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REPENSAR LA EDUCACIÓN, REPENSAR LA POBREZA

Luis Alberto Barquera

“Repensar la pobreza”, de Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo (Taurus, 2012), es un libro estimulante que desde una posición abiertamente pragmática y aparentemente despojada de posiciones ideológicas, parte del conocimiento basado en el terreno y en pruebas aleatorias controladas y del margen de acción del entramado institucional prevaleciente, para explicar cómo experiencias a pequeña escala pueden tener un impacto relevante entre la población más pobre.

Aquí recupero los resultados que arroja el estudio en materia educativa.

Los autores, ambos fundadores del Laboratorio de Acción contra la Pobreza, del Massachusetts Insitute of Technology (MIT), (Duflo, además, es ganadora del Premio Princesa de Asturias, 2015), le hacen un guiño a Prospera y ponen el dedo en la llaga: “Conseguir que los niños vayan a la escuela es un primer paso muy importante, pues es donde comienza el aprendizaje. Pero no es muy útil si, una vez allí, aprenden poco o nada.”

¿Qué pasa con los pobres en las escuelas destinadas para ellos? El estudio señala que los pobres frecuentemente acaban en escuelas “donde desde el principio queda muy claro que no se los quiere” y donde se espera que niños y niñas “sufran en silencio hasta que abandonen los estudios”, lo que supone una enorme pérdida de talento muchas veces debido a “padres que tiraron la toalla demasiado pronto, maestros que nunca intentaron enseñarles o el retraimiento de los propios estudiantes.”

La parte “positiva”, de acuerdo con las pruebas recabadas por Banerjee y Duflo, es que todos los niños pueden aprender las cosas básicas en la escuela “siempre y cuando la actividad se dirija a ese aprendizaje y no haya otras distracciones.” Una escuela adecuada puede compensar ampliamente desventajas de la familia de procedencia y las condiciones socioculturales de los niños. En resumen, las pruebas arrojan las siguientes conclusiones:

La primera es “centrarse en las habilidades básicas y comprometerse con la idea de todos y cada uno de los niños pueden dominarlas si ellos y sus maestros les dedican esfuerzo suficiente.” Se recomienda un currículo se centrado en la adquisición sólida de habilidades básicas “y en medidas continuadas de lo que realmente saben los niños, pues sin esos diagnósticos es imposible evaluar sus progreso.” Es importante ofrecer oportunidades de recuperación a los niños con mayor atraso para que puedan participar en mejores condiciones.

Un segundo aspecto positivo es que para preparar profesores de recuperación efectivos hace falta una formación relativamente pequeña, al menos para los maestros de cursos inferiores. Destaca la participación de estudiantes universitarios capaces de desarrollar capacidades lectoras en los alumnos.

En tercer lugar hay mejoras potenciales importantes que se podrían alcanzar reorganizando el currículo y las aulas para permitir que los niños aprendan a su propio ritmo y, especialmente para asegurarse de que los que van retrasados puedan concentrarse en lo básico. Cuando se organiza al grupo de acuerdo con resultados de aprendizaje, lo alumnos de todos los niveles obtienen mejores resultados. En la propuesta se destaca que los alumnos deben poder pasar de un curso a otro de acuerdo con lo que necesiten. Trabajar con las expectativas de padres y maestros es determinante, para lo cual proporcionar información relevante es crítico.

La cuarta idea es que es necesario utilizar más las tecnologías de información. El uso de estas herramientas debe basarse en el perfil de maestros con el que se cuenta. La utilización de cierto tipo de juegos, por ejemplo de matemáticas, arroja buenos resultados en todos los niveles tanto en niños con buenas notas como el resto. Un rasgo especialmente positivo de esta herramienta es que cada niño puede imprimir su propio ritmo en el aprendizaje.

Se dirá que Banerjee y Duflo nos hablan de países africanos que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo con los niños y niñas que asisten a las escuelas más pobres o que no asisten a la escuela en México?

Prospera tiene un padrón de 5,856,392 familias activas y un total de 5,997,454 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (mayo/junio, 2014), que tendrían que recibir atención pedagógica especial para salir adelante. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.

Ese programa también tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia. Si consideramos que se estima el promedio de hijos por familia en por lo menos tres, hablamos de una enorme exclusión educativa que el gobierno está pasando por alto.

No hay duda de que Prospera incrementa la matriculación. El problema es que, mientras la SEP no se preocupe por el aprendizaje de esos niños, Prospera está dejando de lado el desarrollo de capacidades reales, corazón del planteamiento del programa. Además, no está dando respuesta a los niños, niñas y adolescentes que están en su padrón de familias, pero no están en la escuela.

Otro problema es el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Como señala el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Vernor Muñoz (Naciones Unidas, 2010), cuando la escuela regular no puede operar en las localidades más pequeñas, el servicio queda a cargo de jóvenes becados por el CONAFE, sin formación profesional de maestros, “quienes imparten clase en escuelas multigrado, muchas veces en instalaciones en muy mal estado y sin servicios de saneamiento adecuados”.

Hay que analizar lo anterior para constatar que las propuestas del libro no son descabelladas para nosotros (la investigación educativa ha bordado, de una manera u otra, con planteamientos similares que tienen impacto en lo local). También para entrar en conciencia de que necesitamos otra oferta educativa que genere equidad y una política social que funcione, “que impida que la gente pase al ataque porque sienta que no tiene nada que perder.”

El informe señala que los pobres necesitan información sobre sus derechos, facilitarles la vida porque la tienen más difícil que nosotros los que vivimos en otras condiciones (esto disgusta la discurso conservador), mercados adecuados y trabajar sobre sus expectativas (“el rol de las expectativas implica que el éxito, a menudo se retroalimenta”). En este terreno la lista de experiencia acumulada por OSC es enorme, pero desperdiciada.

En particular, que requerimos asumir que nuestra lista de fracasos tiene que ver en buena medida con el fallo evitable en el diseño de políticas y con las “ubicuas tres íes: ignorancia, ideología e inercia.” También que, mientras se espera el gran cambio, se olvida un margen de maniobra enorme que no se aprovecha. “Se puede lograr una pequeña revolución asegurándose de que se invita a todo el mundo a participar en las asambleas municipales; supervisando a los empleados públicos y haciéndoles responsables de los fracasos en el desarrollo de sus obligaciones; supervisando a los políticos a todos los niveles y compartiendo esa información con los votantes; y dejando claro ante los usuarios de servicios públicos lo que pueden esperar de ellos.”

No hay soluciones sencillas. “Puede que no tengamos mucho que decir sobre políticas macroeconómicas o sobre reformas institucionales, dicen Banerjee y Duflo, pero no se deje confundir por la aparente modestia de la empresa: los cambios pequeños pueden tener efectos grandes.” Y ahí tiene un papel fundamental construir soluciones efectivas a partir de pruebas científicas, no a ocurrencias del tipo de las tres íes: ignorancia, ideología e inercia.

Por eso la política social debe estar a la altura de una reforma educativa de fondo. Las directrices que el INEE emitirá este año sin duda implicarán repensar la educación y repensar la pobreza.

@LuisBarquera

Odisea Global

 

¡HEY!, ¡KUMAMOTO Y ALFARO!: ¡SON LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Luis Alberto Barquera

Mis años de estudiante de bachillerato y los primeros de aprendizaje en las lides del trabajo social y la educación los pasé en la colonia Santa Margarita, en Zapopan, Jalisco. Cuando recuerdo esos años maravillosos pienso que yo también habría votado por Pedro Kumamoto, si hoy viviera en ese distrito electoral, y le propondría, al igual que a Enrique Alfaro, y los otros 124 presidentes municipales electos, impulsar una agenda de infancia y adolescencia con participación ciudadana y visión metropolitana.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco (LDNNAJ) presentan la oportunidad de realizar cambios de fondo en las políticas públicas relativas a la población de 0 a 17 años y se requiere de un gran esfuerzo ciudadano y legislativo para lograrlo. No basta la ley, hay que actuar.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) está conformada por los municipios de Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Aquí reside el 58.53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población infantil y adolescente del estado de Jalisco (49{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} mujeres y 51{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} hombres). Este grupo de edad constituye el 33.89{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población total de esta zona metropolitana; en localidades rurales reside apenas de 2.71{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población de 0 a 17 años, por lo que la infancia y adolescencia metropolitana es eminentemente urbana.

Jalisco, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, ocupa el lugar 12 entre los estados del país en garantía de derechos de la población de 0 a 17 años, lo que no corresponde con la cuarta economía del país. Guadalajara es el 30 y Zapopan el 43 entre los 2,457 municipios de México. Hasta ahí, digámoslo así, vamos bien, el problema es que los promedios esconden grandes desigualdades, en particular en la ZMG, una de las más vibrantes de la república, lo que explica los lugares relativamente bajos de esos municipios en algunos indicadores clave.

