Tag Archives: unicef

Pobreza infantil en Estados Unidos

Odisea Global/ Ollin Rafael
Es un niño como cualquier otro, observa con ojos curiosos y una media sonrisa que ilumina su rostro, parece tímido y a pesar de que cuando habla le sale un hilillo de voz tiene claro qué quiere hacer en la vida, quiere dedicarse al blues. Esta idea puede sonar increíble, pero no lo es tanto porque, llamémosle Mike, nació en Misisipi, la cuna musical de este triste género. Lamentablemente las oportunidades que tendrá Mike para lograr su objetivo serán pocas pues no solo vive en uno de los estados con raíces musicales más importantes del país sino también en uno de los más pobres. Estadísticas estatales calculan que en Misisipi el 24{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la población está bajo el umbral de la pobreza pero el 35{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de niños y niñas, lo que supera con creces la media nacional que tampoco es muy halagüeña dado que Estados Unidos se encuentra en los últimos lugares entre los países más desarrollados del mundo en cuanto a pobreza infantil. El 23.1{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de sus niños viven en esta situación, un lugar del que es difícil salir más si se tiene en cuenta que el país norteamericano no cuenta con un sistema de protección social tan avanzado como el que aún tienen la mayoría de países europeos. “Si eres un niño pobre y especialmente si eres un niño negro pobre, vas a estar rodeado por la gente de tu misma condición: de la misma raza y de la misma realidad socioeconómica. Tenemos una concentración extrema de la pobreza”, comenta el director del William Winter Institut, una ONG que trabaja por la “reconciliación racial” como ellos mismos dicen.

Según el informe de UNICEF, “Bienestar infantil en los países ricos”, Estados Unidos es el cuarto país con niveles más altos de pobreza infantil, solo superado por Lituania, Letonia y Rumania. La medición se hace teniendo en cuenta el rendimiento de cada país en relación con el promedio de los 29 países desarrollados sometidos al estudio y considerando dos factores primordiales: la privación monetaria y la privación material.

1Tabla del panorama del bienestar material infantil. 
Fuente: UNICEF

El estudio de UNICEF también muestra como siete países europeos (España, Grecia, Italia, Portugal, Letonia, Lituania y Rumanía) y Estados Unidos tienen una tasa mayor al 15{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de niños y niñas de entre 0 y 17 años que viven en familias con ingresos equivalentes inferiores al 50{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de la media nacional. Aunque para poder ver la profundidad de esta pobreza UNICEF establece otra marca, la de la “brecha de pobreza infantil”, que mide la distancia que hay entre la línea de pobreza y los ingresos medios de las personas por debajo de esa línea. Así se puede ver que seis países caen hasta el tercio inferior: España, Estados Unidos, Italia, Letonia, Lituania y Rumanía.

 2
Tabla de brechas de pobreza infantil
Fuente: UNICEF

Esto significa que en países como España y Estados Unidos en los que el 20{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los niños y niñas están debajo de la línea de pobreza relativa, caen casi un 40{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} por debajo de esa marca y lo peor es que la brecha ha aumentado en los últimos años un 30{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} en promedio en Bulgaria, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, Japón, Lituania y Rumanía, lo que presenta un panorama cada vez más negro para los niños y niñas en los países desarrollados que además tendrían los recursos para paliar esta terrible situación.

A partir del estudio “Hunger in America” realizado por Feeding America, Alimentando a América, una organización no gubernamental que se encarga de la gestión de diversos bancos de comida, se sabe que cada año 45.5 millones de personas acuden a los servicios de los bancos de alimentos, entre ellos 12 millones de niños y niñas y 7 millones de ancianos. Según la organización, el 34{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de estas personas tienen que decidir si usar el transporte público para ir a la escuela o comprar alimentos, el 31{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} si pagar por atención médica o comida y el 27{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} si alimentar a su familia o pagar el alquiler del mes. Dos de los niños que acuden a este servicio, hermanos, viven en un motel, su madre trabajaba en una fábrica pero tras perder el empleo tuvo que recurrir a las ayudas del Estado compuestas por una pequeña subvención y cupones para la compra que en total alcanzan cerca de 1,400 dólares, y no parece poco pero lamentablemente ni siquiera con esta ayuda pudieron quedarse en casa pues el alquiler ascendía hasta los 1,300 dólares. Es por eso que ahora viven en un motel que se aleja mucho a lo que uno se podría imaginar como un hogar, gente que viene y va, algunos por horas, una habitación pequeña, sin cocina, un baño mínimo.

map
Tasas de inseguridad alimentaria infantil en Estados Unidos
Fuente: Feeding America

Si revisamos las tasas de mortalidad que muestra el estudio de UNICEF, la cuestión no mejora para Estados Unidos que es el cuarto país por la cola en número de niños y niñas que mueren antes de los 12 meses, solo superado por Eslovaquia, Letonia y Rumanía. Los cuatro países tienen tasas de mortalidad infantil superiores a 6 niños por cada mil nacimientos.

Viendo las tasas de bajo peso al nacer (niños que pesan menos de 2.5 kg), Estados Unidos sigue estando al final de la clasificación acompañado de Grecia, Hungría y Portugal en donde la tasa supera el 8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los niños pesados al nacer.

En cuanto a la educación, el informe de UNICEF llama este apartado Bienestar educativo infantil, considerando las tasas de participación y los niveles de logros educativos, se puede ver que el bienestar educativo más elevado se encuentra en Alemania, Bélgica, Finlandia y los Países Bajos y que en cambio España, Estados Unidos, Grecia y Rumanía muestran los niveles más bajos. Es increíble que siete de los países más ricos de la OCDE estén en los últimos lugares de la clasificación de educación superior, es decir, con un bajo porcentaje de jóvenes entre los 15 y los 19 años que están matriculados en escuelas o institutos, estos son Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido.

Por otra parte también están los jóvenes entre 15 y 17 años que no estudian ni trabajan. A la cabeza de la clasificación, están España, Italia e Irlanda.

Los dos hermanos del motel quieren volver a la escuela pero por ahora no han podido inscribirse pues no saben ni siquiera donde van a vivir el siguiente mes. Mike por su parte sabe que tiene que alejarse de las calles porque en su barrio abundan las bandas y las drogas, quedarse en casa y hacer todo lo posible para conseguir su sueño porque no lo tiene nada fácil.

REDIM llama a la aprobación inmediata de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM hace un llamado urgente a la Cámara de Diputados para que continúe el gran trabajo que realizó el Senado de la República al avanzar hacia la creación del Sistema Nacional Protección Integral, reflejado en el proyecto de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que les fue enviado el pasado 30 de septiembre.

