subdesarrollo ni de la dinámica social, cultural y política. Desgraciadamente, como dice bien Miguel Ángel Vázquez, “Hay una obsesión por no querer entender la complejidad del tema.”

Nochixtlán no es sólo un problema para la SEP. Por eso sonó absurdo que el secretario Nuño dijera que no iría al encuentro en la Secretaría de Gobernación el 21 de junio, porque allá no se tratarían temas educativos sino políticos. Como si después de todo lo dicho anteriormente pudiéramos afirmar que la educación “no” es política.

  1. Como dice Eduardo Andere “la falta de educación no es la principal causa de los grandes problemas nacionales ni globales (…) En lo estructural están los temas de pobreza y segregación; en lo cultural la falta de hábitos proclives al aprendizaje; y en lo político, los problemas de autoritarismo o democracias simuladas (…) Si pensamos que la política educativa nos sacará de todos estos problemas, es iluso; a menos que la política educativa incluya los instrumentos propios de otras políticas como la social, la cultural, la de justicia, entre otras. Los líderes se confunden al pensar que la falta de educación es la causa de nuestros problemas “sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.

En fin. Pensar en que pedir el diálogo es apapachar a la CNTE es un error, lo mismo que pedir la escalada del enfrentamiento. Es hora de explorar otros caminos. Cualquiera que conozca al país, en particular esos estados, sabe que la solución no pasa por la violencia, sino por una solución política acompañada de soluciones reales, como las que se han señalado.

También es hora de la empatía, para entender o aproximarnos a entender la profundidad de los cambios que se requieren. ¿Qué siente una madre que lleva a sus hijos a una escuela donde no hay clases y que además sabe que sufrirá represalias si protesta? ¿Qué hace un maestro  sometido al “pase de lista”? ¿Qué hace otro que quiere ser evaluado pero tiene miedo a perder su trabajo? ¿Qué pueden hacer todos ellos y ellas en contextos de superávit de caciques? ¿Qué pueden hacer cuando están enterrando a sus muertos y los detienen las autoridades sin explicación alguna? ¿Qué hacen cuando no tienen acceso a la justicia?

¿Qué hacer en un mundo de pobreza, donde no se puede disentir, sin opciones, bajo la “Ley de Herodes”?

DE HIROSHIMA A LA NARVARTE: ¿CÓMO OLVIDAR?

Luis Alberto Barquera

“Y entonces salimos a contemplar de nuevo las estrellas”

El Infierno, Dante

 

Siempre que se cumple un aniversario más de la tragedia de Hiroshima y Nagazaki, recuerdo a Kenzaburó Oé, en Cuadernos de Hiroshima (1965), cuando habla de los hibakusha y “del modo concreto en que perdieron la vida o sobrevivieron a costa de padecer sufrimientos atroces”.

Oé habla de los que decidieron suicidarse para mostrar su protesta, de los que optaron por ocultarse de las miradas y de los que lucharon todo el tiempo que les restaba antes de alcanzar una muerte terrible, así como de los ciudadanos que asumieron la atención de las víctimas.

Decía este autor japonés, en 1964, que la gente de Hiroshima, “en lugar de guardar silencio u olvidar esa tragedia extrema de la historia humana, está tratando de hablar sobre ello, de aprender sobre lo que pasó y registrarlo todo. Es una tarea formidable que exige un esfuerzo extraordinario. La gente de fuera difícilmente podemos comprender el alcance y la intensidad de los sentimientos de la gente de Hiroshima, incluyendo la aversión que sienten a exponerse al público y que deben vencer para poder llevar a cabo su tarea. Ellos son los únicos que tienen derecho a olvidar y a mantener silencio sobre Hiroshima. Sin embargo, suelen elegir hablar, estudiar y dejar constancia con toda su energía. El grupo de mujeres que publica Los ríos de Hiroshima, los defensores del documento en blanco, los médicos del Hospital de la Bomba Atómica y todas las víctimas que han hablado de sus amargas experiencias aunque lo hayan hecho con modestia y en voz baja, poseen una inequívoca dignidad. Es a través de vidas como las suyas como aparece gente dignificada en nuestra sociedad.”

Oé habla de gente que no se rindió nunca: “en lugares donde no se podían encontrar esperanzas concretas para la vida, escuché la voz de la gente sana y firme, gente que seguía adelante despacio pero con una genuina resolución.” Y del increíble espíritu de autocontrol de la gente de Hiroshima, aunque tuviera la justificación para hacer cosas terribles: “Su situación era amarga y desesperada; si hubiesen caído en la inmoralidad, en la locura o en el crimen, lo habríamos juzgado como una razón muy humana. Pero no sucumbieron a ninguna de esas tentaciones. En lugar de eso, vivieron con entereza y dignidad hasta el final. Después, traspasaron en silencio la puerta de la muerte.”

Para Oé la campaña para lograr la redacción de un documento en blanco sobre las víctimas y daños causados por la bomba atómica era “un importante camino para lograr que el sufrimiento humano de la ciudad sea completa y fielmente reconocido en el mundo entero al igual que sucede con el caso de Auschwitz (…) A menos que cumplamos con ese deber, no seremos capaces de evitar que la gente desesperada continúe suicidándose como única forma de afirmar que ya no existe esperanza o salvación.”

Gracias a la tenaz lucha de los hibakusha, los nombres de las cerca de 300 mil víctimas de la bomba se han colocado a lo largo de 70 años en el Parque de la Paz para no olvidar jamás esta gigantesca barbaridad de la II Guerra Mundial.

¿Qué nos conecta con la experiencia de los hibakusha? La lucha por la dignidad, el reconocimiento y la paz.

Sirva este espacio para decirle a usted, amable lector, y a todas las víctimas y sus familias de esta criminalidad gigantesca y absurda que nos inunda, que la lucha por la dignidad y el reconocimiento no se lleva con el silencio y el olvido.

Que nunca se nos olvide que el pasado 31 de julio, en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, fueron asesinados:

Alejandra Negrete,

Milé Virginia,

Yesenia Quiroz,

Nadia Vera

y Rubén Espinosa

Y que además de Rubén, sólo este año, han sido asesinados los periodistas Moisés Sánchez, Armando Saldaña, Juan Mendoza, Abel Bautista, Filadelfo Sánchez y Gerardo Nieto.

Y que están pendientes de justicia los crímenes de Tlatlaya, Ayotzinapa y Calera.

Cuando pienso en las víctimas que todos los días produce el crimen y un estado omiso en nuestro país, que difícilmente podremos avanzar si no reconocemos su humanidad, su dignidad y su sufrimiento.

Nos falta mucho por hacer para que no se acepte lo inaceptable. La experiencia universal de los hibakusha nos toca porque no debemos perder nunca de vista que nos hace falta mucho por hacer, que nos hace falta mucho por hablar sobre lo que está pasando, por reconocer a las víctimas de la violencia y por hacer efectivos los derechos humanos en México. Todos, muy en particular los periodistas, son responsables de esta tarea en la conversación pública.

Kenzaburó Oé dice que aprendió a protegerse de la vergüenza o la humillación, esforzándose por “no perder nunca de vista la dignidad de la gente de Hiroshima”.

A mí también los hibakusha me ayudan a poner en perspectiva mi propia vida (sobre todo cuando me quejo demasiado por algo que en realidad es mucho más pequeño). También a entender mejor que la lucha de los hibakusha por mantener su dignidad, dotando a su sufrimiento de sentido, es la única manera de conservar la esperanza, esa que Oé nos transmite al recordarnos ese maravilloso verso de Dante.

@LuisBarquera

Odisea Global

INEE: EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

Luis Alberto Barquera

Tengo que iniciar felicitando a Sylvia Schmelkes y a los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por su comunicado ejemplar. A la altura del respeto que nos merecen, como dije en mi twitter. Poniendo por delante el interés superior de niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, la autonomía constitucional de esa institución.