Para dar una idea hay que decir, por ejemplo, que la pobreza extrema es relativamente menor y que Guadalajara y Zapopan ocupan los lugares 55 y 65 del país, respectivamente, en el indicador. Sin embargo, ambos municipios concentran 59,500 personas en esta condición, el 42.83{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG. Un mundo de gente, si consideramos que estamos hablando de la parte “pavimentada” del estado.

También hay que señalar que la población de 0 a 17 años sin derechohabiencia alcanza 531,392 casos en la ZMG. Aquí se concentra el 61.98{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de esta carencia respecto al total estatal. No contamos a la población con seguro popular, que recibe un pésimo servicio. En Guadalajara y Zapopan se ubican 296,250 niñas, niños y adolescentes con esta grave carencia, seis de cada diez de los que habitan en la ZMG (61.98{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). Estos municipios ocupan los lugares 1,443 y 1,255, respectivamente, a nivel nacional.

La población económicamente activa de 12 a 17 en la ZMG comprende 71,944 adolescentes que tienen que colaborar con sus familias para salir adelante, es decir, poco más de la mitad de la PEA estatal para este grupo de edad (51.51{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). En Guadalajara y Zapopan se concentran 40,314 adolescentes trabajadores, el 56.03{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del total de la zona metropolitana. Estos municipios se ubican, respectivamente, en los lugares 1,234 y 1,319 de la república.

Pobreza, carencia de acceso a los servicios de salud, trabajo infantil, una suma amplia de derechos sin cabal cumplimiento, marcan el desempeño y la exclusión educativa en el estado que, de acuerdo con el Censo 2010, alcanzó ese año 413, 176 niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela.

La ZMG concentra 227, 356 niñas, niños y adolescentes excluidos de las aulas, más de la mitad del total estatal (55.02{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}). En Guadalajara y Zapopan forman parte de ese conjunto 114,994 (50.57{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}).

52, 276 niños y niñas de 3 a 5 años (49.30{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG).

8,092 en el grupo de 6 a 11 años, aunque se presume cobertura total (48.54{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG).

10,163 adolescentes de 12 a 14 años (48.54{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG).

En el grupo de 15 a 17 años 44,463 adolescentes no están en la escuela, el 53.12{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la ZMG. De ese total, no tienen educación básica terminada, por lo que se encuentra en rezago educativo, el 49.46{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

El reporte de la Prueba PISA 2012 señala que en Jalisco la población de 15 años que no tiene educación primaria o está fuera de la escuela alcanza el 45.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, razón por la que se ubica el estado en el lugar 32 o último del país en el indicador. Ojo que Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan los lugares 19, 17 y 11, respectivamente.

Qué bueno que en la prueba PISA Jalisco ocupan los lugares 2, 3 y 10 del país en Matemáticas, Ciencias y Lectura, respectivamente. El problema es que aunque asistan a la escuela, la proporción de estudiantes de 15 años que no alcanzan la competencia mínima para desempeñarse en la sociedad del conocimiento sigue siendo muy amplia: 43{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 37{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 10{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente.

178, 769 becarios de Prospera tendrían que recibir apoyo pedagógico inmediato, y los niños, niñas y adolescentes del padrón de familias de ese programa que permanecen fuera de la escuela tendrían que ser atendidos ya. Parece obvio, pero por lo visto no lo es.

Todo lo anterior, de por sí preocupante, palidece frente a la violencia. La tasa de muerte violenta (accidentes, homicidios y suicidios), por 10,000 habitantes en el grupo de 15 a 17 años, es de 4.54. La tasa en Guadalajara es de 3.27 y en Zapopan de 5.83. No es gratuito que estos municipios se ubiquen en los lugares 1,649 y 1,883 del país.

En síntesis, en estos dos municipios se concentra la mitad de las violaciones de derechos que ocurren en la ZMG. Por eso, pensando en aquella famosa frase “es la economía, estúpido”, aquí propongo, para subrayar un aspecto esencial para el cambio, otra que dice: “son los sistemas municipales de protección a la infancia, estimados legisladores y autoridades”.

Kumamoto y Alfaro asumirán sus respectivas responsabilidades al momento en que se estrenen la LGNNA y LDNNAJ y comience a correr la instalación del sistema estatal y de los 125 sistemas municipales de protección en Jalisco. Ellos tienen la oportunidad de ponernos en el camino de impulsar políticas públicas, con los recursos necesarios, para garantizar efectividad en el ejercicio de los derechos niñas, niños y adolescentes, en particular el derecho a la educación.

Tenemos que demostrar, en todos los municipios con capacidad de inventiva y compromiso con los derechos humanos, que podemos cambiar la política de infancia para cambiar a México. No basta la ley, hay que actuar, porque sólo la participación ciudadana mata políticas inerciales y hace contrapeso la intención inveterada de convertir buenas leyes en leyes de papel.

@LuisBarquera

Odisea Global

EL “EFECTO DORITO” Y LA RESPUESTA DEL COMITÉ DEL NIÑO AL ESTADO MEXICANO

Luis Alberto Barquera

Mi admirado Alejandro Calvillo dice que “la comida chatarra es algo que tiene un sabor de algo que no lo es”. Los Doritos pretenden ofrecer el sabor del taco, a través de saborizantes artificiales, pero saben a cualquier cosa menos a un buen taco. West Schatzker llama este proceso el “Efecto Dorito”.

Después de leer la respuesta del Comité del Niño (CDN) a los informes cuarto y quinto del Estado Mexicano, realizada el 5 de junio de 2015, queda la impresión de esta instancia de la ONU se encuentra un poco cansada o saturada del “Efecto Dorito” que el gobierno de México imprime a su manera de entender el cumplimiento de los derechos de la infancia.

El documento da cuenta de una verdadera situación de horror y tristeza por la que pasan millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos. Los 78 ítems del CDN muestran un México que, desde la vulneración de los derechos de la infancia, ha construido una nación marcada por la pobreza, la violencia y la corrupción.

Cada ámbito del reporte da para hablar con amplitud. Me detengo en las preocupaciones y recomendaciones iniciales, por su importancia para la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA) en los estados, que tendría que haber concluido ya, y el progresivo aterrizaje en el terreno de los 32 sistemas estatales y los 2,457 sistemas municipales de protección.

En búsqueda de la implementación efectiva de la LGDNNA

Empecemos diciendo que el Comité “celebra” la adopción de la LGDNNA, sin embargo también señala que “le preocupa su implementación oportuna y efectiva a los niveles federal, estatal y municipal” y que “muchos estados no hayan adoptado legislaciones sobre derechos de la infancia como lo mandata la LGDNNA.” La recomendación al Estado mexicano es asegurarse de que “todos los estados adopten las legislaciones sobre derechos de la infancia previstas en la LGDNNA” y que “todas las leyes a los niveles federal y estatal sean elaboradas en conformidad con la Convención y la LGDNNA”. En particular señala que para su implementación efectiva se adopten medidas “en consulta con la sociedad civil y las niñas y niños”.

La preocupación del Comité por la implementación adecuada tiene fuertes motivos. Si bien se toma nota de que se se adoptará un Plan Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes hacia fines de 2015, “al Comité le preocupa su adopción oportuna y su implementación efectiva, especialmente tomando en cuenta la débil implementación del Programa de Acción 2002-2010: “Un México apropiado para la infancia”.”

El Comité recomienda a Estado mexicano asegurarse de que “tanto el programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como los programas locales a nivel estatal y municipal sean adoptados oportunamente, cubran todas las áreas de la Convención y sus Protocolos Facultativos, incluya la perspectiva de género, y se les provea de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para su implementación efectiva. Los puntos de vista de las niñas, niños y adolescentes, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales relevantes deben ser debidamente considerados.”

Asimismo recomienda adoptar medidas “para asegurarse de que los organismos estatales y municipales adopten mecanismos apropiados para el monitoreo y evaluación de las políticas relacionadas con los derechos de la infancia.”

En este sentido, le preocupa el Comité el establecimiento oportuno del Sistema Nacional de protección Integral (SNPI) tanto a nivel federal como estatal y municipal, “para que atienda los múltiples asuntos relacionados con la actual falta de mecanismos de coordinación para la implementación de la Convención y sus Protocolos Facultativos.” Por eso recomienda el establecimiento inmediato de un secretariado ejecutivo en los niveles federal, estatal y municipal y se establezcan las oficinas de protección tanto a nivel federal, como en los estados.

