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LA EDUCACIÓN FUERA DEL DECÁLOGO, PROSPERA TAMBIÉN

Luis Alberto Barquera.

El 11 de agosto el presidente Peña declaró que daba por concluidas las reformas que México necesita. Sólo unos días más tarde, el 26 de septiembre, con la desaparición de 43 normalistas, 6 muertos y una veintena de heridos a manos de sicarios organizados desde el gobierno municipal, resultó que seguían pendientes dos: una que garantizara justicia y combate la impunidad, y otra que atacara de frente la desigualdad. Luego, el 27 de noviembre, presentó un decálogo que se percibió como una falta de compromiso con soluciones de fondo.

El decálogo de Enrique Peña Nieto sonó a lo que suena una manera tradicional de colocarse frente a los problemas. De forma declarativa. Invocando las soluciones sin mecanismos concretos para avanzar. Hablando con una contundencia vacía, sin conectar con lo que México necesita. Pareció que no quería llegar al fondo de las cosas. La idea de que mencionando las soluciones éstas se materializan en una suerte de verbo que se hace carne, de sueño que se hace realidad, es lo que ya no se acepta.

Un problema de México es, por lo menos desde la Constitución del 1917, que en el centro no está la garantía de derechos, sino la aspiración abstracta de conseguirlos. Nada horroriza más a los responsables jurídicos del gobierno mexicano, que leyes con “dientes” y plazos de cumplimiento. Para los abogados y legisladores de esta escuela la mejor ley es la que no es aplicable y la que no requiere ninguna inversión. Si se pueden tener programas con “0” pesos, mucho mejor. Así se cumple con el discurso, y se cumple también con el propósito de no alterar las prioridades del gasto. La falta de efectividad atraviesa el Estado mexicano, mientras pervive la máxima virreinal de “se obedece pero no se cumple”. ¿Ese es el “estado de derecho” que queremos? Véase, por ejemplo, la iniciativa preferente que envió el presidente Peña en materia de infancia, que tuvo que ser modificada hasta en 90%, porque se pretendía que fuera aprobada sin tener “dientes” y sin implicar recurso alguno para lograr su implementación.

Voltear la mirada a Chiapas, Guerrero y Oaxaca es, sin duda, muy positivo, pero hacerlo sin la perspectiva de que el Estado debe garantizar derechos es más de lo mismo. Hacerlo sin buscar efectividad significa seguir posponiendo la posibilidad de construir condiciones para el desarrollo y la paz en el mediano y largo plazo. Y hacerlo sin considerar a la educación de niños, niñas y adolescentes es impedir que los más pobres puedan participar en la propuesta de activación económica que propone el presidente.

En este sentido vale la pena analizar a Prospera, el programa federal insignia de transferencias condicionadas, porque podría ser el instrumento más importante del gobierno para focalizar acciones de desarrollo hacia la población más pobre y lograr efectividad, sin embargo no se aprovecha cabalmente. Aunque la evaluación demuestra que ha sido importante para que muchos niños accedan a la educación (y a la salud), dista mucho de cumplir con uno de sus objetivos, que es desarrollar capacidades educativas reales, por lo que no alcanza a funcionar como un instrumento verdaderamente igualador.

Prospera tiene un padrón de 5,856,392 familias activas y un total de 5,997,454 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (mayo/junio, 2014).

Si se quiere mayor igualdad se tendría que avanzar en lo que propone Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, para esos becarios: “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades (Prospera)”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

Prospera, además, tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia. ¿Y todos los demás niños, niñas y adolescentes que integran el padrón de familias de ese programa pero no son becarios? Están trabajando o migrando o siendo explotados de múltiples formas y Prospera sólo voltea la cara para no mirar. Si consideramos que se estima el promedio de hijos por familia en por lo menos tres, hablamos de una enorme exclusión educativa que el gobierno está pasando por alto. Se ha tratado de ocultar este grave problema con la eliminación de la web del programa, desde el 2008, del indicador “III.4. Número de niños y/o jóvenes de 8 a 17 años que reciben beca educativa, respecto al total de niños de 8 a 17 años incluidos en el padrón activo”. ¿Por qué?

El caso es que ni la calidad ni la inclusión educativa PARA TODOS Y TODAS se consideró en el rediseño de Prospera, cosa que tendría que estar en el centro de su razón de ser. De acuerdo con especialistas, sólo hubo un cambio de nombre y las novedades no han tenido ningún impacto importante en el presupuesto. El punto es que no se aprovecha todo el potencial de Prospera.

