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LAS DIRECTRICES DEL INEE Y EL HOUDINI DE LA POST-EVALUACIÓN

Luis Alberto Barquera

El 12 de febrero tuve el gusto de participar como representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en la 1ª Sesión ordinaria del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Un tema importante fue el de las directrices que esta institución debe emitir con base en la evidencia recabada por la evaluación durante 2015. Me explico.

Años de lucha de investigadores y educadores, y los pésimos resultados en el desempeño del sistema educativo, inocultables en un mundo global en el que México se fue insertando, dieron lugar a una institución que ahora, como organismo autónomo desde el 26  de febrero de 2013, tiene el objetivo de “evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.” Para cumplir con este mandato el instituto debe:

1. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

2. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, y

3. Generar y difundir información para, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

A propósito de este último punto, donde estriba buena parte de la fuerza jurídica y política de la institución, la Ley del INEE establece que:

  1. Los lineamientos y directrices que emita el Instituto se harán de conocimiento público. (art. 48)
  2. Los lineamientos en materia de evaluación educativa serán obligatorios para las autoridades educativas. Su incumplimiento será sancionado. (art. 49)
  3. Las directrices emitidas por el Instituto serán hechas del conocimiento de las autoridades e instituciones educativas correspondientes para su atención. (art. 50)
  1. Las autoridades e instituciones educativas deberán hacer pública su respuesta en relación con las directrices del instituto, en un plazo no mayor a 60 días naturales. (art. 51)

¿Qué tendrían que incluir las directrices del INEE?

Pienso que las directrices que podemos esperar tendrían que establecer, con base en evidencia sólida, algunos puntos como los siguientes:

  1. Qué programas están funcionando adecuadamente, y tendrían que reforzarse, y cuáles tendrían que desaparecer. Las directrices tendrían que decirnos con precisión los cambios que se requieren de acuerdo con cada modalidad educativa. Por ejemplo, ¿qué tenemos qué hacer con capacitación y el seguimiento de maestros de telesecundaria para garantizar resultados de aprendizaje?
  2. Qué cambios en la gestión del sistema se requieren, en términos de las modificaciones necesarias en estructura burocrática y el perfil de los cuadros que se necesitan en las entidades de la república para garantizar que las directrices puedan llevarse a cabo. ¿Qué controles necesita la federación para operar la reforma, que no puede ceder a las autoridades y secciones sindicales locales?
  3. Qué carrera magisterial se requiere para garantizar maestros comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos.
  4. Qué significa lo anterior, desde el punto de vista de una mejora continua de planes y programas, así como de compromiso del estado con los maestros, en términos del monto de recursos que se requieren para realizar una verdadera transformación a mediano y largo plazo. Me refiero a cómo gastar mejor y a cómo gastar en una gestión eficiente, no necesariamente en aumentar el presupuesto en puntos del PIB.
  5. Qué se debe hacer en términos de la articulación interinstitucional que se requiere para atacar los problemas del entorno que impiden que todos los niños y niñas asistan y aprendan en la escuela, en especial los que habitan localidades rurales, trabajadores, indígenas y con discapacidad. Por ejemplo, los becarios de Oportunidades requieren apoyo pedagógico inmediato, y los integrantes del padrón de ese programa que no asisten a la escuela una política de inclusión que garantice su permanencia. Urge la activación en cada entidad del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para atender los problemas de violencia en la familia y el entorno que impiden el acceso y el aprendizaje en la escuela.
  6. Qué plazos se deben cumplir para lograr un cumplimiento razonable, señalando con toda claridad los costos que tendrá la no aplicación de las directrices en términos de vidas perdidas para la educación y recursos humanos desperdiciados para el desarrollo de México.

¿Cómo recibirá el gobierno federal las directrices?

No tengo duda de que los resultados que arroje la evaluación del INEE serán impecables. No habrá duda de su calidad técnica y rigor metodológico. La estatura intelectual y moral de Sylvia Schmelkes me lo garantiza. No dudo de su esfuerzo y compromiso.

Dudo del compromiso del gobierno federal y de los gobiernos locales con la reforma educativa y con las directrices que el INEE emita. El problema es una estructura burocrática muy hecha a la reproducción de intereses particulares, que debe atacarse desde el interior de los gobiernos de los estados, independientemente del partido que se trate, y eso no lo va a hacer el INEE.

El INEE nos dará resultados de la evaluación, lineamientos y directrices de política. Lo que no puede darnos es la voluntad política del gobierno para realizar las transformaciones necesarias.

¿Nos falta una cultura de la evaluación? Por supuesto. Al primero que le falta es al propio gobierno, que más bien ha desarrollado la práctica exitosa de evadir las recomendaciones de la evaluación.  La experiencia con el CONEVAL arroja que es escaso el impacto de la evaluación en la modificación de la política pública después de más de diez años de esfuerzo.

Anoto lo anterior porque el gobierno es un auténtico Houdini a la hora de escapar de amarras y cadenas asociadas a recomendaciones y directrices. El problema del gobierno, en todos los órdenes, es su resistencia al cambio. Todo lo contesta, pero poco modifica, de tal forma que hace lo necesario para que todo permanezca y al final acaba escapando. El reto del INEE es que acate las directrices.

A lo anterior se suma que no se aplica la ley, empezando por el gobierno, y todo se politiza para mal. Me preocupa que la propia autoridad educativa acabe aislando al INEE porque cualquier directriz, por más sustentada que sea, se enfrentará a intereses poderosos para poder operarse.

Ojalá el gobierno acate las directrices del INEE y ponga por delante el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes de México. De otra forma la reforma educativa estará completamente perdida.

Las directrices pueden impulsar el cambio que necesitamos

Por eso la sociedad civil tiene que hacer el esfuerzo de crear el contrapeso, aunque la cuesta se vea muy empinada. El valor público de la evaluación estriba en que sus resultados sirvan para reformular programas y políticas y asignar mejor el presupuesto. Sobre todo para redefinir el rumbo estratégico de la acción gubernamental: garantizar el derecho a la educación.

Espero que las directrices del INEE nos den elementos muy concretos para trabajar con el Congreso de la Unión, con los congresos locales, con los partidos políticos, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con diversas agencias de Naciones Unidas, para insistir en que se utilicen los resultados de la evaluación.

Las directrices pueden iluminar el principio del camino para desmontar lo viejo y hacer aparecer lo nuevo, una sociedad preocupada por garantizar el derecho a la educación de las niñas, los niños y los adolescentes de México.