El viernes 29 la Coordinadora Nacional del Servicios Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, “debido a nuevos elementos a considerar” (sic.).

No fue el Secretario Chuayffet el que dio la noticia en ese escueto comunicado, en el que se anuncia una flagrante violación a la Ley de Servicio Profesional Docente y se pasa por encima de la autonomía constitucional del INEE, responsable del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

El presidente de la república, Enrique Preña Nieto, no ha dicho esta boca es mía.

La razón es que no hay forma de justificar esta decisión. Y porque posiblemente estamos frente a una medida que puede ir más lejos que la evaluación de maestros.

Un día después, el sábado 30, Eduardo Backoff, consejero de la Junta de Gobierno del INEE, mandó un tweet diciendo que “El comunicado de la SEP pone en vilo la existencia del propio INEE: ¿un instituto de evaluación sin evaluaciones?”.

¿De qué tamaño es este golpe, desde el gobierno, a la reforma educativa?

En este momento no se sabe si se aplicarán las pruebas de logro escolar, que forman parte de Planea (Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes), que tendrían que aplicarse estudiantes de los grados terminales de educación básica y media superior, en las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas y convivencia escolar.

Niños y niñas están próximos a salir de clases y en las escuelas no se sabe si se aplicará la prueba. En los pasillos de la SEP se afirma que no se aplicarán ni este ciclo escolar ni en lo que queda de administración del presidente Peña.

Habrá que esperar. Pero lo cierto es que esto no es sólo causa de la presión abierta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o, por debajo del agua, del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Ahí está el chantaje de una y la operación del otro (dudo que el gobierno se haya animado a hacer este desfiguro sin el respaldo del SNTE). Ellos hacen su trabajo, para sus intereses, pero el gobierno no hace el suyo.

El gobierno federal tiene buen rato haciendo tratos por encima de la ley. El gobierno de Oaxaca, por ejemplo, ha sido un militante activo en contra de la reforma educativa. Al final se ha permitido a personas que no han sido evaluadas, que ingresen como docentes o que escalen como directores y supervisores. No ha sido posible poner por encima de todo el interés superior del niño y garantizar su derecho, si no a la educación, por lo menos a ir a la escuela.

Ahora el gobierno federal ha decidido dar un paso más: que se suspenda la evaluación de maestros en todo el país. Ya no son sólo los estados donde el conflicto con el magisterio domina el escenario político. Ahora el gobierno lo escala a toda la república.

El gobierno federal atenta contra el derecho de “casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito.”

Es gravísimo. Por eso es de gran mérito que el INEE, el sábado 30 de mayo, exigiera en su comunicado 20 al gobierno de la república “dejar sin efectos la “suspensión indefinida” de las fechas de evaluación del Servicio Profesional Docente.”

 

La decisión de la SEP, como señala el INNE, es ilegal, invade su competencia, vulnera su autonomía constitucional y es contraria al interés superior de la niñez.

 

El interés superior de la niñez significa garantizar su derecho a la educación, pero el estado lo viola cuando “niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad.”

Con base en lo anteriormente expuesto, y dado que no existe justificación alguna, el INEE “conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.”

Se dice que la explicación a todo esto es la debilidad del gobierno. Yo creo que más bien son las malas decisiones que toma. La valoración que prevalece es que lo importante es afianzar lo que siempre ha sido su fortaleza, el control corporativo de los maestros, por encima del interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en tiempos electorales. Sus intereses de facción por encima de la Constitución, aunque signifique apartarse de la ruta de los derechos.

Las autoridades siguen sin entender, igual que antes de este desplante, que el nuevo arreglo del Estado con los docentes implica un esfuerzo multidimensional porque no estamos hablando de un problema sólo educativo. Ahora el punto de partida es más atrás porque se demuestra que el gobierno, además de faltarle ambición y compromiso con los ciudadanos, se deslinda de la reforma educativa que él mismo impulsó. El gobierno tiene que rectificar

¿Qué oportunidad tenemos de mejorar la educación en Zacatecas o en Veracruz si dejamos pasar esta barbaridad? ¿Qué podemos esperar del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de los sistemas en los estados y los municipios, si no se asegura la ejecución de los cursos de política que defina la autoridad, como en este caso la evaluación de los maestros en los términos que establece la ley? ¿Qué podemos esperar para cualquier cosa plausible en este país si el propio gobierno puede incumplir la ley y salirse con la suya, que es contraria a la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos?

Me quedo con el mensaje profundo de las últimas líneas del comunicado: “hoy más que nunca, tanto el INEE y las autoridades educativas, en su carácter de instituciones públicas, así como la sociedad civil y el magisterio nacional, debemos estar a la altura de las exigencias del país para defender la legalidad y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.”

Por supuesto que debemos sumarnos a la exigencia del INEE. Defendamos la legalidad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes. El gobierno debe obedecer la Constitución y está obligado a garantizar el derecho a la educación de los ciudadan@s de 3 a 17 años (aunque no voten).

 

LAS DIRECTRICES DEL INEE Y EL HOUDINI DE LA POST-EVALUACIÓN

Luis Alberto Barquera

El 12 de febrero tuve el gusto de participar como representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en la 1ª Sesión ordinaria del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Un tema importante fue el de las directrices que esta institución debe emitir con base en la evidencia recabada por la evaluación durante 2015. Me explico.

Años de lucha de investigadores y educadores, y los pésimos resultados en el desempeño del sistema educativo, inocultables en un mundo global en el que México se fue insertando, dieron lugar a una institución que ahora, como organismo autónomo desde el 26  de febrero de 2013, tiene el objetivo de “evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.” Para cumplir con este mandato el instituto debe:

1. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

2. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, y

3. Generar y difundir información para, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

A propósito de este último punto, donde estriba buena parte de la fuerza jurídica y política de la institución, la Ley del INEE establece que:

  1. Los lineamientos y directrices que emita el Instituto se harán de conocimiento público. (art. 48)
  2. Los lineamientos en materia de evaluación educativa serán obligatorios para las autoridades educativas. Su incumplimiento será sancionado. (art. 49)
  3. Las directrices emitidas por el Instituto serán hechas del conocimiento de las autoridades e instituciones educativas correspondientes para su atención. (art. 50)
  1. Las autoridades e instituciones educativas deberán hacer pública su respuesta en relación con las directrices del instituto, en un plazo no mayor a 60 días naturales. (art. 51)

¿Qué tendrían que incluir las directrices del INEE?

Pienso que las directrices que podemos esperar tendrían que establecer, con base en evidencia sólida, algunos puntos como los siguientes:

  1. Qué programas están funcionando adecuadamente, y tendrían que reforzarse, y cuáles tendrían que desaparecer. Las directrices tendrían que decirnos con precisión los cambios que se requieren de acuerdo con cada modalidad educativa. Por ejemplo, ¿qué tenemos qué hacer con capacitación y el seguimiento de maestros de telesecundaria para garantizar resultados de aprendizaje?
  2. Qué cambios en la gestión del sistema se requieren, en términos de las modificaciones necesarias en estructura burocrática y el perfil de los cuadros que se necesitan en las entidades de la república para garantizar que las directrices puedan llevarse a cabo. ¿Qué controles necesita la federación para operar la reforma, que no puede ceder a las autoridades y secciones sindicales locales?
  3. Qué carrera magisterial se requiere para garantizar maestros comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos.
  4. Qué significa lo anterior, desde el punto de vista de una mejora continua de planes y programas, así como de compromiso del estado con los maestros, en términos del monto de recursos que se requieren para realizar una verdadera transformación a mediano y largo plazo. Me refiero a cómo gastar mejor y a cómo gastar en una gestión eficiente, no necesariamente en aumentar el presupuesto en puntos del PIB.
  5. Qué se debe hacer en términos de la articulación interinstitucional que se requiere para atacar los problemas del entorno que impiden que todos los niños y niñas asistan y aprendan en la escuela, en especial los que habitan localidades rurales, trabajadores, indígenas y con discapacidad. Por ejemplo, los becarios de Oportunidades requieren apoyo pedagógico inmediato, y los integrantes del padrón de ese programa que no asisten a la escuela una política de inclusión que garantice su permanencia. Urge la activación en cada entidad del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para atender los problemas de violencia en la familia y el entorno que impiden el acceso y el aprendizaje en la escuela.
  6. Qué plazos se deben cumplir para lograr un cumplimiento razonable, señalando con toda claridad los costos que tendrá la no aplicación de las directrices en términos de vidas perdidas para la educación y recursos humanos desperdiciados para el desarrollo de México.

