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EL LARGO CAMINO A NOCHIXTLÁN

Luis Alberto Barquera*

Con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó una reforma educativa que pretendía responder a una amplia demanda de la sociedad. El INEE se constituyó en un organismo público autónomo y quedó encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Pero junto a los cambios constitucionales y el fortalecimiento del INEE, para mí el cambio más importante, no llegó una nueva manera de ver a la educación en México. Las autoridades educativas en los estados siguieron funcionando a la “antigüita”, se redujo el problema a un sindicalismo “bueno” y a otro “malo” y, sobre todo, se olvidó que el problema magisterial tiene hondas raíces en la pobreza y la desigualdad de México.

En este sentido se olvidó también que los sucesivos gobiernos de la república fueron cómplices, por acción u omisión, de la situación actual. Nochixtlán es la punta del iceberg. El conflicto actual viene de lejos: de la discriminación, del racismo, de la exclusión, de la represión, de la corrupción y, como sucedáneo, del control político del magisterio, de la venta de plazas, de los aviadores, tanto del SNTE como de la CNTE, y del abandono de los maestros y de los niños y niñas por parte del gobierno de la república durante décadas. Es la historia de Elba Esther Gordillo, de sus antecesores y sucesores, incluso de sus opositores, y de un estado que abandonó su responsabilidad como autoridad educativa. Es el déficit de Estado, la falta de estado de derecho, la falta de recursos donde más necesitan.

La equivocación más importante es que se pensó que el único culpable de todo este desastre es la CNTE. Nochixtlán es el símbolo de que la reforma no llegó con el talento y la decisión que se requiere para echarla para delante en los cuatro estados que se consideran con mayor influencia de la CNTE: Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

No se ha tomado en cuenta que en esas cuatro entidades hay lugares en los que no ha llegado siquiera la Revolución Mexicana, ya no digamos la democracia, el debate y el debido proceso.

Algo de lo que está ahí, más allá de la CNTE, es cómo viven las niñas, los niños y los adolescentes en esos estados de la república. Quizá identificar estos elementos con claridad ayude a generar una nueva mirada frente al problema.

¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS?

Población. A nivel nacional se considera indígena 21.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población. Pero en Oaxaca la proporción de pertenencia indígena es tres veces mayor (65.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}), en Chiapas es de 36.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, en Guerrero de 33.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en Michoacán 27.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

Por otro lado, mientras a nivel nacional el porcentaje de población que reside en localidades con menos de 2,500 habitantes es de 23{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, la proporción en estas cuatro entidades es muy superior: en Oaxaca y Chiapas alcanza a la mitad de la población (51.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 50.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente), en Guerrero es de 40.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en Michoacán 31.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (INEGI, 2015).

Garantía de los derechos de la infancia. Esos estados, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, de ODISEA, A. C., son los más rezagados del país en términos de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes: Chiapas, 32; Guerrero, 31; Oaxaca, 30 y Michoacán, 28 (el lugar 29 corresponde a Veracruz).

Pobreza e IDH. El reciente informe del CONEVAL y UNICEF, Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, señala que se encuentra en pobreza el 82.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 0 a 17 años en Chiapas, el 72.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de Oaxaca, el 72{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de Guerrero y el 65.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de Michoacán, muy por encima del promedio nacional de 53.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

Por sus mayores porcentajes en el indicador, Chiapas ocupa el lugar 32, Oaxaca el 31, Guerrero el 30 y Michoacán el 26. En estos estados se concentran 4.77 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2012, del PNUD, confirma que estas entidades se ubican entre las más rezagadas del país: Chiapas, 32; Guerrero, 31; Oaxaca, 30 y Michoacán 29.

PLANEA. Dado que la CNTE impidió levantar la prueba en estos cuatro estados, en los “Resultados estatales” de PLANEA 2015 no se incluye información sobre ellos.

En la prueba PISA 2012 se indica que los estudiantes que se encuentran por debajo del Nivel II, no tienen las competencias mínimas para desarrollarse en la sociedad del conocimiento. En Chiapas se ubican, por debajo de ese nivel, el 74{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Matemáticas, 68{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias y 32{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Lectura. En el caso de Guerrero 80{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Matemáticas, 72{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias y 34{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Lectura. No se cuenta con información para Michoacán y Oaxaca.

No asistencia a la escuela y rezago educativo. Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca reúnen, ellos solos, a 856, 745 niños fuera de la escuela, una población total similar a la del estado de Campeche (899,931). (INEGI, 2015)

En el grupo de 3 a 5 años la inasistencia es de 31.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (frente al 26.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} nacional), en el de 6 a 11 es de 2.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (nacional 2.0{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}), en el de 12 a 14 es de 9.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (nacional 6.4{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}) y en el de 15 a 17 es de 32.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} (nacional 26.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}).

PISA 2012 también ofrece información sobre la población de 15 años en primaria o fuera de la escuela, lo que indica rezago educativo (15 años o más sin educación básica completa): Michoacán 37.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}; Chiapas, 29.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}; Guerrero 29.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, y Oaxaca 24.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

PROSPERA. Prospera tiene un padrón nacional de 6,168,900 familias activas y un total de 6,195,070 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (Bimestre operativo enero-febrero 2016, con corresponsabilidad septiembre-octubre 2015.).

Estos cuatro estados, concentran 1,909,446 familias, el 31{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las que están activas en ese programa. Por su mayor cantidad de familias Chiapas ocupa el lugar 32, Oaxaca 28, Guerrero 27 y Michoacán 26.

El total de becarios en educación básica y educación media superior es de 1,954,609, lo que arroja un promedio de becarios por familia de apenas 1.02.

La importancia de los apoyos de Prospera se aprecia en la proporción de becarios sobre la matrícula total de esos cuatro estados: 45.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en educación básica y 63.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en educación media superior.

¿Y LUEGO?

  1. Voltear hoy la mirada a Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca implica hacerlo pensando en que el Estado debe garantizar derechos en contextos del mayor atraso social. No hacerlo significa seguir posponiendo la posibilidad de construir condiciones para el desarrollo y la paz en el mediano y largo plazo.

Estamos hablando de cuatro estados con una determinante ruralidad de sus poblaciones, con una importante proporción de población indígena, con una pobreza infantil impresionante y un IDH de los más bajos del país. Sabemos que en resultados de aprendizaje, aunque la información es incompleta, se ubican en el grupo de los más atrasados de México. Y los números indican que la exclusión educativa es amplia, por decir lo menos.

Por eso, de entrada, y porque parece que no es evidente, hay que decir que se requiere de una amplia reforma social en esas entidades de la república. Esta es la forma, no el garrote, de comenzar a desactivar la desproporción y la estupidez de todos los que se han alimentado de la injusticia, la trampa y la pobreza.

  1. Lo anterior requiere de una nueva forma de ver el problema. El nuevo arreglo del Estado con los docentes tiene que incluir el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y la de sus hijos, y un plan de formación docente, seguimiento y evaluación para lograr que los niños, niñas y adolescentes alcancen aprendizajes relevantes para sus vidas y puedan participar en la sociedad del conocimiento. SE REQUIEREN LAS DOS COSAS PARA QUE TODOS GANEN EN ESTE JUEGO. Esto no puede evadirse, a menos que se quiera seguir dejándolos en el pozo de la pobreza y la desigualdad en el que actualmente se encuentran, y que sólo “prospere” la violencia.
  2. En este marco vale la pena analizar a Prospera, el programa federal insignia de transferencias condicionadas, porque puede ser un el instrumento más importante del gobierno para focalizar acciones de desarrollo hacia la población más pobre y lograr efectividad, sin embargo no se aprovecha cabalmente. Aunque la evaluación demuestra que ha sido importante para que muchos niños accedan a la educación (y a la salud), dista mucho de cumplir con uno de sus objetivos, que es desarrollar capacidades educativas reales, por lo que no alcanza a funcionar como un instrumento verdaderamente igualador.

