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¿QUÉ HIZO EL ESTADO POR LOS ADOLESCENTES ASESINADOS EN CALERA, ZACATECAS?

Luis Alberto Barquera

¿Qué sabemos realmente de los cuatro adolescentes de Calera, Zacatecas, que desaparecieron un 7 de julio y posteriormente aparecieron ejecutados, presuntamente por elementos del 97 batallón de infantería adscrito a la base militar de Fresnillo, en ese norteño estado de la república?

Un acercamiento lo tenemos en los reportes de seguimiento realizados en 2012 y 2013, del Sistema Local de Protección a la Infancia en Calera, una iniciativa impulsada por UNICEF y ODISEA, A. C., que revelan el mundo de discriminación, pobreza, alcohol y drogas que rodeó a Víctor Hugo González Cisneros, uno de esos cuatro muchachos.

¿Víctimas o victimarios? ¿Será que el Estado no tenía mucho qué hacer con ellos? ¿En la sed de sangre o la maldad intrínseca de estos muchachos está la explicación a su violencia? ¿Todo se reduce a que simplemente eran sicarios que se dedicaban al asesinato y al tráfico de drogas?

Víctor Hugo era nieto de Juana Ramos de la Rosa y Gregorio Cisneros Torres, indígenas y analfabetas, originarios de Jiménez del Teúl, que llegaron hace 30 años a Calera. Tuvieron catorce hijos (10 mujeres y 4 hombres), que reprodujeron la pobreza de sus padres. En por lo menos nueve de los catorce casos se ganaban la vida como jornaleros agrícolas. Cinco de las diez mujeres, además de dedicarse al campo, trabajaban en un bar local.

Este es el caso de Patricia Cisneros Ramos, madre soltera de Víctor Hugo, quien trabajaba en el campo y en el bar, y también era adicta a las drogas.

La siguiente generación, en consecuencia también pobre, la integran al menos 39 niños y niñas, al menos 20 de ellos con adicciones. Uno de ellos era Víctor Hugo, que tenía 12 años en 2012, de los cuales la mitad los vivió como adicto. Sólo cursó hasta 2º.grado de primaria y trabajaba limpiando parabrisas. Su situación de riesgo estaba marcada por una madre en situación de pobreza, que además era negligente, adicta al resistol, al alcohol y al thinner.

En 2011, la autoridad municipal impulsó el trabajo de una red que respondiera a la situación de riesgo y progresivo deterioro de la familia. En el plano educativo se instaló una Unidad Móvil del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), a la cual se integraron 16 niños y niñas de la familia Cisneros, con edades entre 4 y 14 años, todos fuera de la escuela y muchos sin haber ingresado nunca, y niños de otras familias con características similares.

Para la atención de las adicciones, ante la inexistencia de instituciones locales que atendieran adicciones severas en niños (el DIF estatal no quiere niños y niñas “con problemas”, sino limpios, sanos, educados y sin adicciones), entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 Víctor Hugo fue llevado al Centro de Integración Juvenil en Ciudad Guzmán, Jalisco. Allí permaneció por tres meses, el tiempo máximo que permite esa institución para finalmente regresar al ambiente familiar de violencia, pobreza y consumo de sustancias.

Ofrecer alternativas distintas al entorno familiar de Víctor Hugo y de los demás niños y niñas era fundamental para brindarles protección. Esto lo expresa muy bien Juan Pablo Cisneros, de 7 años, quien ingresó a la caso hogar Bethanya, cuando solicitó a la abogada de ODISEA, A.C. que “traiga a vivir a “su casa” a sus hermanos, a sus primos, “para que vaya a la escuela y aprendan como él” y “coman todos los días”.”

Sin embargo, las autoridades municipales no pudieron hacer que las autoridades estatales garantizaran los apoyos y la seguridad que exigía la problemática. Ni el DIF estatal, ni otras instituciones como el Instituto de la Mujer Zacatecas (INMUZA/SEMUJER), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJE), respondieron adecuadamente.

El municipio hizo su parte, pero no había los mecanismos de coordinación interinstitucional y las autoridades estatales no le dieron la debida importancia al problema. El DIF estatal sólo atinó a cerrar los ojos y esperar que la sola inercia de las cosas resolviera el problema de Víctor Hugo y su familia.

Cabe señalar que las autoridades conocieron la situación de Víctor Hugo desde 2005 (ausentismo escolar y adicciones) y que la autoridad municipal lo canalizó al DIF Estatal desde junio 2009, pero nunca se recibió respuesta.

Luego se lo llevó la ola de la violencia, a la que estaba gravemente expuesto. Para finales de 2012 habían desaparecido 26 integrantes de la familia Cisneros de la Rosa a manos de comandos armados, sin que ninguna autoridad se diera por enterada a pesar de los reiterados llamados a tomar medidas especiales para proteger a niños y adultos de esta familia. (Adjuntamos esquema sobre la situación de cada miembro de la familia como era conocido en octubre de 2012).

¿Cómo no iban a tener nexos con el crimen organizado si los tenían encima y probablemente estaban reclutados de manera forzosa desde entonces?

Finalmente el círculo del horror se cerró el 7 de julio con la desaparición y asesinato de los adolescentes Víctor Hugo González (16 años), Fernando José Rodríguez (15), Guillermo García (15) y Jorge David Venegas (17). Tres adultos completan el grupo de 7 desapariciones.

Parece que el Comité del Niño (CN) de la ONU estaba pensando en estos adolescentes de Calera, cuando redactó sus Observaciones finales a los informes periódicos combinados Cuarto y Quinto de México, del 18 de mayo de este año. En todo caso aquí está lo que el gobierno debe hacer.

En ese documento, el CN señala que “le preocupa seriamente que la situación de violencia armada, drogas, trata y lucha contra el crimen organizado se haya traducido en numerosos asesinatos de niños, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales.” Concretamente menciona el caso de Tlatlaya, Estado de México, y a partir de ahora seguramente se referirá también al caso Calera, en Zacatecas.

En particular, el Comité urgió al Estado mexicano a “Adoptar en forma expedita la ley general sobre desapariciones forzadas” e incluir en la legislación “medidas específicas para abordar las desapariciones de niños, especialmente la de niñas.” Asimismo señaló la importancia de tomar medidas urgentes “para prevenir las muertes violentas, asesinatos y desapariciones de niños y sus padres, entre otras cosas abordando las causas profundas de esos actos de violencia, como la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la pobreza, la desigualdad de género y la marginación.”

El Comité está “profundamente preocupado” porque, ante casos como los de Calera, continúa “la falta de castigo al reclutamiento de niños por grupos armados del crimen organizado” y la insuficiencia de medidas “para prevenir el reclutamiento continuo de niños por grupos armados y proteger y prestar apoyo psicosocial para los niños víctimas.”