¿Cómo recibirá el gobierno federal las directrices?

No tengo duda de que los resultados que arroje la evaluación del INEE serán impecables. No habrá duda de su calidad técnica y rigor metodológico. La estatura intelectual y moral de Sylvia Schmelkes me lo garantiza. No dudo de su esfuerzo y compromiso.

Dudo del compromiso del gobierno federal y de los gobiernos locales con la reforma educativa y con las directrices que el INEE emita. El problema es una estructura burocrática muy hecha a la reproducción de intereses particulares, que debe atacarse desde el interior de los gobiernos de los estados, independientemente del partido que se trate, y eso no lo va a hacer el INEE.

El INEE nos dará resultados de la evaluación, lineamientos y directrices de política. Lo que no puede darnos es la voluntad política del gobierno para realizar las transformaciones necesarias.

¿Nos falta una cultura de la evaluación? Por supuesto. Al primero que le falta es al propio gobierno, que más bien ha desarrollado la práctica exitosa de evadir las recomendaciones de la evaluación.  La experiencia con el CONEVAL arroja que es escaso el impacto de la evaluación en la modificación de la política pública después de más de diez años de esfuerzo.

Anoto lo anterior porque el gobierno es un auténtico Houdini a la hora de escapar de amarras y cadenas asociadas a recomendaciones y directrices. El problema del gobierno, en todos los órdenes, es su resistencia al cambio. Todo lo contesta, pero poco modifica, de tal forma que hace lo necesario para que todo permanezca y al final acaba escapando. El reto del INEE es que acate las directrices.

A lo anterior se suma que no se aplica la ley, empezando por el gobierno, y todo se politiza para mal. Me preocupa que la propia autoridad educativa acabe aislando al INEE porque cualquier directriz, por más sustentada que sea, se enfrentará a intereses poderosos para poder operarse.

Ojalá el gobierno acate las directrices del INEE y ponga por delante el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes de México. De otra forma la reforma educativa estará completamente perdida.

Las directrices pueden impulsar el cambio que necesitamos

Por eso la sociedad civil tiene que hacer el esfuerzo de crear el contrapeso, aunque la cuesta se vea muy empinada. El valor público de la evaluación estriba en que sus resultados sirvan para reformular programas y políticas y asignar mejor el presupuesto. Sobre todo para redefinir el rumbo estratégico de la acción gubernamental: garantizar el derecho a la educación.

Espero que las directrices del INEE nos den elementos muy concretos para trabajar con el Congreso de la Unión, con los congresos locales, con los partidos políticos, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con diversas agencias de Naciones Unidas, para insistir en que se utilicen los resultados de la evaluación.

Las directrices pueden iluminar el principio del camino para desmontar lo viejo y hacer aparecer lo nuevo, una sociedad preocupada por garantizar el derecho a la educación de las niñas, los niños y los adolescentes de México.

El INEE va a cumplir su parte. Nosotros tendremos que hacer la nuestra, que es exigir que esas directrices, cuando lleguen, se apliquen. Preparémonos. Ya sabemos que nuestro Houdini se especializa en escapar de la caja negra de la post-evaluación.

 

LA EDUCACIÓN FUERA DEL DECÁLOGO, PROSPERA TAMBIÉN

Luis Alberto Barquera.

El 11 de agosto el presidente Peña declaró que daba por concluidas las reformas que México necesita. Sólo unos días más tarde, el 26 de septiembre, con la desaparición de 43 normalistas, 6 muertos y una veintena de heridos a manos de sicarios organizados desde el gobierno municipal, resultó que seguían pendientes dos: una que garantizara justicia y combate la impunidad, y otra que atacara de frente la desigualdad. Luego, el 27 de noviembre, presentó un decálogo que se percibió como una falta de compromiso con soluciones de fondo.

El decálogo de Enrique Peña Nieto sonó a lo que suena una manera tradicional de colocarse frente a los problemas. De forma declarativa. Invocando las soluciones sin mecanismos concretos para avanzar. Hablando con una contundencia vacía, sin conectar con lo que México necesita. Pareció que no quería llegar al fondo de las cosas. La idea de que mencionando las soluciones éstas se materializan en una suerte de verbo que se hace carne, de sueño que se hace realidad, es lo que ya no se acepta.

Un problema de México es, por lo menos desde la Constitución del 1917, que en el centro no está la garantía de derechos, sino la aspiración abstracta de conseguirlos. Nada horroriza más a los responsables jurídicos del gobierno mexicano, que leyes con “dientes” y plazos de cumplimiento. Para los abogados y legisladores de esta escuela la mejor ley es la que no es aplicable y la que no requiere ninguna inversión. Si se pueden tener programas con “0” pesos, mucho mejor. Así se cumple con el discurso, y se cumple también con el propósito de no alterar las prioridades del gasto. La falta de efectividad atraviesa el Estado mexicano, mientras pervive la máxima virreinal de “se obedece pero no se cumple”. ¿Ese es el “estado de derecho” que queremos? Véase, por ejemplo, la iniciativa preferente que envió el presidente Peña en materia de infancia, que tuvo que ser modificada hasta en 90%, porque se pretendía que fuera aprobada sin tener “dientes” y sin implicar recurso alguno para lograr su implementación.

Voltear la mirada a Chiapas, Guerrero y Oaxaca es, sin duda, muy positivo, pero hacerlo sin la perspectiva de que el Estado debe garantizar derechos es más de lo mismo. Hacerlo sin buscar efectividad significa seguir posponiendo la posibilidad de construir condiciones para el desarrollo y la paz en el mediano y largo plazo. Y hacerlo sin considerar a la educación de niños, niñas y adolescentes es impedir que los más pobres puedan participar en la propuesta de activación económica que propone el presidente.

En este sentido vale la pena analizar a Prospera, el programa federal insignia de transferencias condicionadas, porque podría ser el instrumento más importante del gobierno para focalizar acciones de desarrollo hacia la población más pobre y lograr efectividad, sin embargo no se aprovecha cabalmente. Aunque la evaluación demuestra que ha sido importante para que muchos niños accedan a la educación (y a la salud), dista mucho de cumplir con uno de sus objetivos, que es desarrollar capacidades educativas reales, por lo que no alcanza a funcionar como un instrumento verdaderamente igualador.

Prospera tiene un padrón de 5,856,392 familias activas y un total de 5,997,454 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (mayo/junio, 2014).