Si se quiere mayor igualdad se tendría que avanzar en lo que propone Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, para esos becarios: “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades (Prospera)”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

Prospera, además, tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza, a nivel nacional, un promedio de 1.004 becarios por familia. ¿Y todos los demás niños, niñas y adolescentes que integran el padrón de familias de ese programa pero no son becarios? Están trabajando o migrando o siendo explotados de múltiples formas y Prospera no se utiliza a su máximo potencial.

Por cierto, a este programa le vendría muy bien trabajar con enfoque de derechos. Esa sería una verdadera refundación, para garantizar calidad y promover acciones cada vez más integrales, como las que se requieren para atender a los niños y niñas jornaleros y a todos aquellos que por sus reglas de operación no son atendidos “porque no se puede”.

Los apoyos, sin sustancia, sin calidad, se convierten en dádivas, lo que refuerza nuestras desigualdades. El horno no está para bollos, pero se sigue haciendo lo mismo.

  1. En este sentido, en la lógica del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), urge entender que el problema no sólo es del “sector” educativo. El INEE señala en su Informe 2014 que las causas de la inequidad en la educación no están en las políticas sectoriales. “Encuentran sus raíces en la pobreza de la población y sus efectos. Por esa razón, el combate a la inequidad educativa necesariamente requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Para enfrentar la inequidad educativa, el principal problema del Sistema Educativo Nacional (SEN), se requiere evitar las soluciones homogéneas e impulsar políticas intersectoriales que permitan combatir de manera pertinente y sinérgica el problema.

El gobierno todavía no acaba de ver que el SIPINNA es el instrumento para modificar la política pública, generar articulaciones y orientar recursos adecuadamente. Toda la administración pública tendría que estar subida en ese barco.

  1. Las políticas deben transformarse. La inequidad es causa y efecto de la inercialidad programática. Hay que transformar Prospera. Hay que integrar las escuelas del CONAFE al sistema educativo regular, como propone Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el derecho a la educación de la ONU. Se requiere invertir en el INEA y colocar su oferta donde más se necesita. Urge redefinir los programas supuestamente orientados a enfrentar la inequidad educativa, para garantizar los derechos de las niñas y los niños indígenas, jornaleros, con discapacidad y habitantes de localidades rurales. Necesitamos una sacudida programática.

En suma, se requiere una política educativa orientada a la equidad, sin olvidar que la falta de calidad de la educación atraviesa todos los estratos sociales. En Jalisco, por ejemplo, en la Prueba PISA 2012, 43{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los adolescentes están por debajo del Nivel II en Matemáticas y 45.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 15 años está en primaria o fuera de la escuela, con lo que ocupa el último lugar del país. La mala calidad y la exclusión educativa recorre todo México y no afecta sólo a las entidades más pobres.

  1. Se requiere un presupuesto más equitativo e inteligente. No es posible que sin importar lo que digan el Plan Nacional de Desarrollo o el Programa Sectorial, incluso la ley general de educación, siempre puede aparecer en el PEF un programa como MiCompu.Mx, al que se le asignaron en el PEF 2016 $750,000,000. Con este recurso se podría financiar 1.5 veces al INEA (que tiene $503,148,533), 1.5 veces al Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil (que tiene asignados $500,000,000) y 1.4 veces al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (que tiene $534,638,792). Obviamente hay otras prioridades que no son resolver las desigualdades en la educación básica.

Se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros que se requiere para proporcionar un servicio de calidad, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas. Si se quiere mejorar no hay más que hacer una inversión histórica en la formación de maestros, y en las escuelas mismas, porque el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (CEMABE) reporta, por ejemplo, que sólo 41.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}) y sólo 65.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las escuelas cuenta con silla para el maestro en todas las aulas (80.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} es el promedio del país). ¿Para cuándo?

  1. La reforma educativa no avanza porque es terriblemente inercial en lo político. Perdón, pero seguimos pagando las consecuencias del pacto mafioso del estado con Elba Ester Gordillo y sus antecesores, y más lejos aún, si nos adentramos en la larga noche de los “Nochixtlán” de nuestra historia.

Un problema son las estructuras anquilosadas y corruptas, que siguen provocando la sumisión de la escuela intereses creados y permanecen activas prácticamente en todas las entidades del país. Se requiere instaurar reglas claras y aplicables para todos, sin distingos, llámese SNTE, CNTE, gobiernos estatales y/o gobierno federal.

Claro que se requiere una reforma laboral, pero no sólo eso. Qué bueno que la autoridad recuperó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pero ahora hay que hacer las cosas de otra manera.

Es ineludible atacar la corrupción y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo.

Resolver esto es ineludible para resolver el conflicto con la CNTE. Y los maestros deben ser parte de la solución, de una solución concertada, amplia, compleja, inteligente, para salir del hoyo de una vez por todas.

  1. El INEE ha hecho su tarea en medio de las restricciones que tiene y lo que ha fallado es la política. La reforma educativa está coja. El gobierno debe reconocer que, además de ser parte del problema, se ha equivocado en la operación de la reforma tanto en estos cuatro estados como, en su medida, en el resto del país.

Si se quiere legitimidad, no se puede decir que la tragedia de Nochixtlán  se ha producido “en nombre” de los niños, niñas y adolescentes. Eso es una barbaridad.

  1. La educación no está aislada de otras características de nuestro subdesarrollo ni de la dinámica social, cultural y política. Desgraciadamente, como dice bien Miguel Ángel Vázquez, “Hay una obsesión por no querer entender la complejidad del tema.”

Nochixtlán no es sólo un problema para la SEP. Por eso sonó absurdo que el secretario Nuño dijera que no iría al encuentro en la Secretaría de Gobernación el 21 de junio, porque allá no se tratarían temas educativos sino políticos. Como si después de todo lo dicho anteriormente pudiéramos afirmar que la educación “no” es política.

  1. Como dice Eduardo Andere “la falta de educación no es la principal causa de los grandes problemas nacionales ni globales (…) En lo estructural están los temas de pobreza y segregación; en lo cultural la falta de hábitos proclives al aprendizaje; y en lo político, los problemas de autoritarismo o democracias simuladas (…) Si pensamos que la política educativa nos sacará de todos estos problemas, es iluso; a menos que la política educativa incluya los instrumentos propios de otras políticas como la social, la cultural, la de justicia, entre otras. Los líderes se confunden al pensar que la falta de educación es la causa de nuestros problemas “sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.

En fin. Pensar en que pedir el diálogo es apapachar a la CNTE es un error, lo mismo que pedir la escalada del enfrentamiento. Es hora de explorar otros caminos. Cualquiera que conozca al país, en particular esos estados, sabe que la solución no pasa por la violencia, sino por una solución política acompañada de soluciones reales, como las que se han señalado.

También es hora de la empatía, para entender o aproximarnos a entender la profundidad de los cambios que se requieren. ¿Qué siente una madre que lleva a sus hijos a una escuela donde no hay clases y que además sabe que sufrirá represalias si protesta? ¿Qué hace un maestro  sometido al “pase de lista”? ¿Qué hace otro que quiere ser evaluado pero tiene miedo a perder su trabajo? ¿Qué pueden hacer todos ellos y ellas en contextos de superávit de caciques? ¿Qué pueden hacer cuando están enterrando a sus muertos y los detienen las autoridades sin explicación alguna? ¿Qué hacen cuando no tienen acceso a la justicia?

¿Qué hacer en un mundo de pobreza, donde no se puede disentir, sin opciones, bajo la “Ley de Herodes”?