Sólo en Guerrero requerirían apoyo educativo inmediato, es decir HOY, 468,603 estudiantes de educación básica y media superior. El estado se ubica en el último lugar del país en matemáticas, ciencias y lectura en la prueba PISA 2012. Si no se entrega calidad, las becas o apoyos se convierten en dádivas.

El promedio de becarios por familia es de 1.07 en ese estado de la república; faltan 131,210 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años que permanecen fuera de las aulas y, por tanto, no reciben apoyo educativo. Guerrero, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, ocupa la posición 30 en niños fuera de la escuela y el 31, o penúltimo del país, en garantía de los derechos de la población de 0 a 17 años. Oaxaca se ubica en el 30 y Chiapas en el 32.

En suma, se puede afirmar que, en conjunto, son becarios de Prospera el 53.57% de la matrícula total de primaria, secundaria y medica superior de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que requieren ayuda pedagógica inmediata. También que en estos tres estados se ubican 481,675 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años fuera de la escuela, que tendrán que preocupar a Prospera y a las secretarías de educación locales. Y que 196,286 adolescentes de 15 a 17 años no asisten a la escuela y no han concluido la educación básica, que Prospera debe ubicar para que los atiendan los institutos locales para la educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué el rediseño de Prospera no se vio o no quiso ver este “elefante en la sala”? A este programa le vendría muy bien trabajar con enfoque de derechos. Esa sería una verdadera refundación.

Si se quiere combatir la desigualdad es necesario, por lo menos, colocar a México en la ruta de que efectiva, no declarativamente, niños, niñas y adolescentes reciban educación de calidad y que todos y todas estén en la escuela, además de garantizar su derecho a la supervivencia, a la protección y a la participación que debe atender un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto requiere una inversión sustancialmente superior al 1.6% del presupuesto aprobado para el 2015 destinado a Prospera para incluir a todos los que cuentan con la edad normativa para incorporarse a la escuela, así como los que se encuentran en rezago educativo. El trabajo de Prospera es transferir los apoyos y orientar el establecimiento de los servicios, no proporcionarlos.

Prospera aparte, es responsabilidad de la SEP garantizar el derecho a la educación. Se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas, que se requiere para proporcionar un servicio de calidad. Si se quiere mejorar no hay más que hacer una inversión histórica en la formación de maestros, y en las escuelas mismas, porque el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (CEMABE) reporta, por ejemplo, que sólo 41.9% de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3%) y sólo 65.5% de las escuelas cuenta con silla para el maestro en todas las aulas (80.8% es el promedio del país). ¿Para cuándo?

Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el derecho a la educación de la ONU, propone integrar las escuelas del CONAFE al sistema educativo regular. Entre tanto no puede seguirse asumiendo como correcto que el presupuesto para esta institución haya sido el 1.08% del presupuesto total en educación para 2013. Tampoco el ridículo presupuesto para el combate al rezago educativo de toda la población, no sólo de los adolescentes de 15 a 17 años, que para el INEA fue de 0.80% en ese año. Recuérdese que el servicio que prestan ambas instituciones no lo realiza personal profesional.

Sin embargo, a la par de esos raquíticos presupuestos, ocurre lo que el CEMABE reporta: 39 mil 222 personas que nadie sabe qué hacen ni dónde están y 30 mil 695 maestros comisionados o con licencia que viven del presupuesto nacional. Durante el sexenio de Calderón se gastaron 27,2 mil millones de pesos (2,05 mil millones de dólares) en publicidad oficial. ¿Hay dinero o no hay dinero?

¿Por qué el presidente Peña no propuso invertir para terminar para siempre con la “escuela pobre para pobres” y eliminar el rezago educativo en adolescentes de 15 a 17 años?

Ahí está la posibilidad de cambiar la historia de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por lo menos en una buena parte. Pero la propuesta del presidente no incluye a la educación, ni se plantea enfrentar con decisión los desafíos que plantean la pobreza, la discriminación a la población indígena y los obstáculos para la reforma educativa que en esos estados son enormes. Además de invertir hay que enfrentar las consecuencias del abandono de la autoridad educativa en esos estados. Por ejemplo, el CEMABE estima que en estas entidades del “sur” no fueron censados 17,306 centros de trabajo y nada menos que 1,607,793 alumnos. El “personal” no censado fue de 109,338.