El INEE va a cumplir su parte. Nosotros tendremos que hacer la nuestra, que es exigir que esas directrices, cuando lleguen, se apliquen. Preparémonos. Ya sabemos que nuestro Houdini se especializa en escapar de la caja negra de la post-evaluación.

 

SEÑOR MINISTRO: LA INCLUSIÓN DE NIÑ@S CON DISCAPACIDAD NOS EDUCA A TODOS

Luis Alberto Barquera

Para Jorge, que todos los días no educa

El pasado 9 de febrero el ministro  José Fernando Franco González Salas pidió una disculpa pública por haber dicho que los niños con discapacidad deberían tener una “ubicación especial y separada” de otros menores, porque “pueden perjudicarlos y eso está documentado”.

La disculpa del ministro marca un hito, sin duda. Sin embargo ahí queda que sus reflejos iniciales fueron la discriminación, la segregación, la exclusión. Y 13, 946 cartas pidiendo retirar sus palabras y ofrecer una disculpa pública, que lo hicieron recordar que existen leyes y convenios internacionales, y una recientemente aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede olvidar.

Las palabras del ministro José Fernando Franco González Salas, como se dice en la carta, “parecen inconcebibles para alguien de su responsabilidad social y formación intelectual. Nos da vergüenza. Señor ministro, ¿de dónde saca que los niños sin discapacidad se “perjudican”, “impactan” o “les puede afectar” el trato con niños con discapacidad?”

Cuando veo que un ministro de la SCJN tiene ingresos netos por más de 4 millones de pesos anuales, sólo me queda pensar que la “responsabilidad social” y la “formación intelectual” del ministro nos sale muy cara. Bastaba acogerse al artículo 1º constitucional para tener una buena participación durante el Pleno del pasado 5 de febrero.

Pero no fue así, por lo que en la carta pública, “Le pedimos que no traslade a nuevas generaciones los prejuicios que usted arrastra de otros tiempos, y que todos nos demos a la tarea de combatirlos para lograr una sociedad inclusiva, igualitaria y sin discriminación. Como parte del Estado Mexicano lo anterior es su obligación.”

Nuestro país, dice el documento, “debe cambiar el modelo de guarderías (de segregación y exclusión), por uno donde estén capacitadas para recibir a cualquier niño o niña, independiente de su condición. Todos los niños deben estar juntos en las mismas guarderías que posteriormente serán las mismas escuelas, los mismos lugares de trabajo, el mismo México. No contribuya a la segregación.”

Rectificar ennoblece, sin duda, pero constatar que incluso un ministro puede derrapar así, hace pensar que mentalidades similares cuentan a la hora de constatar que la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad sigue siendo una tarea pendiente desde la educación inicial, hasta la educación básica y media superior.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, revela que del total de niños de 2 a 9 años  el “29% está en riesgo de tener alguna discapacidad, lo cual implica que 5, 346 600 niños y niñas necesitan una evaluación y diagnóstico para determinar el tratamiento o acción a realizar para prevenir o disminuir la discapacidad.”

En este marco se antoja una cifra conservadora que en México, de acuerdo con el Censo 2010, 165,412 niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años no asistan a la escuela, superior al tamaño de la población total del municipio de Zacatecas, que era de 129,011 habitantes en ese año. Estamos hablando de un mundo de personas.

Si bien la exclusión educativa es profunda entre la población en general, la discapacidad añade una dosis de exclusión adicional. Mientras que entre la población de 3 a 17 años la exclusión de la escuela es de 18.38% (no llega a dos de cada diez), entre la población con discapacidad en ese mismo grupo de edad alcanza el 31.27% (tres de cada diez).

El  estado más excluyente, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, es Chiapas, donde prácticamente la mitad permanecen fuera de la escuela (47.71%). Le siguen en esta lista Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz, donde alrededor de cuatro de cada diez están fuera de las aulas.

El estado con menor proporción de exclusión es el Distrito Federal, con 21.48% de niños y niñas con discapacidad que no asisten a la escuela, lo que significa 8,127 casos. Enseguida aparecen Baja California Sur, Yucatán, Sonora y Coahuila, donde prácticamente la cuarta parte de esta población no asiste a la escuela.

La lupa del Semáforo nos permite decir que en 1,461 municipios del país (de un total de 2,456) se supera el promedio nacional de exclusión de 31.27% Esto es, que en seis de cada diez municipios (59.48%) se supera el promedio del país en el indicador.

En todos los grupos de edad opera, con eficiencia, la segregación. Por ejemplo, no cuenta con escolaridad sólo el 1% de los adolescentes de 15 a 17 años sin discapacidad, mientras que entre la población con discapacidad el porcentaje alcanza el 17%

En el marco de este diagnóstico, y después de la disculpa, el ministro Franco González Salas ya debe tener en cuenta, de acuerdo con el Estado Mundial de la Infancia 2013, de UNICEF, que “La discriminación sobre la base de la discapacidad es una forma de opresión (…) Allí donde no haya una legislación que prohíba la discriminación sobre la base de la discapacidad, las organizaciones de las personas con discapacidad y la sociedad civil en su conjunto tendrán que seguir desempeñando una función fundamental ejerciendo presión en favor de este tipo de leyes.”

Su disculpa puede indicar que ya considera, como dice ese mismo informe, que “Los gobiernos desempeñan un papel decisivo en la incorporación y puesta en práctica de las medidas legislativas, administrativas y educativas necesarias para proteger a los niños y niñas con discapacidad contra todas las formas de explotación, violencia y abuso. No es apropiado crear sistemas separados para los niños y niñas con discapacidad, ya que la meta debe ser establecer mecanismos de protección incluyentes de alta calidad que sean accesibles y estén adaptados a todos los niños y niñas.”

Esa disculpa puede significar que el ministro hará mejor su trabajo, si considera los derechos de los ciudadanos, antes de seguir una corazonada o su fuero interno. Trabajar para lograr una sociedad inclusiva, igualitaria y sin discriminación es su “obligación”. En este caso, significa asegurar que niños, niñas y  adolescentes con discapacidad disfruten en condiciones de igualdad sus derechos con otros niños y niñas, cosa que nos “educa” a todos.

La disculpa es importante porque falta mucho por entender que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, antes que un problema, son “hermanas, hermanos, amigas o amigos que tienen una canción, un juego o un plato favoritos; una hija o un hijo con sueños y el deseo de verlos cumplidos; un niño o una niña que sufre de alguna discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier niña o niño.”