MEMORIAS DE UNA NIÑA TRABAJADORA: “ME HUBIERA GUSTADO APRENDER MÁS”

Luis Alberto Barquera

Para Xóchitl Meseguer, por nuestra búsqueda

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil rescato una entrevista que me dio mi querida Paz Lemus, en octubre de 2013, en Zacatecas, Zac., y que yo convertí en un relato en primera persona para escuchar su voz. Aquí se reúnen los riesgos, la losa del machismo, los efectos de la exclusión y la infancia  perdida en la lucha por la sobrevivencia, pero también los sueños de una niña a la que la escuela rescató de las garras del trabajo infantil y dio autonomía. Urge que en México un verdadero sistema de protección especial, que ordene tomar medidas pertinentes para eliminar el trabajo infantil y garantizar que todas las niñas, los niños y los adolescentes ejerzan su derecho a la educación y logren alcanzar su máximo potencial.

En Santiago, Nayarit, donde nací, trabajé desde chiquita.  A los ocho años ya  vendía  flores, fruta, calabacitas, elotes. Mi mamá compraba todo lo que pasaba por ahí y luego lo vendíamos. Una vez compró un camión de sandías.  A veces compraba puercos, que luego engordaba para venderlos.  Cuando no  vendía una cosa vendía otra. También  le ayudaba a mis hermanos en el trabajo del campo. Ensartábamos el tabaco en un hilo muy largo para ponerlo a secar. Recogíamos frijol, algodón y maíz, para juntar dinero. Era duro para un niño. Trabajé de dependienta en una casa de abarrotes y de ropa. Otra vez estuve en una casa de chinos, donde ayudaba en lo que se ofrecía.  Ahí me pagaban un peso diario; todo lo junté y se lo di a mi mamá para comprarnos una casa. El chino me molestaba y me perseguía todo el tiempo. Me compró un anillo de compromiso con tal de que me dejara atrapar. Sólo paró hasta que su mamá le dijo: “si le haces algo te caso con ella”. Yo tenía 12 años y él 22. Una niña se expone mucho cuando trabaja.

BASTA DE TELÉFONO OCUPADO PARA NIÑAS Y NIÑOS INDÍGENAS

Luis Alberto Barquera

 

Bonito el artículo de Juan Villoro del 6 de mayo, en Reforma, en el que cuenta la historia de Rosalba Tepole Quiahua, “una niña que soñaba con elocuencia en náhuatl y en español”, nacida en Zongolica,  Veracruz.

La anécdota es la siguiente: después de tres encuentros con el rey Juan Carlos, dos en España y uno en Zacatecas, Rosalba logra que el monarca trate su asunto con el entonces presidente Ernesto Zedillo y este le eche un telefonazo al secretario de educación para que le otorguen una beca por seis años.

Producto de esa circunstancia fortuita Rosalba pudo estudiar Ciencias de la Comunicación y una maestría en Comunicación Política. Actualmente dirige la radio indígena de Zongolica, ubicada en uno de los municipios más pobres de México.

Hasta ahí el cuentito. De película de Disney, la verdad. ¿Cuántos telefonazos de este tipo harían falta para superar el actual déficit de derechos de niñas, niños y adolescentes de Veracruz, en particular de los indígenas?

En Veracruz 65.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, es decir, casi siete de cada diez niños, niñas y adolescentes, viven en pobreza. Esta proporción, de acuerdo con el CONEVAL, sólo es menor a la que se presenta en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla.

GraficaArticulo

En términos absolutos el estado cuenta con 1.69 millones de pobres de 0 a 17 años, la tercera cantidad más grande del país, sólo superada  por Chiapas y el Estado de México. Este número increíble de niñas, niños y adolescentes equivale a la población total de los estados de Baja California Sur y Campeche juntos (1.61 millones).

Zongolica es de los municipios que están en el sótano de México. Reside en localidades rurales el 84.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de su población y habla lengua indígena el 57.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los niños y  niñas de 3 a 17 años.

Se encuentran en pobreza cerca de nueve de cada diez personas (85.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}), de las cuales casi seis de cada diez (56.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}) se ubican en pobreza extrema. Evidentemente existe una enorme desigualdad entre la proporción en pobreza de este municipio y el promedio del estado. Mientras que en Veracruz el porcentaje en pobreza es de 58.3{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, en Zongolica es de 85.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, una diferencia de 27.6 puntos.

El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia en 2013 ubicaba a este municipio en el lugar 2,164, de 2,456 en ese año, en términos de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En 2013 se ubicaba en el lugar 178 de 212 municipios del estado en ese indicador y para 2015 descendió hasta el lugar 193. Quizá a esto se refiere Villoro cuando dice que “Rosalba contaba con la buena voluntad de un rey pero con pocos apoyos en el entorno.”

Mientras escribía este texto recibí la noticia de que Karina A. Bautista González, egresada de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), sede Huasteca, ubicada en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, participará por sus méritos en dos cursos de capacitación impartidos este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La UVI, una audaz propuesta de educación superior para jóvenes indígenas, apenas recibe $ 2 millones 159 mil 074 pesos, de acuerdo con el PEF 2016. Una vergüenza. Gobierno gasta 47.4 mdd para que el Cirque du Soleil desarrolle un show inspirado en México En tanto el gobierno de México gasta 47.4 millones de dólares (más de 805 millones de pesos) para que Cirque du Soleil desarrolle un espectáculo de promoción turística de México.Gobierno gasta 47.4 mdd para que el Cirque du Soleil desarrolle un show inspirado en MéxicoGobierno gasta 47.4 mdd para que el Cirque du Soleil desarrolle un show inspirado en México

Rosalba tuvo la suerte de viajar y toparse en su camino con el rey Juan Carlos. De forma por demás fortuita, de cariz ultramarino, con tres encuentros imposibles con el rey de España, pudo cumplir su sueño de estudiar.

Karina se encontró que una política pública que, pese a ubicarse en los márgenes de la inversión educativa, sirvió como detonante de su potencial.

Millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran sepultados por la pobreza y la falta de oportunidades. La ruralidad y la condición indígena multiplican las condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Ya toca hacer las cosas de otra forma para hacer que florezcan todas las Rosalbas y Karinas que exigen, no favores o regalos, sino efectividad en sus derechos.

En Veracruz 29.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 0 a 17 años, 768 mil 200 niñas, niños y adolescentes, tiene pertenencia indígena y vive en condiciones inaceptables. Es absurdo pretender que los problemas de violaciones de derechos de  NNA los solucione la suerte o un rey que gestione llamadas telefónicas.

Necesitamos políticas públicas adecuadas y coordinadas, así como recursos suficientes, cosa que tendría que ser tarea del Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección Integral, base para la garantía, protección y la defensa de los derechos de NNA.

Tenemos que hacer que el estado funcione para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de NNA en la práctica y en los municipios, comenzando con los de mayores rezagos.

Y para lograr eso no sirven las leyes de papel. Ojalá se entienda esto, ahora que se instalará el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de NNA en Veracruz. De otra forma, cuando busquen respuestas, niños y niñas seguirán escuchando en el auricular: “Número ocupado”… en quién sabe qué tanta tontería. Y no encontrarán un rey que le diga al presidente lo que tiene que hacer.

GARANTIZAR EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN VERACRUZ

Luis Alberto Barquera

Con cariño para las organizaciones de la REDIV

¿Qué podemos hacer por un Veracruz tan lastimado por las violaciones de derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes? En mi opinión luchar porque el Estado funcione y dar el debate, con inteligencia y corazón, para construir sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) que den efectividad a los derechos.

El 26 de abril la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Veracruz (REDIV), que reúne a 14 organizaciones del estado, dio a conocer el Comunicado 1 de su Observatorio de la Efectividad de los Derechos con un llamado a los candidatos y la candidata a la gubernatura del estado de Veracruz a comprometerse públicamente a hacer que el estado funcione para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de NNA.