Si se quiere mayor igualdad se tendría que avanzar en lo que propone Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, para esos becarios: “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades (Prospera)”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

Prospera, además, tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia. ¿Y todos los demás niños, niñas y adolescentes que integran el padrón de familias de ese programa pero no son becarios? Están trabajando o migrando o siendo explotados de múltiples formas y Prospera sólo voltea la cara para no mirar. Si consideramos que se estima el promedio de hijos por familia en por lo menos tres, hablamos de una enorme exclusión educativa que el gobierno está pasando por alto. Se ha tratado de ocultar este grave problema con la eliminación de la web del programa, desde el 2008, del indicador “III.4. Número de niños y/o jóvenes de 8 a 17 años que reciben beca educativa, respecto al total de niños de 8 a 17 años incluidos en el padrón activo”. ¿Por qué?

El caso es que ni la calidad ni la inclusión educativa PARA TODOS Y TODAS se consideró en el rediseño de Prospera, cosa que tendría que estar en el centro de su razón de ser. De acuerdo con especialistas, sólo hubo un cambio de nombre y las novedades no han tenido ningún impacto importante en el presupuesto. El punto es que no se aprovecha todo el potencial de Prospera.

Sólo en Guerrero requerirían apoyo educativo inmediato, es decir HOY, 468,603 estudiantes de educación básica y media superior. El estado se ubica en el último lugar del país en matemáticas, ciencias y lectura en la prueba PISA 2012. Si no se entrega calidad, las becas o apoyos se convierten en dádivas.

El promedio de becarios por familia es de 1.07 en ese estado de la república; faltan 131,210 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años que permanecen fuera de las aulas y, por tanto, no reciben apoyo educativo. Guerrero, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, ocupa la posición 30 en niños fuera de la escuela y el 31, o penúltimo del país, en garantía de los derechos de la población de 0 a 17 años. Oaxaca se ubica en el 30 y Chiapas en el 32.

En suma, se puede afirmar que, en conjunto, son becarios de Prospera el 53.57% de la matrícula total de primaria, secundaria y medica superior de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que requieren ayuda pedagógica inmediata. También que en estos tres estados se ubican 481,675 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años fuera de la escuela, que tendrán que preocupar a Prospera y a las secretarías de educación locales. Y que 196,286 adolescentes de 15 a 17 años no asisten a la escuela y no han concluido la educación básica, que Prospera debe ubicar para que los atiendan los institutos locales para la educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué el rediseño de Prospera no se vio o no quiso ver este “elefante en la sala”? A este programa le vendría muy bien trabajar con enfoque de derechos. Esa sería una verdadera refundación.

Si se quiere combatir la desigualdad es necesario, por lo menos, colocar a México en la ruta de que efectiva, no declarativamente, niños, niñas y adolescentes reciban educación de calidad y que todos y todas estén en la escuela, además de garantizar su derecho a la supervivencia, a la protección y a la participación que debe atender un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto requiere una inversión sustancialmente superior al 1.6% del presupuesto aprobado para el 2015 destinado a Prospera para incluir a todos los que cuentan con la edad normativa para incorporarse a la escuela, así como los que se encuentran en rezago educativo. El trabajo de Prospera es transferir los apoyos y orientar el establecimiento de los servicios, no proporcionarlos.

Prospera aparte, es responsabilidad de la SEP garantizar el derecho a la educación. Se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas, que se requiere para proporcionar un servicio de calidad. Si se quiere mejorar no hay más que hacer una inversión histórica en la formación de maestros, y en las escuelas mismas, porque el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (CEMABE) reporta, por ejemplo, que sólo 41.9% de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3%) y sólo 65.5% de las escuelas cuenta con silla para el maestro en todas las aulas (80.8% es el promedio del país). ¿Para cuándo?

Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el derecho a la educación de la ONU, propone integrar las escuelas del CONAFE al sistema educativo regular. Entre tanto no puede seguirse asumiendo como correcto que el presupuesto para esta institución haya sido el 1.08% del presupuesto total en educación para 2013. Tampoco el ridículo presupuesto para el combate al rezago educativo de toda la población, no sólo de los adolescentes de 15 a 17 años, que para el INEA fue de 0.80% en ese año. Recuérdese que el servicio que prestan ambas instituciones no lo realiza personal profesional.

Sin embargo, a la par de esos raquíticos presupuestos, ocurre lo que el CEMABE reporta: 39 mil 222 personas que nadie sabe qué hacen ni dónde están y 30 mil 695 maestros comisionados o con licencia que viven del presupuesto nacional. Durante el sexenio de Calderón se gastaron 27,2 mil millones de pesos (2,05 mil millones de dólares) en publicidad oficial. ¿Hay dinero o no hay dinero?

¿Por qué el presidente Peña no propuso invertir para terminar para siempre con la “escuela pobre para pobres” y eliminar el rezago educativo en adolescentes de 15 a 17 años?

Ahí está la posibilidad de cambiar la historia de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por lo menos en una buena parte. Pero la propuesta del presidente no incluye a la educación, ni se plantea enfrentar con decisión los desafíos que plantean la pobreza, la discriminación a la población indígena y los obstáculos para la reforma educativa que en esos estados son enormes. Además de invertir hay que enfrentar las consecuencias del abandono de la autoridad educativa en esos estados. Por ejemplo, el CEMABE estima que en estas entidades del “sur” no fueron censados 17,306 centros de trabajo y nada menos que 1,607,793 alumnos. El “personal” no censado fue de 109,338.

Se requiere construir las condiciones para impulsar una gran reforma a la educación en esas entidades, empezando por las formas de enfrentar el problema. El nuevo arreglo del Estado con los docentes tiene que incluir el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y de sus hijos, y un plan de formación docente, seguimiento y evaluación para lograr que los niños, niñas y adolescentes alcancen aprendizajes relevantes para sus vidas y puedan participar en la sociedad del conocimiento. Esto no puede evadirse, a menos que se quiera seguir dejándolos en el pozo de la pobreza y la desigualdad en el que actualmente se encuentran, y que sólo “prospere” la violencia.
La reforma educativa no avanza porque no se han producido los cambios institucionales que impidan la aplicación de una política irresponsablemente inercial, que no asegura competencias para la vida en los que asisten ni acceso de todos y todas. Seguimos pagando las consecuencias del pacto mafioso del estado con Elba Ester Gordillo y sus antecesores. Resolver a fondo el conflicto con la CNTE en esos estados es ineludible. Y los maestros deben ser parte de la solución.

Ojalá que organizaciones especialistas en el tema y el INEE impulsen un debate plural para definir ese nuevo arreglo, con presupuesto incluido, porque lo importante es lograr que la educación llegue hasta el último niño, niña o adolescente.

Cabe señalar, finalmente, que el “sur”, no se nos olvide, está en todas partes. Violencia y exclusión educativa siempre se acaban encontrando.

Las mayores tasas de homicidios en la población de 0 a 17 años, después de Guerrero (61.4), se ubican en Chihuahua (55.7) y Tamaulipas (53.04) (INEGI, 2010-2012). La exclusión educativa en estos dos últimos estados asciende a 166,961 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años.

La tasa más alta de desaparecidos en la población de 0 a 17, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (oct. 2014) la tiene Tamaulipas (175.8), seguido de Baja California (49.8) y Coahuila (38.0). 141, 555 personas de 0 a 17 años no asisten a la escuela en estas dos entidades.

No puedo dejar de dedicar una palabra a Zacatecas, un estado con rasgos del “sur” en el norte, que tiene 101,890 becarios de Prospera y 47,685 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años fuera de la escuela. Zacatecas es el lugar 26 en homicidios en la población de 0 a 17 años, pero en homicidios de niñas es el 30, o tercer peor lugar del país, luego de Guerrero y Chihuahua.

Cierro deseándoles una Feliz Navidad y un gran 2015. Que el Año Nuevo nos acerque al ejercicio pleno de los derechos humanos en México y que nos traiga fuerza en los brazos para no bajarlos. Mis deseos son: justicia, alto a la impunidad y educación para todos los niños, niñas y adolescentes. Ojalá encontremos el camino para lograr efectividad: un estado de derecho que asegure igualdad ante la ley y garantía de derechos. No rollo. Mil gracias por su compañía. Abrazo grande.