El Comité recomienda al Estado Parte penalizar explícitamente “el reclutamiento de niños por grupos armados tales como los grupos de delincuencia organizada” y asegurarse de que “no haya niños reclutados por grupos armados.”

Asimismo recomienda garantizar “el acceso a la justicia y la indemnización por los niños que hayan sido reclutados ilegalmente”, así como la revisión de la estrategia contra el crimen organizado “con el fin de asegurarse de que los niños estén protegidos de la violencia”. También recomienda que se implemente efectivamente “el protocolo conjunto para la protección de los derechos de los niños durante las operaciones federales contra organizada, por parte de militares, agencias de seguridad, justicia y órganos de carácter social.”

¿Por qué actuó así el ejército? ¿Desde cuándo opera de esa forma? ¿Sabían cómo tratar a estos adolescentes en el caso de estar frente a su aprehensión?

Esperamos que la justicia funcione. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló, de acuerdo con la Jornada, que el delito de homicidio merece prisión preventiva de oficio, por lo que el juez de la causa ordenó que los cuatro militares inculpados en este juicio fueran encarcelados por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la sentencia correspondiente. Los cuatro militares quedaron detenidos y serán procesados por los delitos de desaparición forzada, contra la administración de justicia y homicidio calificado.

En esta ocasión el empeño de la familia en denunciar marcó la diferencia. Cuando vemos de qué familia se trata, realmente parece que México todavía tiene una reserva de dignidad importante. Es ejemplar que estos ciudadanos pidan justicia viniendo desde el fondo de las cavernas del abandono del Estado y de nuestra desigualdad.

¿Estaban metidos en algo estos muchachos? ¿Sólo eran sicarios que se dedicaban al asesinato y el tráfico de drogas? Es posible, pero como dice un familiar de los desaparecidos: “Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto? (…) ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal?”.

El asesinato no puede sustituir al debido proceso. La investigación de estos 7 crímenes debe decirnos qué pasó y señalar responsables. Ojalá sea ejemplar.

Otra investigación, que desgraciadamente no está en curso, tendría que determinar quiénes son los responsables en el gobierno de esta masacre. El DIF de Calera reaccionó adecuadamente hasta 2013, pero se encontró con la descoordinación institucional y la incapacidad para asegurar la protección de esos niños, niñas y adolescentes en el DIF estatal y las demás instituciones responsables de garantizar derechos de niños y niñas en el Estado de Zacatecas.

Trabajo infantil, drogas y alcohol, exclusión educativa, pobreza, una familia devastada, ingredientes explosivos de la violencia, todos operando al mismo tiempo, requieren una intervención de conjunto. Sólo en la familia de Víctor Hugo prácticamente no hay derecho que no se viole.

¿Quién se hizo cargo de coordinar las acciones para garantizar protección especial y lograr que estos niños y niñas accedieran a las políticas universales? Nadie.

Urge un Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinado estrechamente con su similar estatal.

La nueva Procuraduría tiene una tarea enorme, que no puede realizar sólo con un cambio de nombre. Eso no sirve, como invita a pensar el caso de Víctor Hugo, para resolver o prevenir las situaciones que lo acercaron a la muerte.

La pobreza institucional al final participa por omisión en esta realidad inocultable de violación de derechos de Víctor Hugo y su familia, y tiene un lugar destacado entre las causas que llevaron a las desapariciones forzadas de Calera.

Víctor Hugo y su familia representan al extremo una familia urgida de protección, que no puede proporcionar la institucionalidad que tenemos. El esfuerzo de las autoridades del DIF de Calera, contrasta con las del DIF del Estado. Un intento de funcionar como un sistema municipal de protección, frente a un Sistema Estatal DIF sin coordinación, sin presupuesto y sin estrategia. Sin fuerza para garantizar los derechos de niños y niñas. Además las autoridades municipales no podían traspasar el velo de la operación oscura de la policía y las fuerzas de seguridad, ni hacer preguntas o propuestas incómodas, so pena de despertar sospechas y comprar represalias, lo que hacía imposible funcionar eficazmente.

Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero la exclusión social o la mente criminal? ¿Qué fue primero, la negligencia del Estado o el crimen organizado?

Lo más fácil es pretender asociar imágenes de ejecuciones y crueldad, con jóvenes salvajes y depravados, para construir un perfil de los “verdaderos” responsables de los crímenes, ocultando todo lo que sociedad y estado no han podido solucionar.

El ministro José Ramón Cossío dice que se ha hecho un lugar común definir el perfil del enemigo en la guerra contra las drogas como “un joven pobre, violento, armado y peligroso, prácticamente salvaje, al que hay que vencer para recuperar o establecer la paz y seguridad de todos.”

Para el ministro, mientras algunos ponen los muertos y justifican la acción represiva del Estado, otros acumulan riqueza y siguen tan campantes. En el imaginario la lucha contra la delincuencia se está convirtiendo en una nueva modalidad de la lucha de clases. Al final, dice Cossío, “Cada vez que vemos y aceptamos la idea de que el joven semidesnudo grotescamente abandonado con un arma cerca de él es la imagen misma de la delincuencia a reducir, compramos la perniciosa idea de que más allá de eliminarlos, el Estado no tenía mucho más que hacer con ellos.”

Este es el caso. Por eso las ejecuciones de los adolescentes de Calera nos obliga a exigir que el Estado cumpla sus obligaciones para con las víctimas y las niñas, niños y adolescentes de la familia de Víctor Hugo. La forma de hacerlo es teniendo un sistema de protección integral en los órdenes federal, estatal y municipal, que funcione de forma articulada, a través de un programa que asuma la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, con un sistema de protección especial y una Procuraduría real, y los recursos que se requieren para transformar la política de infancia.

Sólo en julio de 2015, mes de la desaparición de los 4 adolescentes, ocurrieron 45 homicidios dolosos en Zacatecas, 542{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} más que en julio de 2014. ¿Cuántos son niños y jóvenes?

Mientras el Estado contribuya con la violencia, vía el no cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, seguiremos en el cuento de nunca acabar.

Twitter: @LuisBarquera

http://www.odisea.org.mx/

CONVIRTIENDO A LOS NIÑOS EN DELICUENTES… EN MÉXICO

Xochitl Meseguer

@xmeseguer

Con cada vez mayor frecuencia en México, como en otros países del continente, se renueva el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes aduciendo información falsa e incitando a la “opinión pública” mediante la presentación pública de casos emblemáticos.

Siendo evidentemente grave que alrededor de la mitad de las personas procesadas o sentenciadas por la comisión de delitos tenga entre 18 y 29 años de edad, llama la atención que tanto el discurso de algunos funcionarios del sistema de procuración de justicia y seguridad pública como en algunos medios de comunicación atribuya a los adolescentes y a la “debilidad” del sistema de justicia para adolescentes, la comisión de hasta el 90{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los delitos en nuestro país.