La REDIV afirma que tomar los derechos en serio es luchar por su efectividad, con base en la normativa nacional e internacional. “Para estrechar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace realmente, el Estado debe impulsar políticas públicas para lograr realizar lo que tratados y leyes nacionales y estatales nos ordenan como sociedad. Para hacer esto posible se requiere una nueva institucionalidad, que comienza con la instalación del Sistema Estatal de Protección Integral.”

El gobierno del estado tiene una enorme deuda pendiente con la garantía efectiva de los derechos de NNA de Veracruz, como lo muestra el Comunicado 1 de la REDIV. El diagnóstico presenta enormes desigualdades, destacando indicadores en que la entidad ocupa los últimos lugares del país. También incorpora aspectos que atraviesan la problemática más amplia de toda la sociedad y que afectan de manera particular a NNA, que no siempre se destacan con relación a la efectividad de los derechos.

Uno es la corrupción. Por ejemplo, en el Derecho a la supervivencia, se apunta que el informe de la ASF de la cuenta pública 2013 muestra que en la media en que no se realizó una gestión financiera eficiente y transparente de los recursos y no se cumplió con los objetivos y metas de los fondos federalizados, se  impactó negativamente en la salud de NNA.

Otro es la falta de políticas intersectoriales. En el Derecho al Desarrollo se anota, siguiendo el Informe 2014 del INEE, que para enfrentar las desigualdades educativas urgen políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población.

Un tercero es la impunidad. En el Derecho a la Protección se destaca que el caso de Daphne, presuntamente violada por los Porkys de Costa de Oro en 2015, en Boca del Río, “es sólo un botón de muestra entre muchísimos otros ocultos por el miedo y la inseguridad. Este nuevo crimen nos muestra los estragos de una cultura marcadamente machista, tolerante a la violencia y la impunidad y, sobre todo, de un Estado que no ha sido capaz de garantizar seguridad y justicia para todos los NNA. En medio de una situación tan grave la Procuraduría de Protección de NNA del Estado tendría que ser más activa.”.

La REDIV concluye que “Corrupción, falta de políticas adecuadas y de coordinación interinstitucional e impunidad están en el centro de la violación de derechos de NNA.” Asimismo, concluye que “el problema de la garantía efectiva de los derechos de NNA no es responsabilidad sólo del DIF, sino de todas las instituciones que integrarían el Sistema Estatal y de los Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.”

Es en este marco que el Comunicado 1 propone a los candidatos incorporar a sus agendas de campaña los siguientes doce puntos:

  1. Aplicar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado De Veracruz de Ignacio de la Llave (LDNNAV) y garantizar la efectividad de todos los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) a través del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de NNA, colocando en el centro su desarrollo en los municipios y asumiendo que la responsabilidad de su funcionamiento es del gobernador o gobernadora constitucional del Estado de Veracruz.
  2. Asegurar que la construcción del Sistema de Protección Integral, tanto a nivel estatal como municipal, signifique una institucionalidad claramente diferente a la de asistencia social que recae en los Sistemas estatal y municipales DIF.
  3. Garantizar que en el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales participe la sociedad civil, así como niñas y niños.
  4. Establecer un Sistema Estatal fuerte, con una secretaría ejecutiva con capacidad de convocatoria y de realizar la coordinación interinstitucional que se requiere, con peso político y el presupuesto necesario para ejercer las atribuciones que le confiere la ley.
  5. Establecer una Procuraduría Estatal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes capaz de representarlos, protegerlos y defenderlos en los municipios donde viven, cualitativamente diferente a la desaparecida Procuraduría de la Defensa del Menor, Familia y el Indígena.
  6. Realizar un Programa Estatal acorde con la realidad de todos los NNA de Veracruz, con propuestas de política para el Sistema Nacional. En particular, una política integral de combate a la pobreza de NNA, y de inclusión de niños y niñas indígenas y con discapacidad, que asuma la coordinación interinstitucional desde el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, para garantizar educación, salud y protección integral contra la violencia y la explotación sexual y laboral.
  7. Impulsar Programas Municipales con propuestas de política, porque estas es la forma legal que tienen las demarcaciones para influir en el Programa Estatal y, por tanto, en las políticas estatales y federales, para garantizar efectividad.
  8. Establecer un sistema de información que sirva para la planeación, el monitoreo y la rendición de cuentas. Este sistema debe dar cuenta de cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones.
  9. Realizar la armonización legislativa de todas las leyes estatales con la
  10. Solicitar la asistencia técnica de UNICEF para la realización del diagnóstico de la situación de los derechos de NNA del estado y, en general, para asegurar un óptimo proceso de implementación de la LDNNAV.
  11. Garantizar la protección de defensores de derechos de NNA.
  12. Proponer al Congreso local un presupuesto 2017 adecuado, con base en un diagnóstico preciso y prioridades claramente definidas por grupos de edad, condición étnica, residencia rural-urbana, y regiones, así como propuestas de modificación de las políticas federales y estatales.

La propuesta de la REDIV a los candidatos y la candidata a la gubernatura de Veracruz es oportuna porque el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección Integral son la base para la garantía, protección y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin ellos los derechos no se hacen efectivos en la práctica y permanecen como irrealizables y, por tanto, las leyes que reconocen estos derechos devienen en leyes de papel. Sin embargo, pese a su importancia, hasta el 2 de mayo llevamos 123 días sin que el Sistema  Estatal de Protección se instale como ordena la LDNNAV.

El reto es que el Estado cumpla con la ley y asuma al Sistema Estatal como instrumento para transformar las instituciones relacionadas con NNA, aprovechando el viaje para transformarse a sí mismo, eliminando corrupción, políticas inadecuadas e impunidad. A las organizaciones de la sociedad civil les toca dar el debate, aportando elementos de diagnóstico y buenas prácticas, y participar activamente en la construcción del Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección. La forma de salir del hoyo es cumpliendo con la ley y dándole efectividad a los derechos.

CORRUPCIÓN Y RECORTE EN EDUCACIÓN

Luis Alberto Barquera

Para mi querido amigo Jorge Álvarez, con mi apoyo

El reciente Informe de la Cuenta Pública 2014, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), confirma que es difícil creer en la buena marcha de la reforma educativa sin que se tomen medidas administrativas y legales que garanticen un buen uso de los recursos públicos en los estados de la república. Y el recorte al gasto educativo deja mucho que desear si lo ponemos en la perspectiva de las prioridades reales del gobierno de la república.

Una nota de Educación Futura señala que ese informe de la ASF indica que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en irregularidades por más de 2 mil 189 millones de pesos, que merecieron 11 observaciones y 21 recomendaciones. Destacan problemas de diseño y de manejo de recursos en el Programa para la Reforma Educativa, el Programa de Becas y el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

Por ejemplo, los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, que se distribuyen entre las 31 entidades del país, alcanzaron 1 mil 255 millones 667.8 pesos.

De acuerdo con la nota de Animal Político, en ese informe se apunta que quedan por comprobar 1 mil 170 millones 664.4 mil pesos. Sólo se han comprobado 80 millones 533.7 mil pesos y se han reintegrado únicamente 4 millones 469.7 pesos.

21 entidades no han comprobado ni reintegrado un centavo. ¿Qué pasa con el dinero para el mejoramiento de la calidad y la educación de niños y niñas en esas entidades de la república?

Veracruz no ha comprobado 13 millones 690.8 mil pesos. Zacatecas no ha hecho lo propio con 61 millones 864.5 mil pesos.