Llamamos a la aprobación inmediata de esta Ley General y a que se mantenga en ella el principio de laicidad y garantía de los derechos de la infancia a los que está obligado el Estado mexicano.

Invitamos a la Cámara de Diputados a evitar que la discusión de la Ley General entre al juego político electoral que pretenden provocar grupos de presión conservadores y que ocasionaría regresiones en el marco de derechos de la infancia.

Exhortamos a establecer una ruta de trabajo para armonizar las leyes que ameriten discusión en los próximos períodos legislativos. Consideramos que en este momento es prioritario enfocar los esfuerzos, de tal manera que se etiquete y garantice el máximo de recursos disponibles en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 a fin de implementar el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Esto permitirá al Estado mexicano afrontar el gran rezago que tiene en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989).

Con este fin, nos dirigimos al Dip. Silvano Aureoles Conejo (PRD), Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) Presidente de la Junta de Coordinación Política y a la y los Diputados que integran esta Junta: José Isabel Trejo Reyes (PAN), Ricardo Monreal Ávila (MC), Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), Arturo Escobar y Vega (PVEM), Alberto Anaya Gutiérrez (PT) y a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco (Alianza) para recordarles que las y los diputados tienen en sus manos una decisión que puede cambiar la vida de millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos.

Recordamos que el pasado 16 de octubre hicimos entrega a la Cámara de Diputados de más de 13 mil firmas de líderes de opinión, ciudadanas y ciudadanos a través de las cuales se pide la creación de este Sistema Nacional que significaría un paso más para pagar la deuda histórica que el Estado tiene con la niñez y la adolescencia en nuestro país.

Atentamente
Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo / Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM
@juanmartinmx
@derechoinfancia

Mineritos

Odisea Global/ Ollin Rafael

En un laberinto asfixiante de oscuros túneles que se adentran varios de kilómetros en el interior de la montaña, decenas de niños y niñas trabajan día y noche para extraer el metal que vuelve ricos a otros. Durante 500 de años las minas de Potosí en Bolivia han estado en funcionamiento pero la región sigue siendo un espanto de pobreza. Cada tarde a los mineros se les ve salir como hormigas, sin voz, apenas un susurro, con la cara tiznada en donde apenas se ven brillar unos pequeños ojos negros inyectados en sangre, no hay muecas, ni aspavientos, solo agotamiento. Algunas de esas caras son de niños pero no lo parecen. Bajan el camino con las espaldas encorvadas llenas de cansancio y de tiempo, las manos negras y vacías. Arrastran los pies cuesta abajo y se pierden poco a poco entre calles de dudoso asfalto y casas de hojalata. Es casi de noche y las sombras bajitas van desapareciendo en la sombra aún mayor de la pobreza.

Sergio tiene 14 años y va en primero de secundaria, cada mañana se levanta temprano para hacer la tarea, después desayuna y se pone el uniforme, va contento a la escuela aunque está cansado, la noche anterior salió de la mina a las 12 de la noche y sabe que por la tarde, después de comer, tendrá que volver. No le gusta trabajar ahí, tiene miedo de que le pase algo, pero sabe que su familia necesita el poco dinero que recibe cada semana.

Aunque la minería lleva mucho tiempo practicándose en Bolivia, la participación de los niños y las niñas no era tan frecuente, pero en los años 80s hubo un cambio estructural originado por la crisis internacional del estaño (1985) que ocasionó el cierre de la mayoría de las minas estatales, este hecho provocó que 30 mil personas se quedaran sin trabajo y tuvieran que buscar empleo en la pequeña minería artesanal, en la minería cooperativista o en procesamiento de residuos mineros. Esto precarizó mucho las condiciones de trabajo, empeoró la seguridad y la protección de los obreros además de que disminuyó drásticamente sus salarios, es así que las familias tuvieron que comenzar a emplear a todos sus miembros, la minería incorporó a los niños, las niñas y los adolescentes.

Según el Censo Nacional del 2001 de Bolivia, de un millón y medio de niños y niñas que hay en el país, 114 mil son trabajadores, de ellos hay 62 mil niños y adolescentes y 52 mil niñas y adolescentes. De esos niños y niñas trabajadores 3,800 están en las minas, una de las peores formas de trabajo según la OIT. Es decir, de las poco más de 38 mil personas que trabajan en la minería, el 10% son niños y niñas. Los niños menores de 12 años trabajan en especie, a cambio de una parte de la carga que logran extraer mientras que los adolescentes ganan por lo general 200 bolívares al mes, bastante menos de lo que obtiene un minero adulto. La situación no solo es grave, también es triste. En el mundo trabajan más de un millón de niños y niñas entre los 5 y los 17 años en pequeñas minas y canteras pero América Latina concentra casi una tercera parte del total, sobre todo Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Muchos de estos niños y niñas terminan con graves daños en la salud, la esperanza de vida es de 40 años, debido a la silicosis, el llamado Mal de mina producido por la inhalación de partículas de sílice y polvo que se van asentando en los pulmones hasta ocasionar insuficiencias cardiacas y respiratorias y posteriormente la muerte, otros tantos no tienen esa suerte y mueren en los frecuentes accidentes mineros.

El trabajo es peligroso, los niños y los adultos están expuestos a la inhalación de gases tóxicos, derrumbes, explosiones. Según un informe conjunto de UNICEF Y la Organización Internacional del Trabajo (http://www.unicef.org/bolivia/bo_resources_buscandolaluz.pdf), “el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la minería viola sus derechos. Varios convenios internacionales y leyes nacionales están destinados, precisamente, a proteger la vigencia de esos derechos. Su conocimiento, divulgación y aplicación son imprescindibles para comenzar a revertir el problema”.

La Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado boliviano en 1990 a través de la Ley 1152) define como niño a “todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad” y como tal tiene derecho “a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. Un trabajo justamente como la minería. Asimismo, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, que fue adoptado en 1999 y ratificado por el Estado boliviano en junio de 2003, establece una categoría genérica, denominada Trabajo Infantil Peligroso (TIP), que lo define como “el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”. Según el acuerdo, el Estado, una vez identificado este tipo de actividad, debe adoptar las medidas pertinentes para su erradicación, cosa que no sucede en Bolivia ni en muchos otros países y que constituye una violación fragante de la ley.

En el informe conjunto también se identifica la legislación nacional que se está incumpliendo en Bolivia. El Código del Niño, Niña y Adolescente que entró en vigor el año 2000 y que es la referencia legal para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes instituye en su artículo 126 que la edad mínima para trabajar son los 14 años. También establece la prohibición de ciertas actividades laborales como los trabajos peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad de los adolescentes como la minería. Por su parte la Ley General del Trabajo en su artículo 58 del código penal boliviano establece que está prohibido “el trabajo de menores de 14 años, salvo en el caso de los aprendices” y el artículo 59 prohíbe el trabajo de niños en labores peligrosas.