La información que presento señala que esta tendencia hacia la criminalización de adolescentes y los llamados a reducir la edad penal no tienen fundamento y que más bien encubren la falta de implementación de políticas efectivas para la prevención del delito que tengan como eje la garantía de derechos de la infancia y adolescencia y la falta de instrumentación de sistemas de justicia alternativa que atiendan a adolescentes que han infringido las leyes penales, de manera que no reincidan, y que aborden integralmente su rehabilitación y reinserción social.

EL CONTEXTO

Como señala la Red Internacional de Derechos de la Infancia (CRIN, por sus siglas en inglés): “Los políticos y los medios de comunicación juegan con el temor popular de perder el control de cada generación sucesiva de niños si no se les reprime o castiga: niños asilvestrados fuera de control”.

A nivel mundial hay un preocupante y creciente número de países que lejos de cumplir con la garantía de derechos de todos los niños y niñas, han retrocedido en su enfoque de justicia juvenil y están criminalizando a un mayor número de niños y a edades cada vez más tempranas. Hoy 31 países establecen la edad penal a los siete años y otros 11 Estados lo hacen a los ocho.

Esta situación entra en conflicto tanto con las exigencias de la Convención de los Derechos del Niño y su principio sobre el interés superior del niño, que ha de ser una consideración prioritaria, como con su derecho al mayor desarrollo posible.

Lo que la evidencia muestra es que la criminalización de niños y adolescentes causa un daño permanente en un gran número de ellos así como en las sociedades donde esta lógica ha imperado, fomentando la reincidencia en nuevos delitos, cada vez más violentos, que frecuentemente se prorrogan en la edad adulta.

Como lo señala la CRIN en el documento Convirtiendo a los niños en delincuentes: “Rebajar la edades mínimas, como han hecho algunos Estados y otros están considerando hacer, significa estigmatizar como delincuentes cada vez a más niños y cada vez a edades más tempranas reaccionando con un derecho penal que en cada estado está centrado principalmente en el castigo y orientado en criterios retributivos. Es absurdo sugerir que este sistema puede cumplir para los niños con los objetivos requeridos por un sistema penal adecuado, que debería centrarse exclusivamente en maximizar su desarrollo general positivo, así como en la necesaria rehabilitación y reinserción”.

“Como sociedad debemos a los niños un enfoque diferente. Puede brindarse evidencia clara del origen de los actos delictivos graves de los niños, que se desarrollan y afloran de la violencia y negligencia por parte de los adultos, frecuentemente en el ámbito familiar, agravados por la incapacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones de apoyar a los padres en sus responsabilidades de criar a los niños. Cuanto más seria y extrema es la infracción del niño, más seguros podemos estar de que el origen está en el maltrato por parte de los adultos, o en ocasiones simplemente la pérdida trágica de los padres u otros cuidadores clave” (CRIN 2013).

Detener la criminalización de los niños no significa perder de vista las infracciones a la ley que puedan cometer, no significa que los niños o adolescentes que lo hagan eludan la “justicia” o que no se haga nada con respecto a esto. Sino como lo indican las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia juvenil (Reglas de Beijing, adoptadas por la resolución de la Asamblea General 40/33 de 29 noviembre 1986): “Los Estados Miembros deberán esforzarse en desarrollar las condiciones que garanticen a los jóvenes una vida significativa en la comunidad, que durante el periodo de sus vidas en el que son más susceptibles de un comportamiento desviado, se promuevan un proceso de desarrollo personal y una educación tan alejados de los actos delictivos y la violencia como sea posible.”

Y frente al argumento de que por la “debilidad” de las leyes de justicia juvenil “la mayoría serán coaccionados o sobornados para continuar con actividades delictivas en beneficio de delincuentes adultos, dada la falta de penas severas para niños y adolescentes”, frecuentemente fundadas la pregunta no debería ser: ¿se están aplicando las leyes y penas a los adultos que lo realizan?

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

Entre los países de América Latina y el Caribe puede documentarse que los países con edades más bajas de imputabilidad penal (12 años) están también entre aquellos donde las tasas de homicidios son mayores.

tabla tasa de homicidiosFuentes: UNODC.- Estadísticas de homicidios 2012. En: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html CEPAL. Panorama Social de América Latina 2012. En: http://www.cepal.org/cgi-

En México y frente al reiterado discurso infundado de que entre el 80 y 90{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los delitos son cometidos por personas menores de 18 años, los datos muestran otra realidad.

De acuerdo con el Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos (INEGI 2012):

• Durante 2011 se abrieron 1,704,535 averiguaciones previas ante el ministerio público del fuero común (personas de 18 años y más)

• Por su parte se registraron 44,852 investigaciones sobre conductas antisociales en que los presuntos responsables fueron adolescentes (2.63{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} respecto a las personas adultas en el fuero común)

• En ese mismo año estaban internos 4,660 adolescentes (con resolución firme) y 2,190 (en proceso de dictarles resolución)

Por su parte el INEGI refiere en su consulta de registros administrativos:

• En 2012 fueron procesadas por delitos del fuero común 163,446 personas y por delitos del fuero federal 39,253. De éstas 27.9{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} tenían entre 18 y 24 años en el primer caso y 27{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en el segundo.

• Respecto a personas sentenciadas, 108,216 lo fueron por la comisión de delitos del fuero común y 35,891 por delitos federales. En este caso la proporción de jóvenes de 18 a 24 años fue de 29.7{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y 27.2{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente.

Con referencia al delito de “corrupción de menores” el cual estaría asociado al creciente número de adolescentes procesados y sentenciados en nuestro país y que generalmente son inducidos a la comisión de delitos por parte de adultos sea en lo individual o como parte de grupos de la delincuencia organizada, llama la atención que:

adultos procesados

CONCLUSIONES

• El creciente discurso criminalizador de niños y adolescentes en México no tiene fundamento en la información oficial disponible

• El establecimiento de la edad penal a edades tempranas no es efectivo para la prevención de delitos, especialmente homicidios

• Hay un evidente vacío en la aplicación de la justicia hacia los adultos que inducen a niños y adolescentes a delinquir

• La evidencia indica que es en el establecimiento de un sistema de garantía de derechos de la infancia que la seguridad de niños y niñas, y de las sociedades en que viven, puede ser garantizada

• En este marco, ¿cuál es el propósito del discurso criminalizador? ¿Por qué, lejos de abrir un debate abierto e informado sobre la participación de niños y adolescentes en actos delictivos y sobre la agenda pendiente para la prevención del delito y para el establecimiento de un sistema efectivo de justicia juvenil, se insiste en la presentación de casos emblemáticos para crear una corriente de opinión favorable a esta criminalización?