Un reporte de El Financiero, con base en el informe de la ASF, arroja que el gobierno de Veracruz fue denunciado penalmente porque “hacía como que devolvía” 4 mil 770 millones de pesos, pero luego los retiraba “De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, 14 estados han incurrido en la simulación de reintegros y Veracruz encabeza la lista; además, capta 59 por ciento del total de recursos a los que equivalen las denuncias penales por esa falta.”

Según la ASF, el conjunto de irregularidades observadas entre 2011 y 2014 a esa entidad de la república alcanzan 35 mil 421 millones de pesos.

En el informe sobre la cuenta pública 2014, la ASF señala que en el Índice de Desempeño del Gasto Federalizado, Veracruz ocupa el último lugar con apenas 5.26 de calificación. Michoacán, el penúltimo del país, alcanza 61.6.

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La nota de El Financiero destaca que entre las observaciones de la ASF se encuentran las “relativas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que incluyen un posible daño al erario por mil 334 millones 166 mil pesos.”, y que falta por aclarar “qué pasó con 3 mil 848 millones 673 mil pesos referentes a rendimientos financieros no ejercidos y al pago de impuestos como ISR, SAR y por concepto de cesantía y vejez que no entregó a las instancias recaudatorias correspondientes (…) En el fondo destinado a la construcción de escuelas de tiempo completo en Veracruz, la Auditoría detectó un probable daño al erario por 275 millones 181 mil pesos.”

También la semana pasada la Secretaría de Hacienda informó que el SEP tendrá un recorte presupuestal de 3 mil 660.2 millones de pesos en el ejercicio 2016. Al parecer el recorte se concentrará en los programas de becas, expansión de la educación media superior y superior, reforma educativa, desarrollo profesional docente e infraestructura social.

Cabe señalar que en 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto reportó un gasto de 4 mil 357 millones de pesos en publicidad y comunicación oficial. Este monto alcanzaría para cubrir cómodamente el recorte de 3 mil 660 millones a educación.

El reporte 2014 de la ASF le tocó a la administración de Chuayffet. Ya le tocará su turno a Aurelio Nuño cuando el Informe de la Cuenta Pública 2016 se presente en el 2018. Entonces podremos saber si, a través de sus cinco regiones administrativas, el manejo del gasto habrá mejorado siquiera un poco.

Nuño ha reconocido que la reforma educativa está en la etapa de reforma laboral y administrativa. Sin embargo no vemos ninguna medida que vaya en el sentido de evitar resultados como los que presenta el informe de la ASF. En obvio que no puede dejar “manos libres” en los estados, so pena de seguir sin control administrativo en las entidades.

También para el 2018 sabremos si con el diseño de política actual, y el pobre y recortado presupuesto, tendremos una reforma educativa real. Hasta ahora no vemos en las prioridades la construcción de un sistema educativo más equitativo y con calidad para todos los niños, niñas y adolescentes.

Por lo pronto, corrupción y recorte mandan en el sistema educativo mexicano. Aurelio Nuño debe pensar más en un ejercicio limpio y transparente de los recursos, y en un proyecto que garantice el derecho a la educación para todos los niños y niñas, que en un 2018 todavía muy lejano.

AURELIO NUÑO: ¿CÓMO GENERAR EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO?

Luis Alberto Barquera

Nuestro reto como sociedad es estrechar la brecha entre el México legal y el México real, entre lo que se dice y lo que se hace. Desde donde estoy veo dos pistas. Una es seguir insistiendo en construir un sistema educativo más equitativo, en términos de acceso y calidad para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA). Otra es hacer funcionar el Sistema Nacional, así como a los sistemas locales y municipales, de protección de los derechos de la población de 0 a 17 años, para enfrentar la inequidad educativa a través de garantizar otros derechos. No decirlo, sino hacerlo.

Impulsemos la equidad en el sistema educativo

Aunque se considera uno de sus grandes problemas, la inequidad sigue siendo parte de la naturaleza del sistema educativo nacional. No es algo extraño al sistema, es el sistema mismo. La inequidad es constitutiva en el reparto de los bienes educativos en México. Esto debe de cambiar.

No importa lo que diga el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Sectorial, incluso la ley general de educación, siempre puede aparecer en el PEF un programa como MiCompu.Mx, al que se le asignaron en el PEF 2016 $750,000,000. Con este recurso se podría financiar 1.5 veces al INEA (que tiene $503,148,533), 1.5 veces al Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil (que tiene asignados $500,000,000) y 1.4 veces al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (que tiene $534,638,792).

Los recursos destinados al Programa de Inclusión Digital ($1,641,965,792), el programa que ha venido guiado la entrega de laptops y tablets, son enormes, con todo y que la Cámara de Diputados redujo su presupuesto en -34.6% respecto al 2015. Aunque el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa aumentó en 13.2% respecto al año pasado, su presupuesto, como ya vimos, no le llega al de MiCompu.Mx.

Llama la atención que este programa, muy caro por cierto, permanezca en el presupuesto pese a que de acuerdo con el CONEVAL (28 de octubre de 2015) no ha sido evaluado. El rigor en la medición de los resultados de ese programa apenas alcanza un discreto “Oportunidad de mejora” y, fuera de la entrega de 240,000 laptops en Colima Sonora y Tabasco, no hay forma de valorar el impacto del programa en el aprendizaje debido a la falta de evaluación.

Por si fuera poco, el 7 enero 2016 Reforma denunció que las 240,000 laptops dejaron de funcionar en noviembre de 2015, debido a que sólo tenían una licencia de dos años, lo que significa una pérdida de más de750 millones de pesos.

MiCompu.Mx es un programa regresivo, clientelar, electorero y con un enfoque que confunde los medios con los fines. Además, al final, los recursos que requirió ese programa parece que se fueron a la basura. Ni los 240,000 NNA beneficiados tienen su “compu”, ni, por ejemplo, el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, el cual forma parte de la oferta que reúne el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, amplió su alcance. De acuerdo con Sylvia Schmelkes, Consejera Presidenta del INEE, actualmente sólo se atiende al 10% de la población de NNA hijos de familias jornaleros agrícolas migrantes.

No aceptemos este dispendio mientras los hijos de esas familias no estudian por falta de recursos. Asusta que sólo entre 12% y 15 % asiste a la escuela. Trabajemos en hacer una propuesta que reordene los programas orientados a la equidad educativa y rediseñe su presupuesto asociado a metas precisas. Obviamente se debe repensar seguir financiando a MiCompu.Mx como hasta ahora. Incluso debe considerarse excluirlo de los recursos del PEF 2017.

Habría que añadir que la “escuela en el centro” también es prueba de que falta compromiso dela autoridad educativa con la equidad.

En principio las propuestas del secretario Nuño son correctas. Han estado en el debate, de una forma u otra, desde hace años. Es un hecho que no podremos avanzar sin una escuela con mayor autonomía y que los maestros necesitan apoyo urgente, incluyendo los maestros de las escuelas más pequeñas.

Muchos maestros, dice un informe de la OCDE, “enseñan en una escuela por la mañana y en otra por la tarde, o trabajan en otro tipo de empleo. Algunos pueden trabajar por hora en más de dos escuelas. En muchas zonas rurales o aisladas, los maestros enseñan en escuelas pequeñas con pocas oportunidades de trabajo en equipo y aprendizaje entre colegas. Esto plantea preocupaciones sobre la formación, selección y asignación de maestros a las escuelas; las trayectorias profesionales docentes; y, la calidad del apoyo a las escuelas y maestros por parte de los directores escolares, supervisores y otras personas que dirigen y administran el sistema (OCDE, 2010a). A esto se suma el ausentismo y los retardos de los docentes, que reducen las horas efectivas de enseñanza (OCDE, 2009a).”