Felicito a Katia D´Artigues y a los impulsores de esa importante solicitud de rectificación porque los niños y niñas con discapacidad están sometidos a múltiples violaciones de derechos. También al ministro Franco González Salas porque su disculpa pública es un ejemplo. En México necesitamos muchas rectificaciones en los altos niveles del estado mexicano y de nuestra vida pública.

@LuisBarquera

REFORMA EDUCATIVA: EL ORDEN DEL CAOS

Luis Alberto Barquera

Cees Noteboom, en sus Noticias de Berlín (Siruela, 2014), señala que en ocasiones por miedo al caos se instala un orden, como fue el de Alemania antes de la II Guerra Mundial, “que se parecía tanto al orden que nadie se podía imaginar el caos que ese nuevo orden traería consigo”.

Algo así nos ha pasado en los últimos años. Por no abrir la boca, por no decir NO, por no actuar, por dejar la vida pública, por no moverle y llevarla en paz, acabamos en un “orden” que podríamos definir en cuatro palabras, al estilo del viejo locutor Fernando Marcos: corrupción, impunidad, desigualdad, silencio.

En nuestro “orden” actual la escuela pública apenas sobrevive. De acuerdo con la prueba PISA 2012, se ubican por debajo del nivel de desempeño II, o no alcanzan la competencia mínima para desempeñarse en la sociedad contemporánea, el 55{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los alumnos en Matemáticas, el 47{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Ciencias y 16{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en Lectura.

En los estados más pobres se entiende, aunque no se justifica, que la proporción sea mucho mayor que el promedio anterior. En Chiapas están debajo de ese nivel 74{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 68{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 32{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente. Guerrero, con un rezago todavía mayor, presenta porcentajes de 80{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 72{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 34{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

Pero en los estados con mayor potencia económica ni se entiende ni se justifica. El Distrito Federal, con el PIB número uno del país, “no canta mal las rancheras”: 47{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 39{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}. El Estado de México presenta, con el PIB número dos de la república, 52{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 43{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en esas tres materias.

Zacatecas, que siempre se oculta en los promedios, registra 58{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, 53{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 16{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}

La mala calidad educativa permea a toda la sociedad y a todos los estados de la república, no sólo a los más pobres, aunque estos por supuesto se llevan la peor parte.

La demanda por la educación ha sido básicamente “ordenada”. Mientras cuiden a los niños, no importa que no aprendan. Es amplio el autoengaño que califica de buena calidad la educación que niños y niñas reciben. La demanda por la educación es inactiva, silenciosa y toma lo que le den.

La oferta, durante décadas, ha sido manejada por una autoridad más comprometida con los malos manejos que con el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. En aras de la reproducción del “orden” abandonó a las secretarías de educación locales, entregó migajas presupuestales a las escuelas más pobres y dejó fuera a la sociedad porque no tenía nada que decir sobre la educación de sus hijos (al fin que ni se queja). Los maestros han estado abandonados a su suerte, tanto en lo que tiene que ver con la enseñanza como en lo que toca a la situación ahí donde viven.

En este perverso diálogo de la oferta y la demanda de educación, la escuela se ha realimentado del “orden” que la rodea. En estados como Guerrero las cosas no cambian desde los tiempos de la “guerra sucia”, por mencionar un periodo próximo. Pobreza, represión, desapariciones forzadas, han sido la regla. La verdad es que los hechos de Ayotzinapa sólo son la última gota del vaso derramado. Pero la violencia no está sólo en Guerrero, también afecta los estados del norte, la parte “pavimentada” del país, donde también los sistemas educativos dejan mucho que desear.

Sin duda ha habido avances, pero seguimos en plena cosecha de los frutos que el “orden” ha generado a través de retrasar las soluciones estructurales que México necesita. 1,900 recomendaciones ha recibido el estado mexicano de diversos organismos internacionales, pero poco de ha hecho en relación con el tamaño del problema.

En el “orden” al que me refiero era un gozo firmar convenios internacionales sin asumir la obligación de cumplir los compromisos signados, a través de la modificación de políticas públicas e inversiones adecuadas, independientemente de que la brecha entre la letra de la ley y la realidad de la vida de las personas no dejara de ampliarse o se estrechara tan poco y tan lentamente que los cambios pueden parecer ridículos. Pero hoy los tratados internacionales son ley, no sólo decoración discursiva.

Llama al optimismo el reciente estudio de Human Rights Organization Project que, de acuerdo con Natalia Saltalamacchia, destaca que el concepto “derechos humanos”, después de décadas de esfuerzo no gubernamental, ya se encuentra en el mapa mental de las personas (“alrededor de 90{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de las élites y casi 40{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} del público en México ha escuchado el término ya sea ´frecuentemente´ o ´todos los días´”) y que la confianza de los mexicanos en las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos parece una realidad (“el nivel de confianza entre las elites fue de 70{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y casi 60{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} entre los ciudadanos de a pie”).

Lo anterior importa porque hace frente al “orden” y contrapeso al silencio. Es la hora de estrechar la brecha entre la norma declarativa y el efectivo ejercicio del derecho, a través del cambio institucional y de política que se requiere. El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia ofrece 27 indicadores, insuficientes porque existen todavía grandes vacíos de información, que son una buena base para articular una agenda en favor de la infancia y la educación en cada estado y en cada demarcación de la república, especialmente ahora que deben armonizarse las legislaciones locales con la nueva ley general.

El Semáforo nos dice, desde un enfoque integral de los derechos, que el cambio en la educación, además de producirse en la escuela, debe también venir del combate a la desigualdad. Debemos acabar con la escuela pobre para pobres, esa debe ser nuestra meta, cosa que rebasa al sistema educativo.

¿Qué está pasando con la reforma educativa? El gobierno no sabe cómo desmontar el “orden” que privilegió. Y como no sabe, o no puede, deja crecer los problemas. No veo a las autoridades a la altura del desafío en los estados en que el “orden” consolidó el atraso –político, social, económico–, como Oaxaca, con presupuesto, con programas, con compromiso democrático. No veo el traslado de recursos humanos, técnicos y financieros a los estudiantes (principalmente de zonas rurales, indígenas y con discapacidad) que requieren apoyo inmediato para salir adelante en ese y otros estados de la república, donde aparentemente hay autoridad educativa pero donde prevalece la violación al derecho a la educación y, por tanto, el “orden” destructor del potencial de niños y niñas. Así no veo cómo se puedan modificar, con la velocidad requerida, indicadores como los de PISA, al final lo más importante.