El negocio de las vacunas para niños y niñas

Ollin Rafael/Odisea Global.

Se sabe que las grandes empresas farmacéuticas mantienen los precios de los medicamentos muy altos (de ello dependen sus millonarios beneficios), debido, dicen, a los costes de la investigación y el desarrollo. Los datos, por su puesto, son extremadamente opacos, poco se sabe acerca de las cuentas de las empresas: ¿cuánto gastan en investigación? ¿cuánto les cuesta el desarrollo de tal o cual medicamento? ¿cuánto vale producir cierta medicina? etc. Aunque a veces, cuando sale a la luz algún dato, la sociedad civil se sorprende. Por ejemplo, a raíz del movimiento de los enfermos de hepatitis C en España que reclaman que la sanidad pública se haga cargo de un nuevo tratamiento para curarlos, sabemos que la farmacéutica que desarrolló el medicamento cobra por el tratamiento 60 mil euros, alrededor de un millón de pesos mexicanos. Y ante esta monumental cifra surgen otras preguntas: ¿cuánto dinero invirtió la farmacéutica en el desarrollo de este medicamento? ¿Cuánto tuvo que haber gastado para que cada tratamiento valga un millón de pesos? ¿No sería posible que la empresa, al saber que su medicina le puede salvar la vida a alguien, le esté poniendo precio no al tratamiento sino a la vida? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿60 mil euros?

Según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día, todavía hay 22.6 millones de niños y niñas en todo el mundo que no reciben el paquete de vacunas básicas que les podrían evitar enfermedades graves causantes de discapacidad o muerte. A pesar de que se ha alcanzado una alta cifra de vacunación para algunas enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos ferina, aún es muy baja para enfermedades como Haemophilus influenzae tipo b (Hib), causante de la meningitis y la neumonía, el neumococo y el rotavirus. Y es así que, aunque en los últimos años la mortalidad ha disminuido mucho, ha pasado de 12.6 millones de fallecimientos en 1990 a 6.3 millones actualmente, todavía hay millones las muertes de niños pobres que podrían evitarse.

Por esto es tan importante el documento con el que la semana pasada, Médicos Sin Fronteras les exigió a las compañías farmacéuticas GlaxoSmithKline (GSK) y Pfizer que disminuyeran el precio de la vacuna contra el neumococo a 5 dólares por niño en los países en desarrollo. La petición venía acompañada de ”La mejor vacuna: por un acceso sin barreras a vacunas asequibles y adaptadas”, un duro informe sobre los precios de las vacunas que muestra como en los países pobres, entre el 2001 y el 2014, el coste de vacunar a un niño o una niña ha aumentado 68 veces.

Según Rohit Mapani, director de Políticas y Análisis de la Campaña Acceso a medicamentos esenciales de MSF, “el precio por proporcionar el paquete completo de vacunas a un niño es hoy (…) más caro que hace tan solo una década, fundamentalmente porque las grandes compañías farmacéuticas han aumentado los precios a donantes y países pobres de aquellas vacunas con las que ya ganan miles de millones de dólares en los países ricos”, es por ello, continúa Mapani, que “pedimos a los donantes que pongan sobre la mesa una suma adicional de 7.500 millones de dólares para poder pagar las vacunas de los países pobres durante los próximos cinco años, teniendo en cuenta, además, que un tercio de esta cantidad irá destinada a sufragar los elevados precios de una sola vacuna, la antineumocócica (la enfermedad mata cada año alrededor de un millón de niños en todo el mundo). Baste el ejemplo para reflexionar sobre cuanto más dinero de los contribuyentes podría traducirse en más niños vacunados si las vacunas fueran más baratas. Creemos que es momento de que GSK y Pfizer pongan de su parte para hacer las vacunas más accesibles y durante más tiempo, ya que los descuentos que a día de hoy ofrecen estas compañías no son suficientes”.

La vacuna contra el neumococo significa aproximadamente la mitad del costo de todo el paquete de vacunas para niños y niñas. De la venta de esta vacuna GSK y Pfizer ya han obtenido 19 mil millones de dólares, mucho más que el dinero que han invertido.

Por eso, MSF también pide mayor transparencia pues la información sobre las negociaciones entre los estados y las compañías farmacéuticas es de difícil acceso dado que la industria oculta deliberadamente la información para poder controlar los precios. Elder Kate, la asesora de Políticas de Vacunas de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras, dice que “nos encontramos situaciones irracionales en las que países en vías de desarrollo como Marruecos y Túnez pagan por la vacuna contra el neumococo un precio mucho más caro que Francia (…) necesitamos situar la salud pública por delante de los beneficios económicos; las vacunas que salvan la vida de niños no deberían ser un gran negocio”.

Las vacunas no solo salvan vidas según Seth Berkley, presidente de Gavi, the Vaccine Alliance, una organización dedicada a promover la vacunación, también pueden “mejorar a largo plazo las perspectivas educativas de un niño. Y su familia y la comunidad en general pueden beneficiarse de ello”. “Todos sabemos”, continua Berkley en un artículo publicado la semana pasada en El País, “que los niños sanos no necesitan un tratamiento médico o unos cuidados especiales que cuestan tiempo y dinero. Si se evita la enfermedad, los niños tienen mayores oportunidades de crecer sanos, asistir a la escuela y convertirse en miembros productivos de la sociedad. Mientras tanto, y en lugar de quedarse en casa cuidando de sus hijos enfermos, los padres pueden salir a trabajar y aumentar las posibilidades de ganar dinero. Así pues, en vez de incurrir en gastos médicos están incrementando sus ingresos y su capacidad para gastar. El acceso a la vacunación en definitiva repercute en el crecimiento económico”.

Es la hora de que los estados defiendan ante cualquier interés económico el interés de sus ciudadanos y por lo tanto también el de todos los niños, las niñas y los adolescentes. Para lograrlo es imprescindible mayor transparencia. Los ciudadanos de cada país deben exigir que las negociaciones entre sus estados y las empresas privadas se hagan a puertas abiertas.

Los niños soldado de EI

Odisea Global/ Ollin Rafael

Todos están vestidos de negro, se forman, hacen flexiones, reciben golpes en el estómago. Un hombre que parece su instructor pasa uno a uno, ellos permanecen con los brazos alzados, primero un puñetazo de un lado, después del otro y repite unas cuantas veces, finalmente con una patada los lanza hacia atrás. Ellos se levantan del suelo, se sacuden un poco la ropa y cuando ya están listos de nuevo viene un palo que se les revienta en el vientre, ellos permanecen serios y resisten. Es un duro entrenamiento militar y si parecería brutal con adultos parece aún más terrible tratándose de niños. No pasan del metro y medio pero se comportan como fieros soldados. Como indica la leyenda del video, son niños entrenados por el Estado Islámico.