@LuisBarquera

UN SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA INFANCIA, “UNA RESPUESTA A TODAS LUCES NECESARIA”: CARLOS MUÑOZ IZQUIERDO

Luis Alberto Barquera.
A la memoria de mi maestro Carlos Muñoz Izquierdo.

El 12 de octubre de 2011, luego de que el Congreso modificara el artículo 73 de la Constitución de la república para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de niños, niñas y adolescentes”, salimos de Zacatecas, donde las leyes de infancia son de “papel”, para impulsar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que finalmente se aprobó el 6 de noviembre de 2014.

Tres años y 27 días de lucha. Hoy, que me quedo frío y devastado ante la noticia de su muerte, no puedo dejar de mencionar especialmente a don Carlos Muñoz Izquierdo, como inspiración y respaldo de ODISEA, A.C., en este esfuerzo. Recordarlo es mi homenaje a su memoria.

En este tiempo ODISEA, A. C trabajó intensamente con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) que, junto con UNICEF, impulsó el debate y acercó la experiencia más relevante a los medios de comunicación, en particular a las Cámaras de Senadores y Diputados, sobre la importancia de que México, después de 25 de firmada la Convención de los Derechos del Niño, contara con un Sistema Integral de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes.

Literalmente escribimos centenas de textos, impulsamos decenas de foros y conferencias de prensa y realizamos innumerables reuniones de trabajo con organizaciones y aliados. En el camino logramos detener, en 2012, la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, una ley declarativa, “sin dientes”, similar a la iniciativa preferente que presentó el presidente Peña Nieto el 1 de septiembre, la cual desatendió todo ese acumulado de discusión y análisis, particularmente el ocurrido en el Senado durante estos tres años.

Sin embargo, precisamente el Senado, tuvo a bien abrir el debate para discutir la iniciativa preferente. Participamos UNICEF, junto con todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, la REDIM, y expertos y académicos, entre los que tuve el honor de que se me incluyera http://tinyurl.com/nc9dzc3. El debate fue de altura y permitió que se abundara en argumentos y detalles sobre el porqué la iniciativa preferente no asumía las obligaciones del Estado y carecía de efectividad para garantizar los derechos humanos de niños niñas y adolescentes.

La REDIM fijó cinco “irreductibles” http://tinyurl.com/lbm98lu para lograr una ley general de altura: Enfoque de derechos, Definición precisa de ámbitos y espacios de concurrencia, Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Participación de la sociedad civil y de niños, niñas y adolescentes y Presupuesto adecuado.

¿Qué logramos?

Logramos poner a la altura de la Constitución la iniciativa preferente del presidente Peña.

Esto significa un Sistema Nacional, así como Sistemas Estatales y Municipales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, presididos por el presidente de la república, gobernadores y presidentes municipales. Los congresos locales tendrán que armonizar sus leyes con la ley general, para dar lugar a un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en cada entidad y sus correspondientes sistemas municipales.

La Secretaría Ejecutiva de este sistema estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, la cual coordina el Sistema Nacional y se articula con las secretarías ejecutivas de los sistemas de las entidades federativas para realizar la política nacional de infancia e informar periódicamente sobre los avances en la materia.

Los diferentes sistemas estatales se coordinarán con base en un Programa Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El sistema en cada entidad tendrá una secretaría técnica que tendrá su cargo un sistema estatal de información y el mandato de coordinar el esfuerzo institucional en favor de la infancia.

La ley contempla la creación de la Procuraduría Federal de Protección, así como procuradurías estatales de protección, adscritas a los sistemas DIF, las cuales coordinarán la ejecución y darán seguimiento a las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No es una ley perfecta. En mi opinión queda pendiente la efectiva participación de la sociedad civil, así como garantizar la de niños, niñas y adolescentes. Aunque nosotros estamos entre los principales promotores de esta ley, sigue existiendo un temor irracional a nuestra participación porque ésta cuestiona las reglas actuales de un poder, que se basa en la exclusión de la sociedad y el monopolio en la definición de las políticas públicas. Ahora tenemos un espacio mayor para la incidencia, incluso si se intenta dejarnos fuera del Sistema.

Una debilidad importante está en las defensorías, que no son autónomas. Nos hubiera gustado un mayor compromiso con políticas de discriminación positiva en favor de niños indígenas, trabajadores, rurales y con discapacidad, pero ahora tendremos mayor espacio para llevar adelante nuestras propuestas porque estos temas son, precisamente, la materia del Programa Nacional y del Sistema, no hacer lo mismo de toda la vida.

Con todo, no podemos negar que la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, avalada por UNICEF, es un verdadero paso adelante que ofrece a México la oportunidad de avanzar en la garantía de los derechos de la infancia.
A partir de hoy hay menos espacio para que los gobiernos de los estados se escondan en “leyes de papel” y continúen implementando políticas públicas de forma irresponsablemente inercial. El Presidente de la república, los gobernadores y los presidentes municipales tendrán que rendir cuentas. Será más difícil funcionar cómo si los niños, niñas y adolescentes con mayores desventajas no existieran.

Recordemos que sólo 16% de los niños y las niñas de México, de acuerdo con UNICEF, ejercen todos sus derechos, como el de vivir en familia, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la participación o a la protección especial. Los gobiernos con leyes más atrasadas tienen la oportunidad de ponerse al día con la ley general, mientras que los más abiertos y progresistas en la materia, los que ya se comprometieron con iniciativas como “10 por la Infancia” y ya han hecho avances legislativos, como Coahuila, Jalisco e Hidalgo, potenciarán su esfuerzo.

Nuestro reto es la implementación, la armonización legislativa en cada estado de la república y mantener la capacidad de generar propuestas efectivas y de dar el debate, porque la agenda de la ley general debe elevar la capacidad del Estado de utilizar mejor el presupuesto y de generar bienes públicos para la infancia y eso es lo que tenemos que exigir. No queremos saber qué se dice que se hace, sino realmente lo que se hace, los derechos que se garantizan efectivamente, con indicadores precisos y con evaluación de por medio.

La REDIM, como se anota en sus irreductibles, propuso al CONEVAL “con el objetivo de establecer cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones y de obtener elementos para realizar recomendaciones” y eso ya está en la ley general. Ahora nuestra lucha será lograr que esas recomendaciones sean de carácter vinculante y tengan presupuesto. Ya dimos este importante paso contra las “leyes de papel”, y nos dimos un instrumento para dar la luchar por la agenda pendiente, como vivir libres de violencia y lograr inclusión y calidad educativa para todos y todas.

Guerrero, por ejemplo, debe ser de primera importancia para el Sistema Nacional. El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia lo ubica en el lugar 31 en garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes http://tinyurl.com/nm7abyx La salida a la violencia pasa por garantizar derechos de la infancia, porque la paz no es posible en las condiciones que viven miles de niños, niñas y adolescentes, así como sus familias, maestros y los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

El Sistema Nacional, y sus réplicas estatales y municipales, deben de servir para lo que el INEE ha señalado para el caso de la educación. Muchos de los problemas que causan la inequidad en este ámbito “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

También puede servir para entender lo que Don Carlos Muñoz, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, señala cuando dice que “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

El Sistema puede servir para reorganizar el Estado y la política educativa hacia los más pobres. Hay que hacer las cosas de otra manera, porque de becarios de Oportunidades están llenos Ayotzinapa y miles de localidades del país, sobre todo en las zonas rurales. Don Carlos Muñoz, precisamente el último día que nos vimos, me dijo que este programa es una “puerta giratoria” que favorece el ingreso, pero no impide que muchos estudiantes abandonen prematuramente la escuela o salgan de ella sin las competencias para participar en la sociedad del conocimiento. “Necesitamos fortalecer la escuela y garantizar los derechos de los niños con mayores desventajas porque de otra manera la desigualdad permanece y el Sistema de garantía que propones es una respuesta a todas luces necesaria. Así entiendo la Segunda Oportunidad para los niños fuera de la escuela que propone ODISEA en Zacatecas”.