En cuanto a la asignación de recursos al Comité le preocupa el hecho de que no se haya incluido en la LGNNA un análisis de impacto presupuestal, así como la insuficiencia de recursos asignados a los derechos de la infancia, en particular hacia los de protección y participación, y la insuficiente transparencia respecto a los fondos transferidos desde el nivel federal a los niveles estatal y municipal. Asimismo, “que los presupuestos estatales y municipales no señalan adecuadamente la inversión en la infancia y el hecho de que aunque hay un alto nivel de percepción de corrupción en el Estado parte, no haya registros relacionados con casos de malversación de fondos asignados a los derechos de la infancia”.

En este sentido, la recomendación principal del Comité es que el Estado mexicano “lleve a cabo una evaluación del presupuesto necesario para implementar la LGNNA y asegure que le sean asignados suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para su aplicación efectiva” y que en particular aumente el presupuesto asignado a educación, salud, protección y participación de la infancia.

También recomienda asegurarse de que los presupuestos estatales y municipales proyecten la inversión en la infancia, mejoren su sistema para el seguimiento de la asignación y uso de los recursos para la infancia en todo el presupuesto y que se lleven a cabo evaluaciones de impacto de cómo el interés superior del niño ha sido tenido en cuenta en las inversiones o los recortes presupuestarios en cualquier sector. En sintonía con la preocupaciones antes expuestas, el comité recomienda reforzar las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y procesar eficazmente la corrupción.”

Para resumir todo esto en una línea se puede decir que la principal preocupación del Comité es que el Estado mexicano logre una implementación adecuada de la LGDNNA. Obviamente el gobierno, si quiere cumplir, debe salirse de un marco institucional viejo y sin presupuesto.

Para las OSC, en esta perspectiva, la armonización legislativa en los estados se centra en conseguir que LGNNA y las leyes locales no acaben convirtiéndose en 33 leyes de papel.

Cómo vamos

México viene de una cultura política en la que “se obedece pero no se cumple”. Esta forma de ser basa sus relaciones sociales en el no cumplimiento de la ley y, para el caso que nos ocupa, en la “proclamación” de los derechos, más que en su aplicación efectiva.

En este sentido se entiende la preocupación del Comité por garantizar una implementación efectiva de la LGDNNA.

La experiencia de estos meses de armonización legislativa la resumiría de la siguiente manera:

1. El Sistema Nacional de Protección

Un problema central para la implementación es el marco mental desde el que se opera, de otra manera no habría tanta resistencia. Los reflejos del gobierno federal y los gobiernos de los estados, salvo excepciones, están marcados por la inclinación a tratar en todo lo posible para que se continúe funcionando de forma compartimentada, aislada, o a lo más través de consejos inoperantes o que ni sesionan. Mejor actuar de forma declarativa, que funcionar como un sistema que articule políticas y acciones.

El INEE, por ejemplo, cuando explica la desigualdad educativa invita a pensar en el funcionamiento de un sistema como el que propone la ley. Dice en su Informe 2014 que muchos de los problemas que causan la inequidad en este ámbito “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Las OSC proponemos privilegiar mecanismos legales para impulsar la generación de políticas adecuadas y articulación institucional, que se necesitan para eliminar las desigualdades educativas, así como de acceso a la salud o a la justicia, y superar políticas que se implementan de forma inercial aunque no produzcan resultados. Esto es fundamental para que el plan nacional y los planes estatales y municipales funcionen.

Las próximas directrices del INEE, por ejemplo, implicarán cambios de política que deben contar con sistemas estatales y municipales fuertes para operar con éxito.

2. Los recursos

Junto a lo anterior tenemos una concepción del presupuesto se aparta de la lógica de las soluciones y se acerca a mantener el status quo. Desde que comenzó el debate sobre la iniciativa preferente de ley de infancia el jurídico de la presidencia planteaba que no debería tener un impacto presupuestal. Aunque la ley general estuvo aprobada a tiempo para que le fueran asignados recursos en la Cámara de Diputados, no se le etiquetó ni un peso. Inexplicable que no se garantizara la implementación de una ley que los propios diputados aprobaron.

La práctica de aprobar leyes y programas sin presupuesto ya la conocemos.

Sin presupuesto lo primero que uno piensa es que los operadores del gobierno quieren retroceder hasta conseguir una nueva ley de papel. Pareciera que el gobierno no quiere invertir como propone la LGDNNA, sino seguir con las costumbres de gasto actuales. Y la mejor forma de limitar su aplicación es no asignándole recursos. Al final, si no está en el presupuesto, no existe.

Esto es grave porque sabemos que el presupuesto de infancia es opaco y reducido. De acuerdo con UNICEF y la Secretaría de Hacienda, entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 6% del PIB del país para cada año y de éste menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección.

En este marco, se entiende que no se vea claro en las nuevas leyes estatales mecanismos que garanticen presupuestos para la operación del sistema, empezando por las secretarías ejecutivas en los estados y en los municipios. En términos del presupuesto, la leyes estatales han tratado de hacer la armonización legislativa con la ley general lo más “chiquita” posible en términos de garantizar el financiamiento del sistema, en lugar de proponer mecanismos concretos.

Las nuevas leyes estatales tendrían que significar un reordenamiento de prioridades en los estados y demandar a la federación una partida especial para la infancia y la adolescencia, que puede formar parte del Ramo 33. En los estados de Veracruz o Zacatecas se puede crear un fondo especial orientado a cerrar brechas con base en las participaciones federales. Esto es lo que proponemos las OSC. En todo caso la invitación es a pensar cómo financiar la nueva política de infancia.

3. El sistema de información y la evaluación

Un sistema de información es indispensable para hacer eficaz al sistema. Desde el punto de vista del constitucionalismo de los derechos lo que importa en términos prácticos, como señalan Salazar y Carbonell, “es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones”. Es obvio que el Estado debe invertir en este aspecto, porque de la información depende una verdadera transparencia y rendición de cuentas, pero no hay dinero.

Parece mentira que el gobierno no cuente con algo parecido al Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, de ODISEA, A. C., ni a Infancia Cuenta, de la REDIM, ni a Infoniñez de UNICEF y a los diagnósticos estales que este organismo internacional produce.

Es muy buena noticia que a nivel federal el CONEVAL, un organismo autónomo, se encargue de la evaluación del sistema, aunque una limitación importante es que sus recomendaciones no tengan carácter vinculante (esta institución nos puede dar recomendaciones de política, pero no la voluntad del gobierno para realizar las transformaciones necesarias). El problema en los estados es que la tendencia, contraria a la ley general, es mantener la evaluación del sistema estatal bajo el control del ejecutivo.

Por ejemplo en la iniciativa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se propone al Consejo Estatal de Evaluación y Fortalecimiento de los Programas Sociales (CEDESO), un organismo dependiente del ejecutivo, del que no existe evidencia de que funcione realmente, para la evaluación del sistema. Las OSC plantean que la evaluación esté a cargo de la Universidad Veracruzana.

4. La Procuraduría

Requerimos una Procuraduría fuerte, que no debe estar subordinada al DIF. Pensamos que desde su nacimiento debe contar con el más alto nivel posible, para mandar el mensaje de que la protección especial de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados es una prioridad de la política de infancia.

No queremos una Procuraduría “con bajo peso al nacer”, sin fuerza para coordinar la red institucional, gubernamental y no gubernamental, que se necesita para proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El artículo 116 de la ley general señala que corresponde a las autoridades federales y locales de manera concurrente “Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos.”

Si sólo consideramos que prácticamente seis de cada diez niños y niñas (59.8%) se considera en pobreza o pobreza extrema y podría encontrarse en “situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico”, el reto es enorme. Recomiendo leer, en el informe del Comité, el apartado “H. Medidas especiales de protección” y luego analizar si la Procuraduría está a la altura del desafío.

Además de la autonomía respecto del DIF, se requiere un cambio de perspectiva, no maquillaje: el sistema de protección especial tiene la obligación de restituir derechos, no hacer lo mismo que se ha venido haciendo pero con otro nombre.

El caso de Zacatecas, de acuerdo con NTR, durante la primera sesión ordinaria del DIF en 2015, se tuvo a bien autorizar “el cambio de nombre de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, por Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia”, de conformidad con la ley general. Resuelto el problema; no se diga más: ya se autorizó el cambio de nombre, lo que nos debe dejar tranquilos. Así se arreglan las cosas en ese estado de la república.

5. La participación de la sociedad civil

También hay que decir que sigue la reticencia a la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil (no se diga a definir mecanismos para la participación infantil). El gobierno federal mandó la “línea” de que no se permitiera intervenir en la construcción de la armonización legislativa en los congresos locales a la REDIM y a otras muchas organizaciones locales porque se les considera un obstáculo para que el gobierno determine leyes locales a su antojo. Una intención real ha sido, y sigue siendo, asegurar que sólo las organizaciones a modo tengan voz y voto en el sistema. Como me dijo un funcionario cercano al Congreso de Veracruz: “al gobierno no le gusta la participación de la sociedad civil”.