Para que la reforma educativa gane reconocimiento y legitimidad se requiere un nuevo sentido de las prioridades, orientado a desmontar el “orden” y no a reproducir el caos. Urge una estrategia ambiciosa, incluyente, porque el caos que ha traído el “orden”, demasiado grande y multifacético e imposible de aislar del sistema educativo, exige mucho más que lo intentado hasta ahora. El “orden” amarrado a la corrupción, la impunidad y la desigualdad sigue ahí, impidiendo todos los días la posibilidad de rescatar del abandono y el atraso pedagógico a los niños, niñas y adolescentes que hoy asisten a la escuela.

@LuisBarquera

Odisea Global

Niños y niñas sin techo en España

Odisea Global/ Ollin Rafael

La semana pasada fue presentado en España el informe Niños, niñas y jóvenes sin hogar en España y los datos que muestra son muy graves. Dice que en el país ibérico viven 40 mil niños, niñas y adolescentes tutelados por el estado, 10 mil más en el año 2007, lo cual pone de manifiesto las dificultades por las que en los últimos siete años han pasado los ciudadanos españoles sobre todo, y esto lo reconoce el informe, debido a los recortes sociales y los desahucios que han venido ocurriendo desde que las instancias económicas le han exigido al país más austeridad debido a la necesidad de salir de la crisis. Curiosamente la austeridad en lugar de sacar a los países de la crisis ha provocado situaciones de pobreza aún más graves que las que había, lo cual es bastante normal cuando dejas sin protección social a los cada vez más numerosos ciudadanos vulnerables de tu país. Desde el inicio de la crisis 800 mil niños y niñas han caído bajo el umbral de la pobreza, según un informe de UNICEF (Los niños de la recesión), el mayor aumento de los países desarrollados, solo por detrás de México y Estados Unidos (2 millones y 1.7 millones, respectivamente) gravísimo en un país en las que los desempleados han perdido su derecho al uso de la seguridad social dado que no cotizan.

Hoy, la macroeconomía del país parece estar retomando la senda del crecimiento sin embargo, los ciudadanos de a pie siguen en la caída libre del desamparo. Este panorama es desalentador sobre todo para los niños y las niñas, los más vulnerables en estos casos, no hace falta más que revisar el informe del estado de la infancia en el mundo realizado por UNICEF para darse cuenta que los datos de países desarrollados como España o en vías de desarrollo como Brasil, han empeorado sustancialmente desde la puesta en marcha de las medidas de austeridad y que a pesar de ellas las grandes fortunas en esos países han aumentado exponencialmente haciendo crecer de manera abrupta la brecha social.

Según el sumario de la investigación que realiza la Fundación Simetrías como parte de un estudio más amplio dentro del Programa Daphne de la Comisión de Justicia de la UE (http://agreenment.altervista.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Spain-Summary-Report.pdf), en España hay alrededor de 2 millones de niños y niñas viviendo en pobreza, de esos, 33 mil dependen del Estado, el número más alto de toda la Comunidad Europea, y 14 mil viven en sus refugios, 10 mil de ellos son menores 6 años. Pero el problema más urgente son los que viven en familias sin techo y sin comida de los cuales no hay cifras oficiales. Otro de los grandes problemas es el de los niños y niñas inmigrantes no acompañados muchos de los cuales son invisibles ya que no forman parte de ningún sistema de registro, esto incluyendo a niñas atrapadas por traficantes de blancas que están sufriendo abusos sexuales.

Lo más descorazonador de todo es que gran parte de esto, a pesar de la crisis, pudo haberse evitado si se hubiesen tomado las medidas adecuadas, según Carmelo Angulo, presidente del Comité español de UNICEF, medidas que no eran desconocidas para las fuerzas políticas, “Las políticas que se aplican importan mucho. Hay países que han conseguido, no sólo minimizar el impacto de la crisis, sino reducir la pobreza de los niños”. La clave está en las políticas sociales, tal es el caso de países como Chile, Eslovenia o Polonia que a pesar de la crisis han disminuido su pobreza infantil frente a países como España en el que el sistema impositivo y la política social, caída en la inversión en infancia y la austeridad, han contribuido a aumentar la, cada vez más enorme, desigualdad.

LA EDUCACIÓN FUERA DEL DECÁLOGO, PROSPERA TAMBIÉN

Luis Alberto Barquera.

El 11 de agosto el presidente Peña declaró que daba por concluidas las reformas que México necesita. Sólo unos días más tarde, el 26 de septiembre, con la desaparición de 43 normalistas, 6 muertos y una veintena de heridos a manos de sicarios organizados desde el gobierno municipal, resultó que seguían pendientes dos: una que garantizara justicia y combate la impunidad, y otra que atacara de frente la desigualdad. Luego, el 27 de noviembre, presentó un decálogo que se percibió como una falta de compromiso con soluciones de fondo.

El decálogo de Enrique Peña Nieto sonó a lo que suena una manera tradicional de colocarse frente a los problemas. De forma declarativa. Invocando las soluciones sin mecanismos concretos para avanzar. Hablando con una contundencia vacía, sin conectar con lo que México necesita. Pareció que no quería llegar al fondo de las cosas. La idea de que mencionando las soluciones éstas se materializan en una suerte de verbo que se hace carne, de sueño que se hace realidad, es lo que ya no se acepta.

Un problema de México es, por lo menos desde la Constitución del 1917, que en el centro no está la garantía de derechos, sino la aspiración abstracta de conseguirlos. Nada horroriza más a los responsables jurídicos del gobierno mexicano, que leyes con “dientes” y plazos de cumplimiento. Para los abogados y legisladores de esta escuela la mejor ley es la que no es aplicable y la que no requiere ninguna inversión. Si se pueden tener programas con “0” pesos, mucho mejor. Así se cumple con el discurso, y se cumple también con el propósito de no alterar las prioridades del gasto. La falta de efectividad atraviesa el Estado mexicano, mientras pervive la máxima virreinal de “se obedece pero no se cumple”. ¿Ese es el “estado de derecho” que queremos? Véase, por ejemplo, la iniciativa preferente que envió el presidente Peña en materia de infancia, que tuvo que ser modificada hasta en 90%, porque se pretendía que fuera aprobada sin tener “dientes” y sin implicar recurso alguno para lograr su implementación.