Según cálculos de UNICEF, 300 mil niños y niñas en todo el mundo participan en grupos y fuerzas armadas con diversas funciones: combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o por motivos sexuales. La primera definición de niños soldado se hizo en los Principios de Ciudad del Cabo en 1997, cuando se estableció que un “niño soldado” era “toda persona menor de 18 años de edad que forma parte de cualquier fuerza armada regular o irregular en la capacidad que fuera, lo que comprende, entre otros, cocineros, porteadores, mensajeros o cualquiera que acompañe a dichos grupos, salvo los familiares. La definición incluye a las niñas reclutadas con fines sexuales y para matrimonios forzados. Por consiguiente, no se refiere sólo a un niño o niña que lleva o ha llevado armas, sino también a los que prestan servicios de otro tipo para los grupos armados, aunque no participen directamente en el combate”.

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La situación es muy grave, es un crimen de guerra con el que los niños y las niñas pierden totalmente sus derechos. Según el último informe de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados que llega hasta julio del 2013, el escenario de los últimos años ha empeorado. Los conflictos armados en Siria, Malí, República Centroafricana o Sudán del Sur han supuesto un significativo empeoramiento de la situación. UNICEF remarca la importancia de que el 40{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de estos casos sean niñas pues es necesario visibilizarlas. En su página, UNICEF pone el testimonio de una de ellas. China Keitesti, una niña excombatiente, narra, “Es mucho más difícil para una niña. Para empezar, pierdes tu identidad como mujer: tienes que llevar un uniforme militar, botas, debes llevar pelo corto… no se te permite usar pintalabios ni nada que recuerde que eres una chica. No se te permite ser una mujer: cambia tu forma de hablar, tu forma de moverte, incluso tu forma de estar simplemente de pie… todo. Además eres menospreciada y humillada: imagina tener 16 años y no poder recordar cuántos hombres han tocado tu cuerpo y han abusado de tí. Muchas niñas de apenas 13 años se convierten en madres sin tener el cariño de una familia ni nadie que les cuide, sin padre ni madre, sin nadie que les diga “estoy aquí para apoyarte, yo te protejo”. En el frente las chicas se ven obligadas a cometer atrocidades sólo para demostrar que no son unas cobardes, y eso nunca se olvida. Te sientes sucia y sin valor, pierdes completamente tu autoestima y crees que no mereces que nadie te quiera. Para los chicos también es terrible, pero no puedo hablar por ellos, porque yo lo viví como mujer.”

Cada guerra parece consistir en la lucha por la sobrevivencia de aquellos que participan en ella, por eso es tan difícil hacer que los grupos en conflicto cumplan normas internacionales firmadas en tiempos de paz, por eso o porque, por ejemplo el EI (Estado Islámico), simplemente no conciben de ninguna manera tener que someter su juicio a entidades supranacionales a las que no consideran de ninguna manera como fuentes de autoridad. Sin embargo hay algunas posibilidades, una de las maneras, por ejemplo, es la forma en que se hizo con el Proceso de Kimberley en el que los estados firmantes se comprometían a no comprar diamantes extraídos en zonas en conflicto. Sería interesante saber, por ejemplo, quién está comprando el petróleo extraído en los territorios controlados por EI.

Por el momento las cosas están así y urge hacer algo para cambiarlas. Los niños y niñas del video no están perdidos, hay que rescatarlos y devolverles su niñez, de ellos depende en parte el futuro del planeta.

 

A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño

Odisea Global/ Ollin Rafael

El 20 de noviembre se cumplieron 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, sin embargo la situación de los niños, las niñas y los adolescentes no parece haber mejorado mucho. Si volteamos hacia un lado vemos a los niños y niñas de Siria, en el otro a los huérfanos del ébola, más allá a las enormes tasas de mortalidad infantil por causas evitables, a los niños y niñas trabajadores de Latinoamérica, al aumento de la pobreza infantil en Europa, etc. Pero veamos en algunos datos ¿cuánto hemos avanzado?

En el informe de UNICEF, El estado mundial de la infancia 2015, la organización internacional ve un avance significativo. Desde la Convención, dice el informe, “millones de niños se han beneficiado de los avances. Cuando los gobiernos, sus asociados internacionales, las empresas y las comunidades han aportado dinero y energía para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención, han salvado y mejorado las vidas de cientos de millones de niños”, sin embargo, a pesar de la magnitud de los avances que “han sido profundos en ámbitos esenciales, como la supervivencia infantil, la educación o el acceso al agua potable”, continúa el informe, sigue habiendo “demasiados niños que aún hacen frente al futuro sin que se hayan resuelto sus necesidades o materializado sus derechos, y con todo su potencial frustrado.”

Ningún país ha acabado con los problemas de los niños, las niñas y los adolescentes. Por una parte, “los países de bajos ingresos siguen albergando concentraciones de pobreza y situaciones de desventaja”, por la otra, en los países de ingresos medios, los más desiguales, viven los niños y las niñas más pobres. Lamentablemente, el nivel de desarrollo que van a experimentar los niños a lo largo de su vida está ligado a una “lotería” por el lugar en el que nacen y la situación de su familia.

Según indica el informe de UNICEF:

• El 20% de las mujeres del mundo más acomodadas tienen 2,7 veces más posibilidades que el 20% de las más pobres de contar con la presencia de un asistente calificado durante el parto. En Asia meridional, las mujeres más ricas tienen casi cuatro veces más probabilidades que las más pobres de disfrutar de este beneficio. A nivel mundial, al 79% de los niños menores de 5 años más ricos se les registra al nacer, pero sólo el 51% de los más pobres gozan del derecho a una identidad oficial. Y mientras que el 80% de los niños que viven en las ciudades tienen su certificado de nacimiento, esto ocurre solamente entre el 51% de los que viven en zonas rurales.

• El 20% de los niños más pobres del mundo tienen el doble de probabilidades que el 20% de los más ricos de sufrir retraso en el crecimiento debido a la mala alimentación, y de morir antes de su quinto cumpleaños. Los niños de las zonas rurales sufren una desventaja similar en comparación con los que viven en las zonas urbanas.

• Casi 9 de cada 10 niños del 20% de los hogares más ricos de los países menos adelantados del mundo van a la escuela primaria, en comparación con sólo cerca de 6 de cada 10 de los hogares más pobres. La diferencia puede ser muy grave incluso en los países de ingresos medios. En Nigeria, por ejemplo, el 94% de los niños de los hogares más ricos asistió a la escuela, en comparación con el 34% de los niños de los hogares más pobres.

• Independientemente de la riqueza, las niñas siguen sin poder asistir a la escuela. Por cada 100 niños matriculados en la escuela primaria en África occidental y central, sólo lo están 90 niñas. La exclusión es más grave en la escuela secundaria, donde hay solamente 76 niñas matriculadas por cada 100 niños.