Daniel tiene 15 años, empezó a trabajar desde los siete, dormía en los ingenios. A los ocho comenzó a moler mineral y poco después entró a la mina para ayudar a perforar a sus hermanos y aunque sabe que es muy peligroso necesita el dinero para pagar sus estudios. Le tiene miedo al Mal de mina pues conoce a muchos que lo sufren.

La noche ya es profunda en Potosí pero aún siguen saliendo sombras de la mina, no parecen hombres ni niños ni mujeres, apenas oscuros fantasmas con cascos negros que arrastrando los pies desaparecen cuesta abajo. Hoy el cielo es estrellado y me imagino el terrible contraste entre la noche dentro de la montaña y está al aire libre, me pregunto si aún les quedaran fuerzas para admirar la luna pero la respuesta me la da el silencio: solo quedan fuerzas para olvidar. A ellas, a las mineritas, aún les queda otra lucha, sobrevivir en un mundo de hombres y de alcohol, pero esa es otra historia que se cuenta con dinamita.

Este año un corto documental de Raúl de la Fuente sobre las mineritas en Potosí ganó el Goya al mejor cortometraje. Está es su lucha.

https://www.youtube.com/watch?v=DBWa0dqultE

CONAGO se suma a iniciativa “10 por la infancia ” de UNICEF para cumplir con los derechos de la niñez

México, D.F. 10 de octubre, 2014.

En el marco de la XLVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se llevó a cabo este viernes en el estado de Aguascalientes, se aprobó por unanimidad la adhesión a la iniciativa “10 por la infancia” promovida por UNICEF, su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).

Gabino Cué Monteagudo en su carácter de Coordinador de la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la CONAGO propuso a los mandatarios estatales del país y al Gobierno Federal adherirse a esta iniciativa, que reafirma el compromiso del Estado Mexicano con la niñez y da un decidido impulso a privilegiar en la agenda nacional, los derechos de la infancia y adolescencia. El punto de acuerdo unánime fue presentado oficialmente en la reunión plenaria en la que participan todos los gobernadores, el Jefe de Gobierno del D.F, el Secretario de Gobernación y el Presidente de la República.

Isabel Crowley, Representante de UNICEF en México expresó ante los Gobernadores que la adhesión de la CONAGO a “10 por la infancia” representa un pilar fundamental en el compromiso por la niñez de México, y que con políticas integrales y la inversión necesaria, el país tendrá las condiciones indispensables para garantizar que los 40 millones de niños, niñas y adolescentes sean desde ahora mismo los ciudadanos y ciudadanas que el país necesita. “Ya que serán en tan sólo unos pocos años, los impulsores y líderes, que innoven y definan el mejor rumbo del país”, señaló Crowley.

Acerca de “10 por la infancia”: “10 por la Infancia” es una agenda de 10 medidas estratégicas que busca impulsar una base sólida para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país, a través de acciones puntuales que incluyen que cada estado fortalezca leyes, políticas, programas y acciones que permitan alcanzar resultados que se traduzcan en una mejora sustantiva de las condiciones de vida de todos los niños, niñas y adolescentes en México.

Los 10 puntos por la infancia:

1. Crear un Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

2. Prevenir, atender y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

3. Garantizar que el 100% de los bebés recién nacidos tengan su acta de nacimiento antes de cumplir un año.

4. Fortalecer los sistemas locales de justicia para adolescentes.

5. Contar con leyes en materia de prestación de servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

6. Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna (RMM) y disminuir a la mitad el número de embarazos en adolescentes de 12 a 17 años.

7. Reducir en 20% la tasa de mortalidad infantil (TMI) y de menores de 5 años (TM<5) particularmente en los estados en donde se concentra el mayor número de muertes.

8. Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de vida saludable entre los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo la lactancia materna.

9. Establecer una estrategia de inclusión educativa a nivel federal, estatal y municipal que incorpore en la escuela a todos los niños y niñas y garantice su permanencia.

10. Reducir en 50% la tasa de deserción escolar y la inasistencia en la educación media superior.

Para mayor información sobre esta iniciativa:
http://www.unicef.org/mexico/spanish/10xinfancia_Web.pdf

Bajo el Estado Islámico no hay derechos para los niños y las niñas

Odisea/Ollin Rafael

Es muy difícil saber lo que está sucediendo en los territorios ocupados por el Estado Islámico aunque se puede intuir que no es nada bueno. Otro frente más abierto en el Medio Oriente en donde la situación ya es insostenible. A veces las interpretaciones más obcecadas de la religión tienden a volverse radicales y a dañar a los más débiles. El Estado Islámico está imponiendo un imperio de terror en los territorios que se encuentran bajo su dominio, sobre todo Siria e Irak en donde se calcula que ya hay 2 millones de desplazados por la violencia y de los cuales 400 mil son niños y niñas, y no solo es la imposición de las visiones más radicales de la ley islámica, la sahría, sino la total ceguera con que la aplican, obviamente los derechos humanos son inexistentes. El 5 de agosto 40 niños y niñas de la minoría Yazidi murieron como consecuencia directa de esa violencia. “Los niños son especialmente vulnerables, y también son los más afectados por la violencia continua, el desplazamiento y los enfrentamientos en Irak”, dice UNICEF en un comunicado en el que también “reitera su llamamiento urgente para que todos los niños sean protegidos y puedan recibir de manera inmediata la ayuda que necesitan para salvar sus vidas.”
Hay información, según Leila Zerrougui, la representante especial del secretario general de la ONU para los niños y los conflictos armados, de que los niños están siendo reclutados para combatir con el EI, se encargan de transportar armas, hacer guardia, arrestar civiles, pero lo peor son los niños que “han sido usados como atacantes suicidas”, añadió.
Por su parte el presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria, Paulo Sergio Pinheiro, dijo esta misma semana que ”los niños (sirios) son obligados a presenciar ejecuciones y posteriormente a caminar en medio de los cuerpos crucificados en las plazas (…) El adoctrinamiento de los niños es una prioridad para el Estado Islámico” y la “inacción (del consejo de seguridad de la ONU) les ha permitido a las fuerzas beligerantes actuar impunemente y ha atizado aún más la violencia que está destruyendo a Siria”. “El EI es el que más provecho saca de esta situación”, se quejó el brasileño. “Ya no confío en que la enumeración de los miles de muertos y desplazados sea motivo para que ustedes actúen”, concluyó amargamente. La estrategia seguida por el EI en Siria, según la ONU, es la misma que está siendo llevada a cabo en Irak, en donde se calcula que desde el inicio del conflicto al menos 700 niños y niñas han muerto o sufrido mutilaciones.
No se pierdan el siguiente video de The Syrian Campaign una acción lanzada en Reino Unido para intentar que los líderes mundiales se pongan de acuerdo para poner fin al sangrante conflicto.