Se requiere construir las condiciones para impulsar una gran reforma a la educación en esas entidades, empezando por las formas de enfrentar el problema. El nuevo arreglo del Estado con los docentes tiene que incluir el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y de sus hijos, y un plan de formación docente, seguimiento y evaluación para lograr que los niños, niñas y adolescentes alcancen aprendizajes relevantes para sus vidas y puedan participar en la sociedad del conocimiento. Esto no puede evadirse, a menos que se quiera seguir dejándolos en el pozo de la pobreza y la desigualdad en el que actualmente se encuentran, y que sólo “prospere” la violencia.
La reforma educativa no avanza porque no se han producido los cambios institucionales que impidan la aplicación de una política irresponsablemente inercial, que no asegura competencias para la vida en los que asisten ni acceso de todos y todas. Seguimos pagando las consecuencias del pacto mafioso del estado con Elba Ester Gordillo y sus antecesores. Resolver a fondo el conflicto con la CNTE en esos estados es ineludible. Y los maestros deben ser parte de la solución.

Ojalá que organizaciones especialistas en el tema y el INEE impulsen un debate plural para definir ese nuevo arreglo, con presupuesto incluido, porque lo importante es lograr que la educación llegue hasta el último niño, niña o adolescente.

Cabe señalar, finalmente, que el “sur”, no se nos olvide, está en todas partes. Violencia y exclusión educativa siempre se acaban encontrando.

Las mayores tasas de homicidios en la población de 0 a 17 años, después de Guerrero (61.4), se ubican en Chihuahua (55.7) y Tamaulipas (53.04) (INEGI, 2010-2012). La exclusión educativa en estos dos últimos estados asciende a 166,961 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años.

La tasa más alta de desaparecidos en la población de 0 a 17, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (oct. 2014) la tiene Tamaulipas (175.8), seguido de Baja California (49.8) y Coahuila (38.0). 141, 555 personas de 0 a 17 años no asisten a la escuela en estas dos entidades.

No puedo dejar de dedicar una palabra a Zacatecas, un estado con rasgos del “sur” en el norte, que tiene 101,890 becarios de Prospera y 47,685 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años fuera de la escuela. Zacatecas es el lugar 26 en homicidios en la población de 0 a 17 años, pero en homicidios de niñas es el 30, o tercer peor lugar del país, luego de Guerrero y Chihuahua.

Cierro deseándoles una Feliz Navidad y un gran 2015. Que el Año Nuevo nos acerque al ejercicio pleno de los derechos humanos en México y que nos traiga fuerza en los brazos para no bajarlos. Mis deseos son: justicia, alto a la impunidad y educación para todos los niños, niñas y adolescentes. Ojalá encontremos el camino para lograr efectividad: un estado de derecho que asegure igualdad ante la ley y garantía de derechos. No rollo. Mil gracias por su compañía. Abrazo grande.

@LuisBarquera

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad

Una mirada desde la infancia y la adolescencia en México

En el 2000, México firmó, junto con la comunidad internacional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a cumplir en el 2015 y ahora que solo faltan unos meses para alcanzar esa fecha UNICEF publica el informe Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad, un documento en el que se hace un análisis del punto en el que el país se encuentra.

Introducción

En México, las niñas, niños y adolescentes se ven afectados por cuatro dimensiones principales de inequidad: el ingreso de los hogares en los que habitan, su origen étnico, su lugar de residencia y el género. Así, por ejemplo, los estados y los municipios más pobres generalmente tienen una mayor proporción de población indígena, aunque no siempre es el caso. Igualmente, la dimensión de género es un factor de inequidad en áreas como el trabajo infantil, en las que los niños enfrentan una desventaja relativa frente a las niñas, pero tiene una ponderación menor para explicar la presencia de disparidades en la educación o la salud.

Si bien la combinación de estas dimensiones agrava la exclusión de los grupos de la población menor de 18 años en mayor desventaja, su análisis por separado permite trazar un mapa de las disparidades persistentes en la infancia y la adolescencia en el país, e ilustrar cómo cada una de ellas influye en distintas áreas relacionadas con el cumplimiento de sus derechos.

Los esfuerzos por identificar y conocer las características de las niñas, niños y adolescentes en mayor desventaja en México ponen en evidencia la importancia de contar con información desagregada, de manera que se puedan mostrar y hacer evidentes las brechas en el cumplimiento de sus derechos que subyacen tras los promedios nacionales. Leer más.