• Las adolescentes tienen más probabilidades de estar casadas o en unión a los 19 años que sus homólogos masculinos, y menos posibilidades que los niños de tener un conocimiento amplio del VIH. En Asia meridional, los niños tienen casi dos veces más posibilidades que las niñas de poseer estos conocimientos con los que se pueden proteger a sí mismos.

• Casi tres cuartas partes (o alrededor de 1.800 millones) de los 2.500 millones de personas de todo el mundo que aún no tienen acceso a mejores servicios de saneamiento viven en las zonas rurales. Los datos de Bangladesh, la India y Nepal, por ejemplo, muestran muy pocos avances entre 1995 y 2008 en la mejora de la cobertura de saneamiento del 40% de los hogares más pobres.

Como podemos ver, sí hay avances, pero muchos niños y niñas han sido excluidos de ellos. El esfuerzo no ha sido suficiente y aún queda muchísimo por hacer. Hoy el tema fundamental, dice UNICEF, es el de la desigualdad. “Reducir las disparidades no es solamente lo que se debe hacer de una manera correcta –cumpliendo así con el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño– si no que es también lo que se debe hacer desde un punto de vista estratégico, que facilite la obtención de avances prácticos. A medida que la comunidad mundial comienza a configurar el programa para después de 2015, y a actuar en base al mismo, el desmantelamiento de los obstáculos económicos, políticos, institucionales y culturales que se interponen entre los niños y sus derechos debe ser una prioridad central.”

REDIM exige respeto al derecho a la libre manifestación en la búsqueda de justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa

Organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM manifestamos nuestra profunda indignación por los actos de represión en contra de cientos de ciudadanas y ciudadanos que participaron pacíficamente en la marcha convocada el día de ayer por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

La policía federal y granaderos del Gobierno del Distrito Federal haciendo uso desproporcionado de la fuerza pública irrumpieron en la manifestación pacífica donde se encontraban niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. Bajo el argumento de aprehender a manifestantes rijosos se atacó de forma indiscriminada a todas las personas que se encontraban en las inmediaciones del Zócalo.

Entre los afectados por esta agresión policiaca se encontraba el Director Ejecutivo de REDIM, Juan Martín Pérez García, su hijo de tres años de edad, su esposa, madre y hermanas; quienes fueron atacados a golpes por parte de los granaderos sin ningún miramiento ante los llamados a proteger a su familia. Las mujeres fueron derribadas con los escudos y los jóvenes que buscaron protegerles golpeados por los policías.

Es importante destacar que en México la Constitución Mexicana ampara el derecho a la libre manifestación pacífica, y es obligación de las autoridades proteger la integridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Especialmente de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Es ilegal hacer uso de la fuerza del Estado en contra de manifestantes pacíficos.

Recordamos que este 20 de noviembre se cumplió el XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) del cual el Estado Mexicano fue promotor. Esto obliga a revisar las actuaciones de todas las instituciones, especialmente las de seguridad que han mostrado que carecen de protocolos de actuación frente a niñas y niños. Como ejemplo de ello, está el cateo de menores de edad el pasado 16 de septiembre por parte de la policía federal.

  • Exigimos a las autoridades federales y locales respeto al libre derecho a manifestarse de todas y todos los ciudadanos.
  • Exigimos se informe públicamente quién o quiénes y bajo qué argumentos dieron la orden de reprimir a manifestantes pacíficos.
  • Exigimos justicia ante los atropellamientos y hechos violentos cometidos por las autoridades durante la concentración que se identifiquen y sancione a las autoridades de todos los niveles que dieron la orden e instrumentaron el desalojo.
  • Este acontecimiento obliga a las autoridades a hacer pública la existencia de los Protocolos de Actuación de las fuerzas de seguridad en donde hay presencia de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Y en caso de no existir deben establecer un plazo razonable para su desarrollo y capacitación en el marco del respeto a los derechos de la infancia y los derechos humanos.

REDIM hace suya a la exigencia social que reclama la aparición inmediata y con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

Día Universal del Niño

Se cumplen 25 años desde que el mundo prometiera a los niños que haríamos todo lo posible para proteger y promover sus derechos a sobrevivir y prosperar, a aprender y crecer, para que se hagan oír y alcancen su pleno potencial. A pesar de los avances generales, la situación de muchos niños ha empeorado aún más. Antiguas y nuevas dificultades se han combinado para privar a muchos pequeños de sus derechos y de los beneficios del desarrollo.

Para hacer frente a estos retos y llegar hasta los niños que han quedado más rezagados, necesitamos nuevas formas de pensar y actuar, tanto adultos como menores.

Hay mucho que celebrar en el 25º aniversario de la Convención, desde la disminución de la mortalidad infantil al aumento de la escolarización. Pero este hito histórico también debe servir como un recordatorio urgente de que aún queda mucho por hacer. Son demasiados los niños que todavía no gozan plenamente de sus derechos al igual que otros.

En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales establecieron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen reducir a la mitad la pobreza extrema, detener la propagación del VIH/SIDA y lograr la enseñanza primaria universal para el 2015. Aunque los ODM están dirigidos a toda la humanidad, seis de ellos incumben de forma directa a la infancia, y los otros dos también contribuirán a mejorar las vidas de los niños y niñas. (Objetivos de Desarrollo del Milenio, UNICEF).

En 2013, durante la ceremonia de firma y depósito de los instrumentos de ratificación o adhesión relacionados con tratados, que se celebró en Nueva York, la ONU instó a aquellos Estados Miembros que aún no han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres Protocolos Facultativos a hacerlo, ya que son acuerdos vitales para la protección de la infancia contra el abuso y el maltrato.

La Asamblea General recomendó en 1954 (resolución 836(IX) Documento PDF) que los países instituyeran el Día Universal del Niño, para fomentar la fraternidad entre todos ellos y promover su bienestar. El 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño Documento PDF en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Fuente: http://www.un.org/es/events/childrenday/

Matrimonios forzosos

Odisea Global/ Ollin Rafael

Marrakech es una bellísima ciudad al suroeste de Marruecos, al pie de la cordillera Atlas que se perfila 2,400 kilómetros por el norte de África desde Túnez hasta el océano atlántico. Según se cuenta, Perseo, mítico héroe griego, convirtió al Titán Atlas en piedra después de cortarle la cabeza a Medusa formando el gran macizo rocoso que sujeta al cielo y a la tierra. Han pasado ya siglos desde su fundación pero poco parece haber cambiado en la ciudad, sus edificios, sus alminares recortados en el horizonte parecen salir de otro tiempo. Los atardeceres son de color rojo intenso y las noches estrelladas debido a la sequedad del ambiente. Marrakech fue fundada hace casi mil años, en 1064, por Youssef Ibn Tachfin, el primer emir de la famosa dinastía de los almorávides que algunas décadas después conquistaría parte de la península Ibérica.