Esa es la situación. El problema es que la propuesta de Nuño no está enfrentando al mismo tiempo las estructuras anquilosadas y corruptas que sólo han provocado la sumisión de la escuela intereses creados. Difícilmente podemos avanzar, si no cambian las viejas estructuras que permanecen activas prácticamente en todas las entidades del país. Poco nos ha explicado el secretario cómo están funcionando las estructuras administrativas de las cinco regiones que instauró para apoyar a las escuelas y nunca ha mencionado un plan anticorrupción.

Los maestros necesitan apoyo de calidad, tanto en lo administrativo como en lo académico. Sin embargo “la escuela en el centro” no explica cómo se asegurarán recursos de calidad que ayuden a los maestros a cumplir con su cometido. Tampoco explica cómo se va a reducir el ausentismo de los maestros y cómo se incrementará el número de horas efectivas de clase. Eso tiene que ver con la supervisión y el acompañamiento real de directores y supervisores, además de que realmente trabajen los nuevos apoyos que se plantea “la escuela en el centro”.

Por último hay que decir que la propuesta de Nuño pone en el “centro” a las escuelas urbanas, ya de por sí las mejor dotadas. ¿Cuándo le va a tocar a las escuelas pobres, de localidades aisladas, indígenas, tener “cursos de verano”, por ejemplo? ¿Para cuándo TODOS los NNA indígenas recibirán educación en su lengua?

Lo que debe producirse es un traslado de recursos humanos y financieros, administrativos y académicos, de calidad, porque de otra forma en lugar de cambio tendremos un reforzamiento de la situación actual, con más burocracia y más corrupción, perdiendo otra oportunidad de impulsar la reforma educativa que México necesita. Y los apoyos deben de llegar a todas las escuelas de México.

Impulsemos los sistemas de protección de los derechos de NNA

Un instrumento que debe servir para impulsar la equidad en la educación, así como igualdad de trato en materia de salud y de justicia, por ejemplo, es el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es el espacio para abordar la inequidad educativa desde una visión amplia, que dé cuenta de su complejidad e incluya el punto de vista de los afectados por la pobreza, las enfermedades, la inseguridad o el maltrato en el hogar, y construir las nuevas políticas intersectoriales que la eliminen. El secretario Nuño debería voltear a verlo.

El Sistema es un paso importantísimo de la sociedad civil, así como de legisladores y otros actores relevantes, pero sólo es el primero de una serie de pasos que se necesitan para colocarnos en el camino de conseguir efectividad en la garantía de derechos, de acuerdo con el artículo 1º constitucional. Tenemos que pasar de la ley a las políticas y a las acciones.

El asunto es, ¿qué hacemos con el derecho a la educación y todos los demás derechos si, de acuerdo con el CONEVAL(2014), sólo el 17% de la población de 0 a 17 años no se considera pobre y no vulnerable (en el caso de los indígenas la proporción es de apenas 5%)? En otras palabras, ¿qué hacemos si el 83% de los niñas y niñas no ejerce todos sus derechos? ¿Por dónde empezar si el 53.8% del total de esta población (21.2 millones) se encuentra en pobreza?

Las OSC deben exigir que los sistemas comiencen a funcionar ¡YA!, porque el déficit en la garantía efectiva de los derechos es masivo. No podemos ni queremos esperar, ante una situación de graves violaciones de derechos de NNA en Veracruz, Zacatecas y el resto del país. Y eso exige que nosotros vayamos por la pelota: hagámonos cargo de que los sistemas funcionen, por lo menos en lo que a nosotros corresponde. En este sentido veo los siguientes puntos críticos.

  1. El Sistema Nacional empezó tarde, pero ya empezó. Lo mejor es la figura de Ricardo Bucio, su secretario ejecutivo. Sin embargo, la instalación de los Sistemas Locales en los estados de la república, cuando ha ocurrido, ha sido formal y la tendencia es que así permanezcan por un buen rato. Falta desarrollar las dinámicas, con base en las directrices de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional, para que hablemos de Sistemas Locales reales, no virtuales. Se dirá que es la inercia es lo que está privando, pero eso sólo explica, no justifica. ¿Es que los gobernadores no quieren? Pues nosotros sí queremos.
  2. La inercia impide que se entienda que la ley general y las leyes locales mandatan una nueva institucionalidad. Esto implica un DIF encargado de la protección especial, en el marco de un Sistema encargado de asegurar políticas universales para todos los niños y las niñas. Un DIF como una parte muy importante del Sistema, pero no como un todo. Las OSC debemos contribuir a que se produzca esta distinción en estados y municipios.
  3. Necesitamos Sistemas Locales fuertes, con secretarías ejecutivas con capacidad de convocatoria para poder cumplir con su mandato de ley. Si los Sistemas Locales nacen débiles poco podrán hacer para impulsar la coordinación interinstitucional que se requiere y acabarán pidiendo sillas prestadas al DIF para amueblar el rincón al que la inercia los arrojará. Recuérdese que los titulares del ejecutivo son los responsables de los sistemas en los tres órdenes de gobierno. Hay que pasarles el costo, al igual que a todos los actores políticos que quieran ir hacia atrás. Las OSC debemos, con la ley en la mano, contribuir a la construcción de Sistemas Locales relevantes desde el punto de vista de la garantía de derechos.
  4. No se entiende que es necesario asegurar canales para que participe la sociedad civil, incluyendo niñas y niños, en los trabajos del Sistema en todos sus niveles. Es fundamental para la salud de los sistemas incorporar a todo el capital social interesado en la garantía de derechos. De otra forma sólo se reproducirá la vieja lógica centralista, compartimentada (secretarías aisladas) y de funcionamiento a espaldas a la sociedad, de los aportes de la investigación, de la evaluación y de la obtención de resultados con base en indicadores. La participación es una condición ineludible de una nueva gobernanza que revitalice nuestra vida pública. Las OSC debemos presionar y propiciar el debate, estemos dentro o fuera de los sistemas. Bonitos nos veríamos cruzados de brazos ante la negativa antidemocrática.
  5. No se valora la importancia de impulsar Programas Locales, acordes con la realidad de las NNA de cada entidad del país. Obviamente una razón es la falta de experiencia. Pero también está ahí la costumbre de mantener el tema de bajo perfil y la insistencia en aplicar una perspectiva asistencialista, no una mirada de derechos. Hacer este ejercicio bien, desde la primera vez, dará la pauta para visibilizar el tema, movilizar a la sociedad y negociar un presupuesto adecuado en los Congresos locales. Si en cada estado de la república gobierno y sociedad se apropian de un diagnóstico preciso y prioridades claramente definidas por grupos de edad, condición étnica, población rural-urbana, y regiones, así como propuestas de modificación de las políticas federales y estatales, creceremos como gobierno y como sociedad.

Un buen Programa Local puede posicionar a las secretarías ejecutivas al interior de los gobiernos y generar apoyo de las organizaciones. La OSC debemos luchar a brazo partido para que este programa se incluya una política explícita de desarrollo de los sistemas municipales.

  1. En este sentido es necesario hacer un esfuerzo mayor para lograr la instalación de Sistemas Municipales con una mínima calidad. El acta de ciudadanía de un Sistema Municipal no es un formato llenado burocráticamente y sin compromiso, marginando a las organizaciones. Se requiere que las secretarías ejecutivas de los Sistemas Locales hagan una buena convocatoria para integrar las OSC al Sistema Local y llamen explícitamente a las autoridades municipales a abrir las puertas a su participación.