Observatorio de los derechos de la infancia: nños y niñas indígenas. En el marco de la Conferencia Mundial sobre pueblos indígenas

Observatorio de los Derechos de la Infancia: niños y niñas indígenas.

La semana pasada se realizó en la ONU la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, un encuentro que pretendía tener como fruto un texto en donde se establecieran las obligaciones de los Estados para el reconocimiento los derechos de los Pueblos Indígenas. El resultado de la conferencia fue el “Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas” (ver documento completo). Lamentablemente el texto sólo refleja las buenas intenciones de los Estados pero no establece herramientas que los obligue a nada. Y esto es un gran fracaso porque el rezago en la garantía de los derechos para los Pueblos Indígenas es enorme, en particular de niños, niñas y adolescentes. En México, la desigualdad ligada al no cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas es gravísima. En Odisea A.C. hemos investigado a fondo este fenómeno, particularmente en lo que tiene que ver con la infancia, fruto de lo cual ha surgido un panorama bastante esclarecedor. En nuestro Observatorio por los Derechos de la Infancia presentamos esta infografía.

Para descargar el Observatorio en PDF: aquí.

La violencia contra los niños y las niñas sigue siendo un gran problema

Odisea Global/Ollin Rafael

El lago Kivu es uno de los más grandes y hermosos lagos de África, hace descender sus aguas a través del río Ruzizi, un serpenteante cuerpo de agua que discurre entre la selva hasta el lago Tanganica. Pero el lago Kivu no debe su fama a su belleza sino a que tristemente en sus aguas descansan muchas de las víctimas del genocidio ruandés. En su orilla sudoeste se encuentra la ciudad de Bukavu una localidad de 250 mil habitantes, capital de un territorio en el que entre enero y agosto del 2014, 40 niñas de entre 2 y 15 años de edad fueron víctimas de la violencia sexual. En su pueblo, Bughore, las niñas son raptadas y violadas para después ser abandonadas por sus secuestradores. Un breve capítulo más de la violencia que sufren las mujeres en la RDC.

2010_11_24_PHOTO-0097eeb90e9e96ba9cd53088c38cb1ef-1290604853-71Según la ONU, la República Democrática del Congo es uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y las niñas; Médicos sin Fronteras atendió, solamente en el 2011, a más de 6 mil víctimas de violencia sexual, mientras que la revista científica American Journal of Public Health, calcula que 400,000 mujeres, de entre 15 y 49 años, fueron violadas durante un período de 12 meses entre 2006 y 2007 en el país.

Allí trabaja Caddy Adzuba, una periodista a la que se le acaba de otorgar el Premio Príncipe de Asturias de la concordia por darle la voz a quienes no la tienen. A pesar de que ha vivido la guerra y sus abusos en primera persona está decidida a defender los derechos de aquellos que no pueden. Además de ser periodista, Caddy, es miembro de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este del Congo que ha hecho alegaciones a la Corte Penal Internacional y al Senado de EUA por los continuos ataques a la población civil por parte de grupos armados; uno de sus hermanos y un compañero fueron asesinados por “meterse en donde no debían”. Sin embargo ella no pierde del todo su sonrisa, tal vez sabe que es necesaria para iluminar un mundo cada vez más oscuro. Su sonrisa funciona como un arma destinada a decirle a los violentos que mientras la vida siga adelante ella no se va a rendir, también les da fuerzas a las víctimas que necesitan de todo el valor para seguir su camino, para decir basta, para denunciar la injusticia que ha hecho presa de ellas.
La violencia contra las mujeres, dice Caddy, “supera cualquier límite de la imaginación, el cuerpo de la mujer se ha convertido en un campo de batalla, es un arma de destrucción masiva”, cuenta la historia de una niña a la que violaron y después le arrancaron los ojos para que nos pudiese identificar a sus agresores, “esto ocurre a diario en Congo, pero permanece en silencio”.
El 4 de septiembre de este año, UNICEF decía que según nuevos datos recopilados en el informe “Ocultos a plena luz” hay aún una grave prevalencia de la violencia contra los niños y las niñas. “La mayor compilación de datos realizada jamás sobre la violencia contra los niños muestra el alcance impactante del abuso físico, sexual y emocional que sufren, y revela las actitudes que perpetúan y justifican la violencia, manteniéndola “oculta a plena luz” en todos los países y comunidades del mundo.”, explicó la organización en un comunicado.
Las principales conclusiones del Informe son:
• Violencia sexual: Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo (alrededor de 1 de cada 10) han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados, y 1 de cada 3 niñas adolescentes de 15 a 19 años que estuvieron alguna vez casadas (84 millones) ha sido víctima de violencia emocional, física o sexual por parte del esposo o compañero. La prevalencia de la violencia por parte de la pareja es del 70{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} o superior en la República Democrática del Congo y Guinea Ecuatorial, y se acerca al 50{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, o lo supera, en Uganda, la República Unida de Tanzania y Zimbabwe. En Suiza, un estudio nacional de niñas y niños de 15 a 17 años realizado en 2009 encontró que el 22{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} y el 8{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae}, respectivamente, habían sufrido al menos un incidente de violencia sexual con contacto físico. La forma más común de violencia sexual para ambos sexos fue la victimización a través de Internet.

• Homicidio: Una quinta parte de las víctimas de homicidio en todo el mundo son niños y adolescentes menores de 20 años, lo que representó cerca de 95,000 muertes en 2012. El homicidio es la primera causa de muerte entre los hombres de 10 a 19 años en Panamá, Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago, Brasil, Guatemala y Colombia. En Nigeria se produce el mayor número de homicidios infantiles, 13,000. Entre los países de Europa Occidental y América del Norte, la tasa más alta de homicidio se produce en los Estados Unidos.

• Intimidación: Algo más de 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 años en todo el mundo sufren actos de intimidación sistemática en la escuela; en Samoa, la proporción es de casi 3 de cada 4. Casi una tercera parte de los estudiantes de 11 a 15 años de Europa y América del Norte dijeron que habían intimidado a otros: en Letonia y Rumania, casi 6 de cada 10 admitieron haber intimidado a otros compañeros.