El mensaje de don Carlos es que no habrá avances significativos mientras los apoyos sociales y pedagógicos estén disociados. La tarea del Sistema es asociar lo disociado en este y otros temas, fortalecer a los titulares de derechos y establecer claramente las obligaciones de los titulares de deberes.

Me quedo con el aliento, la generosidad y el ejemplo de Don Carlos. El logro de haber sacado esta ley general, en lo que toca a nosotros, se lo dedico a él porque siempre nos apoyó con su consejo, con su nombre, y porque siempre pensó que lo conseguiríamos. Ya platicaré en otro espacio de su colaboración con nosotros.

En lo que toca propiamente a este proceso destaca cómo debe trabajar el sector más progresista y educado de la sociedad civil con el legislativo (principalmente con argumentos legales y técnicos), el mismo que después votó en contra de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Nadie tiene el monopolio de la democracia.

Dimos un paso importante, en el mar de pendientes en materia de derechos humanos que tenemos. En este sentido también hay que decir que la gran amenaza para el Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es la falta de estado de derecho y que los titulares de deberes, los funcionarios, trabajen como si lo primordial no fuera el respeto y garantía de los derechos humanos. Tampoco puede funcionar sin una sociedad fuerte que impulse el cambio y sin ejemplos como el de Don Carlos Muñoz Izquierdo, que comprometió su vida con el señalamiento de que mientras no reconozcamos que la pobreza y las desigualdades educativas van de la mano, no podremos tener un México ni justo, ni en paz.

@LuisBarquera

Presentación de Luis Alberto Barquera sobre la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia en las Comisiones Unidas del Senado de la República. 10 de septiembre, 2014.

Estimados senadores y senadoras.

Amigos y amigas.

Buenas tardes.

Antes que nada, quiero decir que aprecio mucho la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara para estar aquí y compartir mis puntos de vista sobre la iniciativa preferente del presidente Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia. Muchas gracias.

Estoy aquí porque creo en el debate y que de la discusión pública es necesaria para mejorar las leyes y mejorar la política pública que afecta a niños, niñas y adolescentes.
Con esta convicción y buen ánimo expondré que tenemos en la Constitución, en los artículos 1º. 4º y 73º, la orientación necesaria para mejorarla.

Luego ofreceré algunos ejemplos de la problemática a la que tendría que obedecer una ley general.

Y finalmente presentaré algunas conclusiones.

EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS: TAMBIÉN IMPLICA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La reforma al artículo 1º constitucional abrió una nueva etapa en la vida política de México, en la medida en que se reconoce una simetría central para la vida democrática: existen titulares de derechos, que somos los ciudadanos, y obligaciones de los titulares de deberes, que corresponden al Estado y sus funcionarios o autoridades, de acuerdo con una normativa global.

El párrafo segundo señala que los derechos deben interpretarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales (este es el llamado bloque de constitucionalidad, del que forma parte, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño), de forma tal que el ciudadano goce de la protección más amplia posible (principio pro personae).

En el párrafo tercero se apunta que las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto es responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo que establezca la ley, prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Con la reforma al párrafo quinto queda prohibida toda forma de discriminación que “atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Perdón por hacer este recuento, pero es necesario.

Ahora son los derechos fundamentales de las personas lo que da sustento a la legitimidad del estado y cobra carta de ciudadanía la idea de que el nivel de garantía de los derechos es lo que hace a una sociedad merecedora del calificativo de civilizada y democrática.

Con el establecimiento de la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los derechos, la posibilidad de acogernos al derecho internacional y la prohibición expresa de la discriminación, aparece como antídoto contra la simulación, la letra muerta y los derechos de papel, porque el parámetro para medirnos como sociedad es la efectiva garantía de los derechos.

En términos prácticos, como señalan Salazar y Carbonell (2012), “lo que importa es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones. Cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas; entonces, el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto por las autoridades como por los particulares, la realidad será autoritaria, inequitativa, opresora.”

Este es nuestro punto de partida para establecer la calidad de la iniciativa preferente que el presidente Peña nos propone.

A este esquema tendría que acogerse en su formulación la iniciativa del presidente de la república, pero no es así.

La iniciativa del presidente Peña, en la medida en que privilegia una lógica declarativa desdibuja las obligaciones que el Estado mexicano tiene para con los niños, niñas y adolescentes de México, de acuerdo con el artículo 1º constitucional.

También en esa medida deja en un segundo plano la efectividad, cosa a fin de cuentas es lo que hace real en la práctica el constitucionalismo de los derechos.

No hay un diagnóstico, en el que se determine “cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones” al que se ajuste la propuesta de ley, junto con responsabilidades claramente establecidas.

Aunque mencione abundantemente los instrumentos internacionales que nuestro país ha firmado, no genera las condiciones necesarias para lograr efectividad en el ejercicio de los derechos.

En pocas palabras, pensamos que falta compromiso para garantizar los derechos, de los niños, las niñas y los adolescentes.

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: SUPERAR UNA VISIÓN ASISTENCIALISTA Y CONSTRUIR UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

El artículo 4º constitucional señala que “EN TODAS LAS DECISIONES Y ACTUACIONES DEL ESTADO SE VELARA Y CUMPLIRA CON EL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ, GARANTIZANDO DE MANERA PLENA SUS DERECHOS. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TIENEN DERECHO A LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES DE ALIMENTACION, SALUD, EDUCACION Y SANO ESPARCIMIENTO PARA SU DESARROLLO INTEGRAL. ESTE PRINCIPIO DEBERA GUIAR EL DISEÑO, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ.

La falta de compromiso con los derechos se subraya con el hecho de que la iniciativa no privilegia el interés superior del niño al dar la espalda a la posibilidad de ser una verdadera “guía” para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia.

La impresión que queda es que el propósito de la oficina de la presidencia, además de mantenerse en la lógica de enunciar o declarar derechos, es mantener el marco institucional actual, en particular, sostener un enfoque de política claramente asistencialista y no tocar al DIF, en lugar de aprovechar la oportunidad de repensarlo y relanzarlo y en lugar de privilegiar “el interés superior del niño”.

La concepción de los centros de asistencia social y la atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados, es un buen ejemplo de esta visión asistencialista.

Durante estos años el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución fundada 1977 durante la administración del presidente José López Portillo, se transformó, más en el discurso que en la práctica, en cuanto a la dirección y operación que marcan los instrumentos firmados por México.

No queremos una ley general que sólo signifique, en realidad, una permanencia conceptual, política e institucional anclada en lo que ya tenemos y que comprobadamente es insuficiente.

Los niños y niñas de México no requieren dádivas, ni un trato de “menorcitos”, sino una política de infancia que reconozca su interés superior y los asuma de una vez por todas como sujetos de derechos.

REORDENAR LA POLÍTICA DE INFANCIA

La iniciativa preferente está lejos del espíritu y el mandato del artículo 73º, así como del dictamen que le dio origen: definir la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal y los municipios, y superar la desarticulación y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referidos a la niñez en los distintos ámbitos.

La Ley General de Educación es un buen ejemplo de lo que quiero decir. En su artículo 12 señala con toda claridad que “corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal” establecer para toda la república “los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.” En el artículo 13, se definen las “competencias” que “corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.”