La propuesta gubernamental de reglamento de la LGDNNA es realmente muy pobre, tanto en términos de la participación de las OSC, como del funcionamiento del sistema nacional. Las OSC impulsan un diálogo intenso con el gobierno que, hay que reconocer, cada vez es más receptivo y cuidadoso de las formas, pero no sale de su impulso natural de ir hacia atrás.

Al gobierno de México le cuesta mucho trabajo funcionar bajo el escrutinio internacional y reconocer a plenitud la actuación de las organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes. El gobierno de México debe superar una actitud que recibe las recomendaciones internacionales como agresiones directas y enfocarse en la solución de los problemas, y asumir como legítimas las propuestas de los ciudadanos en tanto parte interesada en la garantía y promoción de los derechos humanos.

Sobre todo ya es tiempo de que el gobierno, de una vez por todas, asuma que el debate es la mejor forma de tener una conversación pública civilizada, orientada a colocar luz sobre los problemas y encontrar soluciones plausibles. Lo demás es ir contracorriente.

En conclusión

Hasta el momento han sido aprobadas 17 leyes estatales. En algunos casos hay retrocesos respecto a la LGDNNA, como es el caso de Chiapas, donde la ley local manda a un rincón administrativo la máxima autoridad del sistema estatal, o como el de Zacatecas, que desecha del anterior ordenamiento la paridad entre sociedad civil y gobierno en el consejo estatal y los consejos municipales, para establecer que los representantes de ésta tendrán que ser nombrados por un sistema donde el gobierno tiene mayoría. En resumen, en el mejor de los casos, las leyes locales serán copia de la LGDNNA.

Las preocupaciones y recomendaciones del CDN tendrán que ser atendidas por el gobierno con base en el nuevo marco legal. También, mientras las cosas no cambien, con la institucionalidad actual y los recursos actualmente asignados.

Desgraciadamente son reales las señales de un gobierno que mira el futuro por el espejo retrovisor. No acaba de tomar conciencia de que la mejor forma de inutilizar a los sistemas nacional, estatal y municipales, corazón de la ley de infancia, es la negativa a funcionar de forma articulada y a través de políticas que asuman la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, una Procuraduría débil, y la insistencia en no colocar por delante los recursos que se requieren para la transformación de la política de infancia del país.

A la sociedad civil le toca asumir el desafío de impulsar la agenda que marca el CDN proponiendo, con base en buenas prácticas y la experiencia internacional, la política y la institucionalidad que se requiere para garantizar los derechos de cada niña, niño o adolescente en el terreno local.

La ley general es un logro indudable de legisladores, organizaciones y organismos internacionales, que nos coloca en la línea de los estándares globales en la materia. Sin embargo, nuestra realidad presenta desafíos para garantizar derechos en todos los estados y municipios.

La ley general, como señala Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, “será trascendental para el presente y el futuro de la infancia en el país y por lo tanto para el desarrollo de México en términos sociales, económicos y de justicia”, por lo que resulta estratégico “asegurar su adecuada implementación y garantizar que los nuevos mecanismos e instituciones previstos por la misma tengan condiciones para operar de manera eficiente”.

En ese momento estamos, precisamente, en el de defender lo que logramos y de limitar lo más posible la cultura política en la que “se obedece pero no se cumple”.

Queremos que las nuevas LGNNA y las leyes locales sepan a garantía de derechos. Queremos leyes y actos políticos que sepan a efectividad para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección especial, el derecho a la justicia, no a leyes que sepan a leyes de papel o a dádivas o a limosnas. La LGNNA está muy bien, pero debemos actuar para ponerle sabor a los derechos con lo único que pueden saber a algo: políticas públicas sólidas y presupuestos adecuados, con participación ciudadana en su ejercicio. Ya estamos hartos, al igual que el CDN, del “Efecto Dorito” en materia de garantía de derechos humanos.

INEE: EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

Luis Alberto Barquera

Tengo que iniciar felicitando a Sylvia Schmelkes y a los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por su comunicado ejemplar. A la altura del respeto que nos merecen, como dije en mi twitter. Poniendo por delante el interés superior de niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, la autonomía constitucional de esa institución.

El viernes 29 la Coordinadora Nacional del Servicios Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, “debido a nuevos elementos a considerar” (sic.).

No fue el Secretario Chuayffet el que dio la noticia en ese escueto comunicado, en el que se anuncia una flagrante violación a la Ley de Servicio Profesional Docente y se pasa por encima de la autonomía constitucional del INEE, responsable del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

El presidente de la república, Enrique Preña Nieto, no ha dicho esta boca es mía.

La razón es que no hay forma de justificar esta decisión. Y porque posiblemente estamos frente a una medida que puede ir más lejos que la evaluación de maestros.

Un día después, el sábado 30, Eduardo Backoff, consejero de la Junta de Gobierno del INEE, mandó un tweet diciendo que “El comunicado de la SEP pone en vilo la existencia del propio INEE: ¿un instituto de evaluación sin evaluaciones?”.

¿De qué tamaño es este golpe, desde el gobierno, a la reforma educativa?

En este momento no se sabe si se aplicarán las pruebas de logro escolar, que forman parte de Planea (Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes), que tendrían que aplicarse estudiantes de los grados terminales de educación básica y media superior, en las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas y convivencia escolar.

Niños y niñas están próximos a salir de clases y en las escuelas no se sabe si se aplicará la prueba. En los pasillos de la SEP se afirma que no se aplicarán ni este ciclo escolar ni en lo que queda de administración del presidente Peña.

Habrá que esperar. Pero lo cierto es que esto no es sólo causa de la presión abierta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o, por debajo del agua, del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Ahí está el chantaje de una y la operación del otro (dudo que el gobierno se haya animado a hacer este desfiguro sin el respaldo del SNTE). Ellos hacen su trabajo, para sus intereses, pero el gobierno no hace el suyo.

El gobierno federal tiene buen rato haciendo tratos por encima de la ley. El gobierno de Oaxaca, por ejemplo, ha sido un militante activo en contra de la reforma educativa. Al final se ha permitido a personas que no han sido evaluadas, que ingresen como docentes o que escalen como directores y supervisores. No ha sido posible poner por encima de todo el interés superior del niño y garantizar su derecho, si no a la educación, por lo menos a ir a la escuela.

Ahora el gobierno federal ha decidido dar un paso más: que se suspenda la evaluación de maestros en todo el país. Ya no son sólo los estados donde el conflicto con el magisterio domina el escenario político. Ahora el gobierno lo escala a toda la república.

El gobierno federal atenta contra el derecho de “casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito.”

Es gravísimo. Por eso es de gran mérito que el INEE, el sábado 30 de mayo, exigiera en su comunicado 20 al gobierno de la república “dejar sin efectos la “suspensión indefinida” de las fechas de evaluación del Servicio Profesional Docente.”

 

La decisión de la SEP, como señala el INNE, es ilegal, invade su competencia, vulnera su autonomía constitucional y es contraria al interés superior de la niñez.

 

El interés superior de la niñez significa garantizar su derecho a la educación, pero el estado lo viola cuando “niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad.”

Con base en lo anteriormente expuesto, y dado que no existe justificación alguna, el INEE “conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.”

Se dice que la explicación a todo esto es la debilidad del gobierno. Yo creo que más bien son las malas decisiones que toma. La valoración que prevalece es que lo importante es afianzar lo que siempre ha sido su fortaleza, el control corporativo de los maestros, por encima del interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en tiempos electorales. Sus intereses de facción por encima de la Constitución, aunque signifique apartarse de la ruta de los derechos.

Las autoridades siguen sin entender, igual que antes de este desplante, que el nuevo arreglo del Estado con los docentes implica un esfuerzo multidimensional porque no estamos hablando de un problema sólo educativo. Ahora el punto de partida es más atrás porque se demuestra que el gobierno, además de faltarle ambición y compromiso con los ciudadanos, se deslinda de la reforma educativa que él mismo impulsó. El gobierno tiene que rectificar

¿Qué oportunidad tenemos de mejorar la educación en Zacatecas o en Veracruz si dejamos pasar esta barbaridad? ¿Qué podemos esperar del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de los sistemas en los estados y los municipios, si no se asegura la ejecución de los cursos de política que defina la autoridad, como en este caso la evaluación de los maestros en los términos que establece la ley? ¿Qué podemos esperar para cualquier cosa plausible en este país si el propio gobierno puede incumplir la ley y salirse con la suya, que es contraria a la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos?