Por otro lado, se requiere retomar la instalación de los Sistemas Municipales desde una lógica de solución de los problemas. Como dice la máxima de la educación popular: “las juntas no juntan, lo que junta es plantearse cómo resolver problemas”, por eso el espacio de los sistemas debe estar abierto al debate. El Programa Municipal es estratégico porque es la forma legal que tienen las demarcaciones para influir en los Programas Locales y, por tanto, en las políticas estatales y federales. La secretaría ejecutiva del Sistema Nacional debe impulsar a las secretarías ejecutivas de los estados a promover la elaboración de Programas Municipales con propuestas de política, para por lo menos poner en el escenario lo que piensan y lo que necesitan, por ejemplo, para garantizar el derecho a la educación de todos los NNA. Las OSC pueden aportar su experiencia sobre el desarrollo en el terreno local y poner en la mesa propuestas que vayan más allá de soluciones homogéneas que sólo reproducen inequidades.

No hay que decirlo, sino hacerlo. Tenemos la oportunidad de realizar un cambio de política que genere equidad educativa y una nueva institucionalidad para garantizar derechos desde el municipio, cosa pendiente desde hace décadas. El mensaje es que hay que gastar mejor y cambiar las prioridades y que para garantizar el derecho a la educación hay que garantizar otros derechos y recíprocamente.

Mil disculpas, amable lect@r, por empezar hasta febrero, pero necesitaba un respiro para retomar mi narrativa. Deseo para este 2016 que impulsemos una propuesta por la equidad educativa que se plantee cambiar la política actual, que hagamos funcionar los Sistemas Municipales por lo menos ahí donde estamos y que tengamos el coraje de exigir justicia siempre que se ofrezca. Ojalá tengan tiempo de acompañarme en este espacio. Les deseo lo mejor para este año. Abrazo grande.

2016: EL MAPA Y EL TERRITORIO

Luis Alberto Barquera

 

Primero te ignoran. Luego se ríen de ti.

Después te atacan. Entonces ganas

Mahatma Gandhi

¿Cuál es mi balance del 2015? De claroscuros. Por un lado, finalmente se instaló el pasado 2 de diciembre de 2015 el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPIDNNA), luego de una lucha de más de cuatro años. Esta es la mejor noticia para la población de 0 a 17 años y los defensores de sus derechos en mucho tiempo. Por otro, seguimos con una reforma educativa atascada en la polarización y la falta de imaginación. En ambos casos perviven básicamente las políticas de siempre y la inercia presupuestal, en un marco en el que sólo el 17{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de niñas, niños y adolescentes del país ejercen todos sus derechos.

La historia comenzó el 23 de marzo de 2011, cuando la Cámara de Diputados se otorga en el 73º facultades para emitir una ley general que regule la actuación de federación, estados y municipios en materia de infancia (se publicó el 12 de octubre de ese año). En Aprender, órgano de ODISEA, A. C., se acusa de recibido en su número de julio-agosto de ese año. Con esa publicación salimos de Zacatecas, del viejo Chicomoztoc, para impulsar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes (LGDNNA) desde el DF, con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

En 2012 la REDIM y UNICEF proponen al gobierno de la república, con la iniciativa “10XInfancia”, “Presentar una iniciativa de Ley General sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que promueva, proteja y garantice sus derechos.” Todos los candidatos a la presidencia firmaron ese documento. Ese año impulsamos la campaña “X1ley de altura” y logramos impedir que la Ley General de Protección Integral de la Niñez prosperara porque no cumplía con el mandato del artículo 73. Pensaron que nos pasarían por encima pero no pudieron.

Con el impulso de ese logro importantísimo, en 2013, la nueva etapa del debate se trasladó a la Cámara de Senadores, con la idea central de impulsar un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia. En septiembre de 2014 el presidente Peña Nieto lanzó una iniciativa preferente que miraba al pasado y pretendía cero impacto presupuestal, pero gracias al compromiso de la Cámara de Senadores el debate se abrió a expertos y organizaciones de la sociedad civil y esta iniciativa logró modificarse en más de 80 por ciento. Otra vez pensaron que cederíamos del puro susto, pero aguantamos.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2014 se publicó la LGDNNA. En conclusión hay un nuevo mapa: un gran avance legislativo que culmina con la instalación del pasado 2 de diciembre de 2015 del SNPIDNNA.

Ahora el reto es operarlo y garantizar derechos en los 2,457 municipios de México. En el territorio aparecen buenas y retrógadas leyes locales, gobernadores que se oponen a los derechos y a la participación, y caciques de todos los tamaños que no quieren un SNPIDNNA sino una vuelta al DIF de los tiempos anteriores a la LGDNNA.

Por otro lado hay que decir, para empezar, que el derecho a la educación se considera un key right, un derecho “llave” porque permite acceder a los demás derechos. No es gratuito para muchos, por tanto, que se considere a la reforma educativa como la más importante de las impulsadas por el presidente Peña.

Yo dije que Nuño debía salir de su oficina y recorrer las escuelas. Prefiero al secretario recorriendo las escuelas del país, que jugando a la “gallina ciega” en su oficina.

En una espléndida nota de mi querida y admirada Ivonne Melgar, se pone de relieve que no es lo mismo el mapa que el territorio. La prueba es el recorrido del secretario por la Escuela Primaria “21 de Marzo”, en la Colonia Roma Sur, en el Distrito Federal, donde la lista de requerimientos que le hicieron por parte de la comunidad escolar “dejó al descubierto las carencias elementales con las que operan las escuelas públicas del país, aun cuando se trate de planteles ubicados en colonias de clase media.”

Esto pasa en el “mejor de los casos”, en zonas urbanas y con el mayor índice de desarrollo humano del país. La delegación Cuauhtémoc ocupa el 5º lugar el IDH de la capital, que ocupa a su vez el lugar número 1 de la república en el indicador. En estas zonas, más que falta de recursos, se requiere una mejor gestión, en general, y un mejor aprovechamiento de los recursos que ya se tienen, tanto para mejorar la infraestructura como para mejorar la capacitación docente.

No se olvide que los servicios educativos en la capital son responsabilidad de la SEP, es decir, del secretario Nuño. ¿Dónde están los recursos que durante años se han presupuestado y evidentemente no se ha aplicado en las escuelas de esta parte “pavimentada” del país? ¿Qué está pasando en escuelas como la Primaria “21 de Marzo”, en la Colonia Roma Sur, dónde la federación es responsable de los servicios educativos y ni los baños funcionan? ¿Por qué la conectividad es malísima y los techos se caen poco a poco?

Ojalá el secretario tenga la convicción de visitar todo tipo de escuelas, indígenas y rurales incluidas. Y que las comunidades escolares le expliquen su situación. Le quedaría cada vez más claro que necesitamos urgentemente una política de equidad.

De acuerdo con el Informe 2014 del INEE, Derecho a una educación de calidad, tenemos que la prueba PISA, por ejemplo, indica que menos de la mitad de los alumnos en Matemáticas, tres de cada cinco en Lectura y 53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias, logran el nivel de competencia requerido para desempeñarse en las sociedades actuales.

En el DF el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel de desempeño II en la escala global de Matemáticas es de 47{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en la escala global de ciencias del 39{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}. Si así estamos en una delegación destacada del DF, que podemos esperarnos de las localidades más rezagadas.

En ese documento el INEE dimensiona la inequidad educativa como el principal problema del sistema educativo nacional: “Los datos indican que la mayoría de los programas públicos en educación han sido inerciales y su diseño dista de lo necesario para atender las causas y las consecuencias de dicho problema.”

Falta colocar en el centro del debate que combatir de manera frontal y prioritaria la inequidad plantea la necesidad imperiosa de una política de inversión de escala, es decir, revertir la tendencia de gasto público e innovación educativa a favor de los que más lo necesitan.

De acuerdo con el PEF 2016, en su Anexo 18: Recursos para la atención de NNA, el gasto en educación pasó de 133,605,488,843 en 2015 a 138,329,417,641, un incremento de 4,723,928,798.

El FONE, uno de los Programas presupuestales del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, pasó de una proporción de 91.16{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del Ramo 33 en 2015 a 90.25{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en 2016, pero aumentó 3.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en general. Un aumento apenas por encima de la inflación.