Voltear la mirada a Chiapas, Guerrero y Oaxaca es, sin duda, muy positivo, pero hacerlo sin la perspectiva de que el Estado debe garantizar derechos es más de lo mismo. Hacerlo sin buscar efectividad significa seguir posponiendo la posibilidad de construir condiciones para el desarrollo y la paz en el mediano y largo plazo. Y hacerlo sin considerar a la educación de niños, niñas y adolescentes es impedir que los más pobres puedan participar en la propuesta de activación económica que propone el presidente.

En este sentido vale la pena analizar a Prospera, el programa federal insignia de transferencias condicionadas, porque podría ser el instrumento más importante del gobierno para focalizar acciones de desarrollo hacia la población más pobre y lograr efectividad, sin embargo no se aprovecha cabalmente. Aunque la evaluación demuestra que ha sido importante para que muchos niños accedan a la educación (y a la salud), dista mucho de cumplir con uno de sus objetivos, que es desarrollar capacidades educativas reales, por lo que no alcanza a funcionar como un instrumento verdaderamente igualador.

Prospera tiene un padrón de 5,856,392 familias activas y un total de 5,997,454 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (mayo/junio, 2014).

Si se quiere mayor igualdad se tendría que avanzar en lo que propone Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, para esos becarios: “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades (Prospera)”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

Prospera, además, tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia. ¿Y todos los demás niños, niñas y adolescentes que integran el padrón de familias de ese programa pero no son becarios? Están trabajando o migrando o siendo explotados de múltiples formas y Prospera sólo voltea la cara para no mirar. Si consideramos que se estima el promedio de hijos por familia en por lo menos tres, hablamos de una enorme exclusión educativa que el gobierno está pasando por alto. Se ha tratado de ocultar este grave problema con la eliminación de la web del programa, desde el 2008, del indicador “III.4. Número de niños y/o jóvenes de 8 a 17 años que reciben beca educativa, respecto al total de niños de 8 a 17 años incluidos en el padrón activo”. ¿Por qué?

El caso es que ni la calidad ni la inclusión educativa PARA TODOS Y TODAS se consideró en el rediseño de Prospera, cosa que tendría que estar en el centro de su razón de ser. De acuerdo con especialistas, sólo hubo un cambio de nombre y las novedades no han tenido ningún impacto importante en el presupuesto. El punto es que no se aprovecha todo el potencial de Prospera.

Sólo en Guerrero requerirían apoyo educativo inmediato, es decir HOY, 468,603 estudiantes de educación básica y media superior. El estado se ubica en el último lugar del país en matemáticas, ciencias y lectura en la prueba PISA 2012. Si no se entrega calidad, las becas o apoyos se convierten en dádivas.

El promedio de becarios por familia es de 1.07 en ese estado de la república; faltan 131,210 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años que permanecen fuera de las aulas y, por tanto, no reciben apoyo educativo. Guerrero, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, ocupa la posición 30 en niños fuera de la escuela y el 31, o penúltimo del país, en garantía de los derechos de la población de 0 a 17 años. Oaxaca se ubica en el 30 y Chiapas en el 32.

En suma, se puede afirmar que, en conjunto, son becarios de Prospera el 53.57% de la matrícula total de primaria, secundaria y medica superior de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que requieren ayuda pedagógica inmediata. También que en estos tres estados se ubican 481,675 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años fuera de la escuela, que tendrán que preocupar a Prospera y a las secretarías de educación locales. Y que 196,286 adolescentes de 15 a 17 años no asisten a la escuela y no han concluido la educación básica, que Prospera debe ubicar para que los atiendan los institutos locales para la educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué el rediseño de Prospera no se vio o no quiso ver este “elefante en la sala”? A este programa le vendría muy bien trabajar con enfoque de derechos. Esa sería una verdadera refundación.

Si se quiere combatir la desigualdad es necesario, por lo menos, colocar a México en la ruta de que efectiva, no declarativamente, niños, niñas y adolescentes reciban educación de calidad y que todos y todas estén en la escuela, además de garantizar su derecho a la supervivencia, a la protección y a la participación que debe atender un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto requiere una inversión sustancialmente superior al 1.6% del presupuesto aprobado para el 2015 destinado a Prospera para incluir a todos los que cuentan con la edad normativa para incorporarse a la escuela, así como los que se encuentran en rezago educativo. El trabajo de Prospera es transferir los apoyos y orientar el establecimiento de los servicios, no proporcionarlos.

Prospera aparte, es responsabilidad de la SEP garantizar el derecho a la educación. Se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas, que se requiere para proporcionar un servicio de calidad. Si se quiere mejorar no hay más que hacer una inversión histórica en la formación de maestros, y en las escuelas mismas, porque el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (CEMABE) reporta, por ejemplo, que sólo 41.9% de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3%) y sólo 65.5% de las escuelas cuenta con silla para el maestro en todas las aulas (80.8% es el promedio del país). ¿Para cuándo?

Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el derecho a la educación de la ONU, propone integrar las escuelas del CONAFE al sistema educativo regular. Entre tanto no puede seguirse asumiendo como correcto que el presupuesto para esta institución haya sido el 1.08% del presupuesto total en educación para 2013. Tampoco el ridículo presupuesto para el combate al rezago educativo de toda la población, no sólo de los adolescentes de 15 a 17 años, que para el INEA fue de 0.80% en ese año. Recuérdese que el servicio que prestan ambas instituciones no lo realiza personal profesional.

Sin embargo, a la par de esos raquíticos presupuestos, ocurre lo que el CEMABE reporta: 39 mil 222 personas que nadie sabe qué hacen ni dónde están y 30 mil 695 maestros comisionados o con licencia que viven del presupuesto nacional. Durante el sexenio de Calderón se gastaron 27,2 mil millones de pesos (2,05 mil millones de dólares) en publicidad oficial. ¿Hay dinero o no hay dinero?

¿Por qué el presidente Peña no propuso invertir para terminar para siempre con la “escuela pobre para pobres” y eliminar el rezago educativo en adolescentes de 15 a 17 años?