• Disciplina violenta: Alrededor de un 17{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los niños de 58 países están sujetos a formas graves de castigo físico (golpes en la cabeza, las orejas o la cara o golpes duros y repetidos). Más del 40{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} de los niños de 2 a 14 años sufre castigos físicos graves en el Chad, Egipto y Yemen. A escala mundial, 3 de cada 10 adultos creen que el castigo físico es necesario para criar bien a los niños. En Swazilandia, el 82{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} dijo que el castigo físico era necesario.

• Actitudes hacia la violencia: Cerca de la mitad de todas las adolescentes de 15 a 19 años (alrededor de 126 millones) creen que está justificado que un marido golpee a su esposa en determinadas circunstancias. La proporción se eleva al 80{f985fdf11b6d79d408bfcbbd084de38491dd64619d507064abcb442c24c22aae} o más en el Afganistán, Guinea, Jordania, Mali y Timor-Leste. En 28 de 60 países con datos para ambos sexos, una mayor proporción de niñas que de niños creen que golpear a una mujer está a veces justificado. En Camboya, Mongolia, Pakistán, Rwanda y Senegal, hay el doble de posibilidades de que las niñas crean que a veces está justificado que el marido golpee a su esposa, en comparación con los niños. Datos de 30 países sugieren que alrededor de 7 de cada 10 niñas de 15 a 19 años que han sido víctimas de abuso físico y/o sexual nunca han buscado ayuda: muchas dijeron que no pensaban que se tratara de maltrato o no lo consideraban un problema.
Las aguas del rio Rizizi se vierten en el lago Tanganica y se vuelven parte de la masa de agua dulce más grande del mundo, el sol se pierde poco a poco en su interior dejando brillos rojizos que se agitan como negándose a dar paso a la noche pero la noche se impone haciendo surgir un manto impresionante de estrellas. El tiempo sigue su curso y ya no se detiene. Ojalá la sutil belleza del universo ocupe su lugar en la casa de los hombres y las mujeres.

la-capital-de-burundi-lago-tanganica

Presentación de Luis Alberto Barquera sobre la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia en las Comisiones Unidas del Senado de la República. 10 de septiembre, 2014.

Estimados senadores y senadoras.

Amigos y amigas.

Buenas tardes.

Antes que nada, quiero decir que aprecio mucho la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara para estar aquí y compartir mis puntos de vista sobre la iniciativa preferente del presidente Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia. Muchas gracias.

Estoy aquí porque creo en el debate y que de la discusión pública es necesaria para mejorar las leyes y mejorar la política pública que afecta a niños, niñas y adolescentes.
Con esta convicción y buen ánimo expondré que tenemos en la Constitución, en los artículos 1º. 4º y 73º, la orientación necesaria para mejorarla.

Luego ofreceré algunos ejemplos de la problemática a la que tendría que obedecer una ley general.

Y finalmente presentaré algunas conclusiones.

EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS: TAMBIÉN IMPLICA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La reforma al artículo 1º constitucional abrió una nueva etapa en la vida política de México, en la medida en que se reconoce una simetría central para la vida democrática: existen titulares de derechos, que somos los ciudadanos, y obligaciones de los titulares de deberes, que corresponden al Estado y sus funcionarios o autoridades, de acuerdo con una normativa global.

El párrafo segundo señala que los derechos deben interpretarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales (este es el llamado bloque de constitucionalidad, del que forma parte, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño), de forma tal que el ciudadano goce de la protección más amplia posible (principio pro personae).

En el párrafo tercero se apunta que las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto es responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo que establezca la ley, prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Con la reforma al párrafo quinto queda prohibida toda forma de discriminación que “atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Perdón por hacer este recuento, pero es necesario.

Ahora son los derechos fundamentales de las personas lo que da sustento a la legitimidad del estado y cobra carta de ciudadanía la idea de que el nivel de garantía de los derechos es lo que hace a una sociedad merecedora del calificativo de civilizada y democrática.

Con el establecimiento de la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los derechos, la posibilidad de acogernos al derecho internacional y la prohibición expresa de la discriminación, aparece como antídoto contra la simulación, la letra muerta y los derechos de papel, porque el parámetro para medirnos como sociedad es la efectiva garantía de los derechos.

En términos prácticos, como señalan Salazar y Carbonell (2012), “lo que importa es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones. Cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas; entonces, el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto por las autoridades como por los particulares, la realidad será autoritaria, inequitativa, opresora.”

Este es nuestro punto de partida para establecer la calidad de la iniciativa preferente que el presidente Peña nos propone.

A este esquema tendría que acogerse en su formulación la iniciativa del presidente de la república, pero no es así.

La iniciativa del presidente Peña, en la medida en que privilegia una lógica declarativa desdibuja las obligaciones que el Estado mexicano tiene para con los niños, niñas y adolescentes de México, de acuerdo con el artículo 1º constitucional.

También en esa medida deja en un segundo plano la efectividad, cosa a fin de cuentas es lo que hace real en la práctica el constitucionalismo de los derechos.

No hay un diagnóstico, en el que se determine “cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones” al que se ajuste la propuesta de ley, junto con responsabilidades claramente establecidas.

Aunque mencione abundantemente los instrumentos internacionales que nuestro país ha firmado, no genera las condiciones necesarias para lograr efectividad en el ejercicio de los derechos.

En pocas palabras, pensamos que falta compromiso para garantizar los derechos, de los niños, las niñas y los adolescentes.

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: SUPERAR UNA VISIÓN ASISTENCIALISTA Y CONSTRUIR UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

El artículo 4º constitucional señala que “EN TODAS LAS DECISIONES Y ACTUACIONES DEL ESTADO SE VELARA Y CUMPLIRA CON EL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ, GARANTIZANDO DE MANERA PLENA SUS DERECHOS. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TIENEN DERECHO A LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES DE ALIMENTACION, SALUD, EDUCACION Y SANO ESPARCIMIENTO PARA SU DESARROLLO INTEGRAL. ESTE PRINCIPIO DEBERA GUIAR EL DISEÑO, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ.

La falta de compromiso con los derechos se subraya con el hecho de que la iniciativa no privilegia el interés superior del niño al dar la espalda a la posibilidad de ser una verdadera “guía” para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia.

La impresión que queda es que el propósito de la oficina de la presidencia, además de mantenerse en la lógica de enunciar o declarar derechos, es mantener el marco institucional actual, en particular, sostener un enfoque de política claramente asistencialista y no tocar al DIF, en lugar de aprovechar la oportunidad de repensarlo y relanzarlo y en lugar de privilegiar “el interés superior del niño”.

La concepción de los centros de asistencia social y la atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados, es un buen ejemplo de esta visión asistencialista.

Durante estos años el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución fundada 1977 durante la administración del presidente José López Portillo, se transformó, más en el discurso que en la práctica, en cuanto a la dirección y operación que marcan los instrumentos firmados por México.

