UN SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA INFANCIA, “UNA RESPUESTA A TODAS LUCES NECESARIA”: CARLOS MUÑOZ IZQUIERDO

Luis Alberto Barquera.
A la memoria de mi maestro Carlos Muñoz Izquierdo.

El 12 de octubre de 2011, luego de que el Congreso modificara el artículo 73 de la Constitución de la república para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de niños, niñas y adolescentes”, salimos de Zacatecas, donde las leyes de infancia son de “papel”, para impulsar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que finalmente se aprobó el 6 de noviembre de 2014.

Tres años y 27 días de lucha. Hoy, que me quedo frío y devastado ante la noticia de su muerte, no puedo dejar de mencionar especialmente a don Carlos Muñoz Izquierdo, como inspiración y respaldo de ODISEA, A.C., en este esfuerzo. Recordarlo es mi homenaje a su memoria.

En este tiempo ODISEA, A. C trabajó intensamente con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) que, junto con UNICEF, impulsó el debate y acercó la experiencia más relevante a los medios de comunicación, en particular a las Cámaras de Senadores y Diputados, sobre la importancia de que México, después de 25 de firmada la Convención de los Derechos del Niño, contara con un Sistema Integral de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes.

Literalmente escribimos centenas de textos, impulsamos decenas de foros y conferencias de prensa y realizamos innumerables reuniones de trabajo con organizaciones y aliados. En el camino logramos detener, en 2012, la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, una ley declarativa, “sin dientes”, similar a la iniciativa preferente que presentó el presidente Peña Nieto el 1 de septiembre, la cual desatendió todo ese acumulado de discusión y análisis, particularmente el ocurrido en el Senado durante estos tres años.

Sin embargo, precisamente el Senado, tuvo a bien abrir el debate para discutir la iniciativa preferente. Participamos UNICEF, junto con todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, la REDIM, y expertos y académicos, entre los que tuve el honor de que se me incluyera http://tinyurl.com/nc9dzc3. El debate fue de altura y permitió que se abundara en argumentos y detalles sobre el porqué la iniciativa preferente no asumía las obligaciones del Estado y carecía de efectividad para garantizar los derechos humanos de niños niñas y adolescentes.

La REDIM fijó cinco “irreductibles” http://tinyurl.com/lbm98lu para lograr una ley general de altura: Enfoque de derechos, Definición precisa de ámbitos y espacios de concurrencia, Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Participación de la sociedad civil y de niños, niñas y adolescentes y Presupuesto adecuado.

¿Qué logramos?

Logramos poner a la altura de la Constitución la iniciativa preferente del presidente Peña.

Esto significa un Sistema Nacional, así como Sistemas Estatales y Municipales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, presididos por el presidente de la república, gobernadores y presidentes municipales. Los congresos locales tendrán que armonizar sus leyes con la ley general, para dar lugar a un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en cada entidad y sus correspondientes sistemas municipales.

La Secretaría Ejecutiva de este sistema estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, la cual coordina el Sistema Nacional y se articula con las secretarías ejecutivas de los sistemas de las entidades federativas para realizar la política nacional de infancia e informar periódicamente sobre los avances en la materia.

Los diferentes sistemas estatales se coordinarán con base en un Programa Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El sistema en cada entidad tendrá una secretaría técnica que tendrá su cargo un sistema estatal de información y el mandato de coordinar el esfuerzo institucional en favor de la infancia.

La ley contempla la creación de la Procuraduría Federal de Protección, así como procuradurías estatales de protección, adscritas a los sistemas DIF, las cuales coordinarán la ejecución y darán seguimiento a las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No es una ley perfecta. En mi opinión queda pendiente la efectiva participación de la sociedad civil, así como garantizar la de niños, niñas y adolescentes. Aunque nosotros estamos entre los principales promotores de esta ley, sigue existiendo un temor irracional a nuestra participación porque ésta cuestiona las reglas actuales de un poder, que se basa en la exclusión de la sociedad y el monopolio en la definición de las políticas públicas. Ahora tenemos un espacio mayor para la incidencia, incluso si se intenta dejarnos fuera del Sistema.

Una debilidad importante está en las defensorías, que no son autónomas. Nos hubiera gustado un mayor compromiso con políticas de discriminación positiva en favor de niños indígenas, trabajadores, rurales y con discapacidad, pero ahora tendremos mayor espacio para llevar adelante nuestras propuestas porque estos temas son, precisamente, la materia del Programa Nacional y del Sistema, no hacer lo mismo de toda la vida.

Con todo, no podemos negar que la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, avalada por UNICEF, es un verdadero paso adelante que ofrece a México la oportunidad de avanzar en la garantía de los derechos de la infancia.
A partir de hoy hay menos espacio para que los gobiernos de los estados se escondan en “leyes de papel” y continúen implementando políticas públicas de forma irresponsablemente inercial. El Presidente de la república, los gobernadores y los presidentes municipales tendrán que rendir cuentas. Será más difícil funcionar cómo si los niños, niñas y adolescentes con mayores desventajas no existieran.