Me quedo con el mensaje profundo de las últimas líneas del comunicado: “hoy más que nunca, tanto el INEE y las autoridades educativas, en su carácter de instituciones públicas, así como la sociedad civil y el magisterio nacional, debemos estar a la altura de las exigencias del país para defender la legalidad y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.”

Por supuesto que debemos sumarnos a la exigencia del INEE. Defendamos la legalidad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes. El gobierno debe obedecer la Constitución y está obligado a garantizar el derecho a la educación de los ciudadan@s de 3 a 17 años (aunque no voten).

 

Sudán del Sur y los niños soldado

Ollin Rafael / Odisea Global.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) advierte que en el conflicto de Sudán del Sur se siguen reclutando niños soldado, ya van 12 mil. En un comunicado de prensa publicado la semana pasada, UNICEF alertó que en el conflicto civil de Sudán del Sur se siguen reclutando niños para la guerra. Condenamos, dice el comunicado, “de forma enérgica el secuestro de decenas de niños, algunos de apenas 13 años, por un grupo armado cerca de Malakal, en el norte de Sudán del Sur.”

Uno de los equipos de UNICEF desplazados a la zona informó que 89 niños habían sido secuestrados mientras hacían sus exámenes en un colegio de Wau Shilluk, una comunidad en el estado del Alto Nilo, y advirtieron que el número de niños y niñas secuestrados podría ser mucho mayor. Según algunos testimonios, “los soldados armados rodearon la comunidad y registraron casa por casa. Los niños mayores de 12 años fueron llevados por la fuerza.”

En diciembre del 2013 comenzó la enésima etapa de un conflicto social y político arrastrado desde la descolonización y que se ha convertido en una guerra civil a gran escala que hasta el día de hoy no encuentra su fin.

Sudán del Sur fue parte del Sudán Anglo-egipcio bajo dominación colonial inglesa, que después de su independencia en 1956 se convirtió en la República de Sudán hasta 1985 cuando un golpe militar acabó con su endeble democracia. Sudán de Sur, con etnias de religión animista y cristiana, quedó bajo el dominio del norte de mayoría musulmana, oprimido por medio de una violencia que se convirtió en caldo de cultivo de la guerra. El problema subyacente a todo esto fueron las fronteras artificiales establecidas por el colonialismo occidental que no tuvieron en cuenta la diversidad de las regiones dado que primaba la lógica económica y política, en gran medida, miope de las potencias dominadoras.

Una vez estos territorios lograron independizarse, muchas de las fronteras coloniales se mantuvieron a sangre y fuego por los nuevos poderes que, más débiles que los antiguos, vieron surgir en sus territorios el conflicto natural de la diversidad atada por fuerzas antinaturales. Por si fuera poco, estos conflictos fueron alentados por algunos poderes de occidente que vieron en ellos la oportunidad de mantener los beneficios sin la necesidad de invertir nada en la administración del territorio. Es así que los poderes coloniales siguieron dominando el territorio a través de una fuerza menos visible pero más férrea: la del terrible colonialismo económico de nuestros días.

En 1983 inició la guerra civil entre grupos independentistas del sur y el ejército sudanés que duró hasta el año 2005 cuando se firmó un debil acuerdo de paz que garantizaba mayor autonomía al territorio del sur. En 2011 Sudán del Sur realizó un referéndum de independencia en el que ganó la mayoría secesionista y que condujo a la proclamación de independencia el 9 de julio de ese mismo año. Lamentablemente, Sudán del Sur posee gran cantidad de reservas de petróleo que hacen que el estado más joven del mundo sea un diamante deseado. El 15 de diciembre del 2013 el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán intentó un golpe de estado que fracasó pero que provocó el inicio de la guerra civil disfrazada de un conflicto étnico entre las dos tribus principales del país, los dinkas y los nuer, pero detrás de la cual se haya, como bien dice el periodista especializado Chema Caballero, una lucha entre grandes potencias por el control de los pozos de petróleo que utilizan y manipulan las diferencias internas para conseguir sus propios objetivos.

Remontándonos un poco en la historia podemos verlo todo más claro. Según se narra en una investigación del diario El País, Estados Unidos que durante la guerra de independencia entre el Norte y el Sur, impuso sanciones al gobierno de Jartum en su apoyo a Juba, esto es, apoyando al sur contra el norte, provocó graves consecuencias económicas para el gobierno sudanés que tuvo que pedir ayuda a China, Irán y a Rusia. Para China fue una bendición pues con ello consiguió el petróleo que buscaba para alimentar su enorme crecimiento al adquirir el 78% de la producción del país y construyendo un gaseoducto para su transporte hasta el mar. Al ver esto, las empresas norteamericanas presionaron a su gobierno para que acelerara la independencia del sur que, como ya vimos, posee la mayoría de las reservas de crudo. Sin embargo, una vez lograda la independencia, el gobierno del sur no cambió los contratos con las empresas chinas. Viendo que sus amenazas no llegaban a buen puerto y que el presidente Kiir se hacía de oídos sordos Estados Unidos decidió, de manera oculta, fomentar un golpe de estado a través del vicepresidente Riek Machar. El 15 de diciembre del 2013 Machar inició la rebelión.

Según Chema Caballero, “Este tipo de maniobras, que prolonga los juegos de la guerra fría aunque alguno de los actores cambie, ponen de manifiesto que lo único que importa en Sudán del Sur es el control de uno de los campos petrolíferos más lucrativos del continente, el cual genera miles de millones de dólares para el país más joven de África, para lo cual multinacionales y gobiernos se alían, una vez más.”

Después de tantos años de conflicto, gran parte de la infraestructura del país está dañada o completamente destruida, lo que significa un grave problema para la población que se encuentra bajo durísimas condiciones de vida. El año pasado, UNICEF lanzó una Misión de Respuesta Rápida para paliar algunas de las consecuencias del conflicto, sobre todo para ayudar a las 30 mil madres y a sus hijos que carecen de los servicios básicos. En una de esas misiones, el periodista Mike Pflanz, corresponsal del The Daily Telegraph de Londres, fue para ver en primera persona lo que estaba sucediendo (esta narración se puede leer en el diario español El País). Pflanz se encontró con un país destruido y necesitado de toda la ayuda internacional posible.

La guerra se está llevando entre los pies a miles de personas (alrededor de 550 mil), entre ellos muchos niños y niñas (120 mil menores de 5 años). Por esto, la denuncia de UNICEF sobre el reclutamiento de niños soldado es tan importante. Pflanz cuenta: “Al menos uno de los que cargaban con un AK-47 era un niño, un chico que apenas tendría 14 años. Los otros eran algo mayores o quizás no. Se envían informes de manera repetida sobre niños que son reclutados para formar parte de grupos armados que combaten en el conflicto de Sudán del Sur. Desde que estoy aquí, ya me han contado dos historias de adolescentes que deberían ir a la escuela en lugar de estar ingresados en hospitales recuperándose de heridas de bala.”

UNICEF: 2014, AÑO DEVASTADOR PARA LA INFANCIA POR LA VIOLENCIA

Ollin Rafael / Odisea Global.

Para UNICEF 2014 ha sido un año devastador para la infancia y esto se ha debido, según el organismo internacional, a un aumento generalizado de la violencia. Los conflictos armados en todo el mundo han dejado un reguero de sangre que ahora mismo parece imparable. Los niños y las niñas han sido expuestos en muchas partes del mundo al hambre, a la violencia extrema, al reclutamiento forzoso, a las enfermedades graves, a la pérdida de sus familias, a la trata de personas, etc. “Ha habido niños asesinados mientras estudiaban en el aula y mientras dormían en sus camas; niños que han quedado huérfanos o que han sido secuestrados, torturados, reclutados, violados e incluso vendidos como esclavos. Nunca en la historia reciente tantos niños fueron sometidos a este tipo de indescriptible brutalidad”, dijo Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF. Pero lo más increíble es, como dice el periodista argentino Martín Caparrós en su libro sobre el hambre, que hemos podido quedarnos sentados en nuestras casas sin hacer nada o casi nada.

Según la neurociencia, una de las virtudes esenciales del ser humano, algo que ha permitido que la especie sobreviva a lo largo de milenios, es su capacidad para la compasión. Hay neuronas especializadas, las neuronas espejo, que permiten que el cerebro reaccione a las situaciones vividas por los otros, es decir, la reacción natural de todo ser humano frente a otro que necesita ayuda es ayudar.

Y nosotros no preguntamos: ¿Acaso hemos perdido esa capacidad?

La respuesta es no, no lo hemos hecho, seguimos siendo perfectamente aptos para empatizar con los otros, sin embargo, somos capaces de poner un filtro que permite que nos olvidemos rápidamente de aquello que no nos afecta de forma inmediata. Decidimos en nombre de nuestra comodidad evitar pensar no sólo en nuestra falta de acción para cambiar las cosas sino en las consecuencias de nuestra forma de actuar.