atlasEs aquí, en esta ciudad, donde debemos imaginar a una muchacha, una niña de 17 años que yace en el hospital con la cara desfigurada y llena de golpes, es el costo de su delito, un delito anclado en la antigua tradición, ser mujer. Tiempo atrás la niña fue violada por un joven; a él, como castigo (como lo establecía el artículo 495 del código penal marroquí, ahora modificado, aunque la costumbre se mantiene), lo obligaron a casarse con ella. Sin embargo, ella continuaba queriendo tener su propia vida y después de que su marido fuese condenado a una pena de seis meses de prisión, le pidió el divorcio, gran error, los códigos del “honor”, de la “hombría” y, otra vez, de la tradición, no lo permitieron, él la golpeo y después desfiguró su cara con un afilado cuchillo que probablemente inundó la noche con un brillo carmesí. El hombre, con el cuello inflamado y un calor que le quema el pecho, le asegura que ella no estará con nadie más.

El de esa niña no es un caso aislado, también podemos recordar un suceso similar hace dos años cuando una joven, también marroquí se suicidó con matarratas en la casa de los padres de quien la había violado y era su marido.

Según un informe de UNICEF, “Girls are not property”, presentado en Londres el julio pasado, más de 700 millones de mujeres en todo el mundo han sido obligadas a casarse aun siendo niñas. Adicionalmente, 250 millones fueron obligadas a casarse antes de los 15 años. En los países en desarrollo, más de 60 millones de mujeres de entre 20 y 24 años contrajeron matrimonio o vivían en pareja antes de haber cumplido 18 años. La mayoría de estos matrimonios ocurren en Asia, pero sobre todo en la India que concentra el 33{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}.

Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz por su lucha en la defensa de los derechos de las niñas y niños de todo el mundo, dijo que no deberían ser respetadas las tradiciones que fueran en contra de los derechos humanos. “Las niñas no son propiedad de nadie, tienen derecho a elegir su destino. Cuando lo hacen se beneficia todo el mundo”, dijo por su parte Anthony Lake, director de UNICEF, en la presentación del informe.

Para UNICEF, las causas principales del matrimonio infantil, son la desigualdad y la discriminación. Las familias pobres creen que las niñas son una carga económica por lo que casarlas puede ayudar a la familia y otros piensan que un matrimonio temprano protegerá a las niñas frente al peligro de sufrir agresiones sexuales. Por otra parte está el hecho de que casando a las niñas se asegura su docilidad y obediencia en el hogar del esposo y se maximiza su reproducción.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALas consecuencias de esto son terribles, las niñas abandonan la escuela limitando enormemente sus posibilidades de desarrollo, si se embarazan prematuramente su vida y su salud se pone en riesgo y dado que ya, en principio, están en un ambiente que las tiene en poca consideración, se exponen a la violencia y los malos tratos.

Para el director del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, “las soluciones deben ser locales, puestas en práctica con las comunidades, las familias y las propias niñas, con el objetivo de cambiar la visión y romper la cadena que perpetua tanto las escisiones como los matrimonios forzados”.

La tarde en Marrakech se inclina y las primeras estrellas, las más brillantes, comienzan a salir. El cielo yace despejado y limpio y si cierro los ojos un momento siento bajo mis pies el peso enorme de la historia. Puedo incluso imaginarme en lo más alto de un alminar, recorriendo toda la ciudad con la mirada, el ruido de las plazas y el mercado llega hasta mí como un susurro, veo a lo lejos el Atlas y casi puedo distinguir la figura del gigante, me pregunto cómo somos capaces producir tanta belleza y al mismo tiempo ejercemos una violencia tan terrible contra nuestros semejantes.

Actualización: el 21 de noviembre la Asamblea de la ONU aprobó una resolución en la que condena el matrimonio infantil y presentó medidas concretas para abordar el problema que afecta a 15 millones de niñas cada año en todo el mundo. Nota.

UN SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA INFANCIA, “UNA RESPUESTA A TODAS LUCES NECESARIA”: CARLOS MUÑOZ IZQUIERDO

Luis Alberto Barquera.
A la memoria de mi maestro Carlos Muñoz Izquierdo.

El 12 de octubre de 2011, luego de que el Congreso modificara el artículo 73 de la Constitución de la república para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de niños, niñas y adolescentes”, salimos de Zacatecas, donde las leyes de infancia son de “papel”, para impulsar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que finalmente se aprobó el 6 de noviembre de 2014.

Tres años y 27 días de lucha. Hoy, que me quedo frío y devastado ante la noticia de su muerte, no puedo dejar de mencionar especialmente a don Carlos Muñoz Izquierdo, como inspiración y respaldo de ODISEA, A.C., en este esfuerzo. Recordarlo es mi homenaje a su memoria.

En este tiempo ODISEA, A. C trabajó intensamente con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) que, junto con UNICEF, impulsó el debate y acercó la experiencia más relevante a los medios de comunicación, en particular a las Cámaras de Senadores y Diputados, sobre la importancia de que México, después de 25 de firmada la Convención de los Derechos del Niño, contara con un Sistema Integral de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes.

Literalmente escribimos centenas de textos, impulsamos decenas de foros y conferencias de prensa y realizamos innumerables reuniones de trabajo con organizaciones y aliados. En el camino logramos detener, en 2012, la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, una ley declarativa, “sin dientes”, similar a la iniciativa preferente que presentó el presidente Peña Nieto el 1 de septiembre, la cual desatendió todo ese acumulado de discusión y análisis, particularmente el ocurrido en el Senado durante estos tres años.

Sin embargo, precisamente el Senado, tuvo a bien abrir el debate para discutir la iniciativa preferente. Participamos UNICEF, junto con todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, la REDIM, y expertos y académicos, entre los que tuve el honor de que se me incluyera http://tinyurl.com/nc9dzc3. El debate fue de altura y permitió que se abundara en argumentos y detalles sobre el porqué la iniciativa preferente no asumía las obligaciones del Estado y carecía de efectividad para garantizar los derechos humanos de niños niñas y adolescentes.

La REDIM fijó cinco “irreductibles” http://tinyurl.com/lbm98lu para lograr una ley general de altura: Enfoque de derechos, Definición precisa de ámbitos y espacios de concurrencia, Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Participación de la sociedad civil y de niños, niñas y adolescentes y Presupuesto adecuado.

¿Qué logramos?

Logramos poner a la altura de la Constitución la iniciativa preferente del presidente Peña.