Ahí está la posibilidad de cambiar la historia de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por lo menos en una buena parte. Pero la propuesta del presidente no incluye a la educación, ni se plantea enfrentar con decisión los desafíos que plantean la pobreza, la discriminación a la población indígena y los obstáculos para la reforma educativa que en esos estados son enormes. Además de invertir hay que enfrentar las consecuencias del abandono de la autoridad educativa en esos estados. Por ejemplo, el CEMABE estima que en estas entidades del “sur” no fueron censados 17,306 centros de trabajo y nada menos que 1,607,793 alumnos. El “personal” no censado fue de 109,338.

Se requiere construir las condiciones para impulsar una gran reforma a la educación en esas entidades, empezando por las formas de enfrentar el problema. El nuevo arreglo del Estado con los docentes tiene que incluir el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y de sus hijos, y un plan de formación docente, seguimiento y evaluación para lograr que los niños, niñas y adolescentes alcancen aprendizajes relevantes para sus vidas y puedan participar en la sociedad del conocimiento. Esto no puede evadirse, a menos que se quiera seguir dejándolos en el pozo de la pobreza y la desigualdad en el que actualmente se encuentran, y que sólo “prospere” la violencia.
La reforma educativa no avanza porque no se han producido los cambios institucionales que impidan la aplicación de una política irresponsablemente inercial, que no asegura competencias para la vida en los que asisten ni acceso de todos y todas. Seguimos pagando las consecuencias del pacto mafioso del estado con Elba Ester Gordillo y sus antecesores. Resolver a fondo el conflicto con la CNTE en esos estados es ineludible. Y los maestros deben ser parte de la solución.

Ojalá que organizaciones especialistas en el tema y el INEE impulsen un debate plural para definir ese nuevo arreglo, con presupuesto incluido, porque lo importante es lograr que la educación llegue hasta el último niño, niña o adolescente.

Cabe señalar, finalmente, que el “sur”, no se nos olvide, está en todas partes. Violencia y exclusión educativa siempre se acaban encontrando.

Las mayores tasas de homicidios en la población de 0 a 17 años, después de Guerrero (61.4), se ubican en Chihuahua (55.7) y Tamaulipas (53.04) (INEGI, 2010-2012). La exclusión educativa en estos dos últimos estados asciende a 166,961 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años.

La tasa más alta de desaparecidos en la población de 0 a 17, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (oct. 2014) la tiene Tamaulipas (175.8), seguido de Baja California (49.8) y Coahuila (38.0). 141, 555 personas de 0 a 17 años no asisten a la escuela en estas dos entidades.

No puedo dejar de dedicar una palabra a Zacatecas, un estado con rasgos del “sur” en el norte, que tiene 101,890 becarios de Prospera y 47,685 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años fuera de la escuela. Zacatecas es el lugar 26 en homicidios en la población de 0 a 17 años, pero en homicidios de niñas es el 30, o tercer peor lugar del país, luego de Guerrero y Chihuahua.

Cierro deseándoles una Feliz Navidad y un gran 2015. Que el Año Nuevo nos acerque al ejercicio pleno de los derechos humanos en México y que nos traiga fuerza en los brazos para no bajarlos. Mis deseos son: justicia, alto a la impunidad y educación para todos los niños, niñas y adolescentes. Ojalá encontremos el camino para lograr efectividad: un estado de derecho que asegure igualdad ante la ley y garantía de derechos. No rollo. Mil gracias por su compañía. Abrazo grande.

@LuisBarquera

Niños y niñas enfermos de VIH/SIDA

Odisea global/Ollin Rafael

Por ejemplo, una niña en… digamos, Uganda, la podemos llamar Agnes Nabukalu. Nabukalu tiene 15 años y ha perdido a sus dos padres debido a una terrible enfermedad que mata muy rápido sobre todo a aquellos que son más pobres, trabaja haciendo mandioca. Su cara y sus palabras reflejan una madurez poco común entre los niños de su edad. Nabukalu cuenta que tiene tres hermanos pequeños y que cuida como puede de todos ellos, también dice que tuvo que abandonar la escuela para trabajar y que ahora es lo único que hace, apenas le alcanza para comprar lo básico.

Según UNICEF, en 1995, el 42% de los huérfanos de Uganda habían perdido a sus padres a causa del SIDA, en 2003, los datos indicaban que la situación había empeorado y que ya eran el 48% de los 2 millones de huérfanos del país, es decir, 940 mil. Pero en el todo mundo hay alrededor de 15 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que han perdido a uno o a ambos progenitores debido al VIH/SIDA. Por el otro lado esta enfermedad ha infectado también a millones de niños, UNICEF calculaba que en el 2007 había dos millones y medio de niños y niñas menores de 15 años enfermos, la mayoría en países pobres, y que ya habían muerto 290 mil.

Gran parte del problema, además de la propia enfermedad, es que los niños y las niñas se vuelven mucho más vulnerables, aumenta su pobreza, pueden perder su hogar, abandonan la escuela, sufren discriminación y la falta de oportunidades esenciales y finalmente, con mucha probabilidad, una muerte prematura.

Debido a la celebración la semana pasada del Día Mundial contra el Sida, ONUSIDA, la organización de la ONU dedicada a erradicar esta terrible enfermedad, dio a conocer que, según sus cálculos, cada día mueren 500 niños debido al SIDA, la mayoría en países africanos y asiáticos pobres, el 80%, 3.2 millones de ellos en el África subsahariana. Esto significa que cada año mueren alrededor de 250 mil niños y niñas por una enfermedad que hoy día es tratable. Se sabe que los niños que son atendidos a tiempo con retrovirales tienen muchas oportunidades de tener una vida más o menos saludable, y que si no son atendidos a tiempo el 80% de ellos morirá antes de cumplir los 5 años. Según los datos presentados por ONUSIDA, en el 2013 solo el 30% de los niños y niñas infectados estaban recibiendo tratamiento con antirretrovirales.

Agnes Nabukalu, la niña de Uganda, no sabe todo esto, no sabe que hay miles como ella, no sabe que sus padres todavía podrían estar vivos si se hubiesen tratado con antirretrovirales, no sabe que sus hermanos están infectados, pero tampoco tiene tiempo de pensarlo, apenas duerme cociendo mandioca para que todos coman.

Los niños soldado de EI

Odisea Global/ Ollin Rafael

Todos están vestidos de negro, se forman, hacen flexiones, reciben golpes en el estómago. Un hombre que parece su instructor pasa uno a uno, ellos permanecen con los brazos alzados, primero un puñetazo de un lado, después del otro y repite unas cuantas veces, finalmente con una patada los lanza hacia atrás. Ellos se levantan del suelo, se sacuden un poco la ropa y cuando ya están listos de nuevo viene un palo que se les revienta en el vientre, ellos permanecen serios y resisten. Es un duro entrenamiento militar y si parecería brutal con adultos parece aún más terrible tratándose de niños. No pasan del metro y medio pero se comportan como fieros soldados. Como indica la leyenda del video, son niños entrenados por el Estado Islámico.