Algunas investigaciones recientes han descubierto que el sentir empatía por los otros depende en gran medida de que estemos del humor adecuado para ponerle atención al mundo que nos rodea y no tan ensimismados como para no ver más allá de nosotros mismos.

Según dice el psicólogo Daniel Goleman, es justamente la empatía lo que nos separa de los psicópatas que son capaces de apagar la parte de su cerebro que les hace sentir compasión y se pregunta si no nos estaremos convirtiendo en una sociedad psicópata, porque es precisamente lo que hacemos cuando decidimos no pensar en las tragedias que nos rodean. Suspendemos esa parte del cerebro que nos hace ser empáticos y tener un comportamiento compasivo.

Por ejemplo, es evidente que todo aquello que consumimos tiene efectos en la realidad que nos rodea y, sin embargo, fingimos que somos ajenos a ellos y a sus consecuencias ecológicas, de salud pública, sociales y de justicia económica: “Lo tenemos a la vista pero no lo vemos”. Nos hemos convertido en víctimas de un sistema que nos distrae de lo importante mediante necesidades superfluas.

Goleman pone un ejemplo terrible: el algodón, cuenta, es muy resistente a los tintes textiles y cuesta mucho trabajo que adquiera color por lo que aproximadamente el 60% del colorante que se usa se convierte en agua residual que contamina los acuíferos de la zona en donde se fabrica; los epidemiólogos han descubierto que la incidencia de cáncer en la sangre, leucemia, en niños y niñas que viven cerca de estas fábricas es bastante más alta que en otras regiones, sin embargo, nosotros, los consumidores, nos ponemos esa camiseta azul o roja o verde sin pensar en ello.

De la misma manera, vemos todos los días las calamidades que azotan el mundo, nos afectan un número limitado de segundos e incluso minutos si somos muy empáticos, pero después volvemos a lo que estábamos haciendo sin detenernos demasiado tiempo a pensar en la forma en que eso podría cambiar, imaginando que no hay nada que hacer. Pero nos equivocamos pues cada acción particular hecha de manera compasiva ayuda en un cambio profundo, desde consumir de manera más responsable hasta cooperar en las campañas de UNICEF, ACNUR, Save the children, Greenpeace, etc.

El año pasado ha sido un mal año para la infancia y esto continúa hoy. Según datos de UNICEF, 15 millones de niños están atrapados en conflictos violentos en República Centroafricana, Irak, Sudán del Sur, el Estado de Palestina, Siria y Ucrania, incluidos los desplazados internos o quienes viven como refugiados; 230 millones de niños viven en países o zonas de conflicto armado; 54 mil niños se quedaron sin hogar en Gaza debido a un conflicto que duró 50 días y en el que murieron 538 niños y más de 3 mil resultaron heridos; en Siria hay 7.7 millones de niños afectados por la violencia de los cuales 1.3 millones se han convertido en refugiados; en Irak 700 niños han sido mutilados y asesinados; en Sudán del Sur 230 mil niños sufren desnutrición aguda severa, 750 mil han sido desplazados y 320 mil viven como refugiados; debido a la crisis del ébola, miles de niños han muerto, miles más se han quedado huérfanos, 5 millones se han quedado sin escuela.

“Es tristemente irónico”, dice Lake, “que en este año en el que se cumple el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando hemos podido celebrar tanto progreso para muchos niños a nivel mundial, se hayan violado de manera brutal los derechos de tantos otros (…) El mundo puede y debe hacer más para lograr que 2015 sea un año mucho mejor para todos los niños. Cada niño que crece fuerte, seguro, saludable y educado es un niño que puede seguir aportando cosas a sí mismo, a su familia, a su comunidad, a su nación y, de hecho, a nuestro futuro común“.

Yo creo, en verdad, que podemos hacerlo mejor entre todos, el primer paso es pequeño pero es el más importante: debemos, por un momento, suspender todas nuestras distracciones y prestar un poco de atención al mundo.

El negocio de las vacunas para niños y niñas

Ollin Rafael/Odisea Global.

Se sabe que las grandes empresas farmacéuticas mantienen los precios de los medicamentos muy altos (de ello dependen sus millonarios beneficios), debido, dicen, a los costes de la investigación y el desarrollo. Los datos, por su puesto, son extremadamente opacos, poco se sabe acerca de las cuentas de las empresas: ¿cuánto gastan en investigación? ¿cuánto les cuesta el desarrollo de tal o cual medicamento? ¿cuánto vale producir cierta medicina? etc. Aunque a veces, cuando sale a la luz algún dato, la sociedad civil se sorprende. Por ejemplo, a raíz del movimiento de los enfermos de hepatitis C en España que reclaman que la sanidad pública se haga cargo de un nuevo tratamiento para curarlos, sabemos que la farmacéutica que desarrolló el medicamento cobra por el tratamiento 60 mil euros, alrededor de un millón de pesos mexicanos. Y ante esta monumental cifra surgen otras preguntas: ¿cuánto dinero invirtió la farmacéutica en el desarrollo de este medicamento? ¿Cuánto tuvo que haber gastado para que cada tratamiento valga un millón de pesos? ¿No sería posible que la empresa, al saber que su medicina le puede salvar la vida a alguien, le esté poniendo precio no al tratamiento sino a la vida? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿60 mil euros?

Según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día, todavía hay 22.6 millones de niños y niñas en todo el mundo que no reciben el paquete de vacunas básicas que les podrían evitar enfermedades graves causantes de discapacidad o muerte. A pesar de que se ha alcanzado una alta cifra de vacunación para algunas enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos ferina, aún es muy baja para enfermedades como Haemophilus influenzae tipo b (Hib), causante de la meningitis y la neumonía, el neumococo y el rotavirus. Y es así que, aunque en los últimos años la mortalidad ha disminuido mucho, ha pasado de 12.6 millones de fallecimientos en 1990 a 6.3 millones actualmente, todavía hay millones las muertes de niños pobres que podrían evitarse.

Por esto es tan importante el documento con el que la semana pasada, Médicos Sin Fronteras les exigió a las compañías farmacéuticas GlaxoSmithKline (GSK) y Pfizer que disminuyeran el precio de la vacuna contra el neumococo a 5 dólares por niño en los países en desarrollo. La petición venía acompañada de ”La mejor vacuna: por un acceso sin barreras a vacunas asequibles y adaptadas”, un duro informe sobre los precios de las vacunas que muestra como en los países pobres, entre el 2001 y el 2014, el coste de vacunar a un niño o una niña ha aumentado 68 veces.

Según Rohit Mapani, director de Políticas y Análisis de la Campaña Acceso a medicamentos esenciales de MSF, “el precio por proporcionar el paquete completo de vacunas a un niño es hoy (…) más caro que hace tan solo una década, fundamentalmente porque las grandes compañías farmacéuticas han aumentado los precios a donantes y países pobres de aquellas vacunas con las que ya ganan miles de millones de dólares en los países ricos”, es por ello, continúa Mapani, que “pedimos a los donantes que pongan sobre la mesa una suma adicional de 7.500 millones de dólares para poder pagar las vacunas de los países pobres durante los próximos cinco años, teniendo en cuenta, además, que un tercio de esta cantidad irá destinada a sufragar los elevados precios de una sola vacuna, la antineumocócica (la enfermedad mata cada año alrededor de un millón de niños en todo el mundo). Baste el ejemplo para reflexionar sobre cuanto más dinero de los contribuyentes podría traducirse en más niños vacunados si las vacunas fueran más baratas. Creemos que es momento de que GSK y Pfizer pongan de su parte para hacer las vacunas más accesibles y durante más tiempo, ya que los descuentos que a día de hoy ofrecen estas compañías no son suficientes”.

La vacuna contra el neumococo significa aproximadamente la mitad del costo de todo el paquete de vacunas para niños y niñas. De la venta de esta vacuna GSK y Pfizer ya han obtenido 19 mil millones de dólares, mucho más que el dinero que han invertido.

Por eso, MSF también pide mayor transparencia pues la información sobre las negociaciones entre los estados y las compañías farmacéuticas es de difícil acceso dado que la industria oculta deliberadamente la información para poder controlar los precios. Elder Kate, la asesora de Políticas de Vacunas de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras, dice que “nos encontramos situaciones irracionales en las que países en vías de desarrollo como Marruecos y Túnez pagan por la vacuna contra el neumococo un precio mucho más caro que Francia (…) necesitamos situar la salud pública por delante de los beneficios económicos; las vacunas que salvan la vida de niños no deberían ser un gran negocio”.