Esto significa un Sistema Nacional, así como Sistemas Estatales y Municipales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, presididos por el presidente de la república, gobernadores y presidentes municipales. Los congresos locales tendrán que armonizar sus leyes con la ley general, para dar lugar a un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en cada entidad y sus correspondientes sistemas municipales.

La Secretaría Ejecutiva de este sistema estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, la cual coordina el Sistema Nacional y se articula con las secretarías ejecutivas de los sistemas de las entidades federativas para realizar la política nacional de infancia e informar periódicamente sobre los avances en la materia.

Los diferentes sistemas estatales se coordinarán con base en un Programa Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El sistema en cada entidad tendrá una secretaría técnica que tendrá su cargo un sistema estatal de información y el mandato de coordinar el esfuerzo institucional en favor de la infancia.

La ley contempla la creación de la Procuraduría Federal de Protección, así como procuradurías estatales de protección, adscritas a los sistemas DIF, las cuales coordinarán la ejecución y darán seguimiento a las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No es una ley perfecta. En mi opinión queda pendiente la efectiva participación de la sociedad civil, así como garantizar la de niños, niñas y adolescentes. Aunque nosotros estamos entre los principales promotores de esta ley, sigue existiendo un temor irracional a nuestra participación porque ésta cuestiona las reglas actuales de un poder, que se basa en la exclusión de la sociedad y el monopolio en la definición de las políticas públicas. Ahora tenemos un espacio mayor para la incidencia, incluso si se intenta dejarnos fuera del Sistema.

Una debilidad importante está en las defensorías, que no son autónomas. Nos hubiera gustado un mayor compromiso con políticas de discriminación positiva en favor de niños indígenas, trabajadores, rurales y con discapacidad, pero ahora tendremos mayor espacio para llevar adelante nuestras propuestas porque estos temas son, precisamente, la materia del Programa Nacional y del Sistema, no hacer lo mismo de toda la vida.

Con todo, no podemos negar que la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, avalada por UNICEF, es un verdadero paso adelante que ofrece a México la oportunidad de avanzar en la garantía de los derechos de la infancia.
A partir de hoy hay menos espacio para que los gobiernos de los estados se escondan en “leyes de papel” y continúen implementando políticas públicas de forma irresponsablemente inercial. El Presidente de la república, los gobernadores y los presidentes municipales tendrán que rendir cuentas. Será más difícil funcionar cómo si los niños, niñas y adolescentes con mayores desventajas no existieran.

Recordemos que sólo 16% de los niños y las niñas de México, de acuerdo con UNICEF, ejercen todos sus derechos, como el de vivir en familia, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la participación o a la protección especial. Los gobiernos con leyes más atrasadas tienen la oportunidad de ponerse al día con la ley general, mientras que los más abiertos y progresistas en la materia, los que ya se comprometieron con iniciativas como “10 por la Infancia” y ya han hecho avances legislativos, como Coahuila, Jalisco e Hidalgo, potenciarán su esfuerzo.

Nuestro reto es la implementación, la armonización legislativa en cada estado de la república y mantener la capacidad de generar propuestas efectivas y de dar el debate, porque la agenda de la ley general debe elevar la capacidad del Estado de utilizar mejor el presupuesto y de generar bienes públicos para la infancia y eso es lo que tenemos que exigir. No queremos saber qué se dice que se hace, sino realmente lo que se hace, los derechos que se garantizan efectivamente, con indicadores precisos y con evaluación de por medio.

La REDIM, como se anota en sus irreductibles, propuso al CONEVAL “con el objetivo de establecer cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones y de obtener elementos para realizar recomendaciones” y eso ya está en la ley general. Ahora nuestra lucha será lograr que esas recomendaciones sean de carácter vinculante y tengan presupuesto. Ya dimos este importante paso contra las “leyes de papel”, y nos dimos un instrumento para dar la luchar por la agenda pendiente, como vivir libres de violencia y lograr inclusión y calidad educativa para todos y todas.

Guerrero, por ejemplo, debe ser de primera importancia para el Sistema Nacional. El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia lo ubica en el lugar 31 en garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes http://tinyurl.com/nm7abyx La salida a la violencia pasa por garantizar derechos de la infancia, porque la paz no es posible en las condiciones que viven miles de niños, niñas y adolescentes, así como sus familias, maestros y los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

El Sistema Nacional, y sus réplicas estatales y municipales, deben de servir para lo que el INEE ha señalado para el caso de la educación. Muchos de los problemas que causan la inequidad en este ámbito “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

También puede servir para entender lo que Don Carlos Muñoz, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, señala cuando dice que “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

El Sistema puede servir para reorganizar el Estado y la política educativa hacia los más pobres. Hay que hacer las cosas de otra manera, porque de becarios de Oportunidades están llenos Ayotzinapa y miles de localidades del país, sobre todo en las zonas rurales. Don Carlos Muñoz, precisamente el último día que nos vimos, me dijo que este programa es una “puerta giratoria” que favorece el ingreso, pero no impide que muchos estudiantes abandonen prematuramente la escuela o salgan de ella sin las competencias para participar en la sociedad del conocimiento. “Necesitamos fortalecer la escuela y garantizar los derechos de los niños con mayores desventajas porque de otra manera la desigualdad permanece y el Sistema de garantía que propones es una respuesta a todas luces necesaria. Así entiendo la Segunda Oportunidad para los niños fuera de la escuela que propone ODISEA en Zacatecas”.

El mensaje de don Carlos es que no habrá avances significativos mientras los apoyos sociales y pedagógicos estén disociados. La tarea del Sistema es asociar lo disociado en este y otros temas, fortalecer a los titulares de derechos y establecer claramente las obligaciones de los titulares de deberes.

Me quedo con el aliento, la generosidad y el ejemplo de Don Carlos. El logro de haber sacado esta ley general, en lo que toca a nosotros, se lo dedico a él porque siempre nos apoyó con su consejo, con su nombre, y porque siempre pensó que lo conseguiríamos. Ya platicaré en otro espacio de su colaboración con nosotros.

En lo que toca propiamente a este proceso destaca cómo debe trabajar el sector más progresista y educado de la sociedad civil con el legislativo (principalmente con argumentos legales y técnicos), el mismo que después votó en contra de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Nadie tiene el monopolio de la democracia.

Dimos un paso importante, en el mar de pendientes en materia de derechos humanos que tenemos. En este sentido también hay que decir que la gran amenaza para el Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es la falta de estado de derecho y que los titulares de deberes, los funcionarios, trabajen como si lo primordial no fuera el respeto y garantía de los derechos humanos. Tampoco puede funcionar sin una sociedad fuerte que impulse el cambio y sin ejemplos como el de Don Carlos Muñoz Izquierdo, que comprometió su vida con el señalamiento de que mientras no reconozcamos que la pobreza y las desigualdades educativas van de la mano, no podremos tener un México ni justo, ni en paz.

@LuisBarquera

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