Según cálculos de UNICEF, 300 mil niños y niñas en todo el mundo participan en grupos y fuerzas armadas con diversas funciones: combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o por motivos sexuales. La primera definición de niños soldado se hizo en los Principios de Ciudad del Cabo en 1997, cuando se estableció que un “niño soldado” era “toda persona menor de 18 años de edad que forma parte de cualquier fuerza armada regular o irregular en la capacidad que fuera, lo que comprende, entre otros, cocineros, porteadores, mensajeros o cualquiera que acompañe a dichos grupos, salvo los familiares. La definición incluye a las niñas reclutadas con fines sexuales y para matrimonios forzados. Por consiguiente, no se refiere sólo a un niño o niña que lleva o ha llevado armas, sino también a los que prestan servicios de otro tipo para los grupos armados, aunque no participen directamente en el combate”.

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La situación es muy grave, es un crimen de guerra con el que los niños y las niñas pierden totalmente sus derechos. Según el último informe de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados que llega hasta julio del 2013, el escenario de los últimos años ha empeorado. Los conflictos armados en Siria, Malí, República Centroafricana o Sudán del Sur han supuesto un significativo empeoramiento de la situación. UNICEF remarca la importancia de que el 40{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de estos casos sean niñas pues es necesario visibilizarlas. En su página, UNICEF pone el testimonio de una de ellas. China Keitesti, una niña excombatiente, narra, “Es mucho más difícil para una niña. Para empezar, pierdes tu identidad como mujer: tienes que llevar un uniforme militar, botas, debes llevar pelo corto… no se te permite usar pintalabios ni nada que recuerde que eres una chica. No se te permite ser una mujer: cambia tu forma de hablar, tu forma de moverte, incluso tu forma de estar simplemente de pie… todo. Además eres menospreciada y humillada: imagina tener 16 años y no poder recordar cuántos hombres han tocado tu cuerpo y han abusado de tí. Muchas niñas de apenas 13 años se convierten en madres sin tener el cariño de una familia ni nadie que les cuide, sin padre ni madre, sin nadie que les diga “estoy aquí para apoyarte, yo te protejo”. En el frente las chicas se ven obligadas a cometer atrocidades sólo para demostrar que no son unas cobardes, y eso nunca se olvida. Te sientes sucia y sin valor, pierdes completamente tu autoestima y crees que no mereces que nadie te quiera. Para los chicos también es terrible, pero no puedo hablar por ellos, porque yo lo viví como mujer.”

Cada guerra parece consistir en la lucha por la sobrevivencia de aquellos que participan en ella, por eso es tan difícil hacer que los grupos en conflicto cumplan normas internacionales firmadas en tiempos de paz, por eso o porque, por ejemplo el EI (Estado Islámico), simplemente no conciben de ninguna manera tener que someter su juicio a entidades supranacionales a las que no consideran de ninguna manera como fuentes de autoridad. Sin embargo hay algunas posibilidades, una de las maneras, por ejemplo, es la forma en que se hizo con el Proceso de Kimberley en el que los estados firmantes se comprometían a no comprar diamantes extraídos en zonas en conflicto. Sería interesante saber, por ejemplo, quién está comprando el petróleo extraído en los territorios controlados por EI.

Por el momento las cosas están así y urge hacer algo para cambiarlas. Los niños y niñas del video no están perdidos, hay que rescatarlos y devolverles su niñez, de ellos depende en parte el futuro del planeta.

 

ES NUESTRO DERECHO O “JÚRAME QUE NO TE RINDES”

Para mis queridos Emiliano y Juan Martín, con el corazón.

Estábamos en la plancha del Zócalo cuando mi hija me llamó para decirme que su coordinadora de seguridad le avisó que “ya se estaba poniendo feo” y me pidió angustiada que por favor saliera de ahí. Nosotros, desde la esquina de la catedral con 5 de mayo, no alcanzábamos a percibir nada. No le creí. La gente estaba tranquila, contenta, comiendo cuanta cosa, platicando, aguantando el río de gente que venía por esa calle y se topaba con la plaza a reventar.

En nuestro camino hacia la calle de Madero encontramos a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Estaba con Emiliano en su carreola, su mujer, su mamá y sus hermanas, esperando reunirse con otros familiares. Nos abrazamos con el gusto de siempre. Comentamos nuestra fortuna por haber asistido a una marcha que fue increíblemente numerosa, disciplinada, diversa y sin problemas. Nos despedimos con cariño, como siempre también, como hermanos que se quieren y como compañeros de lucha por los derechos de la infancia y la adolescencia en México recordando alguna cosa pendiente.

Luego salimos por Madero en un ambiente festivo, incorporados a la marcha de regreso en medio de familias y estudiantes con ánimo exultante. Recogí a mi hija en el Sanborn´s de los Azulejos, acompañada por un buen amigo que la cuidó hasta mi llegada. Le dije, ignorante de lo que ya estaba ocurriendo, que en el Zócalo no pasaba nada, y que debió alcanzarme allá.

Tomamos el metro en Bellas Artes y llegamos a casa. Inmediatamente buscamos los noticieros. Destacaban una marcha pacífica pero que al final hubo un enfrentamiento grave entre provocadores y granaderos, y que éstos además la habían tomado contra la mayoría pacífica de manifestantes. En eso estábamos cuando Xóchitl encontró un tuit de @ppmerino con la imagen de Martín, impotente y con Emiliano en brazos, aguantando golpes de la policía auxiliar y de la policía federal frente a los cuerpos derribados de su familia.

Me morí en ese instante. Llamé a Martín de inmediato y me dijo que no sabía cuántos golpes había recibido, pero que estaba bien, al igual que su compañera y su familia. Me regresó el alma al cuerpo. Lloré. Me horrorizó pensar en qué haría yo sin Martín, en que pudo haberle pasado algo grave a él y al pequeño Emiliano, un niño de sólo tres años, inteligente, vivaz, como todos los niños, precisamente en el aniversario 25º de la Convención de los Derechos del Niño.