No queremos una ley general que sólo signifique, en realidad, una permanencia conceptual, política e institucional anclada en lo que ya tenemos y que comprobadamente es insuficiente.

Los niños y niñas de México no requieren dádivas, ni un trato de “menorcitos”, sino una política de infancia que reconozca su interés superior y los asuma de una vez por todas como sujetos de derechos.

REORDENAR LA POLÍTICA DE INFANCIA

La iniciativa preferente está lejos del espíritu y el mandato del artículo 73º, así como del dictamen que le dio origen: definir la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal y los municipios, y superar la desarticulación y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referidos a la niñez en los distintos ámbitos.

La Ley General de Educación es un buen ejemplo de lo que quiero decir. En su artículo 12 señala con toda claridad que “corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal” establecer para toda la república “los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.” En el artículo 13, se definen las “competencias” que “corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.”

No existe ningún párrafo similar a los anteriores en la iniciativa preferente. Lo mejor que se pensó en esa oficina de la presidencia fue repetir incansablemente la maravillosa frase “en el ámbito de sus respectivas competencias”, aunque nunca se hubieran definido, y afianzar la permanencia de falta de armonización y de “dientes” en las leyes de los estados.

El hecho es que los derechos enunciados en la ley del 2000, y en todas las leyes de infancia promulgadas en los estados, no se han reflejado en una nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado de garantizar la efectividad de todos los derechos para todos los niños y niñas de México.

¿La iniciativa del presidente Peña nos va a ayudar a superar el déficit de la institucionalidad actual, el desorden en la política de infancia y adolescencia y a orientar una armonización legislativa acorde con la garantía efectiva de los derechos en las leyes locales?

Una mala ley general, sólo reproducirá el atraso legislativo. Los estados de la república no van a mejorar si no hay una ley general que los obligue a transformar sus legislaciones de infancia para garantizar coordinación y cumplimiento de objetivos precisos.

En la medida en que la indefinición de competencias permanece, no se alcanza el objetivo que dio lugar a la reforma constitucional al 73o, de acuerdo con el dictamen que les dio origen: “el establecimiento de una política integral en materia de derechos de la niñez que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano para velar por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte.”

De acuerdo con el informe “Sistemas nacionales de protección integral de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y Caribe”, requerimos un sistema de protección fundamentado en una ley que defina una instancia con autoridad y competencias suficientes “que incluyan la capacidad de coordinar efectivamente el sistema de protección integral, así como que articule con otros sistemas como el de protección social, el de salud, el judicial, entre otros que son muy relevantes para la promoción y protección de los derechos de toda la infancia y adolescencia.”

La pregunta es: ¿esta iniciativa de ley general y el “sistema” que se propone cumple realmente con las características que Alejandro Morlachetti señala, más allá de que se diga que inspira esta iniciativa preferente?

La iniciativa preferente del ejecutivo, como la Ley de Protección del año 2000, carece “de mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.”

El “sistema” que se propone, tal como está, se parecerá mucho a los conocidos “Consejos” que inundan la administración pública y que no funcionan.

Me pregunto: ¿Es constitucional, de acuerdo con lo anterior, esta iniciativa de ley?

LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAMOS

¿A qué tendría que responder una ley general?

Por ejemplo el INEE ha señalado, en “El derecho a una educación de calidad. Informe 2014”, que muchos de los problemas que causan la inequidad en educación, “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Si bien la exclusión educativa es profunda entre la población en general, la discapacidad añade una dosis de exclusión adicional. Mientras en la población abierta de 3 a 17 años la exclusión de la escuela es de 18.38% (no llega a dos de cada diez), entre la población con discapacidad en ese mismo grupo de edad alcanza el 31.27% (tres de cada diez). En Chiapas alcanza 47.71%. En total tenemos a 165 mil 412 niños, niñas y adolescentes con discapacidad fuera de la escuela en todo el país: un pueblo entero discriminado.

En México 2 536 693 niños, niñas y adolescentes trabajan. Pese a las dimensiones del problema, el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, del SNDIF, en 2012 apenas entregó 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores en las 28 entidades federativas donde opera. En 2012, el SNDIF transfirió a ese programa (que además del trabajo infantil atiende temáticas como la explotación sexual infantil, migración, situación de calle, embarazo adolescente, adicciones y difusión de sus derechos) en promedio 1.6 millones de pesos a cada entidad federativa. En ese año el presupuesto dedicado al trabajo infantil comprendió 24% del total, lo que significa un promedio de $384 mil pesos por estado de la república ($29 mil 538.46 USD, aproximadamente). (Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013. Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, SNDIF, CONEVAL/SS, 2013).

En Ciudad Juárez un muchacho puede matar por mil pesos. ¿Por qué? El periodista Ioan Grillo documenta en su libro “El narco. El corazón de la insurgencia criminal mexicana”, que “los sicarios adolescentes son frutos de la marginación sistemática de los últimos veinte años.” Una entrevistada dice: “El gobierno no ofrece nada (…) Ni siquiera puede ofrecer mil pesos. La mafia es la única que se acerca a esos muchachos y les ofrece algo. Les ofrece dinero, teléfonos móviles y pistolas para que se defiendan. ¿Cree que esos muchachos se van a negar? No tienen nada que perder. Sólo ven el día a día. Saben que pueden morir y lo dicen. Pero no les importa. Porque siempre han vivido así.” Estamos hablando de un mundo asociado a la exclusión, al “cierre social”, la discriminación, o como quiera decírsele, y que ocultan los promedios (El municipio de Juárez ocupa el lugar 263 (de entre 2,546) en el ranking de municipios del Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, lo que no está mal, pero es uno de los más violentos del mundo y uno de los más crueles con los jóvenes).

Entre 2010 y 2012 la tasa de homicidios para la población total se redujo en 1.3%, pero en el caso de la población de 15 a 17 años creció en 13.2%, y todavía más grave, para la población de 0 a 17 años el crecimiento fue de14.3%.

Sólo 16% de los niños y las niñas de México, de acuerdo con UNICEF, ejercen todos sus derechos.

¿La iniciativa del presidente Peña realmente está dando lugar a la nueva mirada y a las “políticas intersectoriales” que necesitamos para garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores, migrantes, indígenas y de localidades rurales?

¿Cómo se plantea garantizar la protección de niños y niñas frente a la violencia en todas las clases sociales?

¿Se está pensando en los homicidios de adolescentes y las desapariciones forzadas?

¿Ustedes creen que estas situaciones se superan con la visión asistencialista que ha prevalecido? ¿Estamos en la línea de que los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad disfruten en pie de igualdad sus derechos con otros niños y niñas, incluso en los entornos más remotos y en las circunstancias más desfavorables?