Entre los programas presupuestales del Ramo 11 Educación, se encuentran tres que pueden considerarse de los más progresivos. Dos aumentaron apenas la inflación (Prospera aumentó 3.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y Educación Inicial y Básica Comunitaria 3.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}) y otro, aunque tuvo un aumento mayor, resulta claramente insuficiente para atender niñas y niños trabajadores, jornaleros migrantes, con discapacidad, indígenas y rurales (el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa sólo aumentó 13.25{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). La mediocridad en el gasto educativo la confirma un aumento de apenas 3.5{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en el Ramo 11 entre 2015 y 2016.

El INEE propone atender de manera prioritaria y focalizada a quienes habitan en localidades rurales pequeñas, la población indígena, independientemente del lugar en que resida, los niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas), los niños que trabajan y los que tienen alguna discapacidad. Queda un enorme camino por recorrer en este territorio, que sigue marcado por la escasez de recursos y la pésima calidad de la enseñanza, además de corrupción campante.

Ojalá el secretario Nuño saque conclusiones de sus recorridos, que impliquen modificaciones positivas en las políticas del sistema, porque de otro modo se seguirá pensando que éstos sólo son una forma de generar primeras planas y de reinventar actos anticipados de campaña.

Bien dice Ivonne Melgar que “así como la SEP evalúa a los maestros, la realidad terminará evaluando a Nuño Mayer en sus atributos políticos.”

Nuño tendrá que ser evaluado por las políticas que enfocaron al sistema educativo por el camino de la equidad en la calidad educativa. Lo demás es propaganda.

Pero, como hemos dicho cientos de veces, muchos de los problemas de la inequidad educativa no dependen de las políticas del sector. El combate a la inequidad educativa requiere de políticas intersectoriales capaces de atender la pobreza y los problemas asociados a ella, que afectan la escolaridad de niños y niñas. Esto obliga a considerar la importancia del SNPIDNNA, como instrumento para atacar la inequidad educativa y garantizar todos los derechos.

El presupuesto del Sistema no quedó etiquetado en el PEF 2016, pero se supone que el gobierno “va a invertir lo que se requiera”. Se pasó de una actitud de “impacto presupuestal 0” a otra en la que “se da lo que se pida”, lo que no deja de parecer curioso si constatamos que el Sistema no tiene programa presupuestal en el PEF 2016. ¿De impacto presupuestal 0 a manga ancha? Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del SPIDNNA dijo, en el evento de instalación, que el gobierno tenía el compromiso de proporcionar los recursos que se requieran para instalarlo en todo el país. Ya veremos.

El PEF 2016, de acuerdo con el Anexo 18 y en términos de grupos de derechos, destina a Desarrollo el 71.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y a Supervivencia 27.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, mientras que a Protección sólo 0.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y en Participación 0.001{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

En conjunto los Ramos 33, 11 y 12 conforman el 76.6{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del total del Anexo 18

Entre los programas presupuestales del Ramo 12 Salud (incluye al SNDIF), los Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad (que incluye: Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable) se redujo 47.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

Para la Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescente, de acuerdo con los nuevos requerimientos de la LGDNNA, se destinarán $120,400,000, un promedio de $3,762,500 para cada una de las entidades y el DF. Nuevamente, el Ramo 12 apenas subió 3.4{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

En resumen, apenas se gasta simbólicamente en Protección y Participación y sólo en los NNA que están incluidos en las políticas públicas, principalmente de salud y educación. En 2014, de acuerdo con el CONEVAL, sólo el 17{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 0 a 17 años no se consideraba pobre y no vulnerable. En otras palabras, el restante 83{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} no ejerce todos sus derechos. El 53.8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los NNA (21.2 millones) se encuentra en pobreza. La tarea del SNPIDNNA es enorme.

Mi balance es que no avanzamos suficientemente rápido y que falta sentido de urgencia para producir cambios de política y redefinir prioridades presupuestales.

Para que el Sistema Nacional y la reforma educativa funcionen, el legislativo debe ir más allá de los llamados a misa conocidos como puntos de acuerdo. ¿Qué se requiere para que el presidente Peña y el secretario de educación impulsen políticas de equidad y calidad educativa? ¿Qué propone el secretario ejecutivo del SNPIDNNA para llegar a todos los municipios del país? ¿Qué están haciendo ambos funcionarios para incorporar a la escuela a todos los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las familias que integran el padrón de Prospera?

El INEE es una institución muy grande y muy cara. Y su deber es orientar la política educativa, incluyendo la formación inicial de maestros, como seguramente lo dictaminaron los abogados que consultó esta institución antes de emitir sus directrices. ¿Por qué el INEE no se fue por la controversia constitucional y defendió su punto? Mientras no sepamos el porqué de la postura, nada de que no hay problema, que yo nomás decía. Adivinamos presión y eso es inaceptable. Lo que menos necesitamos es que el INEE se arrugue en los momentos decisivos.

Tenemos que exigir al SPINNA la instalación de sus réplicas locales en cada una de las entidades del país y el DF, y, en consecuencia, que éstas hagan lo propio en cada uno de los municipios y delegaciones que los integran.

Se requiere hacer llegar la información y la capacitación tanto a gobiernos como a ciudadanos, para que ellos mismos se hagan cargo de hacer funcionar los Sistemas Municipales, elaborar su Programa y crear su estructura de atención a la infancia y adolescencia, de acuerdo con las facultades que le otorga al municipio la LGDNNA en sus artículos 119 y 139.

El SNPIDNNA tiene que crecer en el territorio, porque de otra forma sólo habremos creado una nueva sigla, con cariz de partícula subatómica, que no habrá servido más que para engrosar los tambaches leyes de papel.

Lo importante sigue siendo nuestra participación. Esa única manera de superar este estado normalizado de desigualdad y violaciones de derechos. Por eso es importante que los ciudadanos se postulen para participar como consejeros de los sistemas o miembros de los consejos consultivos en los niveles federal, local y municipal.

Nuestra lucha es por la efectividad, cosa que todavía no alcanzamos. Ese es nuestro punto de llegada. Si se entiende al SNPIDNNA sólo como punto de “quedada”, el Estado sólo seguirá jugando a “la comidita” de la política de infancia: sin impacto real en los indicadores e irrelevante socialmente.

Graziana Calcagno señala que para garantizar que los derechos de niños y niñas “sean efectivos y no mera retórica, no es suficiente una legislación iluminada. Las declaraciones solemnes que reconocen a los niños sus propios derechos y que comprometen a los Estados a intervenir para llevarlos a la práctica, son una gran conquista cívica, pero sólo son el primer paso.”

Esto lo sabemos muy bien. Y ese es nuestro parámetro: discúlpenos por las molestias que causamos, pero no queremos leyes de papel. Ya tenemos de sobra.

Les deseo una Feliz Navidad y un gran 2016. Mis deseos son un sistema nacional, 32 sistemas locales y 2,457 municipales exitosos y participativos. Deseo que de veras Ricardo Bucio haga bien su trabajo y lo haga para todos; sobre todo que piense siempre en llegar al territorio y más allá de Cuautitlán. Deseo un INEE firme y decidido. Deseo fervientemente que la REDIM vigile puntillosamente las políticas públicas dedicadas a la infancia y la adolescencia en todo el país, para que los sistemas en sus distintas escalas se avoquen a construir las soluciones.

Deseo que tengamos el coraje para exigir educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes, aunque no resulte simpático. No hay nuevas oportunidades sin educación. Larga vida para mis amigos y mis amigas, especialmente de Tijuana, Zacatecas y Veracruz. Gracias a ti, amable lector. Me animas siempre muchísimo. Abrazo grande.

@LuisBarquera

Odisea Global

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