Las vacunas no solo salvan vidas según Seth Berkley, presidente de Gavi, the Vaccine Alliance, una organización dedicada a promover la vacunación, también pueden “mejorar a largo plazo las perspectivas educativas de un niño. Y su familia y la comunidad en general pueden beneficiarse de ello”. “Todos sabemos”, continua Berkley en un artículo publicado la semana pasada en El País, “que los niños sanos no necesitan un tratamiento médico o unos cuidados especiales que cuestan tiempo y dinero. Si se evita la enfermedad, los niños tienen mayores oportunidades de crecer sanos, asistir a la escuela y convertirse en miembros productivos de la sociedad. Mientras tanto, y en lugar de quedarse en casa cuidando de sus hijos enfermos, los padres pueden salir a trabajar y aumentar las posibilidades de ganar dinero. Así pues, en vez de incurrir en gastos médicos están incrementando sus ingresos y su capacidad para gastar. El acceso a la vacunación en definitiva repercute en el crecimiento económico”.

Es la hora de que los estados defiendan ante cualquier interés económico el interés de sus ciudadanos y por lo tanto también el de todos los niños, las niñas y los adolescentes. Para lograrlo es imprescindible mayor transparencia. Los ciudadanos de cada país deben exigir que las negociaciones entre sus estados y las empresas privadas se hagan a puertas abiertas.

1 DE MAYO: 36.0% DE NIÑOS Y NIÑAS QUE TRABAJAN NO ASISTEN A LA ESCUELA

Luis Alberto Barquera

Escuchad el llanto de los niños, ¡oh, mis hermanos!

Antes de que el dolor llegue con los años…

Están llorando en el tiempo de ocio de los demás,

En el país de los hombres libres

The Cry of the Children, Elizabeth Barret Browning

 

Empiezo con ese texto porque Elizabeth Barret Browning, en pleno siglo XIX, denunció el trabajo infantil en las fábricas textiles inglesas y sus efectos en la destrucción del potencial físico e intelectual de niños y niñas, lo que dio lugar a extendidas denuncias que produjeron cambios legislativos para limitar la voracidad del capitalismo más salvaje.

Aquí, en pleno siglo XXI, literalmente millones niñas, niños y adolescentes se encuentran atrapados en el trabajo. También, como Barret Browning, seguimos impulsando el debate en la opinión pública y buscando los cambios legislativos que nos pongan de una vez por todas en el camino de eliminar la explotación infantil, uno de los efectos más crueles de nuestra desigualdad. Sobre todo estamos en la lucha por la efectividad de los derechos.

La nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el marco para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de la infancia y la adolescencia en México, que incluye un Sistema de Protección Especial, orientado a garantizar la restitución de los derechos de aquellos más vulnerables, como los niños y niñas que trabajan. Pero si no hacemos todo lo posible para que este ordenamiento funcione en la realidad, de poco servirá tanto esfuerzo.

Un estado constitucional y democrático se distingue por el reconocimiento de los derechos y por su garantía práctica, lo que aplica para niños, niñas y adolescentes. La ley general es un avance sustancial, que debe reflejarse en las entidades de la república de forma tal que las instituciones funcionen para hacer respetar proteger y satisfacer, por ejemplo, los derechos de los niños y niñas trabajadores.

¿Queremos una verdadera protección de los niños y niñas que trabajan o seguir mirando de lejos, mientras los “hombres libres”, o en nuestro caso los titulares de deberes, permanecen indiferentes  como en los tiempos de Elizabeth Barret Browning?

El Módulo de Trabajo infantil 2013 (MIT-2013)

De acuerdo con ese instrumento existen en México 2, 536 693 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan, una tasa nacional de 8.6% Los estados con mayores proporciones son Colima (14.3%), Guerrero (13.9%) y Puebla (13.6%).  En el grupo de 14 a 17 años trabaja el 27.0% de los hombres y el 13.2% de las mujeres, mientras que en el de 10 a 13 años lo hace el 8.2% y el 4.2%, respectivamente.  En el de 5 a 9 años trabajan 1.7% de los hombres y 1.0% de las mujeres.

Se dice fácil, pero revuelve el estómago. Trabajan sin remuneración 1, 158,246, y lo hacen de 25 a 34 horas semanales 173,494 (6.8%) y 35 o más horas 742,379 (29.3%).

No recibe ingreso 1,165,167 (45.9%) y hasta un salario mínimo 719,822 (28.4%).  Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoció en una entrevista con El Universal, que trabajan niños y niñas en condiciones de explotación “equiparable a la esclavitud”, en estados de la república como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

No trabajan con familiares 863,555 (34%) y 798,050 están expuestos a riesgos en el trabajo (31.5%). ¿En manos de quién están estos niños y niñas?

¿Dónde está el apoyo a 238,401 hogares monoparentales que tienen niños trabajadores? Cabe señalar que existen 1,635,409 de hogares de este tipo (10% del total de hogares con niños de 5 a 17 años en el país), que son los que enfrentan mayores riesgos. Aquí la presión es mayor para 1,484,495  de mujeres con jefatura familiar (90.8% de los hogares monoparentales).

Habrá que aclarar eufemismos como el hecho de que se considera que “trabaja solo o por su cuenta”, hágame usted el favor, a 106,592 niñas y niños (12,932 de 5 a 9 años). No estamos hablando de explotados, de infancias muy destruidas en gran parte de los casos, al filo de la supervivencia, como los veía Elizabeth Barret Browning, sino de empresarios o emprendedores potenciales, de acuerdo con la terminología del MTI-2013.

Trabajo infantil e inasistencia a la escuela.

Es muy buena la noticia de una reducción de 18% de niños y niñas trabajadores, respecto a la medición de 2011 de ese instrumento. Sin embargo, es pésima que la proporción de aquellos que trabajan y no asisten a la escuela haya pasado de 31.9% a 36.0%, esto es que casi cuatro de cada diez no están en la escuela porque trabajan. En 14 estados de la república se supera esa tasa promedio, donde destacan Chihuahua (73.9%), Querétaro (52.9%) y Michoacán (47.3%).

Los niños y niñas que viven en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil y con demasiada frecuencia éste impide que vayan a la escuela.

El trabajo infantil, de acuerdo con el INEE, obstaculiza la escolarización y el aprendizaje. “Mientras exista trabajo infantil, será difícil que se den las condiciones para que el Estado cumpla con el derecho de todos a una educación de calidad”, dice en su Informe 2014, por lo que recomienda avanzar en políticas orientadas a fortalecer las condiciones de educabilidad en la demanda, así como a mejorar la pertinencia de la oferta en ámbitos como “desarrollo curricular, prácticas docentes y sistemas de apoyo y acompañamiento a estudiantes.”

El INEE señala que disuaden el trabajo infantil, las becas y las escuelas de tiempo completo, así como la prohibición de cuotas obligatorias. También apunta la importancia de explicar a los docentes la problemática del trabajo infantil y de prepararlos para atender de manera especial a los niños y niñas que trabajan o están en riesgo de abandonar la escuela. En cambio, la mala calidad del servicio educativo disuade la asistencia escolar.

Es  un hecho triste es que la pobreza y la necesidad de trabajar, además de propio sistema educativo,  han logrado convencer a  705,681 niños, niñas y adolescentes de que no tengan “interés” o se sientan “aptos” para la escuela.

Pero el alcance del sistema educativo en el combate al trabajo infantil es limitado. Dice el INEE que “las causas más importantes del trabajo infantil se encuentran fuera de la esfera de la educación y deben ser atendidas mediante políticas graduales e integrales en las que participen de manera articulada los sectores económico, laboral y social.”

La problemática es más compleja y rebasa a la escuela, lo que exige acciones articuladas desde el estado y la sociedad. El INEE lo dice muy bien en su informe: el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Es un hecho que, al cancelar las posibilidades de educación, el trabajo infantil contribuye a la reproducción de la pobreza.  La OIT señala que los adultos que fueron niños trabajadores y carecieron de educación normalmente acceden a trabajos mal remunerados y padecen inseguridad laboral o desempleo, lo que hace “más probable que sus propios hijos caigan también en una situación de trabajo infantil. Romper este círculo vicioso resulta un desafío a nivel mundial y para ello la educación desempeña un papel clave.”

No es gratuito que el 61.1% de los jefes(as) de hogares con población infantil ocupada no tenga educación básica completa (rezago educativo). En el caso de los jefes(as) de familia que no tienen trabajo, 78.1% no  cuenta con educación básica completa, en tanto que cuando están empleados la proporción es de 58.9%.