Otra vez pregunto: ¿Esta iniciativa, a diferencia de la Ley de Protección del año 2000, cuenta con los “mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia”?

CONCLUSIONES

Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner a la altura de la Constitución la iniciativa preferente del presidente Peña.

No podemos desaprovechar la oportunidad que se dio el propio Congreso de transformar a fondo la política de infancia.

Nosotros trataremos de contribuir en todo lo que esté de nuestra parte en el mejoramiento de esta iniciativa preferente, con datos, con argumentos y con una enorme disposición al diálogo.

Pero al final ustedes, senadores y diputados, van a votar.

Los invito a definir su voto luego de estar seguros de que la ley general que propone el presidente Peña, para todos los estados del país y las diversas problemáticas de niños, niñas y adolescentes, realmente nos ayuda a fortalecer tres cosas:

1. La identificación de las demandas de los titulares de derechos (los niños, las niñas y los adolescentes) y las correspondientes obligaciones de los titulares de deberes (todas las secretarías y funcionarios de gobierno relacionados con el tema).

2. La identificación de las causas del no cumplimiento de derechos.

3. La orientación de recursos humanos, financieros, jurídicos e institucionales para revertir dicha situación de incumplimiento y orientar cursos de acción adecuados para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

En suma, los invito a evaluar con todo rigor si es una ley que nos pone en el camino de la efectividad, no otra que nos coloque en la pena de seguir viendo cómo se incrementa el “tambache” de leyes de papel.

Ojalá la ley que se apruebe sea un verdadero paso adelante, lo que pasa por que ésta impulse una política nacional que permee los tres órdenes de gobierno, definiendo competencias y responsabilidades, y posibilite el cambio institucional que necesitamos.
El Congreso puede lograrlo si mira lo que nos ordenan los artículos 1º, 4º y 73º de la Constitución y se detiene en revisar la problemática que viven hoy los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país, en el marco de los tratados internacionales que México ha firmado y las recomendaciones del Comité del Niño de la ONU.

Ojalá el Congreso nos dé esta reforma estructural que necesitamos urgentemente.

De otro modo los niños, las niñas y los adolescentes, y México en su conjunto, seguirá pagando muy caro mantenernos en el rezago legislativo actual, cosa absolutamente evitable.

APUNTES PARA EL DEBATE

(Para responder a las preguntas que se me hicieron y una reflexión final).

El objetivo debe ser cerrar la brecha entre la problemática y las soluciones alcanzables.

La mejor manera conocida es el enfoque de derechos.

Sin embargo, actualmente en los gobiernos no existen los incentivos para asumirlo plenamente:

Pensamos que sólo mencionando derechos ya logramos resultados

• Por eso no hay coordinación
• Por eso no hay presupuesto
• Por eso se puede funcionar con leyes de papel

Y, por tanto, por eso no funcionan los Consejos

• Por eso no importa resolver problemas
• Por eso no importa la ley
• Por eso no funcionará el “sistema” que se propone

De hecho, la coordinación va en contra de esta manera de funcionar, tanto en lo mental como en lo práctico. Este es el caso de Zacatecas, donde una muy buena ley de infancia, no tiene ninguna relevancia.

La participación de los municipios, pero también en la federación y en los estados, debe funcionar con base en diagnósticos precisos, como el que ofrece el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia.

La información es estratégica; también utilizarla, no guardarla.

Los grandes perdedores, si no se modifica esta iniciativa de ley, son por supuesto los niños, las niñas y los adolescentes, pero también los gobiernos y los funcionarios que quieren el cambio para poder cumplir mejor con su tarea.

Los gobiernos de Coahuila e Hidalgo han hecho avances muy importantes en materia de infancia y una buena ley general potenciaría su desarrollo.

Yo creo que es mejor mantener fuera del DIF al órgano coordinador, que incluiría la Defensoría, la Información y la coordinación institucional. Pero si se decide mantener el DIF con esas atribuciones pues simplemente habría que redefinirlo en la ley. La idea es que, en todo caso, no puede (debe) seguir tal como ahora. La redefinición del DIF debe ser tema de esta ley general.

No queremos una ley perfecta, queremos una ley mejor y que sirva.

LOS IRREDUCTIBLES

1. Definir claramente competencias y ámbitos de concurrencia, para aplicar una política nacional de infancia y adolescencia e incentivar el mejoramiento de leyes locales.

2. Definir una autoridad fuerte en materia de infancia, capaz de generar y operar decisiones vinculantes de política. Esto es, con el poder suficiente de coordinar el sistema y articular a todas la dependencia. Obviamente requiere presupuesto propio y no debe quedar en el DIF.

3. Definir una defensoría independiente, también con presupuesto y fuera del DIF.

4. Garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los órdenes y en instancias deliberativas.

Video de la intervención

Presentación de Isabel Crowley, representante de UNICEF México, Sobre la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia en las Comisiones Unidas del Senado de la República. 10 de septiembre, 2014.

Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con especial aprecio las Presidentas y Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras de esta importante iniciativa.
Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reconocemos la importancia de la presentación por parte del Ejecutivo Federal de la iniciativa de Ley General para la Protección de niñas, niños y adolescentes, como iniciativa preferente del Presidente de la Republica. Sin duda, esto es un reflejo del lugar prioritario que deben ocupar la infancia y adolescencia en el país.
También desde UNICEF reconocemos la disposición del Senado de la Republica y de las Comisiones Dictaminadores, para llevar a cabo un proceso de consulta abierto y participativo que, aunque es breve, estamos convencidos será de gran importancia para el fortalecimiento de la iniciativa sometida a su consideración.
Entendemos que estamos frente a una oportunidad histórica de contar con una ley que pueda ser capaz de responder a los enormes desafíos que representa la efectiva protección de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes en México.
Como saben este año se celebra los 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo México estará próximamente compareciendo ante del Comité sobre los Derechos del Niño en Ginebra, para presentar los avances y la situación del cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país. En este sentido, sin duda lo que se decida aquí en los próximos días será trascendental para el curso que tome la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país. Es un momento de gran responsabilidad.
Como ustedes saben, uno de los principales objetivos de UNICEF en México, que así ha sido establecido en el programa de cooperación que hemos suscrito con el gobierno de México, es coadyuvar con los esfuerzos nacionales para alcanzar los más altos estándares de protección y garantía de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes.
En este sentido, en mi carácter de Representante de UNICEF en México, aprecio enormemente el espacio y oportunidad para expresar nuestras consideraciones e inquietudes y aportar, desde nuestra experiencia, propuestas específicas con la finalidad de fortalecer la iniciativa en consideración.
Si bien reconocemos que la iniciativa contiene avances significativos, y representa un esfuerzo importante para dar respuesta a una serie de situaciones que amenazan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, no podemos dejar de señalar una serie de cuestiones que consideramos que merecen una revisión integral.
(Aspectos conceptuales)
A pesar de haber avanzado en algunos aspectos que buscan incorporar el enfoque de derechos, la iniciativa mantiene elementos y disposiciones que responden a una lógica asistencialista.
El cambio de paradigma más grande que introduce la Convención sobre los Derechos del Niño, es romper con la visión de los niños como objetos de protección y asistencia para considerarlos como titulares de derechos. Este cambio de paradigma sitúa también al estado como el principal obligado frente a la garantia esos derechos.
En este sentido se observa que el proyecto de ley todavía, en algunas de sus disposiciones, muestra una tendencia a responsabilizar a los padres por encima de la responsabilidad del estado, que debe ser revisada.
Por otro lado, a pesar de que la ley reitera cuestiones como la primacía familiar, el interés superior del niño, la internación como último recurso, cuando se llega a puntos específicos, no se logra responder plenamente a estos principios.
Así lo demuestra, por ejemplo, el capítulo relativo a los centros de asistencia social, y el capítulo sobre la asistencia a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. La forma en que se regula la protección y asistencia en estos apartados, legitima para el primer caso la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, y para el segundo, un régimen de privación de la libertad, ambos contrarios ha sentido de la Convención a los Derechos del Niño.
Es importante resaltar el enfoque derechos debe verse reflejado no solo en la enumeración de los mismos, sino en la manera concreta en las respuestas que el estado prevé para garantizar los.
(Aspectos de Estructura)
Por otro lado el proyecto de decreto presenta también posibilidades de mejora en aspectos que tiene que ver con su estructura. Por ejemplo podría establecer con mayor claridad sus alcances y objetivos dando el peso central al establecimiento y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, se estima oportuno que al regular este Sistema Nacional de Protección Integral, se haga también una separación y diferenciación expresa, ente este Sistema y el Sistema de Protección Especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el entendido de que uno opera en un ámbito general de promoción y garantía de derechos y el otro frente a los casos de amenaza o violación de los mismos.
(Parte del Sistema)
Ahora bien, en relación con el Sistema Nacional de Protección Integral, que se crea con la iniciativa, se considera como un avance la previsión de un mecanismo de deliberación de alto nivel con representación de los titulares de varias de las dependencias federales. Sin embargo se estima que aún es necesario definir con mayor claridad el órgano operativo capaz de viabilizar la articulación y coordinación necesaria entre las instituciones que integran el sistema y los diferentes órdenes de gobierno.
Sí bien la iniciativa crea una Secretaria Ejecutiva, no se concibe como un órgano técnico, con capacidad institucional, estructura y patrimonio para coordinar de una manera efectiva la ejecución de las amplias atribuciones y mandatos que se asignan al sistema.
Asimismo se entiende que sería importante revisar la distribución de competencias e identificación de las instancias responsables de garantizar cada uno de los derechos que contempla la ley, identificando obligaciones concretas para las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Esta clarificación de competencias, es fundamental para la implementación de una política que desarrolle adecuadamente la concurrencia que en materia de derechos de la infancia y adolescencia, establece la Constitución.
Por otro lado se estima que esta ley presenta también una oportunidad de reconocer y fortalecer al Sistema Nacional DIF y a los Sistemas Locales DIF como instancia rectora y coordinadora del Sistema de Protección Especial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, concebido como el sistema de atención y respuesta frente a los casos en que los derechos de la infancia y la adolescencia se encuentran amenazados o vulnerados. Contando con las Procuradurías de Protección como brazo operativo en la ejecución de esta protección.
En este sentido, el DIF desempeñaría una doble función. Como instancia encargada de proporcionar la asistencia social, en coordinación con otras dependencias y sectores competentes de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, y como instancia rectora y coordinadora de la Protección Especial.
5. Presupuesto
Finalmente otro aspecto a tomar en cuenta es el que tiene que ver presupuesto que implica una Ley de esta envergadura. La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su artículo 4 que los Estados deberán asignar hasta el máximo de recursos humanos y económicos disponibles para garantizar los derechos de la niñez. Garantizar los derechos de la infancia tiene implicaciones en la política económica y en las decisiones presupuestarias de un gobierno.

Sin embargo, llama la atención que el dictamen presupuestario que acompaña la iniciativa, concluya que el anteproyecto no tiene impacto en el gasto de las dependencias y entidades involucradas, aun cuando la iniciativa crea instancias como la Procuraduría Federal de Protección y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección. Además asigna una serie de nuevas atribuciones a al Sistema Nacional DIF, a los Sistemas DIF locales y a las procuradurías de locales de protección, entre las que se destacan: prestar asesoría y representación a niños, niñas y adolescentes; fungir como conciliador en casos de conflictos familiares; denunciar violaciones de derechos; y supervisar centros de asistencia social.

Por otra parte, el dictamen presupuestario también señala que la aplicación de la ley estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad competente.
Esta situación es preocupante en el caso del DIF. De acuerdo con el análisis que del presupuesto Federal que UNICEF ha venido haciendo en los últimos años, éste sistema cuenta con menos del 1% de los recursos identificados para la atención de la infancia y la adolescencia dentro del presupuesto federal.
En este sentido se estima indispensable que la iniciativa contemple un presupuesto adecuado, suficiente y sostenible para la implementación efectiva de los sistemas nacionales de protección integral y de protección especial, y de sus respectivos mecanismos operativos. No es posible cumplir con las exigencias de nuevos mandatos y atribuciones, sin dotar de los recursos presupuestarios y humanos necesarios.
Entendemos la complejidad del análisis y el trabajo arduo que tendrán que hacer las Comisiones Dictaminadoras para escuchar y recoger dentro del proyecto de dictamen de la ley, todas las opiniones e inquietudes expresadas en el marco de este proceso de consulta.
Por ello reitero una vez más, mi reconocimiento a este ejercicio, y el espacio abierto al Sistema de Naciones Unidas en México para contribuir en el mismo. Estoy segura que el resultado será positivo, pues sabemos del compromiso y voluntad que existen en el poder ejecutivo como en el poder legislativo para llegar a la mejor ley para el país.
Desde UNICEF tenemos toda la disposición y el interés de colaborar con las Comisiones Dictaminadoras con propuestas concretas y viables respecto a los puntos aludidos, que permitan fortalecer la ley, en la forma y tiempo que se consideren convenientes.

Muchas gracias.

Página 3 de 41234