Recordemos que sólo 16% de los niños y las niñas de México, de acuerdo con UNICEF, ejercen todos sus derechos, como el de vivir en familia, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la participación o a la protección especial. Los gobiernos con leyes más atrasadas tienen la oportunidad de ponerse al día con la ley general, mientras que los más abiertos y progresistas en la materia, los que ya se comprometieron con iniciativas como “10 por la Infancia” y ya han hecho avances legislativos, como Coahuila, Jalisco e Hidalgo, potenciarán su esfuerzo.

Nuestro reto es la implementación, la armonización legislativa en cada estado de la república y mantener la capacidad de generar propuestas efectivas y de dar el debate, porque la agenda de la ley general debe elevar la capacidad del Estado de utilizar mejor el presupuesto y de generar bienes públicos para la infancia y eso es lo que tenemos que exigir. No queremos saber qué se dice que se hace, sino realmente lo que se hace, los derechos que se garantizan efectivamente, con indicadores precisos y con evaluación de por medio.

La REDIM, como se anota en sus irreductibles, propuso al CONEVAL “con el objetivo de establecer cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones y de obtener elementos para realizar recomendaciones” y eso ya está en la ley general. Ahora nuestra lucha será lograr que esas recomendaciones sean de carácter vinculante y tengan presupuesto. Ya dimos este importante paso contra las “leyes de papel”, y nos dimos un instrumento para dar la luchar por la agenda pendiente, como vivir libres de violencia y lograr inclusión y calidad educativa para todos y todas.

Guerrero, por ejemplo, debe ser de primera importancia para el Sistema Nacional. El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia lo ubica en el lugar 31 en garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes http://tinyurl.com/nm7abyx La salida a la violencia pasa por garantizar derechos de la infancia, porque la paz no es posible en las condiciones que viven miles de niños, niñas y adolescentes, así como sus familias, maestros y los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

El Sistema Nacional, y sus réplicas estatales y municipales, deben de servir para lo que el INEE ha señalado para el caso de la educación. Muchos de los problemas que causan la inequidad en este ámbito “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

También puede servir para entender lo que Don Carlos Muñoz, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, señala cuando dice que “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

El Sistema puede servir para reorganizar el Estado y la política educativa hacia los más pobres. Hay que hacer las cosas de otra manera, porque de becarios de Oportunidades están llenos Ayotzinapa y miles de localidades del país, sobre todo en las zonas rurales. Don Carlos Muñoz, precisamente el último día que nos vimos, me dijo que este programa es una “puerta giratoria” que favorece el ingreso, pero no impide que muchos estudiantes abandonen prematuramente la escuela o salgan de ella sin las competencias para participar en la sociedad del conocimiento. “Necesitamos fortalecer la escuela y garantizar los derechos de los niños con mayores desventajas porque de otra manera la desigualdad permanece y el Sistema de garantía que propones es una respuesta a todas luces necesaria. Así entiendo la Segunda Oportunidad para los niños fuera de la escuela que propone ODISEA en Zacatecas”.

El mensaje de don Carlos es que no habrá avances significativos mientras los apoyos sociales y pedagógicos estén disociados. La tarea del Sistema es asociar lo disociado en este y otros temas, fortalecer a los titulares de derechos y establecer claramente las obligaciones de los titulares de deberes.

Me quedo con el aliento, la generosidad y el ejemplo de Don Carlos. El logro de haber sacado esta ley general, en lo que toca a nosotros, se lo dedico a él porque siempre nos apoyó con su consejo, con su nombre, y porque siempre pensó que lo conseguiríamos. Ya platicaré en otro espacio de su colaboración con nosotros.

En lo que toca propiamente a este proceso destaca cómo debe trabajar el sector más progresista y educado de la sociedad civil con el legislativo (principalmente con argumentos legales y técnicos), el mismo que después votó en contra de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Nadie tiene el monopolio de la democracia.

Dimos un paso importante, en el mar de pendientes en materia de derechos humanos que tenemos. En este sentido también hay que decir que la gran amenaza para el Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es la falta de estado de derecho y que los titulares de deberes, los funcionarios, trabajen como si lo primordial no fuera el respeto y garantía de los derechos humanos. Tampoco puede funcionar sin una sociedad fuerte que impulse el cambio y sin ejemplos como el de Don Carlos Muñoz Izquierdo, que comprometió su vida con el señalamiento de que mientras no reconozcamos que la pobreza y las desigualdades educativas van de la mano, no podremos tener un México ni justo, ni en paz.

@LuisBarquera

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