No existe ningún párrafo similar a los anteriores en la iniciativa preferente. Lo mejor que se pensó en esa oficina de la presidencia fue repetir incansablemente la maravillosa frase “en el ámbito de sus respectivas competencias”, aunque nunca se hubieran definido, y afianzar la permanencia de falta de armonización y de “dientes” en las leyes de los estados.

El hecho es que los derechos enunciados en la ley del 2000, y en todas las leyes de infancia promulgadas en los estados, no se han reflejado en una nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado de garantizar la efectividad de todos los derechos para todos los niños y niñas de México.

¿La iniciativa del presidente Peña nos va a ayudar a superar el déficit de la institucionalidad actual, el desorden en la política de infancia y adolescencia y a orientar una armonización legislativa acorde con la garantía efectiva de los derechos en las leyes locales?

Una mala ley general, sólo reproducirá el atraso legislativo. Los estados de la república no van a mejorar si no hay una ley general que los obligue a transformar sus legislaciones de infancia para garantizar coordinación y cumplimiento de objetivos precisos.

En la medida en que la indefinición de competencias permanece, no se alcanza el objetivo que dio lugar a la reforma constitucional al 73o, de acuerdo con el dictamen que les dio origen: “el establecimiento de una política integral en materia de derechos de la niñez que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano para velar por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte.”

De acuerdo con el informe “Sistemas nacionales de protección integral de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y Caribe”, requerimos un sistema de protección fundamentado en una ley que defina una instancia con autoridad y competencias suficientes “que incluyan la capacidad de coordinar efectivamente el sistema de protección integral, así como que articule con otros sistemas como el de protección social, el de salud, el judicial, entre otros que son muy relevantes para la promoción y protección de los derechos de toda la infancia y adolescencia.”

La pregunta es: ¿esta iniciativa de ley general y el “sistema” que se propone cumple realmente con las características que Alejandro Morlachetti señala, más allá de que se diga que inspira esta iniciativa preferente?

La iniciativa preferente del ejecutivo, como la Ley de Protección del año 2000, carece “de mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.”

El “sistema” que se propone, tal como está, se parecerá mucho a los conocidos “Consejos” que inundan la administración pública y que no funcionan.

Me pregunto: ¿Es constitucional, de acuerdo con lo anterior, esta iniciativa de ley?

LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAMOS

¿A qué tendría que responder una ley general?

Por ejemplo el INEE ha señalado, en “El derecho a una educación de calidad. Informe 2014”, que muchos de los problemas que causan la inequidad en educación, “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Si bien la exclusión educativa es profunda entre la población en general, la discapacidad añade una dosis de exclusión adicional. Mientras en la población abierta de 3 a 17 años la exclusión de la escuela es de 18.38% (no llega a dos de cada diez), entre la población con discapacidad en ese mismo grupo de edad alcanza el 31.27% (tres de cada diez). En Chiapas alcanza 47.71%. En total tenemos a 165 mil 412 niños, niñas y adolescentes con discapacidad fuera de la escuela en todo el país: un pueblo entero discriminado.

En México 2 536 693 niños, niñas y adolescentes trabajan. Pese a las dimensiones del problema, el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, del SNDIF, en 2012 apenas entregó 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores en las 28 entidades federativas donde opera. En 2012, el SNDIF transfirió a ese programa (que además del trabajo infantil atiende temáticas como la explotación sexual infantil, migración, situación de calle, embarazo adolescente, adicciones y difusión de sus derechos) en promedio 1.6 millones de pesos a cada entidad federativa. En ese año el presupuesto dedicado al trabajo infantil comprendió 24% del total, lo que significa un promedio de $384 mil pesos por estado de la república ($29 mil 538.46 USD, aproximadamente). (Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013. Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, SNDIF, CONEVAL/SS, 2013).

En Ciudad Juárez un muchacho puede matar por mil pesos. ¿Por qué? El periodista Ioan Grillo documenta en su libro “El narco. El corazón de la insurgencia criminal mexicana”, que “los sicarios adolescentes son frutos de la marginación sistemática de los últimos veinte años.” Una entrevistada dice: “El gobierno no ofrece nada (…) Ni siquiera puede ofrecer mil pesos. La mafia es la única que se acerca a esos muchachos y les ofrece algo. Les ofrece dinero, teléfonos móviles y pistolas para que se defiendan. ¿Cree que esos muchachos se van a negar? No tienen nada que perder. Sólo ven el día a día. Saben que pueden morir y lo dicen. Pero no les importa. Porque siempre han vivido así.” Estamos hablando de un mundo asociado a la exclusión, al “cierre social”, la discriminación, o como quiera decírsele, y que ocultan los promedios (El municipio de Juárez ocupa el lugar 263 (de entre 2,546) en el ranking de municipios del Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, lo que no está mal, pero es uno de los más violentos del mundo y uno de los más crueles con los jóvenes).

Entre 2010 y 2012 la tasa de homicidios para la población total se redujo en 1.3%, pero en el caso de la población de 15 a 17 años creció en 13.2%, y todavía más grave, para la población de 0 a 17 años el crecimiento fue de14.3%.

Sólo 16% de los niños y las niñas de México, de acuerdo con UNICEF, ejercen todos sus derechos.

¿La iniciativa del presidente Peña realmente está dando lugar a la nueva mirada y a las “políticas intersectoriales” que necesitamos para garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores, migrantes, indígenas y de localidades rurales?

¿Cómo se plantea garantizar la protección de niños y niñas frente a la violencia en todas las clases sociales?

¿Se está pensando en los homicidios de adolescentes y las desapariciones forzadas?

¿Ustedes creen que estas situaciones se superan con la visión asistencialista que ha prevalecido? ¿Estamos en la línea de que los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad disfruten en pie de igualdad sus derechos con otros niños y niñas, incluso en los entornos más remotos y en las circunstancias más desfavorables?

Otra vez pregunto: ¿Esta iniciativa, a diferencia de la Ley de Protección del año 2000, cuenta con los “mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia”?

CONCLUSIONES

Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner a la altura de la Constitución la iniciativa preferente del presidente Peña.

No podemos desaprovechar la oportunidad que se dio el propio Congreso de transformar a fondo la política de infancia.

Nosotros trataremos de contribuir en todo lo que esté de nuestra parte en el mejoramiento de esta iniciativa preferente, con datos, con argumentos y con una enorme disposición al diálogo.

Pero al final ustedes, senadores y diputados, van a votar.

Los invito a definir su voto luego de estar seguros de que la ley general que propone el presidente Peña, para todos los estados del país y las diversas problemáticas de niños, niñas y adolescentes, realmente nos ayuda a fortalecer tres cosas:

1. La identificación de las demandas de los titulares de derechos (los niños, las niñas y los adolescentes) y las correspondientes obligaciones de los titulares de deberes (todas las secretarías y funcionarios de gobierno relacionados con el tema).

2. La identificación de las causas del no cumplimiento de derechos.

3. La orientación de recursos humanos, financieros, jurídicos e institucionales para revertir dicha situación de incumplimiento y orientar cursos de acción adecuados para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

En suma, los invito a evaluar con todo rigor si es una ley que nos pone en el camino de la efectividad, no otra que nos coloque en la pena de seguir viendo cómo se incrementa el “tambache” de leyes de papel.

Ojalá la ley que se apruebe sea un verdadero paso adelante, lo que pasa por que ésta impulse una política nacional que permee los tres órdenes de gobierno, definiendo competencias y responsabilidades, y posibilite el cambio institucional que necesitamos.
El Congreso puede lograrlo si mira lo que nos ordenan los artículos 1º, 4º y 73º de la Constitución y se detiene en revisar la problemática que viven hoy los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país, en el marco de los tratados internacionales que México ha firmado y las recomendaciones del Comité del Niño de la ONU.