Hacer efectivo el constitucionalismo de los derechos

Por todo esto el trabajo infantil representa el tipo de problemas que debe ser abordado por los sistemas nacional y estatales de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular por los sistemas de protección especial, que tendrían que surgir de la armonización legislativa de las leyes locales de infancia en las entidades y el DF,  con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a más tardar el 3 de junio próximo.

Ante el panorama dibujado anteriormente de poco sirve, por ejemplo, lo que hace la Secretaría del Trabajo  y Previsión Social (STPS) a través del “Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, un reconocimiento a la buena voluntad de las empresas para resolver el problema, y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes, de la que poco se sabe qué hace realmente. Si revisamos el PEF 2015 encontraremos que no existen recursos destinados a la erradicación del trabajo infantil, fuera de acciones como ese premio a la buena voluntad de los empresarios agrícolas.

Lo que necesitamos, de acuerdo con el INEE, es que las políticas se orienten “a la vez a prevenir y a suprimir el trabajo infantil; deben atender las causas y no solamente sus efectos. Es necesario que el Estado se proponga esto y desde ahora se vayan tomando las medidas necesarias para hacerlo posible en un futuro.”

Estamos frente a la excelente oportunidad de reorganizar los programas que deben coordinarse en esos sistemas que propone la ley general y de poner en el escenario lo recursos que se requieren para enfrentar con seriedad el problema.

Sin embargo, la nueva ley general no cuenta con recursos para operar. Hasta el momento el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus réplicas en los estados, no tienen cómo arrancar. La nueva Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fundamental para garantizar protección especial, parece significar sólo un cambio de nombre, como en Zacatecas, porque en el PEF se tienen etiquetados recursos para las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, es decir, para hacer lo mismo de siempre, como se puede ver en las de reglas de operación vigentes.

Recuérdese que el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, del SNDIF, en 2012 apenas entregó 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores en las 28 entidades federativas donde opera, un promedio de $384 mil pesos por estado de la república.

No aceptamos que se mantenga esa desproporción entre el “remedio” y la “enfermedad”. El cambio debe venir de leyes locales y recursos suficientes que aseguren sistemas estatales de protección especial, para efectivamente garantizar que todos y todas puedan desarrollar su máximo potencial.

Zacatecas está entre los seis estados con mayor proporción de trabajo infantil y Veracruz se ubica entre los diez con mayores tasas de ocupados que trabajan 35 horas o más a la semana.  Requerimos un enorme esfuerzo en estos estados, que ocupan las posiciones 24 y 26, respectivamente, en la garantía del Derecho a la Protección, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia.

Educación de calidad, un derecho clave para ejercer otros derechos, es el mejor antídoto contra el trabajo infantil. Recíprocamente, para abatir la desigualdad educativa, se requiere el impulso del ejercicio de nuestras libertades políticas y de las reformas sociales que necesitamos.  La garantía y el ejercicio de los derechos es lo que sacará a México adelante.

Recordemos que para los niños, niñas y adolescentes, como para sus familias, también aplica el “constitucionalismo de los derechos”.  Como dicen Salazar y Carbonell, “cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas; entonces el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto por las autoridades como por los particulares, la realidad será autoritaria, inequitativa, opresora.”

Eso es. Como hombres y mujeres libres, estamos en el momento de construir las políticas públicas y los mecanismos de garantía que conviertan los derechos en una realidad. De otra forma sólo estaremos sumando más palabras a las muchas que ya existen, y no tienen efecto práctico en la vida de los ciudadanos, en nuestras leyes. La agenda de los niños y niñas que trabajan exige efectividad en la garantía de sus derechos, como el derecho a la educación, no “rollo”.

“¿Y AHORA QUÉ PASÓ?”. INSEGURIDAD Y EDUCACIÓN EN “LA TUTA”

Luis Alberto Barquera

“¿Y ahora qué pasó?”, le contestó el presidente Peña al secretario Osorio Chong cuando éste le llamó en la madrugada del pasado jueves 27 de febrero para informarle que finalmente había caído Servando Gómez Martínez, mejor conocido como “La Tuta”, luego de celebrar su cumpleaños con cervezas y hot dogs.

En “La Tuta” confluyen los estragos de la debilidad del Estado mexicano en materia de seguridad, como tristemente se ha visto, y los focos rojos que siguen encendidos por la fragilidad del sistema educativo. Estos dos problemas acusan debilidad institucional, impunidad, corrupción y déficit de gobierno.

Michoacán, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia (SMDI), se ubica en el lugar 28 del país, o 5º con mayor rezago, en materia de garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes del país.  Esta entidad de la república, por su alta proporción de inasistencia escolar, se ubica en el lugar 31 o segundo peor de México

Arteaga, el sureño municipio donde “La Tuta” estudió para maestro y trabajó como tal, se ubica en el lugar 1,789 de la república en garantía de los derechos de la infancia (a nivel estatal es el 83 de 113 municipios).  En el dominio de educación del Semáforo, que integra indicadores  relativos a la no asistencia a la escuela de 3 a 17 años, ocupa la posición 1,828 (en el estado es el 62, es decir, más o menos a la mitad de la tabla de los municipios michoacanos).

En 2010 no asistían a la escuela 297,654 niños, niñas y adolescentes en Michoacán. En rezago educativo aparecen 72,396 adolescentes. La población de 15 años en primaria o fuera de la escuela, de acuerdo con PISA 2012, es de 37.2%, lo que ubica a la entidad en el lugar 29 del país.

No sabemos el desempeño de Michoacán en la prueba PISA, porque simplemente no pudo aplicarse, pero  ya podrán imaginarse los resultados de un estado fuera del alcance de la autoridad educativa pero en manos de caciques locales.

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) sólo alcanzó al 47.4% de los centros de trabajo, es decir, 5, 837 de los 12, 324 existentes. No fueron censados 561,663 alumnos. No sabemos cuántos son maestros de los 45,027 empleados considerados como personal en la planeación.

La incapacidad de conocer lo que realmente está sucediendo en el sistema educativo dio lugar a que personas como “La Tuta”, quien se dice ingresó al tráfico de drogas entre 2000 y 2001, mantuviera su plaza como maestro y cobrara como tal  hasta el primer trimestre de 2010, según la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué hizo posible que “La Tuta”, un maestro de primaria, se transformara hasta alcanzar el liderazgo de Los Caballeros Templarios y pusiera en jaque al Estado mexicano? Que se podía. En lo que toca al sistema educativo, la falta de autoridad permite hacer y deshacer. En lo que toca a la gobernabilidad, lo alentaron indolencia, impunidad y corrupción de las mismas autoridades encargadas de garantizar seguridad, una tríada que marca la violencia criminal que ha vivido Michoacán en los últimos 14 años.

Sin duda la intervención federal ha significado un freno, pero la espiral de la violencia es tan intensa que su impulso sigue produciendo  muerte.

De acuerdo con la investigación de ODISEA, A. C., con base en las estadísticas de mortalidad del INEGI, la tasa de homicidios en 2013 fue a nivel nacional de 18.4 por 100 mil habitantes, en tanto que en Michoacán alcanzó 47.1, más del doble que la ocurrida en el país, por lo que la entidad ocupa el lugar 29, o cuarto peor de la república.

Mientras que en 2013 a nivel nacional la tasa de homicidios se redujo -11.3% frente a 2012,  en Michoacán creció 10.3% en el mismo periodo.

La tasa de homicidios de adolescentes de 15 a 17 años fue en 2013 de 11.7 a nivel nacional, en tanto que en Michoacán fue de 8.2. Respecto a 2012 la reducción fue de -23.5% en esta entidad.

Los homicidios por arma de fuego en 2013 alcanzaron una tasa de 10.3. En Michoacán fue más del triple: 32.2. Estos homicidios cayeron -23.9% a nivel de la república, en tanto que en Michoacán aumentaron 14.3% entre 2012 y 2013, lo que ubica a la entidad en el lugar 30.

Entre adolescentes de 15 a 17 años la tasa de homicidios por arma de fuego fue de 6.5 en el país, mientras que en Michoacán llegó a 4.5 en 2013.

Cabe señalar que la tasa de violencia familiar contra adolescentes de 15 a 19 años, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SS) es de 76.7 por 100 mil a nivel nacional. En Michoacán es de 132.4, lugar 25 del país.

La detención de “La Tuta” es una excelente noticia. Pero sin una estrategia de largo plazo que reconstruya al estado y al país, partiendo de un enfoque de seguridad ciudadana que integre un real estado de derecho y una eficaz aplicación del constitucionalismo de los derechos, donde destaca el establecimiento de un sólido sistema educativo, seguiremos en la tónica de golpes espectaculares sin soluciones estructurales para alcanzar la paz.

Quizá la pregunta no es “¿Y ahora qué pasó?”, sino ¿qué sigue pasando? ¿Por qué?

@LuisBarquera

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