Entendí que si se me hubiera ocurrido quedarme unos minutos más y comerme un elote con Martín me hubiera ocurrido lo mismo. Que si hubiera hecho venir a mi hija a la plancha del Zócalo le hubiera tocado la golpiza y que cargaría con esa culpa, que no era mía, para siempre. Que si hubiera perdido a Xóchitl en el tumulto, como ocurrió por momentos, probablemente ahora la tendría herida o detenida en una cárcel de alta seguridad en Nayarit junto con otros manifestantes pacíficos detenidos arbitrariamente, sin abogado, sin respeto al debido proceso y por supuesto sin respeto sus derechos humanos.

Estoy harto de que nos pase rozando la muerte. Estoy harto de sufrir la violencia en carne propia y que los delincuentes sigan libres. Estoy harto de que esté en alguna carpeta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el caso de Jorge Armando, el llamado niño sicario de Zacatecas, entregado por la policía a los zetas sin ninguna consecuencia. Estoy harto de esperar a qué hora llegan por nosotros por escribir un artículo en el periódico o por alzar la voz. Estoy harto de esperar en qué momento destruirán nuestro blog en Internet. Estoy harto de evadir la noche. Estoy harto de esperar la mala noticia o la agresión siguiente. Estoy harto de pensar en que sigo vivo por suerte, no por un Estado que protege mi seguridad y mis derechos.

En la REDIM hemos dado, y seguiremos dando, una lucha leal, pacífica, apegada al artículo 1º constitucional, llamando al debate y aportando datos duros sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en Zacatecas y en todo el país. Dialogamos con todos y construimos con mucha gente buena y democrática. Así impulsamos la aprobación de la Ley General de Protección de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que por cierto el presidente Peña sigue sin publicar. Pero me queda claro que no hay ley que valga sin estado de derecho y sin una institucionalidad en la que los titulares de deberes apliquen la ley sin contemplación alguna, en ámbitos como la educación, la salud o la justicia.

Pensamos que existen dos ingredientes necesarios para “estabilizar” a México. Uno es hacer todo para construir un estado de derecho pleno porque, al igual que en tiempos de mis abuelos, México no ha podido rebasar una situación en que la ley se aplica discrecionalmente, con criterios políticos o económicos, a modo para los poderosos, los narcos y los corruptos.

El otro implica ponernos en la ruta de terminar con la enorme desigualdad que carcome al país y arroja a nuestros niños, niñas y adolescentes a la nada de la violencia o, en el mejor de los casos, a la nada de la destrucción de su amor propio y de su potencial.

Queremos estado de derecho y respeto irrestricto de los derechos humanos de todos y todas. Pensamos que la aplicación de la ley es el mejor camino para hacer de México un país decente. No es mucho pedir, es lo mínimo. Suena desproporcionado porque nunca lo hemos tenido y porque “desestabiliza” un “orden” que ha permanecido prácticamente incólume a lo largo de nuestra historia y que no es apropiado para la dignidad y la convivencia humana.

Lo lograremos tarde o temprano, a través de un diálogo nacional incluyente y de altura, que dé lugar a reformas profundas que aseguren un México en paz, no avivando el fuego de la faceta autodestructiva de nuestra patria.

Lo que podamos lograr sólo lo conseguiremos luchando pacíficamente, con la ley en la mano, porque México nos pertenece a todos y todas incluyendo, por supuesto, a los niños, las niñas y los adolescentes.

No nos vamos a ir a ningún lado, ni vamos a dejar de marchar. Es nuestro derecho.

Exigimos nos regresen a vivos a los muchachos de Ayoxinapa porque vivos se los llevaron y porque no queremos que esta historia se siga repitiendo ad infinitum.

“Júrame que no te rindes”, amable lect@r, como decía la convocatoria a la espléndida marcha del 20 de noviembre, que manchó una autoridad que no sabe ni quiere saber que la distinción entre los pacíficos y los violentos es la diferencia entre la democracia y el mundo salvaje.

REDIM exige respeto al derecho a la libre manifestación en la búsqueda de justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa

Organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM manifestamos nuestra profunda indignación por los actos de represión en contra de cientos de ciudadanas y ciudadanos que participaron pacíficamente en la marcha convocada el día de ayer por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

La policía federal y granaderos del Gobierno del Distrito Federal haciendo uso desproporcionado de la fuerza pública irrumpieron en la manifestación pacífica donde se encontraban niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. Bajo el argumento de aprehender a manifestantes rijosos se atacó de forma indiscriminada a todas las personas que se encontraban en las inmediaciones del Zócalo.

Entre los afectados por esta agresión policiaca se encontraba el Director Ejecutivo de REDIM, Juan Martín Pérez García, su hijo de tres años de edad, su esposa, madre y hermanas; quienes fueron atacados a golpes por parte de los granaderos sin ningún miramiento ante los llamados a proteger a su familia. Las mujeres fueron derribadas con los escudos y los jóvenes que buscaron protegerles golpeados por los policías.

Es importante destacar que en México la Constitución Mexicana ampara el derecho a la libre manifestación pacífica, y es obligación de las autoridades proteger la integridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Especialmente de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Es ilegal hacer uso de la fuerza del Estado en contra de manifestantes pacíficos.

Recordamos que este 20 de noviembre se cumplió el XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) del cual el Estado Mexicano fue promotor. Esto obliga a revisar las actuaciones de todas las instituciones, especialmente las de seguridad que han mostrado que carecen de protocolos de actuación frente a niñas y niños. Como ejemplo de ello, está el cateo de menores de edad el pasado 16 de septiembre por parte de la policía federal.

  • Exigimos a las autoridades federales y locales respeto al libre derecho a manifestarse de todas y todos los ciudadanos.
  • Exigimos se informe públicamente quién o quiénes y bajo qué argumentos dieron la orden de reprimir a manifestantes pacíficos.
  • Exigimos justicia ante los atropellamientos y hechos violentos cometidos por las autoridades durante la concentración que se identifiquen y sancione a las autoridades de todos los niveles que dieron la orden e instrumentaron el desalojo.
  • Este acontecimiento obliga a las autoridades a hacer pública la existencia de los Protocolos de Actuación de las fuerzas de seguridad en donde hay presencia de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Y en caso de no existir deben establecer un plazo razonable para su desarrollo y capacitación en el marco del respeto a los derechos de la infancia y los derechos humanos.

REDIM hace suya a la exigencia social que reclama la aparición inmediata y con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

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