Ojalá el Congreso nos dé esta reforma estructural que necesitamos urgentemente.

De otro modo los niños, las niñas y los adolescentes, y México en su conjunto, seguirá pagando muy caro mantenernos en el rezago legislativo actual, cosa absolutamente evitable.

APUNTES PARA EL DEBATE

(Para responder a las preguntas que se me hicieron y una reflexión final).

El objetivo debe ser cerrar la brecha entre la problemática y las soluciones alcanzables.

La mejor manera conocida es el enfoque de derechos.

Sin embargo, actualmente en los gobiernos no existen los incentivos para asumirlo plenamente:

Pensamos que sólo mencionando derechos ya logramos resultados

• Por eso no hay coordinación
• Por eso no hay presupuesto
• Por eso se puede funcionar con leyes de papel

Y, por tanto, por eso no funcionan los Consejos

• Por eso no importa resolver problemas
• Por eso no importa la ley
• Por eso no funcionará el “sistema” que se propone

De hecho, la coordinación va en contra de esta manera de funcionar, tanto en lo mental como en lo práctico. Este es el caso de Zacatecas, donde una muy buena ley de infancia, no tiene ninguna relevancia.

La participación de los municipios, pero también en la federación y en los estados, debe funcionar con base en diagnósticos precisos, como el que ofrece el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia.

La información es estratégica; también utilizarla, no guardarla.

Los grandes perdedores, si no se modifica esta iniciativa de ley, son por supuesto los niños, las niñas y los adolescentes, pero también los gobiernos y los funcionarios que quieren el cambio para poder cumplir mejor con su tarea.

Los gobiernos de Coahuila e Hidalgo han hecho avances muy importantes en materia de infancia y una buena ley general potenciaría su desarrollo.

Yo creo que es mejor mantener fuera del DIF al órgano coordinador, que incluiría la Defensoría, la Información y la coordinación institucional. Pero si se decide mantener el DIF con esas atribuciones pues simplemente habría que redefinirlo en la ley. La idea es que, en todo caso, no puede (debe) seguir tal como ahora. La redefinición del DIF debe ser tema de esta ley general.

No queremos una ley perfecta, queremos una ley mejor y que sirva.

LOS IRREDUCTIBLES

1. Definir claramente competencias y ámbitos de concurrencia, para aplicar una política nacional de infancia y adolescencia e incentivar el mejoramiento de leyes locales.

2. Definir una autoridad fuerte en materia de infancia, capaz de generar y operar decisiones vinculantes de política. Esto es, con el poder suficiente de coordinar el sistema y articular a todas la dependencia. Obviamente requiere presupuesto propio y no debe quedar en el DIF.

3. Definir una defensoría independiente, también con presupuesto y fuera del DIF.

4. Garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los órdenes y en instancias deliberativas.

Video de la intervención

Primer video de las audiencias públicas en el Senado: intervención de Luis Barquera

Audiencia pública a la que convocan las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores de la República Mexicana

Audiencia en el Senado para analizar la ley preferente sobre infancia con la participación de Luis Barquera, presidente de Odisea, A.C., Mónica González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Katia D’Artigues.

Concluyen audiencias, primera fase para enriquecer Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

 
  • Sociedad civil, ejecutivo federal, autoridades, especialistas y académicos, participaron en la fase de audiencias públicas.
  • La iniciativa será mejorada con la opinión de expertos en la materia, coinciden senador.

Con la opinión de expertos en la materia vertidas en las audiencias púbicas para analizar la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, termina la primera fase para integrar el documento que busca establecer las bases de los derechos de los menores y la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, afirmaron senadores de integrantes de las comisiones dictaminadoras.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la senadora Hilda Flores Escalera, del PRI, indicó que a partir de las diferentes opiniones y aportaciones que se han realizado durante las audiencias, se debe encontrar un punto de encuentro que beneficie a los niños, niñas y adolescentes. Apenas iniciamos con este proceso, por lo que estamos comprometidos para trabajar de manera escrupulosa el instrumento de protección con la opinión de los expertos, agregó.

Señaló que el único objeto es enriquecer la iniciativa que va de acuerdo a la conmemoración del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, del cual México forma parte. Reiteró su beneplácito de contar con un instrumento legislativo que permitirá proteger a los menores de edad.

El senador del PAN y presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks dijo que se revisará el diseño institucional propuesto, así como los mecanismos a través de los cuales se busca garantizar la protección a los menores. Consideró que el dictamen debe contener las opiniones de la sociedad civil, los recursos necesarios para que funciones y una precisa distribución de competencias.

Además de armonizar el marco institucional con los instrumentos internacionales de los cuales México forma parte, y reiteró que los integrantes de las comisiones continuarán escuchando las propuestas y observaciones que estén encaminadas a mejorar la propuesta legislativa.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, indicó que existen dudas sobre el diseño institucional para hacer efectiva la creación de un sistema que garantice el pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes, por lo que consideró que la ley debe tener la fuerza jurídica institucional suficiente para su implantación dentro de la estructura del ejecutivo federal, en estados y municipios.

El senador del PRD, indicó que además se debe garantizar la transversalidad en la implementación de las políticas y programas, vigilar que se garanticen los derechos, definir de manera clara las competencias y concurrencias de poderes e instituciones, y contar con un presupuesto suficiente para implementar la ley como se está planteando, agregó.

En los tres días en los que se llevaron a cabo las audiencias públicas en el Senado, participaron senadores, diputados, académicos, especialistas, autoridades relacionadas con el tema a nivel local, federal y municipal, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes fue enviada por el Ejecutivo federal, enviada con carácter de preferente, será dictaminada por las comisiones unidas de comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Derechos Humanos, de Atención a Grupos Vulnerables, de Educación, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

Durante el evento, Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), consideró que la iniciativa debe definir claramente la obligación de las autoridades para regular a los particulares a fin de evitar toda forma de discriminación que se hace a través de la prestación de servicios y de toda interacción que hay entre ciudadanos y particulares.

Dijo que es necesario precisar las competencias que tendrán las autoridades locales, federales y municipales en la atención y protección a menores, y crear un sistema de seguimiento al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, así como fortalecer la acción de la secretaría ejecutiva que se propone crear en la iniciativa.

La propuesta enviada por el Ejecutivo federal, debe contemplar la obligación de elaborar un informe anual que contenga la descripción sobre la información de las actividades hechas por las dependencias relacionadas con las funciones que les otorga la iniciativa, señaló.

Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justica, dijo que la iniciativa reconoce los principios de la Convención de los Derechos de los Niños y establece la obligación, en todos los niveles de gobierno, de adoptar medidas de protección especial para la infancia en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, es indispensable modificar los artículos 14 y 16 para garantizar el derecho al agua de las niñas, niños y adolescentes, así como para establecer el deber de capacitar, además de los padres y encargados de los menores, al sistema educativo nacional.

En materia migratoria, agregó, Pérez Vázquez, el artículo 34 la propuesta del Ejecutivo excluye a los menores de la posibilidad de solicitar el estatus de refugiado y el 36 no agota el concepto de debido proceso, porque sólo se refiere al derecho de audiencia, pero no a todas las garantías procesales.

Rebeca Pujol Rosas, magistrada de la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, reiteró que los infantes son sujetos de derechos y no de protección. En este sentido, sugirió incluir todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Se requiere, consideró, incorporar alternativas de solución de conflictos antes de judicializar los problemas en los que se involucren niñas, niños y adolescentes y que sean los tribunales el último recurso para dirimir los problemas familiares.

Además, se necesitan jueces y magistrados federales y locales en materia familiar, que los juicios relativos a los derechos de los infantes sean sencillos, rápidos y orales, así como reparar el daño en caso de violencia en contra de estos grupos.